nombre reservado con CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION METROPOLITANA

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Mauricio Roberto Rivera Ulloa y deduce recurso de protección en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, por los actos arbitrarios e ilegales en que habría incurrido y que le impidieron ejercer su derecho a la defensa y significaron su desvinculación de la recurrida, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los N° 1, 3 y 9 del artículo 19.

Relata el recurrente que el 31 de marzo de 2017, mediante Resolución Exenta Nº 983 de 2017 del Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, se ordenó instruir una investigación sumaria en su contra con el objeto de establecer eventuales responsabilidades administrativas por hechos acecidos en la Oficina Laboral de Punta Arenas. Añade que el 2 de noviembre de ese año le fueron formulados cargos y el 18 de diciembre de 2017 interpuso él una denuncia por vulneración de derechos fundamentales de acuerdo a los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, por afectación a sus derechos a la integridad física y psíquica, discriminación arbitraria, debido proceso y derecho a la salud y su protección. Sigue el relato indicando que el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas desestimó la denuncia, razón por la cual interpuso un recurso de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de esa ciudad, la que anuló la sentencia y dictó una de reemplazo, declarando que había existido afectación al debido proceso, vulneración a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley y acoso u hostigamiento en su contra del trabajador.

Añade que el 12 de agosto de 2019 el tribunal a quo dictó el cúmplase y dispuso el alzamiento de las medidas cautelares que en su oportunidad se había decretado, decisión que fue apelada y confirmada en febrero del año en curso, no obstante lo cual antes que se fallara la apelación, la recurrida, el 10 de diciembre de 2019, había dictado la Resolución Nº 3 en el marco de la investigación sumaria y en virtud de la cual se le formularon cargos y se confirió plazo para contestarlos, infringiendo la prohibición de avanzar en la prosecución del proceso administrativo. Enseguida indica que el 28 de febrero de 2020 fue dictada la Resolución Nº 4, notificada el 10 de marzo pasado, además de la certificación de la misma fecha, de acuerdo a la cual “…conforme a la notificación de la Resolución Nº 3 de esta fiscalía, y el plazo concedido de 5 días a contar del 10 de enero de 2020, para que el inculpado efectuara sus descargos, certifico que el Sr. nombre reservado no ha presentado descargos o defensas al respecto. nombre reservado, actuario”.

En suma, sostiene que la fiscalía incurre en una serie de errores que lo privaron de su derecho a la defensa y al debido proceso, por cuanto se dictó la aludida Resolución Nº 3 aún pendiente la providencia sobre alzamiento de las cautelares, lo que permitió que el 28 de febrero se tuviera por evacuando el trámite de los descargos en su rebeldía. Luego, continúa la relación de hechos, mediante la Resolución Nº 5 de marzo del año en curso el fiscal propuso al Director General que se pusiera término a su contrato de trabajo sin derecho a indemnización, lo que se llevó a efecto el 9 del señalado mes conforme a la Resolución Exenta Nº 1008-2020. Sin embargo, reitera, se obvió que el 13 de diciembre de 2019 había interpuesto recurso de apelación ingresado bajo el Rol N° 121-2019, dictándose el cúmplase recién el 27 de febrero pasado, por lo que entiende que la recurrida reinició el proceso disciplinario extemporáneamente, dado que continuó con éste sin contar con una resolución judicial que lo autorizara.

Estima el recurrente que lo que correspondía era que una vez que se encontrara firme la resolución apelada se procediera recién a notificar los cargos para ejercer su defensa y rendir prueba, no obstante lo cual la recurrida continuó en la ilegalidad.

Previas citas a la Carta Fundamental solicita se acoja el recurso, decretándose el cese del proceso disciplinario y disponiendo que se retrotraiga al estado de notificar válidamente la formulación de cargos, respetar el plazo para ejercer su defensa y respetar el derecho al restablecimiento de su salud, con costas.

Segundo: Que al evacuar informe la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana solicita el rechazo de la acción, con costas.

En primer lugar alega la inadmisibilidad de la misma por tratarse de una vía inidónea para la eventual protección que se reclama, desde que el fundamento del recurso corresponde a un supuesto incumplimiento de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas con ocasión del recurso de nulidad a que se alude en el recurso, en circunstancias que existe un procedimiento de lato conocimiento en el que se regula la ejecución de las sentencias dictadas en materia laboral, conforme lo dispone el artículo 465 del Código del Trabajo.

Asimismo, pide también se declare la inadmisibilidad por cuanto el recurso versa sobre la dictación de la Resolución Fiscal Nº 3, de 10 de diciembre de 2019, por la que se le formulan cargos al recurrente y se señala el inicio del plazo para presentar descargos, lo que constituye un acto trámite, respecto del cual no procede la acción constitucional, alegación que refuerza mediante citas jurisprudenciales.

