Protección contra MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS

C.A. de Santiago Santiago, uno de septiembre de dos mil veintiuno.

Proveyendo los escritos folios 49, 51 y 52: a todo, téngase presente.

Proveyendo el escrito folio 50: atendido lo dispuesto en el artículo 9 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, no ha lugar a la suspensión solicitada Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparecen don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, actuando en favor de doña nombre reservado, deduciendo acción de protección constitucional, en contra del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS, representado por don Hernán Larraín Fernández, Ministro de Justicia y nombre reservado, o quien lo subrogue legalmente, por los siguientes fundamentos.

Explican que doña nombre reservado es hermana de nombre reservado, dirigente sindical, quien fue secuestrado el día 09 de septiembre de 1987, encontrándose en calidad de desaparecido hasta la fecha.

Refieren que por dicho crimen fueron querellantes en el proceso Rol N° 39.122-C, episodio “Los 5 del 87”, sustanciado para investigar los secuestros calificados y desapariciones forzadas cometidos contra don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, por el cual fueran condenados 33 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por sentencias de casación y de reemplazo de la Excma. Corte Suprema de Justicia Rol Nº 8642- 2015 de fecha 21 de marzo de 2017.

Aseveran que la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia de casación dictada el 21 de marzo de 2017, en causa rol ingreso Nº 8.642-2015, impuso al sentenciado nombre reservado, Mayor de Ejército (R), y ex Jefe de la Unidad Antiterrorista de la CNI, la pena corporal de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más las sanciones accesorias legales y al pago de las costas de la causa, por su participación en calidad de cómplice del secuestro calificado de las cinco víctimas, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado.

Indican que el condenado nombre reservado había sido condenado anteriormente en el proceso rol Nº39.122-C episodio “Operación Albania”, sustanciado para investigar la matanza de 12 personas, en un operativo encubierto como un falso “enfrentamiento”, donde fue condenado a una pena remitida por el homicidio calificado de doña nombre reservado, sentencia también ejecutoriada.

Expresa que, a partir del año 2018, el sentenciado nombre reservado ha deducido (o se han presentado en favor suyo) diversas acciones constitucionales de amparo para intentar obtener el beneficio de la libertad condicional, las cuales han sido rechazadas por estimarse que se han incumplido las exigencias contenidas en el Decreto Ley (DL) N° 321 de 1925 sea en su versión vigente en 2018, sea aquella modificada por la Ley Nº 21124 de 2019.

De esta manera, sostienen que la Sala Penal de la Excma. Corte Suprema ha rechazado sus pretensiones en los siguientes procesos: (1) CS Rol 31.732-2018, caratulado “nombre reservado contra Comisión de Libertad Condicional”, sentencia de 02 de enero de 2019; (2) CS Rol 28.154-2019, caratulado “nombre reservado contra Gendarmería de Chile”, sentencia de 04 de octubre de 2019; (3) CS Rol 29.588-2019, caratulado “nombre reservado contra Gendarmería de Chile”, sentencia de 29 de octubre de 2019; (4) CS Rol 11.159-2020, caratulado “nombre reservado contra Centro Penitenciario Punta Peuco-Gendarmería de Chile”, sentencia de 03 de febrero de 2020; (5) CS Rol 24.962- 2020, caratulado “nombre reservado contra Comisión de Libertad Condicional”, sentencia de 11 de marzo de 2020; y (6) CS Rol 76.564-2020, caratulado “nombre reservado contra Comisión de Libertad Condicional”, sentencia de 03 de julio de 2020.

Precisan que también se han deducido requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en los roles 6985-19-INA, y más recientemente el rol 9406-20-INA, deducido el 30 de septiembre de 2020.

Sostienen que se han hecho parte en la mayoría de dichas causas, pese a no haber sido notificados de la existencia de las mismas, porque existe la necesidad de que en la fase de ejecución penal se cumplan las penas corporales impuestas a los condenados, por una sentencia firme y ejecutoriada dictada por nuestra Judicatura en el proceso en que esta parte ha intervenido como querellante, en representación de los familiares de las víctimas de hechos constitutivos de secuestros en el contexto de crímenes de lesa humanidad respecto de los cuales existe la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar los crímenes contra la humanidad de acuerdo al Derecho internacional (Corte Interamericana de nombre reservado. Caso nombre reservado vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costa. Sentencia de 26 de septiembre de 2006).

