Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, quince de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece Samanntha Carrasco Hurtado, abogada, en representación del HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE “DR. nombre reservado”, interponiendo recurso de protección en contra de doña nombre reservado y de don nombre reservado, progenitores de la lactante nombre reservado, por haber los recurridos manifestado su rechazo expreso a la administración de las vacunas obligatorias BCG (Bacillus de Calmette y Guérin) y Hepatitis B a su hija recién nacida, lo que consideran ilegal y arbitrario, ya que dicha negativa es contraria al ordenamiento jurídico, específicamente al artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República de Chile, y obedece únicamente a la voluntad o capricho de los recurridos, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la vida y la integridad física y psíquica de las personas, el interés superior del niño y la salud pública de la comunidad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Relata que con fecha NUM000 de 2025 la madre de la lactante ingresó a la Unidad de Urgencia Obstétrica del Hospital Santiago Oriente, cursando un embarazo de 37 semanas de gestación, con antecedentes relevantes de restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) y control prenatal. Agrega que en dicha ocasión la paciente fue sometida a cesárea por presentación podálica, dando a luz a las 09:03 horas a una recién nacida de sexo femenino, con un peso de 2.246 gramos, talla de 47,5 cm y perímetro cefálico de 32,5 cm, parámetros que la clasifican como pequeña para la edad gestacional, haciendo presente que la recién nacida presentó un Apgar de 8 al minuto y 9 a los cinco minutos, sin complicaciones mayores inmediatas.

Explica que la vacuna BCG contra la tuberculosis y la vacuna contra la Hepatitis B deben ser administradas rutinariamente a todos los lactantes conforme al “Plan Nacional de Inmunización”, debido al riesgo de exposición a dichas enfermedades, recomendándose su pronta administración para asegurar un alto nivel de protección. Sin embargo, indica que los progenitores de la recién nacida manifestaron su “rechazo expreso” a la administración de estas vacunas obligatorias señalando que “en acuerdo con su pediatra, decidieron diferir de vacunas por antecedentes de alergia en la familia”.

Reseña que dicho rechazo fue formalizado mediante la suscripción de la “Declaración de nombre reservado de Vacunación”, documento que consta en los registros clínicos del establecimiento. Destaca que el personal médico y de matronería brindó la debida consejería e información sobre los riesgos y beneficios de la inmunización neonatal, sin obtener resultados positivos.

Concluye señalando que la decisión de los padres supone la omisión de un deber legal de cuidado y protección respecto de su hija, y solicita se ordene que se proceda a la administración de la vacuna BCG y la vacuna contra la Hepatitis B a la menor protegida, con auxilio de la fuerza pública de ser necesario, con costas.

SEGUNDO: Que en representación convencional de los recurridos compareció doña nombre reservado, quien, junto con evacuar el informe requerido, solicitó el rechazo del recurso de protección.

Señala que los padres de la niña están comprometidos con la defensa del derecho a la vida y a la salud de su hija, velando por su bienestar y óptimo desarrollo. Destaca que la niña nombre reservado nació a las 37 semanas con diagnóstico prenatal de restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) y bajo peso al nacer (2,246 kg), cursando posteriormente con hipoglicemia transitoria e ictericia fisiológica, requiriendo hospitalización y manejo en neonatología.

Reseña que tales antecedentes configuran una condición de vulnerabilidad clínica que exige cautela y evaluación individualizada frente a intervenciones médicas en el período neonatal inmediato, especialmente por la relación dosis/peso corporal y la inmadurez fisiológica propia de esta etapa.

Respecto a los antecedentes familiares, señala que ambos padres presentan historial de alergias múltiples, y que el padre, además, padece una enfermedad inflamatoria intestinal de base autoinmune (colitis ulcerativa), lo cual da cuenta de un contexto inmunológico familiar particular que incrementa el riesgo de reacciones adversas y justifica un análisis prudente del riesgo/beneficio en la hija recién nacida.

Indica que la conducta de los padres no ha sido de rechazo absoluto a la vacunación, sino de diferimiento razonable, con el objeto de permitir una evaluación clínica individual, la maduración fisiológica inicial de su hija y la adopción de un plan proporcional y seguro. Agrega que tal decisión fue reflexionada y evaluada médicamente antes del nacimiento, comunicada oportunamente al personal de salud y respaldada por controles médicos tanto previos como posteriores al parto, en un marco de seguimiento clínico continuo, lo que descarta cualquier actuación arbitraria, negligente o caprichosa, adjuntando certificados médico emitidos por los médicos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Sostiene que las vacunas BCG y Hepatitis B se recomiendan en circunstancias epidemiológicas e inmunológicas de alto riesgo, lo que no se cumple en el caso de Chile y de las condiciones materiales y sociales del núcleo familiar de los recurridos, por lo que no se afectaría al colectivo social.

