nombre reservado con MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACIÓN

Santiago, seis de diciembre de dos mil veintitrés.

Visto Resolviendo el escrito de folio 24: estése a lo que se resolverá a continuación.

Y considerando:

PRIMERO: Que, con fecha 14 de marzo de 2023, comparece don nombre reservado, consultor legal, actuando a nombre de don nombre reservado, Sargento Primero del Ejército de Chile, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la MUTUALIDAD DEL EJÉRCITO Y AVIACIÓN, representada legalmente por su gerente general nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en rechazar la solicitud de liquidación del Seguro de Vida Colectivo Temporal Obligatorio presentada en favor del actor de marras, en relación con las coberturas adicionales del mismo.

Señala como antecedentes previos que el actor de autos es integrante del Ejército de Chile desde el año 1994, actualmente posee el grado de Sargento Primero de Ejército y desempeña sus funciones en la Comandancia de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana.

Como es común y obligatorio para los funcionarios en servicio activo del Ejército de Chile, el actor se encuentra adscrito a un Seguro de Vida Colectivo Obligatorio Temporal, contratado por el Ejército de Chile a través de su Comandante en Jefe Institucional, desde el momento de su ingreso a la Institución. Dicho seguro es contratado con la recurrida Mutualidad del Ejército y Aviación, corporación de derecho privado, que tiene por finalidad otorgar los seguros obligatorios y otros, y llevar a adelante una política de ayuda mutua, de bienestar y asistencia en favor de los asegurados, según establece el Decreto Ley N° 1.902 y Estatutos de la Mutualidad.

Mientras desarrollaba el recurrente sus labores habituales del servicio, sufrió un accidente en el trayecto desde su lugar de trabajo al sector determinado por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas —lugar donde prestaba sus servicios— para almorzar, ocurriendo aquello el 10 de junio de 2014.

Producto de lo anterior, se instruye, de forma tardía, una Investigación Sumaria Administrativa mediante RES SSFFAA FISC ADM (R) N° 1585/8752 de 17 de mayo de 2017, con la finalidad de determinar las causas y circunstancias del accidente ocurrido, como también si aquel correspondía a aquellos acaecidos en acto determinado del servicio o a consecuencia de éste, la que fuera resuelta definitivamente recién el 08 de abril 2021, mediante resolución del Comandante de la División de Personal del Ejército, RES DIVPER AS JUR/n (R) N° 1585/12685/3819, resolviendo en definitiva que «Por un accidente ocurrido en un acto determinado del Servicio, el 10 de junio de 2014, el SG2 nombre reservado, presenta una lesión que se encuentra clasificada como “Lesión con secuelas físicas de importancia de Carácter Permanente».

La resolución citada fue debida y oportunamente acompañada a la presentación realizada por dicha parte a la recurrida, en el mes de noviembre de 2022.

Lo anterior cobra especial relevancia ya que sólo en el mes de octubre de 2022, el actor tuvo conocimiento de las coberturas adicionales que ofrecía el Convenio Colectivo del Seguro Obligatorio Vigente, oportunidad en la que procedió a reunir la documentación necesaria y remitirla a esa Corporación, a través del apoderado que suscribe.

Expresa que hizo presente a la Mutual que, debido a la falta de conocimiento de los beneficios adicionales que conllevan las coberturas del Seguro de Vida Colectivo Obligatorio Temporal Vigente para el Personal en Servicio Activo de la Institución, procedía presentar los documentos exigidos con excepción de la constancia de denuncia de siniestro realizada por el asegurado, mismas circunstancias que fuera presentado anteriormente el caso del señor nombre reservado.

Señala que en un caso idéntico al del recurrido, puntualmente con el señor nombre reservado, quien en circunstancias similares y, en especial, en cuanto al incumplimiento del plazo para realizar la denuncia del siniestro que lo afectara el 07 de noviembre de 2018, le fue concedida, sin mediar objeción alguna, liquidación de la cobertura del seguro colectivo obligatorio.

Luego de tres presentaciones realizadas para fundamentar el caso del actor de autos, con fecha 21 de febrero de 2023, la recurrida remite oficio de respuesta M.E. y AV./GS/D. nombre reservado. N° 75312/24/ firmado por el gerente de seguros nombre reservado, indicando que no es posible acceder a esta solicitud, por constituir mérito suficiente para aplicar la facultad discrecional de otorgar o no el beneficio, el estar fuera de plazo.

En cuanto a la acción contra la cual se reclama, la recurrida niega el acceso a la liquidación del seguro de vida colectivo temporal obligatorio del actor de autos, por incumplir el requisito de informar en el plazo de 180 días desde ocurrido el accidente a esa Corporación, señalando que el haber accedido anteriormente a liquidar un siniestro anterior exceptuando aquel requisito, obedece a una facultad discrecional de concederse o no excepción en la presentación de algún requisito, como el del plazo para el denuncio, sin ello importar discriminación arbitraria.

