nombre reservado con FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO DE SANTIAGO

Santiago, diecinueve de julio de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, don nombre reservado, profesor, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, interpone RECURSO DE PROTECCIÓN en contra de FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO DE SANTIAGO, persona jurídica educacional, representada legalmente por el sacerdote nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; por el acto arbitrario e ilegal consistente en la negativa del recurrido de aceptar que firmara su finiquito con reserva de derechos, sin permitirle hacerlo y sin pagar los haberes que de la suscripción de dicho instrumento se derivaban, hechos acontecidos el día 6 de marzo del año 2019.

Indica que se desempeñó en el COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO durante más de 20 años, desde el 1 de marzo de 1996 y hasta el día 28 de febrero del año 2019, en calidad de Profesor de Matemáticas. Con fecha 7 de diciembre de 2018, su ex empleadora le comunicó carta de aviso de término de contrato, mediante la que se puso fin a su contrato de trabajo a contar del 28 de febrero de 2019, por la causal de necesidades de la empresa, contemplada en el artículo 161 inciso 1º del Código del Trabajo.

Precisa que el 28 de febrero de 2019, nombre reservado RODRIGUEZ, funcionario del colegio, le informó que el finiquito se encontraría disponible a partir del día 5 de marzo de 2019 en el oficio del Notario Público Sr. nombre reservado. Expresa que concurrió a dicha notaría en la fecha mencionada, a fin de revisar el contenido y términos que involucraba dicho finiquito, para firmarlo, pero luego de leerlo se percató que este tenía varios errores de redacción con los que no estaba conforme, tales como, la fecha de ingreso al establecimiento y cargos desempeñados equívocos, solicitando su corrección, pues así no podía suscribirlo, siendo citado a la misma notaría para el día siguiente.

El 6 de marzo de 2019 habiendo concurrido nuevamente a la misma notaria, no pudo firmar ni recibir los haberes que le correspondían por su finiquito, ya que el Encargado de Finanzas del colegio recurrido SR. nombre reservado, actuando por orden y a nombre del colegio no permitió que firmara dicho instrumento haciendo reserva de derechos, sin que pudiera por ende ser autorizado por el Notario.

Agrega que esta conducta provocó en su persona una fuerte impresión del devenir de su futuro y de la imposibilidad de obtener los recursos para su subsistencia y la de su familia, máxime si se considera que todo esto ocurrió a inicios de marzo de 2019, época del año en la cual, como es de público conocimiento, deben efectuarse grandes gastos y asumir muchas obligaciones de carácter pecuniario, las que claramente no podría solventar sin recibir el dinero correspondiente a su finiquito. Asimismo, señala que tiene deudas y obligaciones económicas que cumplir periódicamente, las que debió dejar de lado, sin poder activar los seguros de desempleo que le ayudarían a sortear esta precaria situación, ya que éstas exigen el finiquito, instrumento que no pudo obtener pues la recurrida dio la orden de no aceptar la firma de este con reserva y por ende no se le entregó el cheque al que tenía derecho.

Estima vulneradas las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1 y 2, de la Constitución Política de la República, esto es “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona” y “La igualdad ante la ley”, por lo que solicita se acoja en recurso de protección y en consecuencia se deje sin efecto la orden del colegio recurrido de oponerse a la firma del finiquito con reserva de acciones.

SEGUNDO: Que informando el recurso la recurrida solicita el rechazo de este, por no haber incurrido en acto ilegal ni arbitrario.

Sostiene primeramente que el presente conflicto es ajeno a la naturaleza del recurso de protección, pues se trata de un asunto donde no existe un derecho indubitado, garantizado constitucionalmente y que no admite cuestionamiento sobre puntos de interpretación jurídica, ya que ello implicaría dilucidar en esta sede discusiones normativas acerca del alcance y sentido de las normas.

Señala que este es un asunto laboral donde el recurrente fue desvinculado mediante el envío del aviso que legalmente corresponde hacer de acuerdo con el artículo 87 del Estatuto de los Profesionales de la Educación y se pagaron todas las remuneraciones y cotizaciones correspondientes a los meses de diciembre del 2018 y enero y febrero del 2019.

El 6 de marzo del 2019 el recurrente fue a firmar su finiquito y alegó su desacuerdo total con su despido. Ese día, en la Notaría del sr. nombre reservado, el recurrente tuvo una conversación privada con nombre reservado, Director de Administración y Finanzas del Colegio San Pedro Nolasco. No hubo 2 testigos de esta conversación, y la versión que da el recurrente de ese encuentro no coincide con la que otorga el sr. nombre reservado, quien lo desmiente, por tanto, no existe un hecho indubitado.

El 4 de abril del 2019, el recurrente interpuso acción de protección que dio origen a esta causa, denunciando una privación a sus derechos constitucionales del artículo 19 números 1 y 2 de la Constitución, y pidió que sea dejada sin efecto la decisión del colegio de negarse a aceptar que firmara su finiquito con reserva de derechos, y de no pagarle los haberes que de la suscripción de dicho instrumento se derivaban.

Luego, el 12 de abril del 2019, el recurrente en sede laboral denuncia vulneración de derechos constitucionales, lo que dio origen a la causa RIT 680-2019 del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la cual está aún en tramitación.

Con fecha 28 de mayo del 2019, su parte pidió en sede laboral, la inadmisibilidad de la denuncia de tutela laboral porque el inciso final del artículo 485 del Código del Trabajo dice: “Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos que proceda, no se podrá efectuar una denuncia de conformidad a las normas de este Párrafo, que se refiera a los mismos hechos”. No obstante ello, el Juez del Trabajo rechazó esta petición en la audiencia preparatoria de juicio del 30 de mayo del 2019, audiencia de suma importancia, pues se llegó a una conciliación parcial, y el trabajador recibió el pago de su indemnización por años de servicios, cuyo monto fue de $25.095.026.- y, asimismo, se fijó la audiencia de juicio para el día 15 de octubre de 2019, oportunidad en la que las partes probarán lo sucedido el 6 de marzo del 2019 en la Notaría de don nombre reservado.

En consecuencia, el recurso de protección intentado debe ser rechazado, pues no hay nada que justifique una acción urgente y tutelar de la Corte respecto del recurrente, por cuanto no existe un hecho indubitado, ya que el hecho que originaría la supuesta violación de derechos constitucionales no es un suceso que pueda acreditarse por antecedentes objetivos, y su existencia solo se fundamenta en la versión del demandante de lo ocurrido.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República –en la especie el artículo 19 N° 1 y 2, derecho a la integridad física y síquica y el derecho de igualdad ante la ley- , mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal; que impida, amague o perturbe dicho ejercicio.

CUARTO: Que, la presente acción constitucional debe ser rechazada por carecer de objeto jurídico, pues ha perdido oportunidad al haberse verificado el pago de la indemnización por años de servicios reclamada, en la causa RIT 680-2019 del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, proceso en tramitación y fijada audiencia de juicio para el 15 de octubre de 2019.

QUINTO: Que, así las cosas, al haber desaparecido el supuesto agravio por el que se pedía amparo constitucional, y no existiendo medidas que adoptar para restablecer el imperio del derecho, que es la finalidad última de esta acción de protección, se hace innecesario analizar las garantías constitucionales que se han estimado vulneradas por el recurso.

SEXTO: Que, por lo razonado, el recurso de protección deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO DE SANTIAGO.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.

 Rol N°23.957-2019 (protección)

Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá, e integrada por el Ministro (S) señor Juan Fernando Opazo Lagos y por la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida. No firma el ministro (S) señor Opazo, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado sus funciones en esta Corte.