GRUPO SOLUCIONES S.A. con nombre reservado

Santiago, once de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece doña ANDREA SILVA RAMÍREZ, abogado, RUT: RUT reservado, en representación convencional, según se acredita, de Sociedad Grupo Soluciones S.A., sociedad de su denominación, RUT: RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ingeniero comercial, RUT: RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 20 en relación con el artículo 19 números 2, 19, 24 y 26, todos de la Constitución Política de la República, acciona de protección en contra de Banco nombre reservado, RUT: RUT reservado, sociedad anónima bancaria, representada legalmente por su Gerente General don nombre reservado, administrador de empresas, RUT: RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por vulnerar las garantías fundamentales indicadas precedentemente, cometidas por el acto arbitrario e ilegal de cerrar unilateralmente y sin fundamento alguno, la cuenta corriente de la empresa de su representado y para tal efecto, solicita a esta Corte que restablezca de inmediato el imperio del derecho y ordene a la recurrida que deje sin efecto la medida adoptada, de conformidad a los antecedentes de hecho y de derecho que expone.

Refiere que la sociedad que representa abrió dos cuentas corrientes en moneda nacional números [cuenta reservada] y una cuenta corriente en Moneda Extranjera número [cuenta reservada], y productos adicionales en ellas tales como líneas de crédito y tarjetas de crédito, en el Banco nombre reservado, desde que este era sólo nombre reservado desde hace aproximadamente 10 años atrás, dando siempre cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones con dicha institución.

Como es de público conocimiento el Banco nombre reservado se fusionó con nombre reservado, fusión que en ningún caso hacía perder a los clientes de sus derechos y productos, ya que la nueva entidad nacida de la fusión mantiene la identidad legal de sus antecesores y es su continuadora a todos los efectos, como estableció la SBIF al aprobar la fusión en 2015, y su total implementación en 2017.

Añade que el pasado 19 de marzo su representada, recibió en sus oficinas el llamado de la ejecutiva de cuentas del Banco doña nombre reservado, quien informó que a esa fecha se procedería a cerrar todas las cuentas corrientes y sus productos, posteriormente ese mismo día recibió un correo electrónico en que se decía que se cerrarían los productos mantenidos con el Banco según lo conversado, y adjuntaba una carta fechada el 14 de diciembre que supuestamente habría sido enviada por correo certificado bajo el número 1170242330940, pero que fue recepcionada en marzo de este año por Correos de Chile y que fuera entregada recién con fecha 28 de marzo de 2018.

Respecto de la carta esta contiene la fecha de 14 de diciembre de 2017, pero esta parte no tuvo conocimiento de ella hasta que ese mismo día (19 de marzo de 2018) la ejecutiva la adjuntó a su correo electrónico, y a mayor abundamiento, ella misma señala: “Adjunto comprobante de envío de carta por correo certificado” que como ya se dijo, da cuenta que recién en marzo de 2018 fue recibida por correos de Chile y al día de su entrega se verificó solamente el día 28 de marzo del año en curso.

En virtud de dicha carta, la recurrida expresó que el cierre de los productos se debía a las “políticas de riesgos del Banco”, nada más, así en una frase la recurrida cerró los productos de su representada, afectando derechos fundamentales inalienables sin ninguna justificación.

Este hecho constituye un acto arbitrario e ilegal que amenaza, perturba y priva a mi representado de sus derechos de propiedad sobre el derecho personal que emana del contrato de apertura de cuenta corriente, derecho al debido proceso, derecho a la igualdad y el principio de esencialidad. La carta señala que este cierre se debe a las políticas de riesgo del Banco, pero no indica cuáles son las circunstancias excepcionales e individuales que lo justificarían.

Añade que los Derechos Fundamentales vulnerados son el Derecho de Propiedad 19 n° 24, Derecho a la Igualdad 19 n° 2, Derecho al Debido Proceso 19 n° 3 inc.6 y Derecho a la Esencialidad de los Derechos 19 n° 26, todos de la Constitución Política de la República.

Explica que se ha afectado la propiedad de su representado en cuanto la decisión unilateral del recurrido ha privado de su propiedad al derecho personal emanado del Contrato de Cuenta Corriente, derecho que asiste a todos los contratos con contenido patrimonial.