Los requisitos exigidos para el otorgamiento de las coberturas adicionales del seguro ya indicado son: haber sufrido el asegurado un accidente ocurrido en acto determinado del servicio, debidamente comprobado a través de la Investigación Sumaria Administrativa resuelta por autoridad competente en el que conste aquello; certificación médica de las secuelas derivadas del accidente, que provoquen específicamente la pérdida de la función de algún órgano o miembro; y el de informar a esa Corporación, a través del contratante, el asegurado o sus asignatarios, de la ocurrencia del siniestro, en un plazo de 180 días. Condiciones que se encuentran incorporadas en las respectivas pólizas.

No debe perderse de vista el punto que este seguro de vida, es de carácter colectivo y obligatorio, por lo cual, no hay pólizas individuales, como tampoco firma de contrato por parte de los asegurados relacionados con la incorporación, ya que éstos se realizan de forma automática al momento del ingreso a la Institución (Ejército o Fuerza Aérea).

Se aprecia en la web de esa corporación que la única póliza de seguro publicada, es la Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL220131713, la que, nada dice respecto al plazo para denunciar un siniestro, a pesar, de establecer como procedimiento el siguiente: Artículo 10º: Denuncia y Liquidación de Siniestro. Puesto en conocimiento de la aseguradora el siniestro, los beneficiarios podrán exigir el pago de la suma asegurada presentando los siguientes antecedentes: a) Cédula Nacional de Identidad. B) Certificado de defunción del asegurado con causal de muerte. Señala que es notoria la falta de información relacionada a las coberturas adicionales de la que disfrutan los asegurados de esa Corporación.

De esta manera, sostiene que fundamentar la decisión de rechazar la liquidación del Seguro de Vida Colectivo Obligatorio en relación a las coberturas adicionales que se desprenden del mismo, en el hecho de incumplir el contratante o asegurado el plazo para denunciar un siniestro, no resultaría atribuible a este último pues, la información relacionada con aquellas coberturas no es de público conocimiento, tal como se ha demostrado en las capturas de pantalla incorporadas a esta presentación, las que fueran tomadas el día 02 de febrero de 2023, tal como dan cuenta las respectivas imágenes.

Asevera que rechazar la solicitud de liquidación del Seguro de Vida Colectivo Temporal Obligatorio presentada en favor del recurrente, en relación a las coberturas adicionales del mismo, resultaría en una acción arbitraria e ilegal, pues, como fuera latamente expuesto, existe un precedente absolutamente aplicable al caso del asegurado nombre reservado, el caso anteriormente expuesto.

Sostiene que no resulta aplicable para el caso de este seguro de vida —que es colectivo, temporal y además obligatorio para el personal en servicio activo de las instituciones del Ejército y Fuerza Aérea— una facultad discrecional, como esgrime la recurrida, de exigir a unos o a otros asegurados todos los requisitos establecidos o, expresado de otra forma, eximir a algunos del cumplimiento de los mismos, pues, atenta contra garantías Constitucionales tales como la Igualdad ante la Ley, al otorgar a algunos un “privilegio” (eximición de requisitos) y establecer una “diferencia arbitraria” con otros (exigencia absoluta de cumplimiento de los requisitos) por parte de la recurrida frente a sujetos que se encuentran en una misma situación, o frente a quienes le son aplicables las mismas normas jurídicas, imponiendo idénticos derechos y obligaciones.

Señala que con fecha 21 de febrero de 2023, la recurrida remite el oficio de respuesta M.E.y AV./GS/D. nombre reservado. N° 75312/24/ de misma fecha, firmado por el gerente de seguros nombre reservado, debiendo ser ésta la fecha que debe considerarse para contar el plazo establecido de 30 días corridos para interponer la presente acción de protección.

Expresa que cuando una organización, institución, persona o grupo de personas se aparta de la estricta observancia de los derechos humanos, será siempre el Poder Judicial el primer garante de los derechos de las personas, teniendo como deber el actuar eficazmente para remediar la violación, reparar a las víctimas y decretar medidas de protección para la no ocurrencia de nuevas vulneraciones.

En cuanto a las garantías vulneradas señala que el artículo 7 de la Constitución Política es esencial en un Estado de Derecho, ya que ninguna autoridad puede transgredirlos, de hacerlo sus actos se exponen a ser anulables (nulidad de derecho público), pudiendo ser objeto de las responsabilidades y sanciones establecidas por la ley. Estas normas cautelan el imperio de la ley y son las garantías más básicas que el ordenamiento otorga a los gobernados para evitar que sus derechos sean vulnerados, y en definitiva se vean menoscabados en sus derechos fundamentales.