Indican que la sanción efectiva comprende, entonces, el cumplimiento efectivo de la pena impuesta para evitar la impunidad que significaría que personas condenadas en 2017, por cinco desapariciones forzadas, pudieran acceder a una sustitución de pena contra ley.

Aseveran que el término de la condena del sentenciado nombre reservado, de acuerdo con lo informado en el recurso de amparo rol 1343-2020 (Amparo) de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, ratificada por la Excelentísima Corte Suprema en el Rol 76.564-2020, sería el día 09 de mayo de 2021.

De este modo, sostienen que los familiares de las víctimas se han enterado que el condenado nombre reservado, pese al rechazo sistemático de las acciones presentadas para obtener una liberación anticipada, ha logrado finalmente obtenerla por vía de un Decreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (del cual ignoramos fecha y número), que debió ser firmado por el Sr. Ministro de la cartera.

Indican que estas resoluciones, adoptadas sin notificar a las víctimas del caso, y sin ponderar debidamente los antecedentes constituyen una forma de impunidad al infringir el deber de sancionar efectivamente los crímenes de lesa humanidad, y específicamente las desapariciones forzadas con penas acordes a su extrema gravedad.

Concluyen que dicha resolución que vuelve a revictimizar a los familiares, dando cuenta que ni siquiera se cumplió la pena de cinco años y un día por cinco desapariciones forzadas, pues relativiza el valor de la vida, y se concede un beneficio improcedente a criminales de lesa humanidad.

En el caso en concreto, sostienen se ha vulnerado la garantía del artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho a la integridad psíquica, derecho que debe ser respetado en su esencia por mandato del artículo 19 Nº26 de la Carta Fundamental, y que además se ve consagrado en diversos tratados internacionales, como la Convención Americana sobre nombre reservado, la que en su artículo 5.1 reconoce el derecho a la integridad personal, lo que incluye el respeto de la integridad física, psíquica y moral de la persona.

Indican que esta decisión trae consigo sufrimiento psíquico, angustia y retraumatización, pudiendo incluso llegar a constituir una forma de tortura.

Refiere que este acto es ilegal, ya que afecta garantías fundamentales de los familiares de víctimas de desapariciones forzosas, al conceder de forma contraria a la ley y a los tratados internacionales sobre derechos humanos, beneficios penitenciarios improcedentes tratándose de crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, manifiestan que la normativa posiblemente aplicada ha de ser la Ley N°19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base se observación de buena conducta, la cual contempla criterios de evaluación obligatorios y que no han sido cumplidos por el condenado, debiendo siempre interpretarse estos de acorde a la normativa y exigencias del derecho internacional.

Explican que el artículo 7 de la Ley Nº 19.856 exige, entre otros, (a) estudio, (b) trabajo, (c) rehabilitación, y (d) buena conducta. Sin embargo, en este caso, el condenado no se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social.

Por otro lado, señalan que se han contravenido los estándares internacionales contenidos en los artículos I en relación con el III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y, del artículo 7.1. de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; ambos tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Chile, y que se encuentran actualmente vigentes, además por la obligación de ius cogens, de investigar, juzgar y sancionar efectivamente crímenes de derecho internacional, todos aplicables y vinculantes para el Estado chileno en razón de lo establecido en el artículo 5º, inciso segundo de la Constitución Política.

Aluden que en este caso el condenado fue juzgado y sancionado por hechos que, conforme al Derecho Internacional, constituyen desapariciones forzadas de cinco personas, en los términos del artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, indicando dicha norma en su artículo I, que los Estados partes de la convención en cuestión se comprometen a no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; a sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; y, a cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas, entre otras.

Luego, señalan que el artículo III, inciso primero, de la misma convención, señala: “Los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima (…)”.

Por su parte, el artículo 7.1. de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, establece: “1. Los Estados Partes considerarán el delito de desaparición forzada punible con penas apropiadas, que tengan en cuenta su extrema gravedad (…)”

Aseveran que ambas fuentes jurídicas convencionales del derecho internacional son obligatorias y vinculantes para el Estado de Chile y, en tal sentido, para todos los poderes públicos sean parte del Poder Ejecutivo o de la judicatura.

