Protección contra Corporación nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, en representación de su nieto menor de edad nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Corporación nombre reservado, legalmente representada por don nombre reservado y doña nombre reservado, por haber dictado y confirmado la decisión de cancelar la matrícula del estudiante para el año 2026, junto con la suspensión de su asistencia presencial y la prohibición de participar en actividades oficiales por lo que resta del segundo semestre de 2025. Actuación que considera como ilegal y arbitraria, por cuanto se funda en un proceso disciplinario carente de debido proceso y proporcionalidad, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19, por lo que solicita que se dejen sin efecto las referidas sanciones o se ordenen medidas menos gravosas.

Como antecedentes fácticos, se expone que el alumno, de 11 años y cursando quinto básico, presenta diagnósticos de Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y Altas Capacidades Intelectuales. El conflicto se originó el 2 de septiembre de 2025, durante una clase en la que el menor sufrió una crisis de desregulación emocional producto de burlas y hostigamientos previos por parte de sus pares. En dicho contexto, el estudiante agredió superficialmente a un compañero con una tijera escolar de punta redonda. Tras el incidente, el establecimiento inició un proceso bajo el protocolo de "Maltrato entre estudiantes", derivando en una suspensión inicial y la posterior aplicación de tres sanciones concurrentes: cancelación de matrícula 2026, prohibición de asistencia a clases (salvo evaluaciones) y exclusión de actividades oficiales por el resto del año 2025.

En cuanto a los fundamentos del recurso, se sostiene la ilegalidad del acto por infracción a la Circular N°482 de la Superintendencia de Educación y a la Ley N°21.128. Se arguye que el colegio no garantizó un procedimiento justo y racional, al tomar declaración al menor sin presencia de sus padres mientras se encontraba en estado de conmoción. Asimismo, se denuncia el incumplimiento de los plazos de indagación previstos en el propio Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), el cual fue terminado de forma anticipada, impidiendo la presentación adecuada de descargos y pruebas. Por otro lado, la recurrente acusa arbitrariedad por falta de proporcionalidad, ya que se aplicaron sanciones de "Nivel 2" a una falta que, según el baremo del RICE, correspondía al "Nivel 1", omitiendo además considerar atenuantes relativas a la condición neurodivergente del niño.

Respecto de la transgresión de garantías constitucionales, se afirma que la triple sanción vulnera la igualdad ante la ley al ejercer un rigor disciplinario excesivo y discriminatorio en comparación con sus pares; afecta la integridad psíquica del menor al apartarlo de su comunidad escolar y agravar su estado depresivo y baja autoestima; infringe el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, toda vez que la autoridad educacional actuó fuera de los márgenes del debido proceso legal; y lesiona el derecho de propiedad, al privar al alumno del derecho incorporal sobre su matrícula y el acceso efectivo al proceso formativo contratado.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se restablezca el imperio del derecho, dejándose sin efecto las sanciones disciplinarias de cancelación de matrícula para el año 2026 y las suspensiones y prohibiciones aplicadas para el segundo semestre de 2025, o en subsidio, se ordenen aquellas medidas menos gravosas que se determinen, con costas.

Finalmente, para acreditar lo expuesto, la parte recurrente acompaña los siguientes documentos: 1) Acta de entrevista de fecha 02 de septiembre de 2025; 2) Acta de entrevista de fecha 05 de septiembre de 2025; 3) Acta de entrevista de fecha 23 de septiembre de 2025; 4) Resolución de apelación de fecha 07 de octubre de 2025; 5) Informe psicológico emitido por la psicóloga nombre reservado (julio 2024); 6) Evaluación de neurología infantil de la Dra. nombre reservado (septiembre 2025); 7) Informe médico del psiquiatra infanto-juvenil Dr. nombre reservado (septiembre 2025); 8) Informe psicológico de la Dra. nombre reservado (octubre 2025); y 10) Correo electrónico y carta de apoyo de apoderados del quinto año básico A (noviembre 2025).

SEGUNDO: Que, informando al tenor del recurso, don Luis Silva Bravo, abogado, en representación de la Corporación nombre reservado, evacua el informe solicitado por esta Corte, pidiendo el rechazo en todas sus partes.

La parte recurrida sostiene, en primer término, la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, por cuanto la decisión de cancelar la matrícula del estudiante para el año 2026 y la suspensión de su asistencia presencial se fundan estrictamente en la normativa interna del establecimiento y en la legislación educacional vigente.

Expone que los hechos que motivaron la sanción no corresponden a un incidente aislado, sino a una agresión de extrema gravedad ocurrida el 2 de septiembre de 2025, en la cual el menor agredió a un compañero con un arma cortopunzante (tijeras), provocándole una herida en el rostro que requirió atención de inmediata.

