Protección contra Ministro señor Moya Cuadra quien fue de parecer de acoger el recurso para lo cua

Santiago, once de abril de dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que don Juan Eduardo Iturriaga Osses, abogado domiciliado en domicilio reservado, en representación de sus mandantes, todos funcionarios de carabineros, debidamente individualizados según mandatos acompañados, deduce recurso de protección en contra del Sr. General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal que ha privado a sus representados de los derechos patrimoniales que legalmente les corresponden de acuerdo al artículo 19 N° 24 y 2 de la Constitución Política de la República. Expone que sus representados ejercieron labores en calidad de personal civil de Carabineros de Chile, los que luego de su ingreso a la institución debieron ser encasillados en un grado equivalente al del personal de Fila, en conformidad con la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile N° 18.961, que entró en vigencia el 30 de diciembre de 1989, que en su artículo 6° inciso final estableció: “El personal civil de nombramiento supremo e institucional ocupará plazas de grados equivalentes a las del personal de fila y se agrupará jerárquicamente en sus respectivos escalafones”. Agrega que sus mandantes con fecha 18 de noviembre de 2013 solicitaron al General Director de Carabineros que procediera a dictar la respectiva resolución que diera cumplimiento a la citada ley y se les encasillara en los grados equivalentes al Personal de Fila, sin embargo el 2 de enero de 2014, recibió como respuesta que los recurrentes no tienen derecho al encasillamiento, no obstante el claro tenor de la ley en sus artículos 6° y 33, acción entiende ilegal y arbitraria, que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 24° y 2° de nuestra Constitución Política de la República. Y ello por cuanto se les ha privado –a sus representados- de gozar y disponer de los recursos económicos que legalmente les corresponden. En cuanto a la igualdad ante la ley, señala que Carabineros de Chile, ha cumplido con la normativa legal, encasillando a más de 1.484 funcionarios, a cuyo efecto fue necesario que cada reconocimiento fuera precedido por un fallo judicial.

En suma solicita se acoja el presente recurso, reestableciendo el imperio del derecho, ordenando a la recurrida dicte la respectiva resolución que encasille y equipare a los recurrentes con el personal de fila de la institución.

2°) Que a fojas 118, don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, informando el presente recurso solicita su rechazo, por cuanto estima no haber vulnerado las garantías constitucionales reclamadas por el personal civil. Refiere, como cuestión previa que varios de los actores de este recurso ya efectuaron una presentación ante la institución, lo que demuestra que están creando un nuevo plazo para presentar este recurso. Luego sostiene que el recurso no puede ser acogido, por cuanto no existe Personal Civil en retiro ni en servicio activo que deba ser reubicado del grado 10° al 9°, puesto que ello ya se efectúo, no existiendo tampoco en el presente caso mérito para aplicar el artículo 6° de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. A mayor abundamiento, ninguno de los recurrentes estuvo alguna vez en toda su carrera funcionaria, encasillado en grado 10, tal como se demuestran con las trayectorias institucionales que se acompañan, por lo que a su respecto, la acción interpuesta es improcedente para obtener beneficios que ya obtienen en sus grados específicos.

Sostiene que los recurrentes, al solicitar su reubicación en el grado equivalente al personal de fila, lo que persiguen es el pago de beneficios económicos que les corresponden en virtud de otras normas legales distintas a aquellas aplicables al personal de fila, valiéndose por lo tanto, de una solicitud que carece de fundamento, toda vez que ya se encuentra dictado el acto que los reubicó en el grado equivalente al personal de fila, según mandato del artículo 6° inciso final de la Ley N° 18.961. Agrega que la ley distingue con precisión los beneficios económicos que corresponden al personal de fila y al personal civil; tales disposiones no pueden entenderse derogadas por la sola aplicación de la aplicación del artículo 33 de la citada Ley Orgánica Institucional, como lo alegan y pretenden los recurrentes. Muy por el contrario, señala, la dictación del D.F.L. MDN (Subcar) N° 1 de 1.988 mantuvo las diferencias respecto de los derechos del personal de fila y civil, por lo que los beneficios de uno y otro son distintos aun cuando se encuentren en plazas de grados equivalentes.

Explica que el presente recurso, debe entenderse dirigido a obtener las diferencias de remuneraciones con el personal de fila en los siguientes aspectos: Sueldos Superiores, Asignación de Especialidad al Grado Efectivo; Bonificación de Mando y Administración, y Bonificación de Riesgo, beneficios que perciben en el grado específico en que cada uno de los recurrentes se encuentra encasillado, tal como se puede apreciar de las Trayectorias Institucionales. Finalmente esgrime la prescripción, en cuanto manifiesta que para los efectos del pago del beneficio económico, que se persigue por esta vía, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil, además de las normas establecidas en el Código del Trabajo y D.F.L. N° 2 de 1.968, ha transcurrido en exceso el plazo de cinco años establecido en las normas referidas y ello por cuanto el beneficio se hizo exigible desde la entrada en vigencia de la Ley N° 18.961, vale decir el 30 de diciembre de 1989. Sin perjuicio también alega la caducidad establecida en el artículo 132 inciso 2° del citado D.F.L. respecto de las diferencias de pensiones que se pretenden.

