nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

C.A. de Santiago Santiago, veinte de marzo de dos mil veintiséis.

Proveyendo a los escritos folios 17 y 18: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, funcionaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quien deduce recurso de protección en contra de dicho organismo, representado por su Director don nombre reservado, Por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución TRA N° 101/29/2025, de fecha 3 de octubre de 2025, tomada de razón el 8 de octubre de 2025 y notificada el 22 de octubre del mismo año, mediante la cual se declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible con el desempeño del mismo, por haber hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años.

Alega que la autoridad recurrida interpretó erróneamente el artículo 151 del Estatuto Administrativo, al desestimar que la declaración de salud recuperable impedía la desvinculación, lo que vulnera los derechos consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República. Solicita dejar sin efecto el acto impugnado y ordenar su reincorporación al cargo.

Segundo: Que informando al tenor del recurso, la Dirección General de Aeronáutica Civil solicita su rechazo.

Expone que la recurrente registra un total de 204 días de licencias médicas en los últimos dos años, superando el umbral legal de seis meses establecido en el artículo 151 del Estatuto Administrativo. Señala que, previo a la dictación del acto impugnado, se solicitó el pronunciamiento de la COMPIN, la cual concluyó que su estado de salud era recuperable, cumpliéndose así con la exigencia legal.

Argumenta que la normativa distingue entre salud irrecuperable y salud incompatible, siendo esta última una facultad privativa de la autoridad administrativa cuando el prolongado ausentismo afecta la continuidad del servicio, circunstancia que en la especie se verifica, atendidas las funciones desempeñadas por la recurrente y la necesidad de asegurar el normal funcionamiento institucional. Niega, en consecuencia, la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que constituyen hechos pacíficos y no controvertidos en la presente causa los siguientes:

i) Que la recurrente se desempeñaba como funcionaria a contrata en la Dirección General de Aeronáutica Civil, en calidad de profesional grado 8°.

ii) Que hizo uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses dentro de los últimos dos años, acumulando 204 días.

iii) Que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, mediante resolución de 31 de julio de 2025, declaró que su estado de salud es recuperable.

iv) Que mediante Resolución TRA N° 101/29/2025, de 3 de octubre de 2025, se declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible con su desempeño.

Quinto: Que el artículo 151 del Estatuto Administrativo dispone que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo el haber hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, exigiendo además requerir previamente el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respecto de la condición de irrecuperabilidad.

Sexto: Que, en la especie, consta que la autoridad administrativa dio cumplimiento a la exigencia legal de requerir el informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la cual concluyó que la salud de la recurrente era recuperable, configurándose igualmente el presupuesto objetivo relativo al uso de licencias médicas por un período superior a seis meses.

Séptimo: Que, de la interpretación armónica de las normas citadas, se desprende que el legislador distingue entre la salud irrecuperable —que conlleva el retiro del funcionario con efectos previsionales— y la salud incompatible con el desempeño del cargo, hipótesis en la cual la autoridad conserva la facultad de declarar la vacancia cuando el prolongado ausentismo afecta la continuidad del servicio.

Octavo: Que, en estas condiciones, no se advierte que la autoridad haya actuado fuera del ámbito de sus atribuciones legales ni que la decisión impugnada carezca de fundamento, atendido que se sustenta en hechos objetivos verificados y en el ejercicio de una potestad expresamente contemplada por la normativa vigente.

Noveno: Que, en consecuencia, no se ha acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por lo que la acción cautelar deducida no podrá prosperar Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el art culo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado, en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Caro, quien estuvo por acoger el recurso, dejar sin efecto la resolución impugnada y ordenar la reincorporación de la actora a sus funciones, por los siguientes fundamentos:

1.- Que, para la adecuada decisión del presente recurso cabe tener presente que el artículo 151 del Estatuto Administrativo, luego de la modificación introducida por la Ley 21.050, dispone: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

2.- Que, la intención del legislador al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si la salud del funcionario resulta o no recuperable, como también si la misma le permite o no desempeñar el cargo, ello a propósito de fundar la incompatibilidad, informe que al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, en principio, no es posible aplicar la causal del artículo 151 del Estatuto Administrativo, si es que la Compin no concluye, a su vez, que la salud del funcionario no le permite desempeñar el cargo.

