Protección contra Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, cinco de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 30 de octubre de 2025, comparece don Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en representación de don nombre reservado, ciudadano de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por estimar que dicha autoridad ha incurrido en una actuación ilegal y arbitraria al dictar la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 2 de octubre de 2025, mediante la cual tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, omitiendo además otorgarle la visación de residente domicilio reservado, vulnerando con ello la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Expone el recurrente que su representado es un ciudadano venezolano que se vio forzado a abandonar su país de origen a raíz de graves amenazas contra su vida y seguridad personal, en un contexto de violencia generalizada, violaciones sistemáticas de derechos humanos y persecución por parte de grupos delictuales organizados, circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en Venezuela.

Señala que su salida de dicho país se produjo el 6 de octubre de 2022 y que ingresó a Chile el 16 de octubre del mismo año, por pasos no habilitados, precisamente como consecuencia de la situación humanitaria descrita.

Añade que, una vez en territorio nacional y luego de informarse adecuadamente sobre su situación migratoria y los mecanismos de protección disponibles, el día 11 de agosto de 2025 concurrió a dependencias de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, ubicadas en calle San nombre reservado N° NUM001, con el objeto de solicitar formalmente el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Indica que en dicha oportunidad fue atendido por funcionarios del servicio, se le proporcionó el formulario correspondiente, el cual fue debidamente completado, recepcionándose asimismo su declaración relativa a los hechos que fundan su solicitud.

Sostiene que, no obstante lo anterior, con fecha 2 de octubre de 2025 fue notificado de la Resolución Exenta N° NUM000, mediante la cual la autoridad migratoria resolvió tener por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, argumentando que ésta no reunía los requisitos para su tramitación por haberse presentado fuera del plazo de siete días hábiles contado desde el ingreso al país, conforme al artículo 26 de la Ley N° 20.430.

Releva que dicha decisión habría sido adoptada sin que previamente se hubiesen remitido los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, lo que, en concepto del recurrente, frustra y entrampa el procedimiento legalmente previsto para la evaluación de este tipo de solicitudes.

Afirma que el acto administrativo impugnado se funda en una comprensión impropia del concepto de desistimiento, puesto que ni la Ley N° 20.430 ni su reglamento contemplan la posibilidad de tener por desistida una solicitud de refugio por el solo transcurso del tiempo o por una causal formal, siendo, a su juicio, necesaria una declaración de voluntad del solicitante.

Desarrolla en ese sentido que, conforme al artículo 52 del Decreto N° 837, el desistimiento en este ámbito debe ser necesariamente expreso, individual y voluntario, exigencias que no concurren en la especie, por lo que la autoridad administrativa habría creado una hipótesis no prevista por el legislador, incurriendo en ilegalidad y vulnerando la garantía de igualdad ante la ley.

Plantea asimismo que la autoridad recurrida desconoce la realidad humanitaria del solicitante y vulnera el principio de proporcionalidad que debe regir la actuación administrativa, al privilegiar una interpretación formalista del plazo por sobre el derecho fundamental a solicitar refugio y el principio de no devolución, con el efecto práctico de dejar al recurrente en una situación de desprotección y eventual expulsabilidad, exponiéndolo al riesgo de ser devuelto a un país donde su vida o libertad se verían comprometidas, particularmente por la amenaza de grupos como “los colectivos”.

Alega igualmente que el Servicio Nacional de Migraciones ha incurrido en una omisión ilegal al no otorgar la visación de residente temporario prevista en el artículo 32 inciso primero de la Ley N° 20.430 y en el artículo 42 del Decreto N° 837, normas de tenor imperativo que ordenan conceder dicha visación una vez presentada o formalizada la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, sin establecer requisitos adicionales, exigencias previas ni plazos de espera.

Sostiene que dicha omisión vulnera la normativa interna y desconoce obligaciones internacionales asumidas por Chile en materia de protección de refugiados, las que se integran al ordenamiento jurídico conforme al artículo 5 inciso segundo de la Constitución.

Concluye que la actuación del Servicio Nacional de Migraciones configura una acción ilegal y arbitraria que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de la garantía de igualdad ante la ley del recurrente, configurándose una situación protegible en los términos del artículo 20 de la Carta Fundamental, solicitando en definitiva que se acoja el recurso, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000, se ordene la prosecución regular del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado mediante la remisión de los antecedentes a la Secretaría Técnica competente y se disponga el otorgamiento de la correspondiente visa temporaria mientras se resuelve el fondo de la solicitud, con todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que comparecen don nombre reservado y doña nombre reservado, abogados, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quienes evacúan el informe solicitado por esta Corte, solicitando desde ya su rechazo íntegro, por estimar que no concurren en la especie los presupuestos constitucionales ni legales que hacen procedente la acción cautelar intentada.

Exponen como antecedente de hecho relevante, que el recurrente don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, no registra ingreso regular al territorio nacional, desprendiéndose necesariamente que su ingreso se efectuó de manera clandestina, eludiendo los controles migratorios fronterizos, circunstancia que, por lo demás, es reconocida expresamente por el propio recurrente, quien señala haber ingresado al país con fecha 16 de octubre de 2022.

Indican que, transcurridos casi tres años desde dicho ingreso irregular, recién con fecha 11 de agosto de 2025 el recurrente manifestó ante el Servicio Nacional de Migraciones su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, solicitud que quedó registrada bajo el ID N° NUM002.