Por ello, en el caso concreto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al conceder un beneficio penitenciario de reducción de condena, cuando resta cumplir aún casi medio año de la misma, configura una vulneración de las reglas de los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y, del artículo 7.1. de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, puesto que en modo alguno podría estimarse que la sanción que se ha cumplido por determinación del Ministerio de Justicia es una pena apropiada, ni menos, que considere la extrema gravedad de los crímenes por los que se condenó al sentenciado.

En el mismo sentido, sostienen existe una obligación emanada del Derecho internacional general como norma de ius cogens, referida al deber de investigar, juzgar y sancionar efectivamente crímenes de lesa humanidad, que se ve reflejada, entre otras, en las disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como en regulación doméstica que diferencia los requisitos para acceder a beneficios en el caso de crímenes de lesa humanidad como el Decreto Ley N° 321 de 1925, modificado por la Ley Nº 21.124, el Decreto 518 “Reglamento de establecimientos penitenciarios” modificado en 2016, la Ley Nº 21.228 que “Concede indulto general conmutativo a causa de la enferrmedad Covid-19”, entre otros.

Citan la sentencia de supervisión de cumplimiento del fallo dictado por la Honorable Corte Interamericana de nombre reservado en los Caso Barrios Altos y La Cantuta Vs. Perú, de 30 de mayo de 2018, en cuyos párrafos 30 y 31.

Así, reclaman que en este caso el Decreto dictado por el Ministerio de Justicia, cuya existencia conocieron el día 10 de diciembre de 2020, debe hacerse cargo de los de la normativa interna y de derecho internacional, pues de lo contrario se tratará de un acto ilegal.

Puntualizan que, la ilegalidad radica en la vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, sea en la forma de privación y perturbación, por el tremendo impacto que significó conocer la noticia de la liberación de quien participó en la desaparición del hermano de la recurrente y de cuatro personas más.

Indican que asimismo, es un acto arbitrario porque no existe un fundamento sólido para adoptar esta resolución, existiendo sobrados antecedentes referidos a la falta de rehabilitación del sentenciado, tampoco se ha notificado a los familiares para poder presentar sus apreciaciones, en contravención del derecho internacional, configurándose todos los requisitos de procedencia de la presente acción constitucional, por lo que solicitan sea acogida la presente acción de protección, y se declare que el acto administrativo o resolución adoptada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que concede el beneficio de la reducción de condena a nombre reservado, firmado por el Sr. Ministro de Justicia y nombre reservado, o por quien le subrogue legalmente, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales que la Constitución Política asegura todas las personas; (1) se deje sin efecto la resolución o decreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que otorga el beneficio de reducción de condena a nombre reservado, quien hasta entonces se encontraba sirviendo su condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, y en su lugar se dicte la correspondiente resolución o decreto que deniegue o rechace la solicitud de ese beneficio (2) se adopten las medidas necesarias por parte del Ministerio para dar cumplimiento a los requisitos más estrictos que impone el derecho internacional al analizar la concesión de beneficios para el caso de condenados por crímenes de lesa humanidad, con miras a evitar que estos sean otorgados en forma improcedente a personas que cometieron graves violaciones de derechos humanos, las que consideran como medidas necesarias e imprescindibles para restablecer el imperio del derecho resguardando la debida protección del o los afectados.

Segundo: Que evacuó informe el Ministro de Justicia y nombre reservado, señor Hernán Larraín Fernández, quien manifestó al tenor del recurso que el beneficio de reducción de condenas se encuentra regulado en la Ley N°19.856, publicada el 4 de febrero de 2003, y por el reglamento de dicha ley, normativa que permite que las personas condenadas a una pena privativa de libertad puedan reducir el tiempo de duración de su condena, una vez que hayan demostrado un comportamiento sobresaliente.

