Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, doce de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece Franco Brunetti Arredondo, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta NUM000, de 9 de octubre de 2025, mediante la cual tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente, actuación que estima ilegal y arbitraria, por cuanto se funda en una hipótesis de desistimiento no prevista por el ordenamiento jurídico, omite la derivación de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado y desconoce normas imperativas de la Ley N°20.430 y su reglamento, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto el acto impugnado y se ordene la continuación regular del procedimiento administrativo, con otorgamiento de la visación correspondiente.

Expone que es de nacionalidad venezolana y que abandonó su país por razones de seguridad personal, ingresando a Chile en agosto de 2023, y que el 11 de agosto de 2025 concurrió ante la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones a fin de formalizar solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, oportunidad en que se le proporcionó el formulario respectivo, se recibió su declaración y se tuvieron por presentados los antecedentes iniciales exigidos por la normativa vigente.

Agrega que pese a haber efectuado posteriormente una subsanación de antecedentes el 2 de octubre de 2025, la autoridad recurrida dictó la resolución ya indicada, teniendo por desistida la solicitud por estimar excedido el plazo de siete días hábiles contado desde el ingreso al país, sin remitir los antecedentes a la Secretaría Técnica competente, entrabando con ello el procedimiento legalmente establecido y privando al solicitante del acceso efectivo al sistema de protección de refugiados.

Asimismo, argumenta que la resolución cuestionada desconoce el principio de no devolución, el deber de derivación inmediata de los antecedentes a la autoridad técnica competente y la obligación legal de otorgar una visación de residente temporario al solicitante de refugio una vez presentada la solicitud, conforme a los artículos 32 de la Ley N°20.430 y 42 de su reglamento, omisiones que agravan los efectos del acto impugnado y exponen al recurrente a una situación de precariedad jurídica.

Finalmente, sostiene que los hechos descritos configuran una vulneración concreta de la igualdad ante la ley, al otorgarle un trato discriminatorio respecto de otros solicitantes de refugio, y del derecho a un procedimiento racional y justo, al aplicarse una sanción administrativa carente de base legal y con efectos retroactivos, afectando de manera directa el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales. Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta NUM000, se ordene la prosecución regular del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y se disponga el otorgamiento de la visación de residente temporario correspondiente, mientras se resuelve el fondo de la solicitud.

SEGUNDO: Que, evacuado el informe por el Servicio Nacional de Migraciones, éste solicita el rechazo íntegro de la acción constitucional deducida, oponiendo como defensas principales la improcedencia del recurso de protección por inexistencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal; la falta de afectación actual de garantías constitucionales amparadas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República; la improcedencia de utilizar esta acción cautelar para obtener el reconocimiento judicial de la condición de refugiado; y, finalmente, la legalidad del actuar administrativo que tuvo por desistida la solicitud del recurrente por incumplimiento de los requisitos y plazos establecidos en la Ley N°20.430 y sus modificaciones.

Expone que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no registra ingresos al territorio nacional por paso fronterizo habilitado, constando además un oficio reservado de la Policía de Investigaciones que da cuenta de una denuncia por ingreso clandestino. Posteriormente, el 11 de agosto de 2025, manifestó su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, otorgándosele una cita para el trámite inicial. Sin embargo, tras el análisis preliminar, su solicitud fue declarada incompleta, requiriéndosele subsanar dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de desistimiento, conforme a resolución exenta debidamente notificada.

Que, aun cuando el solicitante acompañó una carta explicativa en la etapa de subsanación, la autoridad administrativa resolvió tener por desistida la solicitud mediante resolución exenta de 9 de octubre de 2025, por no cumplirse un requisito esencial y fatal, consistente en haber excedido con creces el plazo de siete días hábiles desde su ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo exige expresamente el artículo 26 de la Ley N°20.430, circunstancia corroborada por sus propias declaraciones, al reconocer haber ingresado a Chile el 27 de agosto de 2023, es decir, casi dos años antes de formular la solicitud de refugio.

Argumenta que la acción constitucional de protección no resulta procedente para obtener, por vía judicial, el reconocimiento de la calidad de refugiado, materia que el legislador ha entregado expresamente a un procedimiento administrativo especializado y a órganos técnicos competentes, previa verificación de los requisitos legales, no concurriendo en la especie una vulneración susceptible de ser enmendada mediante este arbitrio excepcional.

En mérito de lo expuesto, solicita se rechace la acción constitucional de protección en todas sus partes, por no existir acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a la autoridad recurrida, y que no se condene en costas a dicha parte.

TERCERO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral quinto del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, apreciando los antecedentes allegados al proceso conforme a las reglas de la sana crítica, es posible tener por establecidos los siguientes hechos: 1.- Que don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, salió de la República Bolivariana de Venezuela con fecha 17 de agosto de 2023, ingresando al territorio nacional el 27 de agosto de 2023 por pasos no habilitados, atendida la situación de violencia generalizada que afectaba su país de origen, según consta de los antecedentes acompañados. 2.- Que, con fecha 11 de agosto de 2025, el referido extranjero concurrió a dependencias de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, con el objeto de solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, oportunidad en la cual se le proporcionó el formulario correspondiente, procediendo a su llenado y a la recepción de su declaración de hechos. 3.- Que consta en autos que el solicitante efectuó una presentación de subsanación con fecha 2 de octubre de 2025, dentro del procedimiento administrativo respectivo 4.- Que, mediante Resolución Exenta NUM000, de fecha 9 de octubre de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente, fundando dicha decisión en que la solicitud habría sido presentada fuera del plazo previsto en el artículo 26 de la Ley N°20.430.

CUARTO: Que, el acto recurrido fue dictado por la autoridad competente y ajustado a las disposiciones de la Ley 20.430 y su reglamento, por no cumplirse un requisito esencial y fatal, consistente en haber excedido con creces el plazo de siete días hábiles desde su ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo exige expresamente el artículo 26 de la Ley N°20.430, circunstancia corroborada por las propias declaraciones de la recurrente, al reconocer haber ingresado a Chile el 27 de agosto de 2023, es decir, casi dos años antes de formular la solicitud de refugio, por lo que no se advierta que la actuación del recurrido sea ilegal o arbitraria, motivo por el cual el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción de protección interpuesta en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-23802-2025.