Protección contra Corporación Municipal de Renca

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Renca, por estimar que la resolución que dispuso el término de su contrato de trabajo como docente, vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2, 3 inciso 5°, 16 y 24 de la Constitución.

Expone que los hechos se originan el jueves 12 de septiembre de 2024, oportunidad en que la recurrente, docente de la Escuela Matte Bello, obtuvo licencia médica por un día, correspondiente al 13 de septiembre de 2024, debido a un cuadro de salud consistente en artritis y anafilaxia. Precisa que, una vez concluida su jornada laboral de ese día —que finalizaba a las 15:45 horas—, la actora viajó al extranjero, saliendo del país a las 17:05 horas con destino a Lima, Perú, en contexto del inicio del periodo de vacaciones de una semana con motivo de las fiestas patrias.

Indica que, por Resolución N°372, de 26 de mayo de 2025, se instruyó sumario administrativo en su contra para determinar su eventual responsabilidad por haber salido del país durante una licencia médica, formulándosele luego un único cargo por haber viajado al extranjero el 13 de septiembre de 2024, lo que se estimó constitutivo de infracción grave al principio de probidad administrativa.

Señala que evacuó descargos y acompañó, entre otros antecedentes, la tarjeta de embarque para acreditar que viajó después de terminada su jornada laboral; sin embargo, por resolución de 2 de octubre de 2025, notificada al día siguiente, se cerró el sumario y se dispuso el término de su contrato conforme al artículo 72 letra b) de la Ley N°19.070, medida ejecutada de inmediato y que califica como una destitución.

Agrega que interpuso recurso de reposición, el que fue rechazado el 29 de octubre de 2025, manteniéndose la sanción aplicada.

Alega que la resolución es ilegal y arbitraria por carecer de motivación, no hacerse cargo de sus descargos ni de la prueba acompañada, contener errores en la formulación de cargos —al consignarse erróneamente la fecha del reposo, consignando como año 2023— y aplicar una sanción desproporcionada.

Además, sostiene que el fiscal instructor carecía de competencia para pronunciarse sobre el uso de licencias médicas, materia propia de los órganos de seguridad social.

Postula que no cometió infracción, pues salió del país una vez terminada su jornada laboral, sin incumplir el reposo médico, y que la investigación invadió su vida privada, vulnerando las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso, libertad de trabajo y propiedad, además del principio de proporcionalidad.

Por ello, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto todo lo obrado en el sumario administrativo, se disponga su reincorporación a sus funciones y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, con costas.

Segundo: Que comparece don Jorge Humberto Díaz Silva, abogado, en representación de la Corporación Municipal de Renca, oponiendo, primer lugar, excepción de incompetencia absoluta del tribunal y, en subsidio, evacuando el informe requerido, solicitando en ambos casos el rechazo del recurso deducido.

En cuanto a la excepción de incompetencia, considera que la controversia es de naturaleza laboral y no cautelar, al referirse al término de la relación de una docente municipal luego de un sumario administrativo, sin existir un derecho indubitado susceptible de protección.

En subsidio, informa que el sumario se originó por el Oficio N°E82804/2025 de Contraloría, que instruyó investigar a funcionarios con salidas o permanencias en el extranjero durante licencias médicas, dictándose por ello la Resolución N°372, de 26 de mayo de 2025, que ordenó instruir sumario contra la recurrente. Expone que, tras recabar antecedentes, especialmente certificado de la PDI que registró su salida del país el 13 de septiembre de 2024 a las 11:40 horas –es decir, en horario laboral, contrario a lo expresado por la recurrente– y constatar que la licencia médica folio N°RUT reservado prescribía reposo laboral total en su domicilio por ese día, se formularon cargos, se recibieron sus descargos y, mediante vista fiscal de 18 de agosto de 2025, se propuso el término de la relación laboral por falta a la probidad, conforme al artículo 72 letra b) del Estatuto Docente, por haber utilizado la licencia médica para viajar y no para el restablecimiento de su salud.

Consigna que, por Resolución N°734, de 2 de octubre de 2025, notificada al día siguiente, se cerró el sumario y se aplicó la medida respectiva; y que la reposición con apelación subsidiaria deducida fue rechazada por Resolución N°751, de 20 de octubre de 2025, al estimarse acreditada la falta de probidad y procedente el término de la relación laboral.

En cuanto al fondo, niega ilegalidad o arbitrariedad, sosteniendo que la Corporación actuó por instrucción de Contraloría, en un procedimiento reglado y con respeto al debido proceso, ejerciendo potestad disciplinaria sobre el uso funcionario de la licencia médica, sin cuestionar su validez clínica ni invadir competencias de COMPIN, ISAPRE o de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sostiene que la sanción se ajustó al artículo 72 letra b) de la Ley N°19.070, que remite al procedimiento establecido en los artículos 127 a 143 de la Ley N°18.883 – y no a la Ley N°18.834 como indica la recurrente – y que, acreditada la falta a la probidad, la autoridad solo podía sobreseer o disponer el término de la relación laboral, sin hallarse facultada para aplicar una sanción intermedia.