Refiere que el artículo 19 de la Ley N°19.856 establece el órgano encargado de calificar el comportamiento, creando las Comisiones de Reducción de Condenas, que sesionan en cada territorio jurisdiccional de Cortes de Apelaciones, y que califican como sobresaliente o no sobresaliente el comportamiento, de acuerdo a los factores de educación, trabajo, estudio y rehabilitación, según el artículo 7 de dicha ley, siendo una facultad exclusiva de las citadas comisiones. Añade que una vez terminado el proceso de calificaicón, y de acuerdo a los artículos 74 y siguientes del reglamento de la ley, ya referido, reunidos estos antecedentes, Gendarmería remite la postulación a las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y nombre reservado, quienes, una vez acreditados los requisitos objetivos, reenvían los antecedentes a la Unidad Coordinadora de Reducción de Condenas, dependiente de la División de Reinserción Social de dicha Secretaría de Estado.

Asevera que, analizados los documentos y verificado que se cumplen con los requisitos legales, la Unidad entrega una propuesta de decreto que otorga o rechaza el beneficio para que sea dictado bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, según establece el artículo 14 de la ley ya señalada.

Manifiesta que luego, el artículo 17 establece las causales que impiden conceder el beneficio de reducción de condena, sin que tampoco dicha norma contemple la obligación de informar y/o notificar a las víctimas o sus familiares respecto de la postulación, calificación, concesión o denegación del beneficio.

Ahora bien, insiste en que de acuerdo el artículo 10 de la ley que se viene analizando, el órgano encargado de examinar el comportamiento de los postulantes es la Comisión de Reducción de Condena, teniendo en consideración los factores ya señalados, siendo una facultad exclusiva de dichos organismos, cuestión que señala ha sido reconocida por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° 1001-2015.

Señala que luego, recibidos estos antecedentes por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dicho organismo tiene la obligación de revisar los antecedentes a la luz del artículo 17 de la ley, debiendo, en caso de verificarse la concurrencia de alguna causal de exclusión, debiendo dictar el decreto que rechace el beneficio de reducción de condena, y únicamente en dicho caso, según sostiene ha resuelto la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° 3278-2015, indicando que incluso en causa Rol N° 387-2017, el máximo tribunal acogió un recurso de amparo deducido por una persona condenada por crímenes de lesa humanidad, respecto de quién no se le concedió este beneficio, teniendo como fundamento precisamente que la decisión de rechazo no se enmarca en las causales establecidas en el artículo 17 ya mencionado, razón por la que en definitiva, y en cumplimiento de lo resuelto previamente por el máximo tribunal, se siguió dicho criterio.

Explica que, en el caso de nombre reservado, este se encontraba cumpliendo condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, desde donde se enviaron los antecedentes vinculados a la postulación de reducción de condena a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, la que los remitió luego a dicha Cartera de Estado. Asevera que se indicó en la postulación al beneficio que este condenado cumplía con los requisitos para ser presentado, encontrándose en lista N° 2, esto es calificado con un comportamiento sobresaliente y supuesto el reconocimiento del beneficio cumpliría su condena dentro de los 30 días hábiles siguientes al cierre del proceso de calificación.

En ese sentido, indica que en el caso la Comisión correspondiente sesionó y calificó el comportamiento del señor nombre reservado, el 20 de noviembre de 2020, acumulando 8 meses de reducción de condena, por lo que, de otorgarse el beneficio, el término de la misma correspondería al 9 de septiembre de 2020.

Con estos antecedentes, sostiene que el 25 de noviembre pasado, mediante Oficio N°13.02.06.423/20 el Alcaide (s) del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, remitió la postulación al beneficio a la Seremi de Justicia y nombre reservado Metropolitana, donde una vez analizados los antecedentes y verificado el cumplimiento de los requisitos objetivos, de acuerdo al inciso segundo del artículo 14 de la Ley N° 19.856, se remitieron dichos antecedentes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante Oficio N° 399 de 30 de noviembre de 2020.

Alude que, una vez recibidos los mismos, se procedió al estudio de los mismos, tras lo cual, habiéndose verificado el cumplimiento íntegro de los requisitos exigidos por la Ley N° 19.856, se procedió a dictar con fecha 1 de diciembre de 2020, el Decreto Exento N° 2095 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se otorga el beneficio de reducción de condena, el que fue comunicado vía correo electrónico al CCP Punta Peuco, para la correspondiente notificación del amparado.

