Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

C.A. de Santiago Santiago, ocho de abril de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, el 5 de febrero de 2025, comparece el abogado Patricio Peña Cuevas, en representación de nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta (R)

NUM000 de 2 de diciembre de 2024 de la Dirección General de la PDI, que determina el estado de salud de su representado como irrecuperable para el servicio institucional, lo que considera vulneratorio de la garantía de igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que el acto impugnado no ha sido notificado válidamente, toda vez que dicha gestión fue practicada el 6 de enero de 2025 por carta certificada, de conformidad al artículo 131 de la ley N° 18.834, sin embargo, no constan las búsquedas previas de notificación personal, omisión que genera un vicio de legalidad.

Acusa que se le ha impedido efectuar una debida defensa de su representado, toda vez que el 24 de enero de 2025 se le solicitó a la Jefatura Nacional de Salud de la PDI copias de la ficha clínica del actor y de la evaluación de 3 de julio de 2024, suscrita por el Subprefecto (S) nombre reservado, determinante para concluir el estado de salud irrecuperable para el servicio institucional, sin embargo, el 29 de enero de 2025 solo se le indicó que, a fin de obtener copia de la ficha clínica, debía enviar un correo electrónico al Centro de Salud de la PDI y que la aludida ficha clínica se le entregaría impresa, a contar de los 7 días hábiles siguientes a la solicitud.

A este respecto, señala que envió tal correo , el 31 de enero de 2025 al Centro de Salud de la PDI, solicitando la copia íntegra de la ficha clínica de su representado y que ella le fuese remitida a través de correo electrónico, conforme al artículo 19 de la ley N° 19.880, que permite la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos con la mayor celeridad, atendido que el plazo para interponer una acción de protección vencía el 5 de febrero de 2024 (sic), sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción constitucional, no ha obtenido respuesta.

Sostiene, en definitiva, que la falta de acceso a los antecedentes contenidos en la ficha clínica del actor le impide ejercer los recursos administrativos y judiciales que corresponden, así como permitir una revisión, en el contexto de esta acción, de los fundamentos que sustentan la decisión administrativa que impugna.

Agrega que, en lo relativo a la Resolución Exenta (R) NUM000 de 2 de diciembre de 2024 de la Dirección General de la PDI, que declara la salud irrecuperable de su representado, se funda en el Informe Técnico (R) N° NUM001 de 11 de julio de 2024, de la Comisión Médica Institucional, en el que se concluye que el funcionario policial padece un “Trastorno Depresivo Mayor” con sintomatología de gran intensidad y que “la patología que le afecta es de origen común y no a causa de circunstancias relacionadas con sus labores institucionales”, informe que, a su vez, se basó en la ficha clínica y en una evaluación suscrita por el Subprefecto (S)

nombre reservado.

Asevera que las referidas conclusiones resultan contradictorias, toda vez que, si el diagnóstico que se invoca para la separación del cargo no guarda relación con las funciones de su representado en la institución, no es lógico que tal sea el fundamento para declarar su salud irrecuperable para el cargo, máxime considerando que, al momento de ingresar a la PDI, fue evaluado médicamente y acreditó tener una salud compatible con el ejercicio de sus funciones.

Agrega que, si el diagnóstico es preexistente, como se desprende del informe al señalar que la patología es de origen común, la institución debió haber tomado conocimiento de ello en las evaluaciones médicas regulares al ingreso a las funciones, por lo que la conclusión del informe médico resulta inconsistente, circunstancia que levanta dudas sobre la razonabilidad del acto administrativo que impugna.

Alega que dicho Informe Técnico fue dictado de forma ilegal, toda vez que la norma interna exige que la Comisión médica institucional, esté integrada por cinco facultativos, siendo en este caso suscrito por tres facultativos.

Agrega al respecto que, entre las personas que suscribieron en aludido Informe Técnico se encuentra el Subprefecto (S) nombre reservado, esto es, el mismo facultativo que suscribió la evaluación efectuada al actor en julio de 2024, infringiendo el deber de abstención previsto en el artículo 62 N°6 de la ley N° 18.575, que proscribe la participación de funcionarios en decisiones donde exista alguna circunstancia que les reste imparcialidad.

Pide tener presente que las licencias médicas otorgadas a su representado fueron emitidas por médico psiquiatra de la PDI, quien ha reiterado en cada una de ellas que su estado de salud es recuperable, lo que resulta contradictorio con lo concluido en el aludido Informe Técnico.