Afirma vulnerada la “igualdad ante la ley”, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Ella es un derecho fundamental garantizado por nuestra Constitución, consistente en que toda persona debe recibir de la autoridad el mismo tratamiento que ha dado a otras personas que se encuentren en situación de igualdad. Se excluye así del ordenamiento todo tipo de discriminación arbitraria, la Constitución prohíbe diferencias arbitrarias, es decir, que sean injustas o carentes de fundamento o motivación o desproporcionadas en relación al fin o adoptadas sobre la base de favoritismo.

Pide que se adopten de inmediato las providencias que esta Corte juzgue necesarias para restablecer el imperio del Derecho y, en definitiva, proceder a declarar la discriminación arbitraria e ilegal de la recurrida, ordenando de inmediato se proceda a la liquidación de la cobertura adicional por Desmembramiento y/o perdida de la función de un órgano o miembro, correspondiente al Seguro de Vida Colectivo Temporal Obligatorio suscrito por el Comandante en Jefe del Ejército con la recurrida, todo, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Informando el presente proceso de protección constitucional comparece la MUTUALIDAD DEL EJÉRCITO Y AVIACIÓN (MEAV) representada por el abogado don Raúl Tavolari Oliveros, señalando en síntesis, que se trataría de una corporación de derecho privado.

Afirma que la Mutualidad del Ejército y la Aviación es una institución privada cuya personalidad jurídica le fue otorgada por la ley 7.818 de 2 de agosto de 1944 cuyo artículo 1°) establece que la MEAV que se someterá a las Leyes y Reglamentos que rigen a las Compañías de Seguros , mandato legal con arreglo al cual la Mutualidad está sometida exclusivamente al régimen previsto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 251 sobre Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio y a las demás disposiciones legales que norman la actividad aseguradora en el país.

Según los antecedentes hechos llegar a la MEAV, efectuados exámenes por el cuerpo médico del Ejército a nombre reservado, se estableció que había sufrido una fractura, lo que motivó una cirugía el 7 de noviembre de 2014, tras lo cual se le otorgó una licencia médica de 6 meses. El 22 de junio de 2015, al continuar con dolores, se le practicó una nueva cirugía, se le otorgaron 7 meses de licencia y le sometió a un sistema de rehabilitación por cerca de un año. El Ejército lo eximió de actividad física y lo mantiene con tareas administrativas y realizando guardias.

Agrega que se determinó por el Ejército, que nombre reservado había sufrido un accidente en un “acto determinado del servicio” por lo que, además de las licencias señaladas, se le otorgó –aunque el recurso lo silencia– una indemnización correspondiente al abono de 3 años de servicios, conforme a lo decidido en la Resolución Ex. N° 1585/ 12585/3819 de 8 de abril de 2021, del Comandante de la División del Personal del Comando, notificada personalmente al interesado, el 14 de ese mes, según lo previsto en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas D.F.L. Núm. 1 de 1997.

Por su parte el art. 240 del mismo Decreto con Fuerza de Ley establece, en lo que interesa: Corresponderá a la Comisión de Sanidad determinar la categoría de las lesiones.

Asevera que de la lectura del libelo de protección se discute el cumplimiento de un contrato colectivo de seguro que, correlativamente, la MEAV no habría cumplido. Se trata de saber, entonces, i) si las obligaciones que el pacto imponía a la Mutualidad se han acatado, ii) si también se han cumplido las del asegurado y, obviamente, iii) si el cumplimiento se solicitó, dentro de plazo. Entonces, se pide a la Corte resolver cuál de las interpretaciones de las partes, a propósito de los términos de este contrato, debe prevalecer, lo que conduce el debate al derecho de las obligaciones y, por ende, al derecho de los contratos.

Afirma que acá existe un contrato colectivo, respeto del cual “tomador” es el Ejército de Chile; “asegurador” la Mutualidad del Ejército y la Aviación y, asegurado y beneficiario, el sargento nombre reservado.

Señala que derechamente el libelo de protección excluyó el artículo 22 del Convenio de Seguro de Vida Colectivo Obligatorio para Personal del Ejército y Fuerza Aérea de Chile: para que la obligación indemnizatoria de la Mutualidad fuere exigible, establecido, ciertamente que el siniestro hubiere ocurrido, quien aspirara a cobrar el dinero debería haber cumplido con las exigencias previstas en las dos primeras letras del citado artículo 22, vale decir: dentro de 180 días contados desde el accidente, y tiene un plazo de 90 días para acompañar documentos.

Esto no aconteció, por lo cual la obligación de pagar la indemnización no se puede exigir de la MEAV, a menos, claro está, que una sentencia jurisdiccional determine lo contrario, lo que constituye, implícitamente, lo que se pide a través de la protección entablada. La denuncia en plazo oportuno no solamente genera que la institución aseguradora vea de efectuar las provisiones contables adecuadas sino también determine si ejercerá o no, su derecho a obtener el recupero de lo pagado, del responsable del siniestro.