En cuanto a los fundamentos de hecho, la recurrida precisa que el Colegio activó de manera inmediata el protocolo por "Maltrato entre estudiantes" contenido en su Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE). Asegura que, lejos de actuar de forma impulsiva, la institución llevó a cabo una investigación exhaustiva que incluyó entrevistas con los estudiantes involucrados, testigos, docentes y apoderados, garantizando en todo momento el derecho a ser escuchado del alumno y el derecho de sus padres a presentar descargos y apelar. Sostiene que las alegaciones de la recurrente sobre la neurodivergencia del menor no exoneran la responsabilidad del establecimiento de resguardar la integridad física y psíquica de toda la comunidad escolar, máxime cuando se implementó un plan de acompañamiento previo que no logró evitar el desenlace violento.

Desde una perspectiva jurídica, la parte recurrida defiende la legalidad de la sanción argumentando que se dio cumplimiento irrestricto a lo dispuesto en la Ley N°21.128 (Ley Aula Segura) y el artículo 6° letra d) del DFL N°2 de 2009. Aduce que la medida de cancelación de matrícula es proporcional a la gravedad de una agresión con arma que puso en riesgo la vida de otro estudiante, calificándose como una falta gravísima según el RICE. Refuta la vulneración de garantías constitucionales, señalando que el derecho a la educación no es absoluto y debe armonizarse con el deber del colegio de mantener un entorno seguro. Niega la infracción al debido proceso, afirmando que el procedimiento se ajustó a los plazos y etapas reglamentarias, y rechaza la existencia de una comisión especial, toda vez que las autoridades que sancionaron son aquellas a quienes el reglamento, y la ley, otorgan potestad disciplinaria.

Por último, el informe concluye que el recurso de protección no es la vía idónea para discutir el mérito de una decisión técnica- pedagógica y disciplinaria debidamente razonada. En mérito de lo expuesto, la parte recurrida solicita tener por evacuado el informe en tiempo y forma, y, en definitiva, rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas a la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que constituyen entonces requisitos indispensables de la acción cautelar de protección, la constatación de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él; que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que el acto que se tilda como arbitrario e ilegal es la medida disciplinaria de cancelación de matrícula para el año académico 2026 del niño, nieto de la recurrente, de parte de su establecimiento educacional, decisión que vulneraría las garantías constitucionales que se particularizan en el arbitrio - y de las suspensiones y prohibiciones aplicadas para el segundo semestre de 2025-.

SEXTO: Que, conforme a los antecedentes allegados al proceso, puede establecerse como cierto los siguientes hechos: 1.- El estudiante nombre reservado, de 11 años de edad, el 2 de septiembre de 2025, agredió a un compañero con un arma cortopunzante (tijeras), provocándole una herida en el rostro que requirió atención médica. 2.- EL Colegio activó de manera inmediata el protocolo por "Maltrato entre estudiantes" contenido en su Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), incluyendo derivación a primeros auxilios, contención emocional, indagación formativa, traslado del estudiante a Inspectoría y luego al DAE, notificación inmediata a la apoderada, reunión presencial con ella el mismo día de los hechos, registro escrito del profesor jefe, recepción de descargos y aplicación de una suspensión inicial de tres días, posteriormente prorrogada como medida cautelar mientras se evaluaba el caso. 3.- El 02 de septiembre de 2025 prestó declaración el estudiante nombre reservado, en una versión inicial, prestada ante la Coordinadora de Convivencia Escolar, en una instancia de “contención, indagación y reflexión formativa”, luego se sostuvo una reunión entre la apoderada con el Inspector General ese mismo día, instancia formal para expresar apreciaciones y descargos preliminares, y al día siguiente la apoderada, presentó un informe escrito. 4.- El día 05 de septiembre hubo nueva reunión con los padres del estudiante nombre reservado, se les comunicó la decisión de una suspensión como medida cautelar -no sancionatoria- mientras se desarrollaba el proceso. 5.- El 10 de septiembre de 2025 se realiza una reunión de consejo de profesores, desestimándose una presunta de situación de bullying previo que habría sufrido el niño, según denunció la madre, y ese mismo día se envía por correo electrónico a los padres la resolución provisoria del colegio y plan de acompañamiento. 6.- Resolución del departamento de convivencia escolar de fecha 22 de septiembre, y Acta de entrevista con los apoderados del estudiante nombre reservado y resolución final del colegio de fecha 23 de septiembre de 2025, que sistematiza el extenso historial de intervenciones y apoyos brindados al estudiante desde 2019 -no controvertidos-, incluyendo observaciones, reuniones con familia, recomendaciones de tratamiento externo, contención frecuente del DAE, seguimiento psicopedagógico y psicológico, medidas formativas, sugerencias de especialistas externos y episodios reiterados de desregulación emocional y conductas de riesgo. 7.- Acta de entrevista con el doctor nombre reservado de fecha 29 de septiembre de 2025 y apelación interpuesta por los apoderados del niño nombre reservado, de fecha 30 de septiembre. 8.- Acta de entrevista con los apoderados del niño realizada el día 6 de octubre de 2025. 9.- El 7 de octubre de 2025, mediante resolución final -que es el acto contra el cual se recurre-, el director del Colegio nombre reservado rechazó el recurso de apelación interpuesto por los padres, contra la decisión disciplinaria adoptada el 23 de septiembre de 2025, haciéndose cargo de las alegaciones planteadas, decidiendo mantenerse la medida de cancelación de la matrícula para el año escolar 2026, así como suspensiones y prohibiciones aplicadas para el segundo semestre de 2025, ante la afectación grave de la convivencia escolar, en particular la integridad psíquica de sus miembros.