Por estos motivos, solicita se rechace el recurso en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, para decidir, se debe tener en consideración que la medida disciplinaria de destitución es la sanción más gravosa que contempla el estatuto administrativo para un funcionario público, pues el afectado no solo pierde el empleo que sirve, sino que además queda impedido de ingresar a la Administración Pública por el lapso de cinco años, sin perjuicio, por cierto, de otras normas especiales que contengan prohibiciones similares.

Quinto: Que, asimismo, se debe tener presente que la jurisprudencia ha establecido de forma invariable que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la Administración del Estado abarca la revisión de la legalidad de la decisión adoptada, pero no mérito de la misma, cuestión que por su propia naturaleza corresponde a la Administración, sin que los tribunales cuenten con la competencia para sustituirla en la decisión.

Ahora bien, lo relevante es que se ha reconocido que el examen de legalidad que comprende el análisis de la razonabilidad de la medida adoptada, cuestión que se vincula estrechamente con el cumplimiento del principio de proporcionalidad.

Sexto: Que, asentado lo anterior, se debe tener presente que el artículo 58 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales establece que son obligaciones de estos últimos: “g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa regulado por la ley Nº 18.575 y demás disposiciones especiales;(…)”.

A su turno, dispone el artículo 52 de este último cuerpo legal que “Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa.

El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso.”

A su turno, en el párrafo 4° antes referido, se encuentra el artículo 64 N° 3, que dispone que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, entre otras conductas, emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros.

Por otro lado, el artículo 125 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, dispone que la medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa y en los casos que reseña en la letra a) a e).

De este modo, una contravención especialmente grave del principio de probidad administrativa implica una vulneración, que implica, idealmente, más no necesariamente, la destitución del infractor, salvo los casos específicos previstos en los literales previstos en la norma que corresponden:

“a) Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada;

b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k), l) y m) del artículo 84;

c) Condena por crimen o simple delito, y d) Presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados.

e) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley, o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia.

f) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales”.

En este orden de ideas, cabe consignar que las prohibiciones previstas en el artículo 84, son:

“i) Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del Estado; dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado;

j) Atentar contra los bienes de la institución, cometer actos que produzcan la destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su valor o causen su deterioro;

k) Incitar a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o participar en hechos que las dañen;

i) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios (…).”

Finalmente cierra el bloque normativo atingente al caso el artículo 72 letra b) de la Ley N° 20.070, que sanciona como falta grave la falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883.

Séptimo: Que, establecidas las normas que regulan la materia, se debe precisar que constituye un antecedente fáctico no discutido que la recurrente viajó fuera de Chile -con destino Perú- el día 13 de septiembre de 2024, mientras gozaba del uso de una licencia médica otorgada el día anterior, con indicación de descanso por 1 día.

Asimismo, no está debatido que la recurrente -docente- no debía acudir al Colegio en que impartía clases en la semana siguiente debido al receso por fiestas patrias que comenzaba el lunes 16 de septiembre.

Además, conforme con la tarjeta de embarque acompañada, se constata que la actora salió del país a las 17:05, embarcándose a las 15:15 del día viernes 13 septiembre de 2024.

Finalmente, se establece que la actora es una educadora diferencial con 34 años de servicio.

Octavo: Que, comenzando con el análisis del arbitrio, se debe precisar que conforme con los antecedentes acompañados por la recurrida, se constata que en el sumario administrativo se formularon cargos a la actora, señalando que la conducta de la recurrente infringió el artículo 8 de la Carta Fundamental, 38 del Estatuto Docente y 470 N° 8 del Código Penal, por cuanto “aquella habría obtenido fraudulentamente prestaciones improcedentes, atendido que, como docente, su remuneración fue íntegramente pagada”.

Sin embargo, en la Resolución 734 de 2 de octubre de 2025, que impone la sanción, nada señala al respecto, puesto que únicamente cita el hecho objetivo del inicio de viaje al extranjero el día en que la actora estaba con licencia médica y la propuesta del fiscal de aplicar la sanción, ordenando el término del contrato conforme con el artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070.

Lo anterior permite desde ya asentar la ilegalidad del acto administrativo impugnado, en tanto este no da cumplimiento a las exigencias de motivación de los actos administrativos, infringiendo los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 que, en su calidad de ley de base de los procedimientos administrativos, conforme con su artículo 1°, es aplicable al procedimiento que originó la sanción cuestionada en autos.

Esta falta de fundamentación es relevante en la medida que no se explicita cómo se configura la infracción, cuestión trascendente al alero del examen de las normas que fueron invocadas al formular los cargos, que se relacionan con la emisión de una licencia médica que necesariamente debería ser falsa, cuestión que aparentemente mantiene el fiscal al sostener que la investigada “alteró mediante engaño, los requisitos para obtener el pago íntegro de su remuneración, mientras hacía uso de la licencia médica señalada anteriormente, ya que el periodo de tiempo ausente de sus labores no tuvo como causa el restablecimiento de salud sino en un viaje o más bien, iniciar antes sus vacaciones”.