En subsidio de lo anterior pide el rechazo del recurso de protección por carecer éste de fundamentos de hecho y derecho, sosteniendo que no existe incumplimiento alguno de la resolución pronunciada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, desde que el actor omite una serie de actuaciones que se llevaron a efecto en el proceso seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo, que dan cuenta en cambio del cumplimiento de lo ordenado y no de su inobservancia.

Luego de efectuar una completa relación de las diversas actuaciones del proceso seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, concluye que la sentencia se encontraba ejecutoriada a contar del 13 de agosto de 2019, como fue reconocido por la Corte de Apelaciones de esa ciudad, y a contar de esa fecha evidentemente cesaron las medidas cautelares que el actor había obtenido en el pleito. Como resultado de ello, precisa, la dictación de la aludida Resolución Fiscal Nº 3 se ajustó plenamente al contenido de la sentencia cuya desobediencia se alega, lo que constituye argumento suficiente para rechazar el recurso.

Manifiesta finalmente que no existe un derecho de carácter indubitado que amerite protección y concluye que no ha incurrido en acto arbitrario e ilegal alguno que pudiere afectar las garantías constitucionales a que alude el recurrente, razón por la cual insiste en su petición en orden a que la acción sea desestimada.

Tercero: Que la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema, refrendada por la doctrina, ha sostenido que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, asimismo, han sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Dicho de otro modo y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación al recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

Cuarto: Que son diversas las consideraciones que concurren para desestimar el recurso interpuesto.

En efecto, en primer lugar, en el caso de la especie se ha ejercido la acción de protección como consecuencia de la controversia que existe entre dos partes que tuvieron la calidad de demandante y demandada en un proceso judicial seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo y del que conoció también la Corte de Apelaciones de esa ciudad, con motivo del eventual incumplimiento de una medida cautelar decretada en ese pleito sobre denuncia por vulneración de derechos fundamentales, en orden a la subsistencia o no de los efectos de la misma.

Pues bien, en lo que dice relación con el cumplimiento de las resoluciones judiciales el ordenamiento ha previsto formas de reclamar cuando se las considera incumplidas o quebrantadas, consagrando procedimientos de tramitación expedita que permiten a quien se considera perjudicado instar por la efectiva ejecución de lo decidido u obtener el pleno respeto de sus efectos, contemplándose expresamente en la ley la posibilidad de deshacerse lo obrado en contravención a la decisión jurisdiccional. La Corte no desconoce que la parte final del artículo 20 citado dispone que la acción de protección es sin perjuicio de los demás derechos que (el afectado) pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, pero esta disposición constitucional no quiere significar que el recurso de protección se erija como un sustituto jurisdiccional de cualquier procedimiento específico que exista a nivel legal. La expresión que utiliza la Carta Fundamental, como se expuso más arriba, únicamente denota que las providencias urgentes para restablecer el imperio del derecho que se adopten con motivo de acogerse el recurso deberán instar por poner pronta solución al mal que lo justificó, pues este último amenaza, perturba o priva de tal forma el ejercicio del derecho constitucionalmente protegido, que se requiere de un remedio inmediato y eficiente para su efectiva vigencia; mas, al menos en abstracto, quedan a salvo las acciones que ordinariamente prevé el ordenamiento para la solución definitiva del conflicto y en rigor no sólo respecto del afectado recurrente, sino también de aquel contra quien el recurso fue dirigido.

En la situación planteada el conflicto que propone el recurrente encuentra una solución eficiente, eficaz y oportuna mediante la formulación de las peticiones que al efecto prevén el Código del Trabajo y el Código de Procedimiento Civil, de tal suerte que el recurso de protección no resulta ser la vía idónea para emitir el pronunciamiento que se demanda.

Quinto: Que, por otra parte, del examen de los antecedentes aportados tanto por el recurrente como por la institución recurrida, resulta evidente que los efectos de la medida cautelar que el primero obtuvo durante la substanciación del proceso por vulneración de derechos en 2017 -consistente en la paralización de la investigación sumaria seguida en su contra ordenada por Resolución N° 983 de 31 de marzo de ese mismo año- cesaron al haber terminado por sentencia firme la causa respectiva, de modo tal que las actuaciones de la recurrida, no obstante hallarse impugnada por la vía del recurso de apelación la providencia que se había limitado a constatar este cese, son plenamente válidas y no contravienen precepto legal alguno, ni menos puede considerárselas como carentes de racionalidad o producto del mero capricho.

Por consiguiente, no configurándose los supuestos esenciales que exige el artículo 20 de la Carta Fundamental para otorgar la protección que se demanda, el recurso debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en al Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por Mauricio Roberto Rivera Ulloa en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

Protección N° 23.914-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Abogado Integrante señor Cristián Lepin Molina. No firma el Abogado Integrante señor Lepin, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.