Expresa que cabe advertir, en este punto, el cruce de normas legales y constitucionales. La primera por rango y categoría: el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República de Chile, que asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales (y asimismo, esta garantía se encuentra contemplada como una de aquellas tuteladas en virtud de la acción de protección). Por su parte, el Código Civil en su artículo 576 establece que entre las cosas incorporales están los derechos personales, y en el artículo 583 del código del ramo se establece que “sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad”. No queda duda actualmente, según lo han sostenido reiteradamente diversos y respetados tratadistas del derecho civil, que el acreedor es propietario de los derechos personales emanados del contrato. Así también resulta claro que el principio de la fuerza obligatoria de los contratos, regidor del derecho común de forma casi absoluta (recogido en el artículo 1545 del Código Civil), regula, en lo que no se encuentra específicamente tratado por otras leyes especiales, todo lo tocante al contenido y forma de los contratos en la vida jurídica. Cita jurisprudencia y doctrina en apoyo de sus argumentos.

En segundo término acusa una vulneración al Derecho al Debido Proceso, que se configura por la imposición del Banco de una sanción al recurrente, y es que el cierre de las cuentas y productos asociados a ellas se produce por “Políticas de Riesgo” del Banco, lo que implica necesariamente una valoración respecto de la actividad económica del cliente, juicio de valoración que decanta en a un acto de cierre y la consecuente pérdida de los productos por parte del recurrente. Es decir, hay un proceso sancionatorio, cuya resolución tiene efectos reales y concretos en la esfera patrimonial del afectado.

Señala que el ejercicio de las facultades sancionatorias que el Banco como entidad regulada por la autoridad tiene respecto de sus clientes, debe siempre ejercerse dentro del marco de razonabilidad y del respeto de las garantías fundamentales, sobretodo tratándose de la facultad del cierre de los productos, que es la máxima sanción que ellos pueden imponer.

La ley General de Bancos en sus artículos 2° y 12° respectivamente, señala las facultades con que cuenta el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, en lo pertinente establecen:

Artículo 2°.- “Corresponderá a la Superintenencia de Bancos e Instituciones Financieras la fiscalización, del Banco del Estado, de las empresas bancarias, cualquiera que sea su naturaleza y de las entidades financieras cuyo control no esté encomendado por la ley a otra institución”.

“La Superintendencia tendrá la fiscalización de las empresas cuyo giro consista en la emisión u operación de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos o de cualquier otro sistema similar a los referidos medios de 10 pago, siempre que éstos importen que el emisor u operador contraiga habitualmente obligaciones de dinero para con el público en general o ciertos sectores o grupos específicos de él”.

Artículo 12.- “Corresponderá al Superintendente velar porque las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan y ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones y negocios”.

“La facultad de fiscalizar comprende también las de aplicar o interpretar las leyes, reglamentos y demás normas que rijan a las empresas vigiladas”. En uso de las facultades de interpretación y fiscalización de las instituciones bancarias y nancieras, ha dictado la Recopilación Actualizada de Normas que en su capítulo 2.2, instrumentos que dispone:

10. Cierre de cuentas corrientes. “La cuenta corriente podrá ser cerrada unilateralmente por el banco, como también puede ser a petición del cliente, quien para el efecto debe presentar una solicitud formal en tal sentido. No debe ser impedimento para dar curso al cierre, el que deberá hacerse efectivo a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de presentada la solicitud, el hecho de que el titular de la cuenta que se cierra mantenga deudas con el banco. En todo caso, será responsabilidad del cliente dejar en la cuenta cuyo cierre se dispone, la necesaria provisión de fondos para la cobertura de los cheques girados que a la fecha del cierre no hubieren sido cobrados, así como para el pago de las eventuales comisiones y gastos que a dicha fecha se adeudaren al banco, siempre que este los hubiera comunicado a más tardar en esa oportunidad”.

En tercer término denuncia una vulneración al derecho de igualdad ante la ley. Sostiene que el hecho que el Banco, haya unilateralmente cerrado las cuentas y sus productos asociados aduciendo supuestos riesgos en la actividad de la recurrente genera una discriminación ilegal y arbitraria respecto de su parte frente a otras personas jurídicas, sobre todo al no explicitar el recurrido cuales son los riesgos que su representada expone a su institución o que ella no está dispuesta a tolerar, pareciera de tal forma que la decisión tomada parece hecha por mero arbitrio.

