nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, once de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por su gerente general don nombre reservado, por la acción arbitraria e ilegal consistente en el descuento efectuado a su remuneración del mes de febrero de 2023, por la suma de $125.000 por concepto de “Descuento 2 Crédito Personal CCAF”, vulnerando de este modo su garantía constitucional consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que en con fecha 20 de abril del año 2018, suscribió el pagaré Nº 008CON101020103, a favor de la recurrida, por la suma de $3.966.689, por concepto de capital, más los intereses correspondientes, que sería pagado en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $137.684, venciendo la primera de ellas el 30 de junio de 2018. Sin embargo, debido a la pérdida de su empleo, no pudo cumplir los pagos acordados, cayendo en mora desde agosto de 2018.

Explica que, por lo anterior, la recurrida demandó ejecutivamente, el 07 de Febrero de 2019, iniciándose la causa Rol C-4679-2019, tramitada ante el 06° Juzgado Civil de Santiago, en la que con fecha 12 de enero del año 2021, se declaró abandonado el procedimiento, resolución que se encuentra firme y ejecutoriada, según certificación de fecha 01 de febrero de 2021.

Agrega que en noviembre de 2022 obtuvo un nuevo trabajo, bajo la dependencia de Activos Chile Empresa de Servicios Transitorios SPA y al tiempo de recibir su remuneración de febrero de 2023, se percató que la cantidad era considerablemente menor a la pactada, lo que se debía a un descuento por la suma de $125.000 por concepto de “DESCUENTO 2 CRÉDITO PERSONAL CCAF”, lo que importa un detrimento ilegal y arbitrario a su remuneración.

Hace presente que jamás fue informado, por ningún medio, respecto de la decisión unilateral de la recurrida en cuanto a ejecutar el abusivo e inoportuno descuento que finalmente ordenó a su empleador. Por ello, considera que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales.

En razón de lo anterior, pide se acoja la presente acción de protección, ordenándose a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente y restituirle los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, a folio 12, evacuando informe por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, comparece la abogada Inés Riquelme Arao, solicitando su rechazo.

Señala que la recurrida, con fecha 20 de abril de 2018, otorgó al Señor nombre reservado la operación de crédito código 008CON101020103, por un capital de $3.966.689.- a una tasa de 2.09%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota de $137.684.- cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de junio de 2018, las cuotas de los meses de junio y julio de 2018, se pagaron con fecha 10 de julio de 2018, y las cuotas del mes de agosto de 2018 a mayo de 2022 (3 a 48), se encuentran en mora.

Por ello, precisa que se está frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Refiere que las funciones de las cajas de compensación se encuentran detalladas en la Ley N° 18.833, la contempla el fin social de las mismas, pues las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales.

Explica que dada esta naturaleza de entidad de previsión social, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan y así se encuentra facultado por la Ley Nº 18.833.

Reitera que en el caso de marras, se trata de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre su representada y el recurrente. De esta manera, señala que la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella y mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible.

Además, indica que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional.

Por lo anterior, señala que no ha existido acto arbitrario o ilegal alguno de la recurrida que vulnere la garantía constitucional invocada por el recurrente.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, el descuento de las cuotas de un préstamo social por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes el mes de febrero de 2022 y si aquella acción constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afectó o amenaza la garantía constitucional invocada.

QUINTO: Que con el mérito de los antecedentes aportados, apreciados conforme a la sana crítica es posible tener por establecido los siguientes hechos:

1.- Que la Caja de Compensación con fecha 20/04/2018, otorgó al recurrente un crédito por la suma de $3.966.689 pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota de $137.684, cuyo primer vencimiento correspondió al 30 de junio de 2018.

2.-La recurrente se constituyó en mora desde el mes de agosto de 2018.

3.- Que en el mes de febrero de 2023 la recurrente se percató de descuentos efectuados en su remuneración por la suma de $125.000 por concepto de “crédito personal C.C.A.F”

4.- Que ante el Sexto Juzgado Civil de esta ciudad se tramitó el juicio ejecutivo Rol C-4679-2019, juicio que se declaró abandonado por resolución de 12 de enero de 2021.

SEXTO: Que de los antecedentes allegados a la causa, se observa que el actuar de la Caja de Compensación Los Andes se enmarca dentro de las facultades que le han sido conferidas por la Ley Nº18.833, específicamente en su artículo 22, el que dispone que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia la recurrida ha desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga, respecto de una obligación vigente, desde que la declaración del abandono de procedimiento, no importa la extinción de las acciones pertinentes, como expresamente lo establece el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil al disponer que “No se entenderán extinguidas por el abandono las acciones o excepciones de las partes; pero éstas perderán el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio”.

De manera que la obligación de pago que se reclama por la recurrida y se hace efectiva mediante los descuentos que por esta acción se impugnan, no se encuentra prescrita y es actualmente exigible OCTAVO: Que como se viene razonando no configurándose el actuar ilegal o arbitrario de la Caja de Compensación, la acción de protección será rechazada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2377-2023.

En Santiago, once de agosto de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.