Protección contra Municipalidad de Cerrillos

Santiago, veintiocho de julio de dos mil diecisiete.

Vistos:

Comparece doña nombre reservado ejerciendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de Cerrillos, representada por su Alcalde don Arturo Aguirre Gacitúa por el acto arbitrario e ilegal consistente en la no renovación de su cargo a contrata –grado 15° EUS-, para el año 2017, desde el 31 marzo de este año, decisión que le fue notificada el día 09 de marzo, esgrimiéndose como único fundamento un plazo dispuesto para el cese, sin que ello sea real y efectivo, lo cual infringe la normativa legal aplicable a los funcionarios públicos, recogida en el Dictamen N° 85700, de fecha 28 de noviembre de 2016, de la Contraloría General de la República, que obliga a las autoridades a fundamentar las no renovaciones de contratas y no utilizar para ello simples expresiones formales o genéricas. Aduce que ha sido víctima de un trato discriminatorio por parte de la autoridad edilicia, pues tratándose de los demás funcionarios a contrata de las otras unidades de desempeño, se ordenó la prórroga de sus contrataciones para el año 2017. También esta decisión vulnera el Dictamen número 2802, de fecha 27 de marzo de 2017, del mismo órgano contralor, que establece que la no renovación de la contrata debe fundarse, generando el legítimo derecho a mantenerse en el trabajo, de no mediar otros hechos, los que se deben acreditar, unido a lo ordenado por el Ministro de Hacienda, en la Circular N° 26 de 2016, en el mismo sentido. Indica que tal decisión le ha conculcado las garantías fundamentales de Igualdad ante la ley, y el derecho de propiedad, consagrados y protegidos por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 2 y N° 24, respectivamente. Solicita finalmente se declare que: A) La decisión del Alcalde de no renovar su contrata, es ilegal, por no estar legalmente fundamentada, siendo, además, arbitraria por el hecho de no acatar lo dispuesto por la Contraloría General de la República en los citados dictámenes; B) Que el acto recurrido, en cuanto carente de motivación, debe ser invalidado y, por ende, debe ser reincorporada al cargo público que ocupaba, en las mismas condiciones de la última renovación; C) A consecuencia de lo anterior, debe ser reintegrada a su función, debiendo ser renovada para el año 2017; D) Se le cancelen los meses de remuneraciones en que ha estado ilegítimamente separada de mis funciones y, E) Se condene en costas al recurrido.

Expuso que con fecha 09 de marzo de 2017, mediante el Oficio № 402/084/2017, se le notifica que su contrata no será renovada para el año 2017, desde el 31 de marzo, sin indicar la autoridad edilicia cuáles son los antecedentes de hecho que tuvo en consideración para ello. Arguyó que es funcionaría a contrata desde 29 de mayo 2014, en la Municipalidad recurrida, con tres años de desempeño en la Secretaria Municipal, siempre calificada en lista N°1 de distinción, con anotaciones de mérito en su hoja de vida y con una labor destacada por sus superiores jerárquicos, hasta que, en su última calificación, periodo 2016 -2017, su jefa directa, la Secretaria Municipal, para perjudicarla y sacarla del municipio bajó sus notas groseramente con argumentos falsos y sin razonamiento alguno. Luego, el 03 de enero del presente año por Decreto Exento №202/282/2015, fue designada a desempeñar, en jornada completa, un cometido funcionario al Departamento de Personal y Bienestar. Agrega que la Secretaria Municipal se ha referido a ella, frente a terceros, como "la niñita" o "le faltan palos para el puente", encontrando errores en su trabajo, rayando exageradamente los documentos confeccionados por ella y escribiendo con lápiz rojo las palabras a reemplazar, con una letra ilegible, y que, al preguntarle por su contenido, le responde que se encuentra ocupada; además, ha comentado a sus compañeras de trabajo que a su oficina iban muchos hombres a visitarla y que eso era muy raro, dejando entrever que se dedica a "coquetear". Aduce que la Secretaría Municipal fue déspota, despectiva, discriminadora y calumniadora, disfrutando con las quejas que los dirigentes sociales han formulado por su trabajo, situación que ha padecido debido a que solo cumplía las instrucciones verbales que le indicaba su jefatura, las que eran muy cambiantes y dependían de su estado de ánimo.