3°) Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tutela el ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 en los numerales que en él se expresan; por tanto la idea de derecho que comprende el citado artículo equivale a la noción técnica de derecho subjetivo. De tal forma, derecho subjetivo – por diferencia al derecho objetivo- es una facultad que el ordenamiento – confiere a los sujetos para exigir, de otros, determinadas contraprestaciones o intereses protegidos jurídicamente.

4°) Que del examen de los antecedentes, se advierte que la pretensión de los recurrentes es la declaración del derecho a ser encasillados en la planta de Carabineros de Chile, en un grado determinado y percibir, en consecuencia, las pensiones correspondientes a tal circunstancia.

5°) Que, aun cuando a propósito de un recurso de protección se provoca la más de las veces, intercambio de pareceres, intereses e interpretaciones, como objeto de la “Litis”; es la tutela de un derecho subjetivo, la controversia puntual. No cabe en consecuencia, dar la razón a una parte o a otra, sino de proteger el derecho en la específica situación o circunstancia que plantea “el que” se ha visto lesionado en un derecho que debe ser protegido. Tal derecho entonces debe ser preexistente e indubitado, de este modo la acción de protección no es la vía idónea para resolver controversias o disputas entre partes, tampoco funciona como equivalente jurisdiccional de las acciones procesales que contempla el ordenamiento jurídico.

No resulta posible concebir esta acción como un procedimiento con sus fases comunes debidamente configuradas (debate o conocimiento, prueba y resolución). De ahí, que se pueda afirmar que la sentencia que recae en ésta acción produce cosa juzgada formal.

6°) Que, el procedimiento generado por la interposición de la acción de protección, es de tipo inquisitivo, de emergencia, rápido, no apto para discutir y declarar derechos, como tampoco resulta posible, que por esta vía se pretenda reemplazar un procedimiento de lato conocimiento que requiera la fijación de hechos controvertidos y sustanciales, además de la ponderación de la prueba, situación que claramente acontece en la especie, especialmente si se tienen en cuenta las alegaciones, excepciones y defensas vertidas por la recurrida, en cuanto a que los recurrentes ya accionaron por los mismos hechos, que no tienen derecho al pretendido encasillamiento, por no cumplir con los requisitos, además de la prescripción y la caducidad, todas las cuales requieren de un pronunciamiento de fondo, previo e indispensable, lo que implica desviar la acción que nos ocupa con fines constitutivos o declarativos ajenos a su fin.

7°) Que, tal como se viene diciendo y, teniendo en cuenta la naturaleza de esta acción cautelar, y no tratándose de un proceso donde en igualdad de armas pueda ventilarse una controversia entre partes, porque cualquiera sea el criterio que se tenga sobre el fondo de la cuestión, lo inequívocamente cierto se reduce a que la Institución se ha negado a efectuar los pagos por considerar que son improcedentes atendida las calidades funcionarias de los recurrentes, vale decir, no se ha desconocido un derecho, sino se ha rechazado una solicitud en el indicado sentido, conflicto que requiere de una sentencia de fondo dictada en un proceso contradictorio entre partes, en el que sea declarado el derecho a ser incluido en la forma solicitada en el escalafón correspondiente. Por todo lo cual, la acción interpuesta no puede prosperar.

Por estas argumentaciones y, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don Juan Eduardo Iturriaga Osses, en lo principal de fojas 52.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro señor Moya Cuadra quien fue de parecer de acoger el recurso para lo cual tuvo en consideración lo siguiente:

1°) Que, de conformidad con lo que dispone el inciso final del artículo 6° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, el Personal Civil de Nombramiento Supremo e Institucional ocupará plazas de grados equivalentes a las del personal de fila y se agrupará jerárquicamente en sus respectivos escalafones.

2°) Que el referido precepto es imperativo en cuanto dispone la reubicación del personal civil en el grado correspondiente al del personal de fila sin que su aplicación esté supeditada a otro requisito, que no sea el que dicho personal civil haya ocupado plazas en sus respectivos escalafones con grados no equivalentes al de fila, desde el 30 de diciembre de 1989, oportunidad en que empezó a regir la referida Ley N° 18.961.

3°) Que la conducta de la recurrida vulnera el derecho de propiedad de los recurrentes desde que estos se han visto privados de los beneficios económicos y también de igualdad, por cuanto existe constancia que en otras oportunidades se ha reconocido al personal civil que se encontraba en idéntica situación a la de los actores, los beneficios contemplados en la Ley N° 18.961.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Book y el voto disidente del Ministro señor Moya Cuadra, quien no firma por encontrarse ausente.

Rol Protección N° 2.396-2014.

Pronunciada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por las Ministras señora Amanda Valdovinos Jeldes y señora Jenny Book Reyes.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago la sentencia que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.