Por último alude a la esencialidad de los derechos. Indica que los Derechos Fundamentales no pueden ser limitados al punto de ser irreconocibles en su configuración o ilusorio su ejercicio, como ha señalado la profesora nombre reservado, ahora esta garantía constitucional, no es autónoma y siempre opera en respaldo de otros derechos fundamentales como en este caso ocurre respecto del Derecho de Propiedad, Derecho al Debido Proceso y Derecho a la Igualdad ante la Ley. Los atentados a las garantías fundamentales reconocidas y amparadas por el Constituyente sobretodo tratándose de garantías sustantivas como propiedad y debido proceso en su naturaleza dual, y aquellas adjetivas como igualdad y también debido proceso atendida su particular naturaleza, necesariamente conllevan también una vulneración a la esencialidad de los Derechos.

Afirma que el recurrido podría tratar de excusar su actuar en la supuesta facultad entregada mediante la suscripción de las condiciones generales de obtención de contrato de cuenta corriente, pero olvida que el derecho chileno no reconoce de forma alguna la cláusula de renuncia de derechos fundamentales, y que tal pacto no solo en inválido, sino que ni siquiera requiere de declaración judicial dicha invalidez, un contrato suscrito en esos términos, que permitiera a una parte vulnerar los derechos inalienables de rango constitucional de la contraparte no surte efecto alguno, y de ninguna manera podría servir de defensa ante una acción cautelar de garantías constitucionales como esta.

Conforme a todo lo señalado solicita a esta Corte que se acoja el presente recurso, declarando que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de dejar sin efecto el cierre de las cuentas corrientes y sus productos asociados, ya individualizada, debiendo el recurrido restablecer todos ellos al momento previo al cierre de los mismos, con expresa condena en costas.

Informa el recurso don nombre reservado, por la recurrida Banco nombre reservado, y solicita el rechazo de la presente acción e indica que el cierre de la cuenta corriente no fue producto de un mero capricho, sino que dicha decisión se adoptó luego de un cuidadoso proceso de análisis de su situación al interior de nombre reservado.

Sostiene que ItaúCorpbanca se limitó a aplicar las reglas de su política de COMPLIANCE, contenidas en el nombre reservado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Cohecho (nombre reservado), en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.913 y la Ley N° 20.393. En atención a lo anterior y luego de analizar cuidadosamente las circunstancias anteriores, nombre reservado decidió comunicar al recurrente el cierre de sus cuentas corrientes. Ello no se debió a ningún capricho o arbitrariedad, sino que se debió a la aplicación de estrictas medidas de prevención de delitos que su representado está obligado a seguir.

Añade que la conducta de su parte se encuentra contractualmente permitida ya que así lo establece el contrato celebrado con el recurrente y ello es también consecuencia del carácter de la relación contractual entre ambas partes.

Expresa que la conducta de nombre reservado no es ilegal, puesto que su representado se limitó o ejercer, legítimamente, el derecho a terminar la relación contractual con el recurrente. Ese derecho se encuentra reconocido contractualmente y, además, es propio de la naturaleza de la relación entre ambas partes.

Tal como reconoce el recurrente, su relación con su parte tiene su origen en un contrato celebrado entre nombre reservado y el recurrente, que se acompaña, el cual establece la posibilidad de ponerle término sin expresión de causa en cualquier momento de forma unilateral.

Pero incluso, si no existiera tal cláusula contractual, su representado podría poner término unilateralmente a los contratos de cuenta corriente celebrados con el recurrente, porque se trata de contratos de duración indefinida.

Tal como ha sostenido la Jurisprudencia, en tales contratos cualquiera de las partes puede poner término a la relación en la medida que la terminación no sea intempestiva, ni de mala fe, pues, de lo contrario, se obligaría a las partes a permanecer atadas en forma perpetua: No habiéndose fijado un plazo u otra modalidad determinada para su ejecución se debe considerar que el contrato puede terminar por voluntad manifestada libremente por cualquiera de las partes.

El derecho a terminar unilateralmente un contrato de duración indefinida tiene su fundamento preciso en el principio de autonomía de la voluntad y de libertad contractual, establecido en el art. 1545 del Código Civil. De lo contrario, se forzaría a las partes a permanecer atadas perpetuamente, aun contra su voluntad.

