SOCIEDAD TURISTICA MULTIVIAJES S.A con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de marzo de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 13: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece la Sociedad Turística Mutiviajes S.A., representada por don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, abogado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en impedir el acceso al inmueble arrendado, vulnerando de este modo la garantía que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 24.

El compareciente expresa que, atendido su estado de salud, ha estado apartado de la atención y gestión del negocio que desarrolla la empresa, hace más de un año, y que en este contexto, quien sindica como encargado, don nombre reservado, le informó que la oficina se encontraba cerrada desde el mes de octubre, anterior a la interposición del recurso, y que habría tomado conocimiento que fueron cambiadas las chapas de la oficina, de modo que no se podía entrar.

Adiciona que la misma persona le comunicó que, consultado el conserje de turno, este expresó que don nombre reservado, administrador del edificio, había autorizado a petición del propietario que se procediera al cambio de chapas, lo que efectuaron cerrajeros, y que, por su parte, tacha como ilegal y arbitrario, mientras que vulnera el derecho de propiedad que la Constitución Política de la República le garantiza.

Añade que el administrador cuenta con los números de contacto de la empresa y del encargado, por lo que pudo informar lo acontecido oportunamente, y que, al ser consultado por este asunto, se habría limitado a indicar que hubo una emergencia sobre filtración de agua. También, apunta que el administrador reconoce su calidad de arrendatario, pero falta a la verdad al afirmar que la oficina se encuentra desocupada.

Además, considera que el actuar del administrador es negligente, y debe responder de los daños que se hubieren ocasionado por el ingreso de extraños a la oficina. Por su parte, apunta que no ha podido ingresar a las oficinas, generando una pérdida diaria de ingresos, y que además esto se relacionaría con una eventual imposibilidad de acceder a documentación solicitada por el Servicio de Impuestos Internos.

Finalmente, solicita que esta Corte de Apelaciones “ordene al arrendador y al administrador se nos permita el acceso a nuestras oficinas sin ninguna restricción y de forma inmediata”.

SEGUNDO: Que informa don nombre reservado, abogado, quien solicita el rechazo del recurso, por no existir acto u omisión ilegal o arbitraria de su parte.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso. Aduce que el actor no indica la fecha en la que ocurrieron los hechos, sino que únicamente alude que la oficina se encontraba cerrada desde octubre pasado, en circunstancias aquellos tuvieron lugar el 02 de septiembre de 2024. Es desde esta fecha que, considera, debe computarse el plazo para interponer el recurso.

Explica que, en esta última data, producto de una emergencia, el administrador le informó que en el departamento de su propiedad se había detectado una fuga de agua, afectando seriamente el inmueble y el del piso inferior, y que no logró comunicarse con los arrendatarios, lo que atribuye a que dejaron de concurrir “producto de numerosos reclamos de personas que contrataron sus servicios”.

Asevera que, en este escenario, se le solicitó autorizar el ingreso al departamento para solucionar la emergencia, oportunidad en que se le informó por el administrador que nadie concurría a la oficina desde enero de 2024. En definitiva, actuando de buena fe, el día 02 de septiembre de 2024, concurrió el hijo del arrendador, para efectos de ingresar a solucionar el problema, y expresa que el inmueble quedó cerrado y “con las llaves a disposición”. Además, estuvieron presentes los conserjes de turno.

Por último, apoya su alegación de extemporaneidad en carta de 02 de septiembre de 2024, enviada por el administrador.

En segundo lugar, y de manera subsidiaria, alega inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad de su parte, contexto en que señala que los hechos invocados por el actor no son efectivos, o no le constan, y lo reseñado, suma que no existe un compartimiento antijurídico de su parte, pues los hechos obedecen a la necesidad de evitar un daño en el edificio.

También, indica que existe una demanda colectiva del SERNAC en contra de la sociedad recurrente, y atribuye a este hecho que el arrendatario no concurra a la oficina.

A su vez, apunta que, ante el incumplimiento del contrato por parte del arrendatario, interpuso ante el 28° Juzgado Civil de Santiago una demanda de cobro de rentas y restitución, seguida bajo el rol N°C-21040-2024. En este contexto hace presente que el contrato incluye una cláusula resolutoria, dando cuenta de los haberes que adeudaría el actor.