En este sentido, la norma legal es expresa en cuanto a que la evaluación del funcionario es “respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud” y “que no le permite desempeñar el cargo”, de manera tal que si la Compin concluye que la salud es irrecuperable, corresponde dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 152 del Estatuto Administrativo, en cambio, si dicha comisión concluye que la salud es recuperable, para que el jefe superior del servicio pueda dar aplicación al artículo 151, se requiere que además la Compin evalúe si la salud del funcionario no le permite desempeñar el cargo.

3.- Que, dicha interpretación es la única coherente con la intención del legislador al incorporar el nuevo inciso tercero del artículo 151, pues de otra forma se permitiría que la autoridad administrativa resolviera con independencia de la opinión del organismo técnico, con lo cual la decisión quedaría desprovista de dicha evaluación experta, al prescindirse del informe obligatorio de la Compin, el que no sólo ha de referirse a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario, sino también a la compatibilidad de la misma con el desempeño del cargo.

4.- Que, la conclusión anterior, resulta además coherente con la jurisprudencia reiterada del Excma. Corte Suprema sobre la materia, reflejada, sólo a modo de ejemplo, en las sentencias dictadas en los roles 13.750-2024, 13.442-2024, 13.441-2024 y 12.022-2024, en las que se precisa que antes de la Ley N°21.050, uno de los reproches a la legislación vigente, radicaba en que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era realizada por el jefe superior del servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional. Por ello, al alero de la antigua normativa, el Tribunal Constitucional sostenía que: “la mera circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años no habilita por sí sola al Jefe superior del servicio para considerar que el funcionario que ha disfrutado de ellas tenga salud incompatible con el desempeño del cargo que le corresponde, sino cuando ellas sean indicativas de que el afectado no podrá recuperar el estado de salud que le permite desempeñar el cargo”(STC Rol 2024-11-INA, de 13 de diciembre de 2012). Del mismo modo, el Tribunal Constitucional expresó que: “no basta para fundamentar la declaración de salud incompatible con el cargo el solo hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, y que, de existir efectivamente un estado de salud en el funcionario afectado que le impida desempeñar el cargo, ella es constitutiva de falta de idoneidad personal -que no es ciertamente culposa- para continuar en su trabajo, circunstancia que, al igual que ocurre con la capacidad, la Carta Fundamental contempla específicamente como factor de diferenciación en materias laborales, al aludir de modo expreso a la “idoneidad personal” (STC 3006-16-INA, de 29 de septiembre de 2016).

En razón de dichas objeciones, el Ejecutivo propuso modificar el artículo 151 de la Ley N°18.834, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la Compin respectiva, esto es, por un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios y laborales, proyecto de ley que dio origen al actual inciso tercero del artículo 151, norma que replica, entre otros, en el artículo 148 de la Ley 18.883.

5.- Que, en la especie, la declaración de salud incompatible con el cargo, se basó en la circunstancia de haber hecho uso el recurrente de licencias médicas por un periodo superior a seis meses, en los últimos dos años, presupuesto que no basta para cumplir los requisitos del artículo 151 del Estatuto Administrativo, por cuanto es un hecho no discutido que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, declaró que la salud del recurrente es recuperable, sin pronunciarse sobre si, a pesar de ello, resulta incompatible con el cargo.

Lo anterior deja de manifiesto no sólo la ilegalidad del acto administrativo recurrido, al dar término al vínculo estatutario del actor sin cumplir con el presupuesto legal del citado artículo 151, sino también su arbitrariedad, dado que no cumple con el informe que la ley exige para determinar que la salud del actor no sería compatible con el cargo, limitándose a invocar el hecho de hacer uso de licencias médicas por el lapso establecido en la ley y que la salud del recurrente no sería compatible con su cargo, en base a las razones genéricas consignadas en la resolución impugnada, las que en ningún caso pueden suplir la exigencia legal antes referida, para sustentar la determinación de vacancia del cargo, pues el jefe superior del servicio carece de las competencias técnicas en materia de salud ocupacional, las que, para estos efectos, fueron radicadas por el legislador exclusivamente en la Compin.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-23941-2025.