Finalmente, acusa que el acto administrativo carece de una fundamentación racional y verificable, que justifique la decisión de declarar la salud de su representado como irrecuperable, toda vez que la administración no ha proporcionado razones objetivas ni elementos de juicio que permitan comprender la proporcionalidad de la medida adoptada.

Por lo expuesto, estima que se configura una vulneración grave del derecho a la igualdad ante la ley del recurrente, por cuanto ha sido sometido a un procedimiento administrativo viciado, sin contar con los mismos derechos y garantías que otros funcionarios sujetos a evaluaciones médicas similares. Sostiene que la omisión de elementos esenciales del debido proceso, la negativa de acceso a documentos fundamentales, la notificación irregular del acto administrativo, la falta de competencia e imparcialidad de la comisión médica y la insuficiente motivación de la resolución impugnada constituyen una afectación directa e ilegítima de sus derechos fundamentales, lo que hace procedente la intervención de esta Ilustrísima Corte para restablecer el imperio del derecho.

Solicita, en definitiva, que se deje sin efecto la Resolución Exenta (R) NUM000 de fecha 02 de diciembre de 2024 de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile.

Segundo: Que, el 1 de abril de 2025, el abogado Omar Alonso Castro Torres, en representación de la Policía de Investigaciones, evacuó el informe que le fue requerido, en el que expone, en primer lugar, en lo relativo a la notificación del acto impugnado, que la misma se ajustó plenamente a la normativa vigente, en particular a lo dispuesto en los artículos 45, 46 y 47 de la Ley N° 19.880, toda vez que, al tratarse de un acto administrativo de efectos individuales y no de un procedimiento disciplinario, no resulta aplicable el régimen especial de notificación previsto en el artículo 131 de la Ley N° 18.834.

Agrega que, al no existir un procedimiento especial de notificación para la Policía de Investigaciones de Chile y no encontrarse plenamente vigente la Ley de Transformación Digital del Estado, la comunicación debía efectuarse por escrito, lo que ocurrió mediante carta certificada enviada el 18 de diciembre de 2024 y recibida el 6 de enero de 2025, sin perjuicio de configurarse, además, la notificación tácita del artículo 47 de la Ley N° 19.880, desde que el recurrente, el 17 de diciembre de 2024, concurrió voluntariamente a su unidad a entregar sus especies fiscales.

En consecuencia, arguye que al pretender el recurrente aplicar normas propias de los procedimientos disciplinarios a un acto administrativo que no reviste tal carácter, la alegación carece de sustento jurídico y no puede prosperar.

En segundo lugar, advierte que en el libelo no se esgrimen argumentos en orden a que la Resolución Exenta (R) N° NUM000 vulnere las garantías constitucionales del actor, sino que los argumentos dicen relación con el contenido y la decisión adoptada a través del Informe Técnico (R) N° NUM001 de 11 de julio de 2024, de la Jefatura Nacional de Salud.

Sobre esto, señala que es efectivo que se determinó la salud irrecuperable del recurrente a través de dicho Informe Técnico, por padecer de “trastorno depresivo mayor”, con sintomatología de gran intensidad, no pudiendo objetivar el período necesario para su recuperación. Agrega que dicha condición permite asegurar que presenta un estado de inestabilidad permanente, por lo tanto, su capacidad para seguir en la institución se ve comprometida por la presencia de un trastorno de la especialidad de salud mental que establece una fragilidad definitiva en su condición psiquiátrica.

En cuanto a la citación a una evaluación ante la Comisión Médica, sostiene que esta se ajustó a derecho, toda vez que dicho órgano colegiado evaluó su estado de salud sobre la base de sus antecedentes clínicos y de los elementos de juicio suficientes que constan en su ficha médica, ejerciendo la atribución exclusiva que le confiere el artículo 73 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, consistente en informar acerca de su capacidad física para continuar en el servicio o, en su caso, la invalidez que lo imposibilite para ello.

Argumenta, en lo relativo a una supuesta contradicción en el diagnóstico, que ella no existe, ya que el recurrente posee una condición de base que es permanente, cual es, el trastorno de depresión mayor, de forma tal que, en lo relativo a la eventual recuperabilidad que sostiene su médico tratante, lo cierto es que los miembros de la Comisión Médica Institucional no comparten esa apreciación técnica, especialmente teniendo en consideración que el actor, como funcionario policial, porta armas de forma permanente.

Finalmente, sostiene que no se han afectado las garantías constitucionales del actor y que la actuación de la Dirección General de la Policía de Investigaciones no es arbitraria ni ilegal.