SÉPTIMO: Que la infracción cursada al estudiante se encuentra calificada, en el Reglamento Interno del establecimiento educacional, como una falta gravísima, tratada como “Falta Muy Grave en Respeto” según el Capítulo X del RICE, la cual conlleva aparejada las más severas sanciones desde cancelación de matrícula hasta expulsión, tomando en consideración que el estudiante, a la época de ocurrencia de los hechos, ya había incurrido en dos faltas calificadas como graves en respeto. La primera, el 27 de mayo, cuando en clase de Educación Física pateó basureros y botó un arco de hockey, generando un riesgo para sus compañeros. La segunda, el 8 de agosto, cuando, tras ser sorprendido en Informática colocando una imagen sexualmente explícita como fondo de pantalla, tomó por el cuello a dos compañeros, conducta de extrema gravedad y riesgo.

OCTAVO: Que, como se ha dicho, es un hecho no controvertido que el niño nombre reservado, por quien se recurre fue quien agredió con una tijera en el rostro de un compañero de curso el día 2 de septiembre de 2025, en medio de una clase de Ciencias Sociales frente a la totalidad de sus compañeros de curso y el profesor del ramo, que el niño agredido fue atendido de manera inmediata en enfermería del colegio.

NOVENO: Que considerando el tenor de la agresión efectuada por el estudiante nombre reservado, no cabe duda alguna que es de suyo grave y de alto impacto para los alumnos y profesor que debieron presenciar tal situación, produciéndose un evidente estado de afectación en la comunidad educativa, razón por la que la medida impugnada por esta vía no aparece desproporcionada, como erradamente lo afirma la recurrente.

Es más, es menester indicar que desde el año 2019 hasta el año 2025, el Colegio se comunicó con los apoderados del estudiante por el que se recurre, sosteniendo entrevistas y estrategias conductuales, al observar en él dificultades significativas en el manejo de la frustración y en el seguimiento de reglas, manifestadas en episodios disruptivos.

DÉCIMO: Que, en cuanto a la alegación de haberse infringido el debido proceso a lo largo de la tramitación de la medida disciplinaria, se advierte de la lectura del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, que el procedimiento seguido por la recurrida se ajustó a la normativa en la materia, los apoderados del estudiante tuvieron la posibilidad de efectuar descargos, siendo citados previamente al efecto, y notificados del inicio del procedimiento sancionatorio, de la medida de suspensión y posterior cancelación de matrícula para el año 2026, así como de las suspensiones y prohibiciones aplicadas para el segundo semestre de 2025, con la posibilidad de recurrir en contra de la resolución final, lo que acaeció, resolviendo la apelación el director, con lo cual el sumario finalizó.

De modo que la cancelación de matrícula y demás medidas del estudiante se ajustaron a la normativa educacional y las normativas previstas en el Capítulo X del RICE, que sanciona las “Falta Muy Grave en Respeto”, como fuere catalogada la conducta del estudiante.

UNDÉCIMO: Que, además, del mérito de los antecedentes se advierte que la recurrente tuvo la oportunidad de presentar una reconsideración de la medida, la cual fue conocida y resuelta por el director del establecimiento.

DUODÉCIMO: Que en este orden de ideas tampoco se observa un actuar ilegal por parte de la recurrida, advirtiéndose que la medida es el corolario de un procedimiento debidamente tramitado, respetando la normativa educacional vigente.

DÉCIMO TERCERO: Que en cuanto a los dos diagnósticos médicos, del estudiante nombre reservado, a saber, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) de predominio impulsivo, y el de Altas Capacidades Intelectuales, no fueron considerados por la recurrida como un antecedente negativo respecto del niño, y realizándose el procedimiento estrictamente apegado a la normativa legal y reglamentaria.

DÉCIMO CUARTO: Que así entonces, la acción constitucional debe desecharse, siendo innecesario emitir pronunciamiento sobre las garantías denunciadas como vulneradas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por nombre reservado, en representación de su nieto de 11 años de edad nombre reservado, contra el Colegio nombre reservado.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra (S) señora Laura Assef.

N°Protección-23976-2025.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por el Ministro señor Guillermo E. De La Barra Dunner e integrada por los Ministros (S) señora Laura Andrea Assef Monsalve y el señor Daniel Eduardo Aravena Pérez.