nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA-ADMINISTRADOR DEL FONDO SOLIDARIO DE CREDITO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

Santiago, ocho de marzo de dos mil once.

Vistos:

A fojas 1 don nombre reservado, Abogado, cédula de Identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por su Tesorera, doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado y en contra del Administrador General del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción, don nombre reservado. domiciliado en domicilio reservado, de la ciudad Universitaria de Concepción por haberle retenido la devolución de impuestos a la renta correspondiente al año tributario 2010 e imputárselo a una deuda originada con créditos universitarios.

En cuanto a los hechos indica que en el año 1982 se matriculó en la carrera de Derecho de la Universidad de Concepción y para financiar los costos de matrícula, el Fisco le otorgó un crédito universitario conforme a la normativa del D.F.L. n°4 de 1981 de Ministerio de Educación Pública. Posteriormente, para cursar el período de la presentación de memoria de prueba, práctica profesional y rendición de examen de grado para obtener el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, se le concedió otro crédito, esta vez por el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción, conforme también a las disposiciones de la Ley n°18.591. Una vez que éstos se hicieron exigibles jamás fue demandado judicialmente y tampoco pagó dichos créditos.

Señala que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1470 n°2 del Código Civil, las obligaciones nacidas de la concesión de dichos créditos tienen el carácter de obligaciones meramente naturales, ya que por el transcurso del tiempo ellas se encuentran prescritas y, por tanto el acreedor de dichas obligaciones carece de acción para exigir su cumplimiento. No obstante lo anterior, el día 18 de mayo del año 2010, a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos, se informó que la Tesorería General de la República, aplicó el artículo 1° de la Ley N°19.989, reteniendo su devolución de impuesto a la renta correspondiente al año 2010, la cual ascendía a la suma $1.386.063, hecho con el que, conforme a los artículos 6° y 7°de la Constitución Política de la República que cita, la Tesorería General de la República, ha excedido sus facultades procediendo ilegal y arbitrariamente, ya que su deuda estaría regida por la Ley N°18.591 y no le sería aplicable lo establecido en el artículo referido. Explica que la nueva normativa, esto es, la Ley n°19.287, no derogó a la anterior, subsistiendo hasta hoy y ambas contienen estatutos propios y diferenciados. A su respecto cita los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de esta última.

Según el recurrente, lo dispuesto en el artículo 2° de la misma ley, no obsta a lo señalado precedentemente por cuanto ésta, en su artículo 1° limita expresamente la facultad de la Tesorería a los deudores de la Ley N°19.287 y sus modificaciones y, para abundar aún más, cita lo establecido en el artículo 9 de la Ley 19.848.

Concluye que con el actuar ilegal y arbitrario tanto de la Tesorería, como del administrador del fondo de crédito solidario, se ha vulnerado su garantía constitucional establecidas en el número 3, inciso 4° debido a que el administrador del fondo solidario carece de toda facultad para determinar la existencia, procedencia y monto de la deuda, así como la Tesorería General de la República para actuar como comisión especial en la retención de los impuestos, en la que el deudor se vio imposibilitado de alegar la deuda y oponer la excepción de prescripción extintiva, así como la garantía constitucional prevista en el n° 24 por cuanto lo ha privado del dominio sobre el monto de $ 1.386.063 que corresponde a su devolución de impuestos.

Que informando la Tesorería General de la República a fojas 23, refiere que en cumplimiento al mandato legal y a lo informado por la entidad acreedora, retuvo la totalidad de la devolución de renta del recurrente y la remitió al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción por lo que no concurre una de las condiciones de procedencia de la acción de protección, esto es, que el acto impugnado emane del recurrido.

En cuanto al fondo argumenta que debe desestimarse, ya que no ha existido ninguna actuación u omisión arbitraria o ilegal de parte de la suscrita, no se ha constituido un tribunal o una comisión especial por cuanto el artículo 1° de la Ley n°19.989, en términos amplios facultó a la Tesorería General para retener los montos del crédito solidario universitario que los deudores tenían impagos. Para confirmar este carácter, cita el inciso final del artículo 12 de la Ley 19.989. Agrega que su acción tiene justificación en la orden emanada del administrador del fondo de crédito de la Universidad de Concepción, quien certificó la deuda del recurrente y se ha seguido un procedimiento racional y justo. Finalmente sostiene que existe una jurisprudencia invariable que ha declarado que no existe ilegalidad, ni arbitrariedad alguna de parte de Tesorería, ni de las Universidades.