Señala, en relación a su desvinculación, que se produjo por un informe "confidencial" que emitió doña nombre reservado al señor Alcalde, con copia al Administrador Municipal, el cual hace alusión a una mala atención que habría brindado a una dirigente social, denunciando que hizo abandono de sus funciones, lo que es falso, por cuanto el problema de fondo es que a la dirigente no la pudo ayudar con su documentación porque se le llevó con el estampado de recepción y, su jefa, entendió que mantuvo los documentos sin tramitar.

Estima que dicha providencia es ilegal porque es emitido por la Jefa del Departamento de Personal y Bienestar y no por el Alcalde quien legalmente de firmar y notificar la no renovación. Además la resolución de su desvinculación no contiene ningún fundamento de hecho que justifique la decisión, sino que únicamente se limita a transcribir conceptos legales, formales y genéricos, pero no explican ni justifican la decisión adoptada por la autoridad, máxime si se considera que no fue la única funcionaría notificada de dichas decisiones, ya que hubo otros funcionarios que también fueron notificados de la no prórroga de sus contratas pero que finalmente la autoridad reconsideró su decisión.

Agrega que tampoco tal resolución ha acatado lo dispuesto en el Oficio Circular № 26, de fecha 21 de noviembre de 2016, del Ministerio de Hacienda que indica que la no renovación de las contratas deben estar fundadas sobre la base de criterios objetivos, y en su punto 3 que "en el caso de la no renovación de contratos, se deberá notificar al funcionario de conformidad a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley № 19.880, sobre el motivo de su cese de funciones, con una anticipación de al menos 30 días corridos, otorgándose las facilidades respectivas para que pueda hacer uso de su feriado legal pendiente". Comenta que lo señalado en dicha circular demuestra de manera irrefutable, que la sola llegada del plazo no es motivo suficiente para no renovar una contrata, sino que se deben considerar y ponderar otros factores, pues las autoridades entienden que el derecho a un empleo estable es algo que el Estado garantiza.

Con lo expuesto señala que se ha infringido en su contra el Principio Constitucional de la Igualdad ante la Ley, consagrado en nuestro texto constitucional, al vulnerarse abiertamente su contenido, como también, el derecho de propiedad en sus diversas especies, al privársele permanecer en su empleo, ejercerlo, recibir las remuneraciones que corresponden, siendo removida por procedimientos ilegítimos.

Informa Arturo Aguirre Gacitúa, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Cerrillos, solicitando el rechazo de la presente acción de protección incoada por la actora doña nombre reservado, al no haber existido de la parte a la que representa ningún acto arbitrario o ilegal, en su desvinculación.

Refiere que en el caso de los funcionarios municipales, que es, el caso que nos convoca, se rigen por lo dispuesto en la Ley 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales que para el efecto del término de los empleos a contrata, es igual al regulado en la Ley N° 18.834, esto es, el Estatuto Administrativo.

Expone que el empleo a contrata en la administración es esencialmente transitorio, extendiéndose, por expresa disposición de la ley, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, según lo dispuesto en el artículo 2 inciso 2° de la Ley 18.833, salvo que se hubiere dispuesto la prórroga y, tal situación, se haya notificado previamente por escrito al funcionario, siendo esto último lo que ha sucedido respecto de la actora, al cesar su función pública por la llegada del término del período legal por el cual había sido designada. Señala que los dictámenes N° 22.766 y 23.518 del año 2016, al que hace mención la recurrente tienen como límite la llegada del plazo para el cual fue contratada la persona o la no necesidad de sus servicios, toda vez que la esencia de la contrata, es su transitoriedad. Agrega que dictámenes del órgano contralor han declarado que, en los casos en que una contratación haya sido dispuesta con la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios u otra similar”, la autoridad puede ponerle término en cualquier momento que estime conveniente. (dictámenes 16.557, 26.594, 52.928 54.598 todos del año 2010), situación que habilita a la autoridad para poner término a la contrata antes del vencimiento del plazo fijado en el nombramiento respectivo. Expone que, sobre lo antes vertido, no se han vulnerado los derechos que se pretenden conculcados.