Por otra parte, la terminación unilateral de un contrato de cuenta corriente se funda en el carácter intuito personae del mismo. Es decir, se trata de un contrato de confianza, celebrado en base a la calidad de las personas. Así lo ha reconocido expresamente la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF): “Se trata de un contrato de confianza y por tal razón, sin perjuicio de que los bancos cumplan con la legislación y normativa pertinente es prerrogativa de la entidad bancaria determinar su apertura y cierre, al tenor de las políticas que su administración defina, sin que esta Superintendencia u otra autoridad pública, pueda tener injerencia en ello”. Asimismo, el párrafo 10 del Capítulo 2.2 de la Recopilación Actualizada de Normas de la SBIF establece: “10 Cierre de cuentas Corrientes. La cuenta corriente podrá ser cerrada unilateralmente por el banco, como también puede ser a petición del cliente, quien para efecto debe presentar una solicitud formal en tal sentido. No debe ser impedimento para dar curso al cierre, el que deberá hacerse efectivo a más tarde dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de presentada la solicitud, el hecho de que el titular de la cuenta que se cierra mantenga deudas con el banco.”

De esta manera, señala que su representado se limitó a ejercer legítimamente un derecho. Ese derecho se encuentra establecido en el contrato celebrado entre ambas partes; está reconocido a nivel legal (artículo 1545 del Código Civil) y reglamentario (normas de la SBIF); y además es propio de la naturaleza de confianza e intuito personae de la relación entre nombre reservado y el recurrente.

Por lo demás, nadie ha impugnado jamás la facultad del titular de la cuenta corriente de poner término unilateral al contrato, por cuanto ello se realiza en virtud de una facultad potestativa, conferida a ambas partes en el contrato de cuenta corriente, y cuyo ejercicio es unilateral.

A mayor abundamiento, cita jurisprudencia en apoyo de su argumento.

En cuanto a las actividades de la recurrente, explica que ésta se dedica a la compra y venta de oro y en el marco de dicha actividad tiene vínculos comerciales con la sociedad empresa NTR Metals Miami LLC a quien le vende oro. Sostiene que su representado en su labor de prevención del delito de lavado de activos, hizo un análisis de los movimientos en las cuentas corrientes.

Dicho análisis arrojó que un 37% de los dineros ingresados en dichas cuentas corresponde a órdenes de pago emitidas por METALOR USA REFINING CORP y de NTR METALS MIAMI LLC. Una vez revisada la información pública disponible, se pudo constatar que tras las declaraciones de nombre reservado, investigado por contrabando reiterado, entre otros delitos, permitieron que el FBI detuviera a tres ejecutivos de la empresa NTR Metals en Miami, acusados de lavado de dinero e importación ilegal de oro, ello en el año 2017.

Según la demanda presentada por el FBI se dice que existió una conspiración en la que los empleados de NTR compraban oro peruano a minas ilegales que favorecen la trata de personas, el trabajo forzado y la devastación ambiental, en donde en la oficina de NTR en Miami, se lavó miles de millones de dólares para los narcoterroristas peruanos y otros personajes que controlaban esas minas mediante la compra de su oro.

Con fecha 19 de enero último apareció una noticia sobre este tema en el sitio web del periódico EEUU “El nuevo Herald.

“Otrora socios en una estratagema entre América Latina y Miami que lavaba dinero con la comercialización de oro extraído ilegalmente, Samer Barrage y Juan Granda se pusieron de pie avergonzados el viernes cuando un juez federal los condenó a prisión por el delito, que movió miles de millones de dólares.

El juez federal de distrito Robert Scola condenó a Barrage a unos siete años de prisión, y a Granda a seis, dándoles crédito por su colaboración con los fiscales federales en el caso de confabulación para lavar dinero, unos $3,600 millones, que ha estremecido a la industria de metales preciosos del país.

Los antiguos corredores de oro de la ahora difunta empresa NTR Metals, con sede en Doral, enfrentaban un máximo de 10 años de prisión cada uno según su negociación de cargos. Pero los fiscales pidieron al juez que les redujera el castigo debido a la cooperación de los dos en la pesquisa, que no ha concluido, y porque se han comprometido a devolver parte de las ganancias ilícitas de la venta de toneladas de oro importado en los últimos cinco años.

Los dos acusados estuvieron bajo custodia de las autoridades federales desde su arresto en marzo pasado y se declararon culpables en septiembre. Según el acuerdo, Barrage, quien era el jefe de las operaciones de NTR en América Latina y recibió parte de las ganancias del contrabando de oro, había aceptado devolver $1.3 millones, aunque esa cifra se redujo a $850,000. Granda acordó devolver $466,000 pero sólo ha devuelto $9,000.”

(http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article195615434.html)

Afirma que la conducta de nombre reservado no es ilegal ni arbitraria, toda vez que, esta parte se limitó a dar cumplimiento a lo dispuesto en las leyes 19.913 y 20.383.