Como se sabe, en sede administrativa no se puede establecer que la actora u otro sujeto (médico) incurrió en una conducta que constituye un ilícito penal; sin embargo, si en el curso de una investigación se constatan hechos que pueden constituir delitos, la autoridad se encuentra en la obligación de denunciarlos ante el Ministerio Público, cuestión que no se realizó en estos autos, aun cuando al entender del fiscal, aparentemente, la actora obtuvo fraudulentamente beneficios fiscales por cuanto la licencia médica fue obtenida con el único objeto de iniciar antes sus vacaciones.

Así, la falta de fundamentación abre cuestionamientos en relación con la infracción que se configura en la especie, la que en el caso concreto solo podría vincularse con la inobservancia del reposo otorgado, puesto que ninguna diligencia se realizó en el procedimiento administrativo para establecer otro tipo de conducta.

Noveno: Que, lo anterior, como se anunció es relevante, toda vez que la resolución sancionatoria no señala cómo el inicio del viaje al extranjero, mientras la actora estaba con licencia médica, es un hecho constitutivo de una infracción que vulnera gravemente el principio de probidad administrativa conforme con el artículo 125 de la Ley N° 18.834, sin que sea suficiente señalar que se configura la hipótesis del artículo 72 letra b) de la Ley N° 20.070, que sólo establece que, en el ámbito docente, la falta de probidad es una falta grave. Así, correspondía que la autoridad realizara un análisis que permitiera entender por qué en la especie es aplicable únicamente la sanción de destitución, y no otra de aquellas establecidas en el catálogo de sanciones.

Décimo: Que, sin perjuicio que la ausencia de fundamentación por sí sola faculta a acoger el arbitrio por cuanto constituye una ilegalidad que impide el control de la decisión administrativa, lo cierto es que, en el caso concreto, su ausencia es aún más relevante. En efecto, no cabe duda de que el incumplimiento del reposo ordenado en una licencia médica constituye una conducta objetivamente reprochable, que puede comprometer la responsabilidad administrativa del funcionario y justificar la instrucción de un procedimiento disciplinario. Sin embargo, no necesariamente aquello determina la existencia de una infracción que vulnera gravemente la probidad administrativa, por lo que no se puede prescindir del análisis factual, máxime si la sanción debe cumplir con estándares previstos en la ley, entre los que se encuentra el principio de proporcionalidad.

En esta materia, la falta de análisis determina que no se consideren cuestiones concretas, esto es, que la actora salió en horas de la tarde del día de vencimiento de su licencia médica, omitiendo por completo el contexto en que se produjo la infracción enfrentándolo a la trayectoria funcionaria de la actora -34 años de servicio-, sin que se realizara el análisis de la existencia de atenuantes que permitan graduar la respuesta sancionatoria.

Esta falta de fundamentación impide ponderar la proporcionalidad de la sanción en el caso concreto, e implica asumir como automática la equivalencia entre incumplimiento de reposo y la infracción grave a la probidad administrativa, sin considerar que la licencia médica fue prescrita por una profesional de salud en función de una dolencia real y que no se acreditó perjuicio alguno al patrimonio o al funcionamiento del servicio, cuestión relevante si se considera que la sanción implica no sólo la pérdida del empleo sino que la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.

Undécimo: Que, en estas condiciones, la calificación de la conducta de la actora como infracción grave al principio de probidad administrativa y la consecuente aplicación de la sanción de destitución se presentan como carentes de una motivación y de justificación racional suficiente, en cuanto prescinden de una debida ponderación de los antecedentes del caso, acto ilegal que vulnera el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto implica un trato desigual frente a otros funcionarios públicos.

Duodécimo: Que, por lo razonado, el recurso será acogido, por lo que la recurrida deberá dejar sin efecto las resoluciones que imponen la sanción de destitución, procediendo a reabrir el procedimiento sumarial para incorporar todos los antecedentes vinculados a la carrera funcionaria de la actora, para dictar con posterioridad un acto terminal debidamente motivado, que se analice las circunstancias concretas del hecho infracional, se elabore debidamente su configuración desde el punto de vista normativo y se pondere la carrera funcionaria de la actora, procediendo luego a analizar el catálogo de sanciones que se pueden imponer en el caso concreto, excluyéndose la destitución.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Renca.

II.- Que, en consecuencia, se dejan sin efecto la Resolución N°734, de 2 de octubre de 2025, que cerró el sumario administrativo dirigido en contra de la actora, aplicándole la medida de destitución y la Resolución N°751, de 20 de octubre de 2025, que rechazó la reposición intentada en sede administrativa.

III.- Que se ordena a la Corporación Municipal de Renca reabrir el procedimiento sumarial y luego afinar el procedimiento administrativo en los términos consignado en el fundamento duodécimo de este fallo.

IV.- Asimismo se ordena a la recurrida reincorporar a la recurrente en el cargo desempeñado al momento de su destitución, dentro del plazo de treinta días contado desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, con pago íntegro de las remuneraciones, asignaciones, cotizaciones previsionales y demás beneficios que hubiere dejado de percibir desde la fecha de su separación del servicio y hasta su efectiva reincorporación.

Regístrese notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-23735-2025.