Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Alegó, previo anuncio y relación pública, el postulante nombre reservado por el recurso por el tiempo de 8 minutos. Santiago, 26 de marzo de 2026. Florencia Sáez Bugmann, relatora.

Santiago, veintiséis de marzo de dos mil veintiséis.

Al escrito folio N°13: Téngase presente y a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen las abogadas Gabriela Hilliger Carrasco y Massiel Cárdenas Vásquez, en favor de la ciudadana venezolana nombre reservado, e interponen acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de Resolución Exenta NºNUM000 de 6 de octubre de 2025, que rechaza la reposición interpuesta en contra de la Resolución Exenta NºNUM001, de 5 de noviembre de 2024, que tiene por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, afectando sus garantías fundamentales.

Fundan sus pretensiones en que la actora abandonó su país de origen en el año 2018, para radicarse hasta 2021 entre Ecuador y Colombia, posteriormente regresa a Venezuela en el año 2022 para ingresar a la escuela policial Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, convirtiéndose en policía en enero del año 2023, ejerciendo funciones como tal desde julio de 2023, siendo forzada por sus superiores jerárquicos a implantar sustancias ilícitas en las poblaciones donde efectúan controles.

Afirman que la recurrente tras denunciar estos hechos y advertir que debía seguir realizando estos actos, decide renunciar a su trabajo en mayo de 2024, pero fue perseguida por la policía, razón por lo cual el 27 de mayo de 2024 viaja hacia Chile en compañía de su hija de 3 años de edad, cuyo viaje duró 9 días, ingresando finalmente por un paso no habilitado el día 5 de junio de 2024 y el 14 de junio del mismo año es que solicita se reconozca su condición de refugiada.

Adicionan que es informada la actora por un ex compañero que los oficiales de la policía estaban considerando su baja de la institución como abandono del servicio, lo cual constituye un delito de traición a la patria, por lo cual está siendo buscada.

Luego esgrimen que el 5 de noviembre de 2024 la autoridad recurrida tiene por desistida su petición migratoria por tres motivos: el primero es haber mantenido período de residencia o tránsito en un país diferente al territorio en que su vida o libertad está amenazada, sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal estado según lo establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010 y el artículo 2 del mismo cuerpo legal; en segundo lugar, exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el artículo 26 de la ley 20.430; y en tercer lugar mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010.

Indican que en contra de aquella decisión dedujo recurso de reposición el que fue desestimado.

Niegan que la recurrente haya tenido residencia en algún país luego de salir de Venezuela por cuanto sólo estuvo en tránsito 9 días en total ya que viajo de forma terrestre, cuyo destino fue siempre Chile porque en este lugar viven su abuela y tías maternas.

Aseveran que cumple con el requisito del plazo de 7 días para formular la petición de reconocimiento de refugiada por cuanto existe un acta de notificación de inicio de procedimiento sancionatorio de expulsión emitido por la Policía de Investigaciones de 5 de junio de 2024, misma fecha de su ingreso al territorio nacional, y el día 14 de junio del mismo año solicitó el beneficio migratorio indicado, cumpliendo con los requisitos que dispone el artículo 8 y 35 del Decreto Supremo N°837.

Reprochan que el acto recurrido pone en riesgo su vida e integridad física y psíquica por existir temor de regresar a su país por la situación de violencia que allí existe, además de afectar el derecho a la igualdad ante la ley ya que cumple con los requisitos para detentar la condición de refugiada y no existe razón justificada para que se le otorgue un trato diferenciado, además de vulnerar el núcleo fundamental de la sociedad, esto es, la familia.

Pide con el recurso se deje sin efecto la resolución recurrida, declarándolo ilegal y arbitrario y se ordene a la recurrida continuar con la tramitación del reconocimiento de la condición de refugiada.

Segundo: Que, al evacuar informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo del recurso por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la autoridad que prive, perturbe o amenace garantías fundamentales.

Expone que la recurrente no registra ingreso regular al territorio nacional lo cual permite presumir su ingreso clandestino a Chile.

Esgrime que el 14 de junio de 2024 formalizó su petición de condición de refugiada y el mismo día ante la Policía de Investigaciones se denunció a la extranjera por ingreso al país por paso no habilitado, siendo citada a entrevista el 18 de octubre de 2024 con la finalidad de dar inicio a su solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, asistiendo y entregando la información que le fue solicitada.

Expresa que por correo electrónico de 18 de octubre de 2024 fue informada que no era posible dar inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, al no haber cumplido con los requisitos formales establecidos en la Ley 20.430 y su Reglamento, siendo estos los siguientes: a. Haber mantenido período de residencia o tránsito en un país diferente al territorio en que su vida o libertad está amenazada, sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal estado según lo establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010 y el artículo 2 del mismo cuerpo legal. b. Exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el art. 26 de la ley 20.430. c. Mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010.

Asegura que en esa misma comunicación se le otorgó un plazo de 15 días para acompañar los antecedentes que permitiesen subsanar las faltas que fueron indicadas, bajo apercibimiento de tener por desistida la solicitud.

