nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

2 Santiago, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Sergio Fernando Miranda Alarcón dedujo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, con motivo del acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en los descuentos realizados a instancias de la recurrida de las remuneraciones del actor, con vulneración de la garantía contenida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que desde marzo de 2007 es funcionario de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). A partir del año 2019 ésta dejó de entregar liquidaciones de sueldo en papel, incorporándolas a intranet, sistema al que se accede con clave personal. El 6 de marzo de 2020 por primera vez accede a sus remuneraciones a través de dicho mecanismo, advirtiendo ese día un descuento en sus ingresos de $221.726 por “Caja de Compensación”, lo que se repetía en las liquidaciones correspondientes a los meses de febrero, septiembre, noviembre y diciembre de 2019, enero y febrero de 2020, por $196.403. Ante ello solicitó de inmediato información a la Subdirección de Gestión de Personas de la Dirección Regional de la JUNJI y concurrió a la Caja de Compensación a indagar el origen de los descuentos, pues jamás había solicitado un crédito en dicha institución. Así se le indicó que el descuento correspondía a un crédito solicitado por nombre reservado en diciembre del año 2001, del cual el actor se constituyó en aval, época en que ambos trabajaban en la Corporación Municipal de La Florida. En relación a los descuentos, de acuerdo a la información recabada y la que le proporcionó su empleadora mediante minuta N°015/402, de 9 de marzo de 2020, el primero se efectuó el año 2019, para el pago de la cuota del mes de abril de 2004, y los restantes se destinaron a solucionar las de 31 de mayo, 30 de junio, 31 de julio y 31 de agosto, todas del año 2004.

Estima que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario pues pretende el cobro de un crédito casi quince años después de que se ha hecho exigible, de manera caprichosa, sin informar ni al deudor principal ni al aval, después de dejar pasar años de manera negligente, más aun si el primero -deudor principal- ha trabajado en instituciones afiliadas a la entidad recurrida sin que ésta haya realizado descuentos de la manera que se objeta. Además, indica que su actual empleadora se afilió a la caja de compensación el año 2009, por lo que aquélla pudo solicitar la retención y remesa cuestionada en tiempo oportuno, no varios años después.

En consecuencia, estima que la recurrida, al efectuar el cobro de cuotas adeudadas de un crédito tomado por nombre reservado, donde el recurrente ha servido de aval, aprovechando el beneficio que le franquea el artículo 22 de la Ley N° 18.833, ha vulnerado el derecho de propiedad que tiene sobre sus remuneraciones, las que ve mermadas mes a mes.

Termina por solicitar que se acoja el recurso, ordenando que la Caja de Compensación La Araucana cese en los cobros, instruyendo a la JUNJI se abstenga de efectuar descuentos en sus remuneraciones y ordene además a la recurrida restituir los montos descontados indebidamente, que ascienden a la suma de $1.305.033, como asimismo los que se descuenten con posterioridad a la presentación de la presente acción, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que la abogada Yasna Vukic, por la recurrida, evacua el informe requerido solicitando se desestime el recurso.

Explica que el 11 de diciembre de 2001 se otorgó al afiliado nombre reservado un crédito social por la suma de $5.900.674, pactado en 48 cuotas mensuales de $221.726. De ellas se han pagado 34, las 10 primeras durante el período febrero 2002 a noviembre 2002 vía descuento por liquidación; desde la cuota 11 a la cuota 20 se pagaron directamente por caja, la última en septiembre de 2003. Posteriormente existen pagos realizados por caja desde abril a octubre de 2014 correspondientes a las cuotas 21 a 27, no recibiéndose más pagos por dicho concepto, hasta que en el año 2019 fue posible ubicar al codeudor solidario -el actor- procediendo al envió de las respectivas nóminas, recibiéndose hasta la fecha del informe 7 remesas, lo que ha permitido el pago de las cuotas 28 a 34.

Refiere que tales descuentos se han efectuado de conformidad con lo que estatuyen el artículo 22 inciso 1° de la Ley N° 18.833, el artículo 11 inciso 2° del Decreto Supremo N° 91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 inciso 1° de la Ley N° 17.322 y la Circular N° 2052, del año 2003, relativa al régimen de crédito social.