Finalmente indica que es efectivo que se han presentado dos recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en favor del condenado nombre reservado, al estimarse que el mismo no cumplía con los requisitos legales para acceder al beneficio de libertad condicional, los que fueron conocidos por el Tribunal Constitucional, roles 6895-2019 y 9406-2020, este último indica todavía vigente Además, es efectivo que se presentaron 6 acciones de amparo por el señor nombre reservado, por cuanto no le fue concedido el beneficio de libertad condicional, encontrándose en tramitación, a la fecha de este informe, la acción de amparo N° 1917-2020, la que se encuentra suspendida ante la tramitación del recurso de inaplicabilidad N° 9406-2020, en donde se hizo parte la Unidad Programa DDHH, oponiéndose a la pretensión del condenado.

Solicita, en definitiva, sea rechazada la presente acción constitucional, por cuanto indica que dicha Secretaría de Estado ha actuado conforme a derecho, al dictar el acto administrativo que por esta vía se impugna.

Tercero: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Sobre la existencia del acto impugnado, no existe controversia que corresponde al Decreto Exento N° 2095 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el cual se otorgó el beneficio de la reducción de condena de nombre reservado, el que fue comunicado vía correo electrónico al CCP Punta Peuco para la correspondiente notificación al amparado.

Quinto: Que en primer término corresponde indicar que el beneficio de reducción de condenas se encuentra regulado en la Ley N° 19.856, publicada el 4 de febrero de 2003, y por el Reglamento de dicha ley, normativa que permite que las personas condenadas a una pena privativa de libertad puedan reducir el tiempo de duración de su condena, una vez que hayan demostrado un comportamiento sobresaliente.

Es así como el artículo 19 de la Ley N° 19.856 establece el órgano encargado de calificar el comportamiento, creando las Comisiones de Reducción de Condenas, que sesionan en cada territorio jurisdiccional de Cortes de Apelaciones, y que califican como sobresaliente o no el comportamiento, de acuerdo a los factores de educación, trabajo, estudio y rehabilitación, según el artículo 7 de dicha ley, siendo una facultad exclusiva de las citadas comisiones.

Por su parte, una vez terminado el proceso de calificación, y de acuerdo a los artículos 74 y siguientes del citado Reglamento de la ley, reunidos estos antecedentes, Gendarmería remite la postulación a las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y nombre reservado, quienes, una vez acreditados los requisitos objetivos, reenvían los antecedentes a la Unidad Coordinadora de Reducción de Condenas, dependiente de la División de Reinserción Social de dicha Secretaría de Estado.

De esta forma, analizados los documentos y verificado que se cumplen con los requisitos legales, la Unidad entrega una propuesta de decreto que otorga o rechaza el beneficio para que sea dictado bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, según establece el artículo 14 de la ley ya señalada.

Luego, el artículo 17 del citado cuerpo normativo establece las causales que impiden conceder el beneficio de reducción de condena, sin que tampoco dicha norma contemple la obligación de informar y/o notificar a las víctimas o sus familiares respecto de la postulación, calificación, concesión o denegación del beneficio.

Ahora bien, de acuerdo el artículo 10 de la ley en análisis, el órgano encargado de examinar el comportamiento de los postulantes es la Comisión de Reducción de Condena, teniendo en consideración los factores ya señalados, siendo una facultad exclusiva de dichos organismos.

Posteriormente, una vez que la recurrida recibió los antecedentes dicho organismo tiene la obligación de revisarlos a la luz del artículo 17 de la ley, debiendo, en caso de verificarse la concurrencia de alguna causal de exclusión, dictar el decreto que rechace el beneficio de reducción de condena.

Sexto: Que en la especie, la recurrida recibió respecto de nombre reservado, los antecedentes vinculados a la postulación de reducción de condena emanados del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, la que los remitió luego a dicha Cartera de Estado, quien a su vez cumplía con los requisitos para ser presentado, encontrándose en lista N° 2, esto es calificado con un comportamiento sobresaliente y supuesto el reconocimiento del beneficio cumpliría su condena dentro de los 30 días hábiles siguientes al cierre del proceso de calificación.

En ese sentido, la Comisión correspondiente sesionó y calificó el comportamiento del señor nombre reservado, el 20 de noviembre de 2020, acumulando ocho meses de reducción de condena, por lo que, de otorgarse el beneficio, el término de la misma correspondería al 9 de septiembre de 2020.