El artículo 27 de la Ley N° 19.913 sanciona el delito de lavado de activos. Este delito consiste, básicamente, en cualquier conducta tendiente sea a ocultar o disminuir el origen o destino ilícito de determinados bienes que provengan de actividades delictivas, así como el blanqueo de fondos que pueden provenir de una fuente legítima pero que se destina a un fin ilegítimo. Dentro de los delitos base de lavado de activos se encuentra el cohecho, fraude al Fisco, estafa, terrorismo, entre otros.

La letra b) del citado artículo 27 incluso sanciona penalmente al que posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, Es más, conforme al citado artículo 27, la responsabilidad penal por el delito de lavado de activos incluso se aplica a quien no ha conocido el origen de los bienes por negligencias inexcusable, aunque en este caso negligencia inexcusable y no dolo, la pena se aplica rebajada en dos grados.

Expone que si su representado recibe dineros de origen ilícito, se expone a cometer el delito de lavado de activos, el cual además es uno de los delitos bases de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas conforme al artículo 1° de la ley 20.383.De esta manera, su representado estaba obligado a actuar con el máximo nivel de diligencia, con el objeto de prevenir los delitos de lavado de activos. Dentro de las actividades de prevención que establece la Ley N° 20.383, se encuentra la adopción de un modelo de prevención de Delitos, el cual permite cumplir con los deberes de dirección y supervisión que establece la Ley.

De la información recaba por su representada, corroborada por la noticia que se adjunta, aparece que en la cuenta corriente de la recurrente se han depositado cuantiosas sumas por parte de la empresa NTR Metals, empresa cuyos ejecutivos han sido condenados por lavado de activos, por lo que representa un cliente de alto riesgo en los términos de la ley 20.383.

En el marco de estas obligaciones legales en marco de la ley de nombre reservado de activos y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, nombre reservado realizó un análisis del movimiento de las cuentas corrientes de la recurrente, la cual arrojó movimientos por sumas cuantiosas de dinero en el período enero y julio de 2017, Dicho análisis arrojó que un 37% de los dineros ingresados en dichas cuentas corresponde a órdenes de pago emitidas por METALOR USA REFINING CORP y de NTR METALS MIAMI LLC.

Tal como se ha demostrado, dos ejecutivos de la empresa NTR Metals en Miami fueron condenados en EEUU por el delito de lavado de dinero e importación ilegal de oro, ello en el año 2017. Que los negocios que motivan el depósito de los fondos provenientes de la empresa NTR METALS MIAMI LLC, justamente provienen de la venta de oro.

Añade que a su representada no le corresponde indagar si efectivamente hay un delito, ni lo afirma en caso alguno, pero la ley de 20.383 le obliga a prevenirlo.

En consecuencia, nombre reservado se limitó a hacer lo que debía conforme a las leyes 19.913 y 20.383, aplicar su modelo de prevención de delitos. Como podrá apreciarse, el cumplimiento de un deber legal no puede calificarse como acto ilegal, sino que responde, simplemente, aI cumplimiento de los deberes prescritos en dichos cuerpos legales.

La conducta de su parte no es arbitraria, puesto que, según se ha señalado, nombre reservado adoptó la decisión de cerrar las cuentas del recurrente luego de un riguroso proceso de análisis, en cumplimiento de lo dispuesto por las leyes 19.913 y 20.383. Agrega que su conducta fue prudente, meditada y diligente, ya que, su representado está sujeto a estrictos deberes de supervigilancia y control en materia de lavado de activos, so pena de ser responsable incluso como persona jurídica Pues bien, la decisión de nombre reservado se adoptó siguiendo precisamente las recomendaciones de la UAF y el GAFI, dando estricto cumplimiento a las leyes 19.913 y 20.383. No se trata de una conducta precipitada, temeraria, o imprudente, sino justamente lo contrario. De esta manera, no puede estimarse que su parte haya actuado en forma ilegal.

Al no existir una conducta ilegal o arbitraria, el recurso de protección debe ser rechazado, por no existir afectación ilegal o arbitraria de derechos fundamentales. Finalmente, indica que en el marco de las leyes N° 19.913 y N° 20.383, no resulta posible indicar al cliente con detalle las razones del cierre, por razones obvias de sigilo y no entorpecimiento de las investigaciones que se pudiesen llevar a cabo.

Con fecha 19 de abril último, se trajeron los autos en relación.

El 14 de mayo, se procedió a la vista del recurso y se decretaron medidas para mejor resolver, las que fueron cumplidas, rigiendo el estado de acuerdo el día 1° de junio último.