Además, afirma que “las llaves siempre se han encontrado a disposición del arrendatario, por lo que en este contexto ello no implica un detrimento importante al uso de la propiedad.”

Reprocha que el recurrente no ha presentado un poder para representar al arrendatario, y al no ser el titular del contrato, malamente el administrador pudo permitirle el ingreso al local, mientras que niega conocerlo, y haber tenido contacto a fin de solicitar las llaves.

Concluye que no existen actos u omisiones ilegales y arbitrarios que lesionen garantías constitucionales, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas, pues ha actuado dentro de la esfera de su competencia como propietario, para evitar daños a la comunidad del edificio.

TERCERO: Que, en escrito de folio N°8, la recurrente, tras insistir en su posición, solicita “que se considere la posibilidad que se pongan a disposición del arrendador y a quien en sus derechos represente, mediante poder habilitado al afecto se nos proporcionen las llaves por 72 horas con el objeto de retirar documentación y bienes que se guarnecen en el domicilio, y proceder a la entrega del inmueble.”

CUARTO: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

QUINTO: Que, en primer lugar, la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida será desestimada, teniendo únicamente presente que, del tenor de los escritos presentados por las partes, resulta inconcuso que, al menos al tiempo del informe, el actor se encontraba impedido de hacer ingreso al inmueble arrendado, lo que se refrenda en el hecho que la arrendadora reconoce que tendría “las llaves a disposición”, lo que supone, evidentemente, que los hechos invocados tienen un carácter permanente.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, cabe establecer el recurrente ha accionado por medio de este arbitrio constitucional, consistente en un recurso de urgencia, que requiere que le asista al actor un derecho indubitado, lo que no acontece en este caso.

En efecto, lo debatido entraña posiciones contrapuestas sobre la justificación del hecho relativo al ingreso del inmueble por parte de la recurrida en un día determinado, en que se procedió al cambio de chapas de la puerta; y sobre la efectividad de que esta última pretendiera impedir ilegítimamente el uso por parte del arrendatario.

Por ende, conforme al mérito del recurso y del informe evacuado por la parte recurrida, es posible constatar que el derecho invocado no es indubitado, por lo que el recurso de protección no resulta ser la vía idónea para resolver la pretensión del recurrente, sino que la materia deberá resolverse en un juicio de lato conocimiento, ante un juzgado ordinario, donde las partes rindan prueba de sus pretensiones y se resuelva el asunto por sentencia de un tribunal ordinario que así lo declare, teniendo en consideración que los hechos expuestos se relacionan con el cumplimiento de un contrato de arrendamiento.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N° 22970-2018, ha resuelto: “De lo anterior se colige que los actores carecen de un derecho indubitado e incontrovertible que deba ser resguardado eficazmente a través del recurso de protección, pues es sabido que éste no constituye una instancia declarativa de derechos ni puede sustituir a otros procedimientos idóneos previstos en el ordenamiento jurídicos para impetrar la cautela de los derechos correspondientes, en la especie, el derecho de propiedad.”

OCTAVO: Que, junto a lo anterior, cabe atender que la materia propuesta en el presente arbitrio, actualmente se encuentra sujeta al imperio del derecho, toda vez que la parte recurrida y arrendadora, procedió a interponer demanda en procedimiento monitorio sobre acción de cobro de rentas y restitución del inmueble materia del presente arbitrio, en el que, al tiempo del fallo, se ha dictado resolución que ordena el lanzamiento del arrendatario y hace lugar al ejercicio del derecho de retención por parte de la demandante, aún pendiente de notificación. De tal modo, los hechos están en conocimiento del juez natural, dado el ejercicio de acciones que, precisamente, refrendan la conclusión alcanzada en el motivo anterior y, por lo tanto, el rechazo del recurso de protección.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido Sociedad Turística Mutiviajes S.A., representada por don nombre reservado, en contra de don nombre reservado, abogado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-23706-2024.

En Santiago, cuatro de marzo de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.