Que a fojas 34, el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario evacúa informe y solicita su absoluto rechazo basándose en las consideraciones que siguen. En primer lugar alega que el asunto ha sido fallado con anterioridad. En efecto, en dos oportunidades esta Corte ha desechado los recursos de protección roles 2989-2008 y 7670-2009, de manera que ya ha habido un pronunciamiento de los Tribunales de Justicia sobre los mismos supuestos que sirven de base al recurrente para hacer valer las mismas pretensiones que los años anteriores. En segundo lugar porque el recurso es extemporáneo, ya que ha transcurrido un plazo mayor a los 30 días corridos desde la ocurrencia del acto por el cual se recurre. En tercer lugar manifiesta que no existe acto ilegal o arbitrario por cuanto el actuar del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción ha sido en conformidad a la Ley. El recurrente incurrió en una deuda de crédito fiscal universitario y de crédito a favor de la Universidad de Concepción, la deuda existe y está vigente. En cuarto lugar argumenta que la deuda del recurrente no se encuentra prescrita debido a que para que así sea, la prescripción extintiva debe ser alegada oportunamente y las acciones deben ser declaradas prescritas por un Tribunal competente. Nada de ello ha acontecido en la especie. En quinto lugar señala que el artículo 20 de la ley N°19.287 que creó el Fondo Solidario de Crédito Universitario establece la continuidad de los anteriores fondos de crédito universitario, a tal extremo que cualquier mención hecha al crédito fiscal universitario o al crédito universitario, debe entenderse hecha a los fondos solidarios de créditos universitarios. El texto de la Ley es claro y no cabe interpretación distinta. En sexto lugar señala que no hay juzgamiento de parte del administrador, pues en este tipo de deuda todo está regulado por ley. En séptimo lugar y en cuanto a que no se le haya asegurado derecho a la defensa señala que no es efectivo, pues el dispone de todos los medios que establece nuestro ordenamiento jurídico para proteger sus intereses.

A fojas 39 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°.-Que el recurrente de protección, don nombre reservado solicita que se acoja la acción y consecuencialmente se ordene que la Tesorería General de la República, le devuelva $1.386.063 que le corresponde por concepto de devolución de impuesto a la renta correspondiente al año 2010, retención que dicho organismo hizo con el objeto de entregarlo al administrador del fondo solidario del crédito universitario de la Universidad de Concepción para aplicarlas a supuestas obligaciones que mantendría en dicho fondo.

2°.-Que la inadmisibilidad planteada por la Tesorería General se funda en haber actuado de acuerdo a la ley 19.989 (fs.25) pero dicha alegación debe desestimarse ya que de acuerdo al n°2 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, la inadmisibilidad concierne a la oportunidad en que se hace valer la acción y debe ser declarada si la acción es extemporánea o si los hechos expuestos no constituyen vulneración a garantías mencionadas en el artículo 20 situaciones que no corresponden a la planteada por dicha recurrida.

3°.-Que en cuanto al fundamento principal de su acción, esto es, el hecho de encontrarse prescrita la deuda que pudiera haber tenido a favor del mencionado fondo, no es posible discutirla, ni resolverla en esta sede por cuanto ello excedería ampliamente el procedimiento establecido para este tipo de acción.

4°.-Que en relación a si los organismos pertinentes se encontrarían o no facultados para determinar la existencia o monto de la deuda y la consiguiente retención de la devolución de impuesto a la renta e imputación, es menester determinar cronológicamente las leyes y reglamentos que han regido la materia y mencionar someramente los artículos relacionados con este asunto. Después de la ley n°18.591 se dictó la ley 19.287, sobre fondos solidarios de crédito universitario, la cual en el artículo 7 establece cuando se hace exigible la obligación contenida en los instrumentos suscritos por los beneficiarios. Más adelante, el artículo 19, se coloca en el caso de personas que hubieren contraído deudas con dos o más fondos solidarios de crédito universitario al momento de ocurrir lo precedentemente mencionado, información que deberá entregarse al administrador respectivo para que a su vez éste, haga el cobro de conformidad al reglamento establecido. Y finalmente en el artículo 20 declara que para todos los efectos legales, los fondos solidarios de crédito universitario y sus administradores son los sucesores legales de los fondos de crédito universitario, tanto en el dominio de los bienes, como en los derechos y obligaciones derivados de todo acto o contrato que los últimos hubieren contratado.

Consiguientemente se dictó la ley n°19.989 que facultó a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponda a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la Ley n°19.287 y sus modificaciones, los montos que se encontraren impagos de acuerdo al reglamento establecido, imputándolo en definitiva a la deuda antes dicha.

Posteriormente se dictó el reglamento pertinente que regula el procedimiento aplicable para que la Tesorería pueda cumplir con el mandato legal, en el cual se precisó el ámbito de aplicación, plazos, notificaciones, elaboración de nóminas de deudores y deuda impagas, aclaración ante el administrador del fondo solidario etc.

5°.-Que, en consecuencia, no puede considerarse que la acción de la Tesorería General de la República y del Administrador del Fondo Solidario respectivo sean arbitrarias o ilegales, ya que se ajustan a derecho y a las normas en virtud de las cuales proceden resultando aplicable a la situación del recurrente.

6°.-Que tampoco es válida la alegación del recurrente en cuanto argumenta que se atentaría contra su derecho al debido proceso, porque el procedimiento seguido por la Tesorería corresponde al que establece la Ley De conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA la acción deducida en lo principal de fojas 1 por nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República y del Administrador General del Fondo solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Patricio Villarroel Valdivia Rol N° 2372-2010

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por el ministro señor Patricio Villarroel Valdivia, señora nombre reservado y el abogado integrante señor Enrique Pérez Levetzow.