CONSIDERANDO:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter tutelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

2°) Que el acto que se tilda de arbitrario e ilegal por la recurrente consiste en el cierre unilateral por parte del recurrido de la cuenta corriente que la actora mantiene en el Banco nombre reservado, encontrándose contestes en la existencia de dicha cuenta y en la circunstancia que fue el Banco quien procedió a comunicar a la actora el cierre unilateral de la misma.

3°) Que las partes celebraron, en su oportunidad, un contrato de cuenta corriente con fecha 29 de mayo del año 2009, según aparece del ejemplar acompañado por el recurrido. En dicho contrato se pactó, en su cláusula décimo séptima lo siguiente: “El Banco podrá unilateralmente cerrar o poner término a la cuenta corriente en cualquier tiempo, a su sola voluntad, sin necesidad de expresar causa y sin responsabilidad alguna para él, y en forma especial podrá hacerlo si concurren alguna de las siguientes circunstancias…”.

Por su parte, y tal como cita la propia actora, la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en su Apartado II del Capítulo 2.2 “Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques” en su párrafo 10 dispone en relación al cierre de las cuentas corrientes lo siguiente: “La cuenta corriente podrá ser cerrada unilateralmente por el banco, como también puede ser a petición del cliente, quien para el efecto debe presentar una solicitud formal en tal sentido….”.

4°) Que de lo señalado previamente, puede colegirse que la institución bancaria recurrida está facultada para proceder al cierre unilateral de la cuenta corriente que lo liga con la recurrente, y es más, puede hacerlo sin expresión de causa, por así convenirlo expresamente las partes, de manera que exigir ahora una conducta distinta a la pactada, atenta contra la ley del contrato.

5°) Que sin perjuicio de lo señalado, el banco al comunicar la decisión de cierre de la cuenta, explicó que ello se debía a “políticas de riesgo del banco”, y si bien no hubo mayor detalle en aquella comunicación, tampoco estaba obligado a darla de acuerdo a su facultad de cierre de la cuenta sin expresión de causa.

Con todo, resulta razonable la cautela en la comunicación, al haberse actuado en cumplimiento a sus obligaciones legales en el marco de la Ley N° 19.913 y teniendo en consideración la Ley N° 20.383 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

6°) En lo fáctico, su proceder tampoco resulta arbitrario o caprichoso si se tiene en consideración la circunstancia manifestada en su informe en orden a que tomó conocimiento que la recurrente realizaba operaciones con NTR Metal Miami LLC que fue condenada en EEUU por el delito de lavado de dinero, hecho que la recurrente no cuestionó en estrados, salvo precisar el porcentaje de las operaciones ejecutadas con ella en relación al total de las que realiza y el año en que estas se verificaron.

7°) Que no corresponde calificar la incidencia de las operaciones que realiza la actora, por no ser esta la vía para ello y además por cuanto tampoco se ha aportado antecedente alguno sobre la materia, conocido que fue el informe del banco recurrido, y por impedirlo, respecto del banco y de la Unidad de Análisis Financiero la reserva de antecedentes que impone la Ley N° 19.913.

8°) Que la institución bancaria ha demostrado poseer un nombre reservado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Cohecho que desarrolla su proceder frente a conductas que pueden estimarse sospechosas, debiendo descartarse de esta forma un comportamiento caprichoso en relación a la actora, pues el banco ha ponderado la continuidad de la relación con ella dentro de este contexto y ha decidido poner fin a la misma.

9°) Que así ha de concluirse que el término unilateral del contrato de cuenta corriente que ha efectuado la recurrida en relación a la recurrente, se ajusta al contrato mutuamente celebrado –que lo permite, sin expresión de causa- como también a las Normas que al respecto dicta la Superintendencia del ramo, descartándose una conducta ilegal o arbitraria, circunstancias que conducen a desestimar la acción constitucional entablada, sin que sea necesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales denunciada.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Política, y del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza la acción deducida por doña nombre reservado, en representación de la Sociedad Grupo Soluciones S.A en contra del Banco nombre reservado- nombre reservado, sin costas, por estimar que ha habido motivo plausible para litigar.

Ejecutoriada que sea esta sentencia, devuélvase a la recurrida el Manual de Política de Prevención de Delitos que indica, manteniéndose su reserva hasta dicha oportunidad.

Regístrese, y archívese en su oportunidad.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Rol N° 23.902-2018.- Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Adelita Ravanales Arriagada e integrada por la Ministro señora Mireya Eugenia López Miranda y por el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.