Argumentan además que la acción constitucional deducida no es el medio idóneo para la solución del conflicto, ya que carece de fundamentos esenciales, no existiendo arbitrariedad ni hechos que eventualmente puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la controversia en estos autos se encuentra circunscrita a la negativa de los padres de la menor protegida de que se le administren las vacunas obligatorias contra la Tuberculosis (BCG) y la Hepatitis B, incluidas en el Plan Nacional de Inmunización, negativa que los progenitores indican es de carácter temporal, fundada en ciertas apreciaciones y recomendaciones en cuanto a posponer la administración de las vacunas atendida cierta condición de vulnerabilidad de la lactante por haber nacido a las 37 semanas de gestación (relación dosis/peso corporal e inmadurez fisiológica), así como a antecedentes familiares de ambos padres con historial de alergias múltiples, y a una enfermedad inflamatoria intestinal de base autoinmune (colitis ulcerativa) que padece el padre.

QUINTO: Que para la resolución de la presente acción constitucional resulta relevante analizar la normativa que regula la materia, la cual encuentra su fuente principal en el Código Sanitario, cuyo artículo 32 dispone: “El Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles.

El Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para los cuales existan procedimientos eficaces de inmunización.

Igualmente, podrá declarar obligatoria la vacunación de los animales contra enfermedades transmisibles al hombre.

El Servicio Nacional de Salud podrá disponer de las medidas necesarias para que, en interés de la salud pública, las autoridades controlen el cumplimiento por parte de los habitantes del territorio nacional de la obligación de vacunarse contra las enfermedades transmisibles en los casos en que tal vacunación sea obligatoria”.

Conforme a lo anterior, es el Ministerio de Salud quien tiene a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles, agregando que el Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para las cuales existan procedimientos eficaces de inmunización.

Luego, el “Plan Nacional de Inmunización” existente en el país constituye una política de salud pública cuyo objetivo es evitar la propagación de enfermedades dentro de la población en términos generales, cuya inobservancia vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República respecto a la vida y la integridad física y psíquica.

SEXTO: Que en el contexto del marco normativo señalado el Ministerio de Salud dictó el Decreto Exento Nº6, de 2010, por medio del cual dispuso la vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles de la población del país, el cual fue reemplazado por el Decreto Exento N°50, de 2021.

El artículo 1° del Decreto N°50 dispone la vacunación obligatoria de la población contra las enfermedades inmunoprevenibles que se indican y en las oportunidades que se señalan, lo cual debe ser efectuado por los establecimientos que se mencionan, entre las cuales se comprende la vacunación por Tuberculosis (BCG) y la Hepatitis B, las que justamente corresponden a la vacunación omitida respecto de la lactante en cuyo favor se recurre.

Respecto a la Tuberculosis (BCG) y Hepatitis B, en los Nos. 1 y 10 del cuadro contenido en el artículo 1° del decreto, se dispone la vacunación obligatoria de la población infantil, indicándose el siguiente esquema de administración: una dosis de vacuna BCG durante los primeros días de vida para la tuberculosis, y tres dosis de vacuna a los 2, 4 y 6 meses de vida, con un refuerzo a los 18 meses, para la hepatitis B.

Sin perjuicio de lo anterior, en el artículo 5° del decreto en estudio se indica que en caso de que la vacuna BCG no sea administrada de acuerdo con el calendario del Programa Nacional de Inmunizaciones de nuestro país (durante los primeros días de los recién nacidos), los establecimientos de salud podrán administrarla hasta los 4 años, 0 días, de acuerdo con las recomendaciones del laboratorio productor para realizar la puesta al día de dicha vacuna en nuestro país.

SÉPTIMO: Que, por su parte, la Ley N°20.584, sobre Derechos y Deberes de los Pacientes, en su artículo 14 reconoce como principio rector el derecho de todo persona a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, señalándose en su inciso sexto que respecto al consentimiento de menores de edad, en principio, este corresponde sea manifestado por los padres o su representante legal, teniendo todo niño, niña y adolescente el derecho a ser oídos, lo que en el caso concreto no es posible atendida la edad de la menor a la fecha de esta sentencia (NUM001 meses y NUM002 ).