Asevera que la actora remitió documentos como una carta explicativa, un documento de identidad y la tarjeta de infractor de la Policía de Investigaciones, sin embargo, el 5 de noviembre de 2024 mediante la Resolución Exenta N°NUM001, se dispuso el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente y si bien dedujo recurso de reposición en contra de esa decisión, aquella fue confirmada y desestimada la reposición.

Sostiene que la actora de forma libre y abiertamente en su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado señaló haber ingresado al país el día 05 de junio de 2024 por paso no habilitado, no habiendo presentado documentación alguna que permitiese dar cuenta el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley 20.430 para dar curso a su solicitud, en circunstancias en que sus solicitudes fueron presentadas con fecha 31 de enero de 2025 (sic), esto es, 8 días después de la fecha de ingreso al país declarada por la solicitante.

Indica que su actuación se ajustó a la normativa especial —Ley N°20.430, modificada por la Ley N°21.655, y su Reglamento— y a la Ley N°19.880 en forma supletoria, destacando que los requisitos de admisibilidad y formalización incluyen, entre otros, el cumplimiento de plazos y exigencias para quienes ingresan por paso no habilitado, citando el artículo 26 de la Ley N°20.430 y, en relación con ingreso clandestino, el artículo 8 del Decreto N°837 y el artículo 6 de la Ley N°20.430, añadiendo que este tipo de reconocimientos deben ser presentados en el plazo de siete días hábiles, contando desde el ingreso del solicitante al territorio nacional, lo que no se cumple en la especie y además no presentó antecedentes que permitiese acreditar el cumplimiento de eso plazos.

Por estas razones, solicita que se rechace la acción en todas sus partes y que no se condene en costas a la recurrida.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal —contrario a la ley — o arbitrario —producto del mero capricho de quienes incurren en él—, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, mediante la presente acción constitucional, se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho por la actuación arbitraria e ilegal en que habría incurrido el Servicio Nacional de Migraciones al dictar la Resolución Exenta NºNUM000 de 6 de octubre de 2025, que rechaza la reposición interpuesta en contra de la Resolución Exenta NºNUM001, de 5 de noviembre de 2024, que tiene por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, al haber mantenido la actora un período de residencia o tránsito en un país diferente al territorio en que su vida o libertad está amenazada, sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal estado según lo establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010 y el artículo 2 del mismo cuerpo legal; no haber concurrido ante el Servicio Nacional de Migraciones dentro del plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N°21.325; y finalmente por mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010.

Quinto: Que, cabe tener presente que la norma aplicable para la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ha sido modificada mediante la dictación Ley N°21.655, que introdujo cambios sustanciales a la Ley N°20.430, estableciendo nuevos requisitos formales para dicho procedimiento. Entre las modificaciones incorporadas por la citada Ley N°21.655, cuya entrada en vigor se produjo el 20 de febrero de 2024, se encuentra la exigencia contenida en el artículo 26, que impone al solicitante la obligación de presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones dentro del plazo de siete días hábiles, contado desde su ingreso al territorio nacional.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes aparece que la recurrente ingresó al país el 5 de junio de 2024 y que el día 14 del mismo mes y año solicitó ante la autoridad respectiva que se reconociera su condición de refugiada, es decir, cumpliendo con el plazo que contempla el citado artículo 26, acreditando aquella circunstancia con la documental aparejada a la causa.

Asimismo, la circunstancia que la persona en cuyo favor se recurre haya tenido residencia en otros países con anterioridad a su salida de Venezuela no es impedimento para poder solicitar la condición de refugiada si se cumplen en la especie los requisitos de fondo para acceder a ese beneficio.

Al respecto, en el ordinal 3 del artículo 26 de la Ley 20.430, se establece que “Para conceder el reconocimiento a que se refiere el inciso anterior, se deberán considerar, a lo menos, los siguientes antecedentes: 3. Estados por los cuales el requirente ha transitado o en los que ha residido previo a su solicitud en el territorio nacional y las razones por las que, si pudo solicitar refugio, no lo hizo .”

Sobre este tópico, consta que la recurrente informó los países a través de los cuáles circuló en su largo periplo hasta Chile, donde además explicó que no pidió asilo en ninguno de esos países, sin que conste si podía hacerlo o no- pero explicando que ya había vivido en Ecuador y Colombia y que no era factible para ella, establecer a su familia allá, por la discriminación a que había sido expuesta y los abusos laborales, agregando que tenía familia en Chile, país que era su destino final desde que salió por vía terrestre desde Venezuela.

Séptimo: Que, por las razones expresadas, ocurre que la resolución impugnada deviene en ilegal y arbitraria desde que carece de fundamentación al exigir a la recurrente el cumplimiento de requisitos formales que aparecen satisfechos, vulnerando de esta manera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, y se declara que se deja sin efecto la Resolución Exenta NºNUM000 de 6 de octubre de 2025, que rechaza la reposición interpuesta y, en su lugar, se declara que el Servicio deberá dictar el acto administrativo que corresponda, dando tramitación al recurso de reposición.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Rol N°23952-2025 Protección