Aclara que la prescripción de las acciones para el cobro está tratada en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, pues no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer el recurrente. Por ende, si no existe una sentencia que la declare, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo sigue plenamente exigible, no siendo el recurso de protección la vía idónea para alegar y solicitar tal pronunciamiento extintivo.

En consecuencia, asegura, malamente se pudo privar, perturbar, o amenazar derechos y garantías constitucionales del actor, pues considera haber procedido conforme a derecho y salvaguardando la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución Política, desde que no existe un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, ya que la ley le permite solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del deudor o codeudor solidario.

Pese a lo expuesto y sin reconocer la extinción de la deuda, informa que ha dispuesto el cese y la devolución de lo descontado, una vez dictada sentencia, conforme a las liquidaciones acompañadas por el recurrente.

Finalmente solicita el rechazo de la acción por falta de oportunidad y se le exima del pago de costas, toda vez que es manifiesta su buena fe, la plausibilidad para litigar, ni ha mediado oposición de su parte.

Tercero: Que como se advierte de lo relacionado, el acto impugnado consiste en el descuento efectuado de las remuneraciones del actor del saldo insoluto de un crédito otorgado el año 2001 a un tercero, respecto de quien el actor se constituyó el aval y/o codeudor solidario, ante lo cual la institución recurrida ha sostenido que únicamente está ejerciendo una modalidad legal de cobro en los términos originalmente pactados, y que cualquier exceso que pudiere objetarse en relación a la época en que se cobra, debe alegarse por la vía jurisdiccional correspondiente.

Cuarto: Que al informar la Caja de Compensación La Araucana detalla que el 11 de diciembre de 2001 se le otorgó al afiliado señor nombre reservado el crédito social folio N°001-023039265, por la suma de $5.900.674 pesos, pactado en 48 cuotas mensuales de $221.726 cada una, mientras trabajaba en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social. , RUT N°RUT reservadoEn cuanto al pago de las cuotas, indica que las 10 primeras se pagaron durante el período que va de febrero a noviembre de 2002 inclusive, vía descuento por liquidación. Desde la cuota 11 a la 20 se pagaron directamente por caja, la última, en septiembre de 2003. Posteriormente también existen pagos realizados por caja desde abril a octubre de 2014, que sirvieron para el pago de las cuotas 21 a 27, no recibiéndose otras sumas. Pero como el año 2019 lograron ubicar al actor, codeudor solidario del señor nombre reservado, procedieron al envió de las respectivas nóminas recibiéndose hasta la fecha 7 remesas, para solucionar las cuotas 28 a 34.

Quinto: Que, en consecuencia, a la fecha, han transcurrido diecinueve años desde el otorgamiento del crédito, del cual la Caja de Compensación La Araucana obtuvo por descuento legal el pago de diez cuotas hace ya dieciocho años. Además, recibió pagos por caja de diecisiete cuotas, durante los años 2003 y 2014, vale decir, hace diecisiete y seis años, respectivamente.

Sexto: Que, en tales circunstancias, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio, en la especie, resultaba improcedente, considerando el extenso lapso que alcanzó a transcurrir primero desde septiembre del año 2003 y luego a partir de octubre de 2014, sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito contra el principal obligado ni contra el actor -codeudor solidario-, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios.

Séptimo: Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde que sea declarado y se otorgue amparo al recurrente, pues de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones sociales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

Octavo: Que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por don Sergio Fernando Miranda Alarcón en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y, en consecuencia, se ordena a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado a la actora vía descuentos de sus remuneraciones, como asimismo deberá proceder a la devolución de los montos correspondientes a las cuotas indebidamente descontadas los años 2019 y 2020, sin perjuicio de su derecho a perseguir el cobro por la vía jurisdiccional pertinente.

Regístrese, notifíquese y archívese si no fuere apelada.

Redacción a cargo de la Ministra P. Plaza G. No firma la Ministra Plaza, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

Protección Rol N° 23903-2020.-