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 15 de la misma ley reconoce que el derecho a prestar el consentimiento no se concibe como uno de carácter absoluto, reconociendo como límite, entre otros, en los que no se requerirá esa manifestación de voluntad, cuando la falta de aplicación de los procedimientos, tratamientos o intervenciones supongan un riesgo para la salud pública, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

OCTAVO: Que en el tiempo reciente la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha venido consistentemente en confirmar que la vacunación obligatoria del “Plan Nacional de Inmunizaciones”, respecto de menores de edad, prevalece por sobre las aprehensiones, opiniones o convicciones personales de los padres, fundado en la protección de la salud pública, el interés superior del menor y a lo dispuesto en el Código Sanitario, ordenando vacunar a menores, incluso contra la voluntad de sus padres, por estimarse que la negativa vulnera el derecho a la vida y la salud, haciendo prevalecer el bien común por sobre el particular, reconociendo que la administración de vacunas obligatorias a la población es parte de las facultades y obligaciones que tiene el Estado para la prevención de enfermedades transmisibles cuando existan procedimientos eficaces de inmunización, como ocurre en este caso (Roles Nos. 9747-2025; 7616-2025; 28.368-2024; 76.162- 2021 Y 10.159-2019).

En este mismo sentido, la jurisprudencia ha dicho que la normativa que sustenta el “Plan Nacional de Inmunización” se orienta al resguardo del interés superior de los niños que integran la comunidad en que se desenvuelven, por lo que la vacunación de cada niño y niña no sólo permite proteger su vida, integridad y salud en tanto individuo, sino también a todos los niños y niñas en el ámbito social del que forman parte.

NOVENO: Que si bien es cierto el artículo 14 de la Ley N°20.584 reconoce que toda persona tiene el derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, señalándose que respecto de menores de edad sean los padres o su representante legal quienes presten el consentimiento, y que entonces la decisión sobre la vacunación de los niños correspondería exclusivamente a los padres, sin que en ello puedan intervenir los tribunales, lo cierto es que tal alegación se funda en una visión equivocada acerca del rol de los padres respecto de sus hijos, pues si bien son éstos los primeros llamados a tomar decisiones en cuanto a lo que resulta más conveniente para la vida y desarrollo de sus descendientes menores de edad, más que un derecho a decidir por los padres, nos encontramos frente a una responsabilidad de tomar las decisiones que mejor se avengan con el interés superior del niño, y bajo ese prisma, no son las aprehensiones, creencias o excusas de los padres las que deben primar.

Luego, en la medida que dichas decisiones afecten los derechos fundamentales de sus hijos, y consecuentemente la de otros miembros de la comunidad en que estos se desenvuelven, las posibilidades de decisión se reducen, pues sólo resultarán legítimas y atendibles aquellas que sean compatibles con el respeto y protección de dichos derechos e intereses, decisión que en el presente caso, de acuerdo a los antecedentes expuestos, no resulta justificada.

DÉCIMO: Que conforme a lo expuesto, a juicio de esta Corte se encuentra acreditada la existencia de una acción ilegal y arbitraria atribuible a los padres recurridos, al negarse a que su hija sea vacunada conforme el “Plan Nacional de Inmunización”, lo cual afecta el derecho a la vida e integridad de la niña que se pretende proteger, debiendo prevalecer el interés superior de la misma, estimándose, además, que los fundamentos, aprehensiones y excusas que se han hecho valer para justificar la negativa y posposición del esquema de vacunación de la lactante no son atendibles ni tienen la entidad ni suficiencia necesaria para convalidar la negativa a la vacunación oportuna, aun cuando ciertos médicos consultados por los recurridos hayan emitido certificaciones generales, sin sustento en exámenes médicos practicados a la menor, que justificarían la negativa de los padres.

UNDÉCIMO: Que así entonces, la obligatoriedad de la vacunación debe ser aplicada atendiendo el esquema dispuesto por la autoridad sanitaria, conforme a lo dispuesto en el Decreto N°50, de 2021, del Ministerio de Salud, correspondiendo que a la menor de autos se le administren todas las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias, entre ellas las por las cuales se ha interpuesto el presente recurso –Tuberculosis (BCG) y Hepatitis B– teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo 5° del decreto señalado la vacuna BCG puede ser administrada hasta los 4 años 0 días de vida, lo cual así se dispondrá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso interpuesto por el Hospital Santiago Oriente “Dr. nombre reservado”, deducido en contra de nombre reservado y nombre reservado, padres de la lactante protegida nombre reservado, disponiéndose que de forma inmediata se le apliquen todas las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias, entre ellas aquellas contra la Tuberculosis (BCG) y Hepatitis B.

Para la inmediata administración de las vacunas los padres deberán concurrir hasta un vacunatorio, debiendo acompañar ante esta Corte los comprobantes que den cuenta de la administración de las vacunas, lo cual, de no acreditarse dentro de los 10 siguientes a que el presente fallo quede ejecutoriado, facultará al Hospital recurrente para trasladarse hasta el domicilio de la menor, o en el que ésta se encuentre, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de mantenerse la negativa de los padres.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Jorge Gómez Oyarzo.

N° Protección 23.705-2025.

Pronunciada por la Novena Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Maritza Villadangos Frankovic, e integrada, además, por el ministro (S) señor Pablo Toledo González y el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.