Informa además, cumpliendo lo ordenado por esta Corte, que según lo comunicado por la Jefatura Nacional de Salud, se realizó la entrega de los antecedentes clínicos, en especial su Ficha Clínica, al recurrente por medio de su abogado y, luego, que mediante decreto exento Nº NUM002 de la Subsecretaría de Seguridad Pública, se dispuso el retiro efectivo del reclamante, desde el 9 de octubre de 2025.

Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que, en el presente caso, el acto que se denuncia como arbitrario o ilegal es la Resolución Exenta (R) NUM000 de 2 de diciembre de 2024 de la Dirección General de la PDI, que determina que el estado de salud del actor es irrecuperable para el servicio institucional.

Quinto: Que, en lo concerniente a las irregularidades alegadas en la notificación del decreto que se impugna, ellas no resultan procedentes, atendiendo a que la notificación se realizó conforme a lo que se disponen los artículos 45 y 46 de la ley Nº 19.880, no resultando aplicable, como lo sostiene el actor, lo dispuesto en el artículo 131 del Estatuto Administrativo, referido a la regla de notificación en los sumarios administrativos.

Sexto: Que respecto del fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 30 del Decreto Ley N° 2.460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, la Comisión Médica de Policía de Investigaciones de Chile debe actuar o informar respecto del personal de la Institución, en todos aquellos casos en que las leyes o reglamentos requieran la intervención de una comisión médica.

Por su parte, el inciso primero del artículo 73 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1980 del Ministerio de Defensa Nacional, prescribe que corresponderá exclusivamente a la Comisión Médica de Investigaciones, el examen del personal de la Institución, a fin de informar acerca de su capacidad física para continuar en el servicio, o la clase de invalidez que los imposibilitare para continuar en él.

Así, es la Comisión Médica de Investigaciones el órgano especializado al que le compete de manera excluyente la realización de exámenes al personal de la Policía de Investigaciones para los fines que se señalan en la norma.

Es en este contexto y al amparo de esta normativa, que se emite el Informe Técnico (R) N° NUM001, de 11 de julio de 2024, que concluyó que conforme a la Ficha Clínica y la evaluación suscrita por el sub prefecto nombre reservado, del 3 de julio de 2024, el funcionario tiene como diagnóstico “ Trastorno depresivo mayor “ , con sintomatología de gran intensidad, no pudiendo objetivar el período necesario para su recuperación, lo que permite asegurar que presenta un estado de inestabilidad permanente, agregando también como conclusión que su capacidad para seguir en la institución se ve comprometida por la presencia de un trastorno de salud mental, lo que configura una fragilidad definitiva en su condición psiquiátrica.

Por ello, se declara que presenta un estado de salud irrecuperable para el servicio institucional.

Séptimo: Que en este contexto y en lo que atañe al caso sobre que versa el recurso, la valoración de los antecedentes acompañados permiten descartar cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad en su proceder, pues demuestran que la conclusión a la que se arribó, además de encontrar soporte legal, no se sustentó en el mero capricho de la autoridad que intervino en la misma, quien, por el contrario, emitió su parecer luego de analizar la Ficha Clínica y un informe médico en la materia.

Como puede apreciarse, la decisión de la Comisión Médica - que como se dijo no es la objeto de la acción de protección- aparece tomada en un procedimiento que se siguió con estricto apego a la normativa legal y reglamentaria que lo rige, siendo las decisiones adoptadas debidamente fundamentadas. Como natural consecuencia de lo anterior, tampoco es posible atribuir ilegalidad ni arbitrariedad a la determinación del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, contenida en la aludida Resolución exenta N° NUM000, pues no es sino efecto de lo ya dictaminado por el órgano que según se expuso, tiene la potestad exclusiva y excluyente de efectuar el examen del personal policial para informar acerca de su capacidad física para continuar en el servicio.

Octavo: Que en razón de lo expuesto en los motivos anteriores y por no configurarse en la especie el supuesto básico que justifica brindar protección constitucional, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, el recurso de protección deducido debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide que se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta en favor de don nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Redacción del abogado Manuel Luna Abarza Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-2376-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por Los Ministros (S) señor Pablo Andrés Toledo González y señor Juan Carlos Silva Opazo y el Abogado Integrante señor Manuel Luna Abarza. No firma el Ministro (S) señor Silva Opazo no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por ausencia.

En Santiago, ocho de abril de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.