Señalan que, con ocasión de dicha presentación, mediante Oficio Ordinario de la misma fecha, se citó al solicitante a fin de concurrir a realizar el trámite inicial correspondiente el día 19 de septiembre de 2025.

Añaden que, verificados los requisitos formales de la solicitud, con fecha 16 de septiembre de 2025 se dictó la Resolución Exenta N° NUM003, mediante la cual se notificó al recurrente que su solicitud se encontraba incompleta, por no cumplir con los requisitos formales mínimos exigidos por la legislación especial, específicamente por haber excedido el plazo fatal de siete días hábiles desde su ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 20.430.

Refieren que, atendido lo anterior, se otorgó al solicitante un plazo de quince días para subsanar su presentación, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, conforme a la normativa vigente.

Indican que, dentro de dicho plazo, el recurrente acompañó una serie de documentos que, a juicio de la autoridad, no tenían por finalidad ni lograban desvirtuar la causal observada, esto es, el incumplimiento del plazo legal para solicitar refugio. En razón de ello, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 2 de octubre de 2025, se resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, por no haberse subsanado los requisitos formales exigidos.

Aclaran expresamente que respecto del recurrente no pesa sanción migratoria alguna, tales como medida de abandono del país, orden de expulsión o prohibición de ingreso al territorio nacional, descartando así la existencia de una afectación inmediata o actual de su libertad personal o seguridad individual.

En cuanto a los antecedentes de derecho, el informe expone que con fecha 20 de febrero de 2024 entró en vigencia la Ley N° 21.655, que modificó sustancialmente la Ley N° 20.430, incorporando una etapa inicial al procedimiento de determinación de la condición de refugiado y estableciendo nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de las solicitudes, especialmente mediante la modificación de los artículos 2, 3, 6, 26 y 32, y la incorporación de los artículos 28 bis y 28 ter.

Afirman que dichas modificaciones resultan plenamente aplicables al caso de autos. Desarrolla que el procedimiento administrativo de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra regulado por la Ley N° 20.430, su Reglamento contenido en el Decreto N° 837, la Ley N° 21.655 y, supletoriamente, por la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. Precisan que, conforme al artículo 26 de la Ley N° 20.430, el solicitante debe manifestar su voluntad de solicitar refugio ante el Servicio Nacional de Migraciones dentro del plazo fatal de siete días contados desde su ingreso al país, admitiéndose una excepción únicamente cuando existan antecedentes suficientes que den cuenta de un cambio sobreviniente en las circunstancias del solicitante, lo que —según sostiene— no ocurre en el caso del recurrente.

Señalan que la solicitud, además, debe contener las menciones mínimas previstas en los artículos 28 de la ley y 37 del reglamento, previendo expresamente el legislador que, en caso de no subsanarse las observaciones formuladas dentro del plazo conferido, la solicitud se tendrá por desistida.

En relación con la supuesta vulneración de garantías constitucionales, la recurrida sostiene que no existen antecedentes fácticos ni jurídicos que permitan calificar su actuación como ilegal o arbitraria, desde que se limitó a aplicar estrictamente la normativa vigente al caso concreto.

Añaden que acoger la acción de protección en los términos solicitados implicaría vulnerar el principio de igualdad ante la ley respecto de aquellos extranjeros que sí han dado cumplimiento oportuno a los requisitos establecidos por la legislación especial, así como respecto de quienes efectivamente se encuentran en las hipótesis previstas por el artículo 2 de la Ley N° 20.430.

Concluyen que no se configura en la especie acto u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el ejercicio de alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, solicitando en definitiva se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso de protección en todas sus partes.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, debiendo provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados al proceso, aparece que la actuación del Servicio Nacional de Migraciones se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico vigente, no advirtiéndose en ella ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

En efecto, consta que la decisión impugnada fue adoptada por la autoridad competente, en el ejercicio de las facultades que la ley expresamente le confiere, particularmente aquellas previstas en la Ley N° 20.430 y en su reglamento, limitándose la recurrida a aplicar las normas que regulan el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

En este sentido, el propio recurrente reconoce haber ingresado al territorio nacional en el año 2022 y haber iniciado recién en agosto de 2025 los trámites destinados a solicitar dicha declaración, esto es, con manifiesto exceso del plazo fatal de siete días hábiles contado desde el ingreso al país, exigido por el artículo 26 de la Ley N° 20.430, sin que se haya acreditado ante la autoridad administrativa competente la concurrencia de antecedentes suficientes que den cuenta de un cambio sobreviniente en sus circunstancias personales que habilitara la aplicación de la única excepción legal prevista para admitir una solicitud extemporánea.

QUINTO: Que, asimismo, no resulta atendible la alegación relativa a la inexistencia de voluntad del solicitante para efectos de tener por desistida la solicitud, toda vez que, en la especie, el desistimiento no constituye una manifestación de voluntad del interesado, sino una consecuencia jurídica expresamente prevista por el legislador para el caso de incumplimiento de los requisitos formales y sustantivos exigidos para la tramitación de la solicitud de refugio. En efecto, la normativa aplicable contempla el desistimiento como una sanción legal frente a la falta de subsanación oportuna de las observaciones formuladas por la autoridad, sin supeditar su procedencia a una declaración expresa del solicitante.

De este modo, no habiéndose cumplido en el caso sub lite los presupuestos legales que habilitan la prosecución del procedimiento administrativo, la decisión impugnada aparece como una consecuencia necesaria y reglada de la ley, razón por la cual no cabe sino concluir que el recurso de protección carece de fundamento, debiendo ser, en definitiva, rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-23742-2025.