1. Que esta Corte carece de competencia para conocer de estas materias, como es la efectividad de existir incumplimiento contractual por parte de quien reclama, en sede de protección.

2. En subsidio, para el evento que esta Corte estimare que ella tiene competencia, sostiene que la protección debe rechazarse porque no se cumplió por quien correspondía con la obligación de denunciar el siniestro dentro de los 180 días de acaecido.

3. En subsidio, si se estimare que dicha omisión no excusó la falta de pago por la MEAV, pide el rechazo porque no ha habido discriminación alguna entra dicha institución privada y su contratante colectivo.

4. También, en subsidio, si se estimare que, a pesar de su incumplimiento, nombre reservado tiene derecho a cobrar, no puede desconocerse que, ejerciendo sus propios derechos y garantías constitucionales, la MEAV ha podido dejar de cobrar una deuda o ha podido pagar una obligación respecto de la cual no se hayan cumplido todas las condiciones de exigibilidad.

TERCERO: Que, la acción constitucional de protección de garantías fundamentales establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción tutelar de resguardo destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de cuidado o providencias urgentes para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace su ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos o condiciones de fondo: a) legitimación activa y pasiva; b) se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; c) se establezca la ilegalidad —esto es, contrario a la ley— o arbitrariedad —producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él— de esa acción u omisión; d) que de la misma se siga directo e inmediato atentado —esto es, privación, perturbación o amenaza— contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; e) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la actual u oportuna protección, mediante la adopción de alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de aquella acción u omisión; y f) que se ejerza dentro del plazo fatal previsto por el Auto Acordado de la Corte Suprema que regula el Recurso de Protección.

CUARTO: Que, sin perjuicio de si es correcta o no la acción de la recurrida de no entregar cobertura pasado el plazo establecido en el contrato, cuando ha habido un retraso de un tercero (el Ejército de Chile), su determinación pasa por establecer los términos y resolver una disputa contractual acerca de la interpretación del contrato y su acertada o no aplicación, y si los hechos son o no efectivos.

En tal sentido, como se señaló en motivo anterior la acción de protección tiene un fin denominado cautelar, esto es, un proceso de urgencia para prevenir o resguardar ciertas situaciones fácticas acerca de los derechos, sobre las cuales existe cierto estándar de certidumbre en los autos, mas no para ser un proceso de cognición o declarativo de derechos, y resolución de cuestiones fácticas complejas.

Aquello último es lo que precisamente plantea la actual pretensión constitucional de protección, pues dicha disputa contractual con todas las aristas discutidas que ha planteado el actor de marras, requieren de otro tipo de proceso, que en este caso de seguros, de acuerdo al artículo 543 inciso 1° del Código de Comercio se requeriría de un proceso arbitral, al disponer: «Cualquier dificultad que se suscite entre el asegurado, el contratante o el beneficiario, según corresponda, y el asegurador, sea en relación con la validez o ineficacia del contrato de seguro, o con motivo de la interpretación o aplicación de sus condiciones generales o particulares, su cumplimiento o incumplimiento, o sobre la procedencia o el monto de una indemnización reclamada al amparo del mismo, será resuelta por un árbitro arbitrador, nombrado de común acuerdo por las partes cuando surja la disputa. Si los interesados no se pusieren de acuerdo en la persona del árbitro, éste será designado por la justicia ordinaria y, en tal caso, el árbitro tendrá las facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento, debiendo dictar sentencia conforme a derecho.».

QUINTO: Que, además, precisamente la protección en que se pide no se basa en lo que se denomina un «derecho indubitado». Ello porque, en la línea de lo sostenido por el considerando anterior, los hechos en que se funda la activación de su derecho no son claros y requieren de una actividad probatoria de complejidad, teniendo presente que como reconoce el propio actor en su libelo, existe una disputa respecto de la oportunidad de la denuncia del accidente o siniestro, de la imputabilidad de ella o de un tercero, y de un análisis de los términos de la póliza.

SEXTO: Que, dado que las razones expuestas son requisitos de procedencia de la acción de protección constitucional, de conformidad a su naturaleza, y éstas no se han reunido, se hace óbice al acogimiento de la presente acción.

Por estas consideraciones y con lo previsto, además, en el artículo 6, 7, 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado, actuando a nombre de don nombre reservado, en contra de la MUTUALIDAD DEL EJÉRCITO Y AVIACIÓN.

Regístrese y comuníquese.

Redactó el abogado integrante Sr. Gandulfo.

Protección N° 2380-2023.- No firma la ministra señora María Paula Merino Verdugo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar con licencia médica.