Con estos antecedentes, con fecha 25 de noviembre de 2020, mediante Oficio N°13.02.06.423/20 el Alcaide (s) del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, remitió la postulación al beneficio a la Seremi de Justicia y nombre reservado Metropolitana, donde una vez analizados los antecedentes y verificado el cumplimiento de los requisitos objetivos, de acuerdo al inciso segundo del artículo 14 de la Ley N° 19.856, se remitieron dichos antecedentes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante Oficio N° 399 de 30 de noviembre de 2020.

En efecto, una vez recibidos los mismos, la autoridad recurrida procedió al estudio de los mismos, verificándose el cumplimiento íntegro de los requisitos exigidos por la Ley N° 19.856, por lo que procedió a dictar con fecha 1 de diciembre de 2020, el Decreto Exento N° 2095 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se otorgó el beneficio de reducción de condena, el que fue comunicado vía correo electrónico al CCP Punta Peuco, para la correspondiente notificación del encartado.

Séptimo: Que, con el objeto de desestimar la ilegalidad y arbitrariedad del acto denunciado, corresponde señalar que a la recurrida le corresponde analizar lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 19.856 dispone que: “Límites a la aplicación de los beneficios. Los beneficios contenidos en la presente ley no tendrán lugar en caso alguno, cuando se dieren una o más de las siguientes circunstancias:

a) La persona privada de libertad hubiere quebrantado su condena, se hubiere fugado, evadido o intentado fugarse o evadirse;

b) El condenado hubiere incumplido las condiciones impuestas durante el régimen de libertad condicional;

c) La persona hubiere delinquido durante el cumplimiento de su condena, o estando en libertad provisional durante el proceso respectivo;

d) Se trate de personas condenadas a presidio perpetuo, sea simple o calificado;

e) El condenado hubiere cometido algún delito al que la ley asigna como pena máxima el presidio perpetuo, a menos que en la sentencia condenatoria se hubiere aplicado a su respecto alguna de las circunstancias atenuantes previstas en los artículos 72 y 73 del Código Penal;

f) El condenado hubiere obtenido el beneficio establecido en esta ley con anterioridad, y g) La condena hubiere sido dictada considerando concurrente alguna de las circunstancias agravantes establecidas en los números 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal.”

Octavo: De esta forma, no existe acto ilegal -supuesto en que no se atiende a la normativa por la que debe regirse o en que un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley- o arbitrario -carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los mecanismos empleados y el objetivo a obtener o una inexistencia de los hechos que fundamentan su actuar- llevado a cabo por la recurrida, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 19.856 y los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental.

Noveno: Igual derrotero seguirá la desestimación de la arbitrariedad, por cuanto de la sola lectura del decreto denunciado, se contienen los fundamentos fácticos y jurídicos que condujeron a la recurrida a la conclusión que en él se expresa, teniendo presente que aquélla no califica el comportamiento del condenado, proceder que resulta exclusivo y excluyente de las Comisiones de Reducción de Condenas.

Décimo: Como consecuencia de lo señalado y al descartar ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la autoridad recurrida, resulta inoficioso analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Undécimo: Finalmente corresponde consignar que resultan ser hechos no controvertidos que se han presentado dos recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en favor del condenado nombre reservado, al estimarse que el mismo no cumplía con los requisitos legales para acceder al beneficio de libertad condicional, los que fueron conocidos por el Tribunal Constitucional, Roles N° 6895-2019 y N° 9406-2020, resultando este último indica todavía vigente.

Además, se presentaron 6 acciones de amparo por el condenado nombre reservado, por cuanto no le fue concedido el beneficio de libertad condicional, encontrándose en tramitación, a la fecha de este informe, la acción de amparo Rol N° 1917-2020, la que se encuentra suspendida ante la tramitación del recurso de inaplicabilidad N° 9406-2020, en donde se hizo parte la Unidad Programa DDHH, oponiéndose a la pretensión del condenado.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a favor de doña nombre reservado en contra de don Hernán Larraín Fernández, Ministro de Justicia y nombre reservado, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-239-2021.