CONSIDERANDO.

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción extraordinaria, destinada a restaurar el imperio del derecho, en los casos que, por un acto arbitrario o ilegal, se haya privado, perturbado o amenazado los derechos fundamentales indicados en la citada norma.

Segundo: Que, es requisito indispensable de la acción constitucional cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Tercero: Que se recurre, aunque no se señale en términos expresos, contra la Providencia N°103/0879/2017, de 6 de marzo de 2017, del Administrador Municipal de la Ilustre Municipalidad de Cerrillos que consigna “Instrúyese informar del término de la relación contractual a doña nombre reservado, RUT reservado, la cual finaliza el 31 de marzo de 2017”, notificada a la recurrente el 9 de marzo de 2017 por la Jefe de Personal y Bienestar de la misma Municipalidad.

Cuarto: Que la parte recurrente señala en su libelo que tuvo 10 renovaciones de su contrata durante los tres años que trabajó en la citada Municipalidad e indica que acompaña 10 decretos de nombramiento entre el 29 de mayo de 2014 al 31 de marzo de 2017, pero solo incorporó efectivamente 9 de ellos, siendo el último de éstos el Decreto Alcaldicio N°201/0123/2017, de 27 de enero de 2017, que dispone “Contrátese, a contar del 1 de enero de 2017 y mientras sean necesarios sus servicios, sin que dicho nombramiento pueda exceder del 31 de enero de 2017” a doña nombre reservado.

Quinto: Que la actora no acompañó físicamente el último decreto de nombramiento aunque fue ofrecido por ella en su libelo, pero el recurrido tampoco lo incorporó, ni en su informe ni posteriormente, como fundamento de los argumentos vertidos a su favor, lo que era esencial; luego los abogados, en su alegatos de segunda instancia, dejaron entrever que el decreto no existió. Frente a lo anterior, por otra parte, no fue controvertido que, la recurrente, siguió trabajando desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo de este año, lo que unido a que en su informe, el recurrido, de manera confusa, alude que, el trabajo en este lapso, lo habría hecho por un decreto que se extendía hasta el 31 de diciembre –sin consignar para nada que lo fuere solo hasta el 31 de marzo- el que llevaba aparejada la frase “hasta que sus servicios sean necesarios”, siendo ésta última expresión lo que habría permitido el término de la contrata mediante el acto impugnado, esto es, sin demostrar los fundamentos fácticos que motivaron la anticipación del referido cese, siendo absolutamente insuficiente, racionalmente, referir únicamente la fecha de esto último, por lo que se ha de concluir que, el actuar de la recurrida fue ilegal y arbitrario al vulnerarse la garantía de Igualdad ante la Ley, a consecuencia de la falta de motivación o justificación de dicho acto, lo que el ordenamiento jurídico en su conjunto impide contra cualquier persona –tal regla general se haya consagrada, entre algunas normas, en los artículos 41 de la Ley 19.880, 170 N°4 del Código de Procedimiento Civil, 342 letra c) del Código Procesal Penal- lo que solo se puede reparar con su reincorporación a sus labores en dicha institución edilicia, conjuntamente con el pago de las remuneraciones a que tenía derecho desde el 1 de abril de este año en adelante y, hasta que concluya, conforme a derecho, la contrata dispuesta a su favor.

Y de conformidad, además, con lo que señala el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y 2 de la Constitución Política de la República, se acoge la acción constitucional de protección impetrada por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Cerrillos, y por ende, se invalida la Providencia N°103/0879/2017, de 6 de marzo de 2017, del Administrador Municipal de la Ilustre Municipalidad de Cerrillos, debiendo reincorporarse la señora nombre reservado a su función, dentro de tercero día de notificado el presente arbitrio, dictándose el acto administrativo correspondiente, conjuntamente con el pago de sus remuneraciones desde el 1 de abril de este año 2017, con expresa condenación en costas al recurrido.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Redacción del Ministro (I) Enrique Durán Branchi Protección: 23.802-2017.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el Ministro (S) señor Andrade, por haber terminado su nombramiento de suplente.