M3 MAQUILA DE ENVASES Y SERVICIOS LOGISTICOS LIMITADA con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Santiago, trece de junio de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Que, comparece nombre reservado, empresario, en representación de la empresa “Maquila de Envases y Servicios Logísticos M3 Limitada”, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, Departamento de Extranjería y Migración, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la dictación la Resolución N° 26.220, dictada con fecha 30 de Enero de 2017, que condena a su parte al pago de una multa ascendente a 7,40 Ingresos Mínimos No Remuneracionales, como consecuencia de infringir el Reglamento de Extranjería, ello por dar trabajo a un extranjero que no contaba con la autorización respectiva.

Fundamenta su libelo señalando que la decisión es arbitraria e ilegal, por cuanto según dispone el artículo 152 del D.S N° 597, lo que se sanciona es a quien dé ocupación a un extranjero que no acredite previamente su residencia o permanencia legal en el país y estén debidamente autorizados para trabajar y habilitados para ello, agregando en su inciso final que la referida sanción puede ir desde 0,22 a 11,14 ingresos mínimos por cada infracción.

La ilegalidad consistiría en que si bien se puede multar, la resolución debía contener enunciaciones claras y precisas que logren determinar así como entender la potestad sancionatoria ejercida por la recurrente y no sólo limitarse a la imposición de la pena pecuniaria.

Expresa, más adelante, que lo mismo ocurre al no dar razones de porqué prefirió la multa del artículo citado y no la contenida en el artículo 74 del D.L N° 1094 de 1975, que también regula la materia y es fundamento de la resolución. En este sentido, expresa que si dos normas sancionan una misma conducta, el administrado tiene derecho a saber el motivo por el que se prefirió una sobre la otra, con la agravante que el artículo 152 del D.S. N° 597 menciona ingresos mínimos y no ingresos mínimos no remuneracionales, haciendo una mezcla con el artículo 74 del D.L N°1094 de 1975 que habla de sueldos vitales.

Alega, además, que para deducir el recurso de reconsideración, el que no podrá hacer valer, porque no tiene conocimiento de los fundamentos por los cuales ha sido multado ya que solo se indican los artículos infringidos, con la limitación que para ejercer el mismo, debe acompañar un vale vista por el 50% del monto de la multa fijada.

Finalmente, manifiesta que el actuar reseñado de la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales establecidas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en el segundo caso al ser condenado a una multa pecuniaria que afecta su patrimonio, y, en relación a la primera garantía invocada, por cuanto no podrá ejercer los recursos respectivos sin tener la información necesaria, vulnerando el debido proceso y la igualdad ante la ley.

En su petitorio, pide que en definitiva se deje sin efecto la resolución exenta que multó a su parte al pago de 7,40 Ingresos Mínimos No Remuneracionales, los que equivalen a $1.260.190.- (un millón doscientos sesenta mil ciento noventa pesos), o lo que esta Corte determine, con costas.

Con fecha dos de mayo del año en curso, informó por la recurrida nombre reservado, Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

Señala, en cuanto a los antecedentes de hecho, precisando que mediante resolución exenta de 21 de marzo de 2014, se otorgó al extranjero Amilkar nombre reservado, de nacionalidad peruana, residencia sujeta a contrato con su otrora empleadora nombre reservado, la que tuvo su vigencia hasta el 19 de mayo de 2015. Posteriormente, el 19 de enero del año en curso, reciben una solicitud de residencia temporaria efectuada por el extranjero en mención, en la que acompañó el contrato de trabajo con Maquila de Envases y Servicios Logísticos M3 Ltda., de fecha 14 de enero del año 2016.

Luego, con fecha 30 de enero de 2017, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, aplicó una multa a Maquila de Envases y Servicios Logísticos M3 Ltda, ello por haber dado ocupación a Amilkar nombre reservado sin contar con autorización para ello, resolución que fue notificada y respecto de la cual no se interpuso recurso de reconsideración.

Expresa que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 N° 7 de la Ley de Extranjería, es al Ministerio del Interior a quien corresponde aplicar las sanciones administrativas a los infractores de ese cuerpo legal, en concordancia con el artículo 92 del mismo cuerpo legal, añadiendo que el artículo 74 del Decreto Ley N° 1094 de 1975, dispone el tipo infraccional y, en su inciso final establece una multa de 1 a 50 sueldos vitales por cada infracción y en los mismos términos se encuentra reproducida la sanción al tenor del artículo 152 del Reglamento de Extranjería, en el cual la multa asciende a 0,22 a 11,14 ingresos mínimos por cada infracción.

A dicho respecto, se hace presente que en ambas disposiciones se establecen infracciones sancionadas con multas, por lo que la imposición de la misma no obedece a un capricho de la autoridad, sino a un mandato, tanto legal como reglamentario, toda vez que el artículo 79 de la Ley de Extranjería dispone como requisito previo a la interposición del recurso de reconsideración, el depósito del 50% de la multa y que, en lo que interesa, concurren en la especie las causales legales para la imposición de la sanción reclamada, siendo un hecho no controvertido que Amilkar nombre reservado prestó servicios a la recurrente no estando autorizado para ello, por lo que la pena aplicada se encuentra plenamente justificada, sin avizorar arbitrariedad o ilegalidad en la sanción impuesta.

En cuanto al monto, este se ajusta a los parámetros establecidos en las normas citadas y no excede el mismo, ni se verifica vulneración alguna a las garantías constitucionales que el Recurso de Protección protege, además que el recurrente no identifica claramente qué garantía se vulneraría en la especie, que requiera la adopción de medidas por parte de esta Corte para la restitución del imperio del derecho.

Se acompañó por el recurrente a su libelo los antecedentes documentales señalados en el primer otrosí de su presentación, consistentes en copia de oficio ordinario 7196 de 24 de febrero de 2017; de la resolución recurrida; notificaciones administrativas; comprobante de depósito; contrato de trabajo de 14 de enero de 2016; certificado laboral vigente de 1 de octubre de 2016 y personería.

A su tiempo, la recurrida, adjunto copia de la resolución recurrida y de la Resolución N° 574 de 11 de marzo de 2014 sobre nombramiento de su jefatura.

Se trajeron los autos en relación con fecha 5 de mayo pasado.

Considerando:

1°.- Que, como consta de los antecedentes, el acto que por esta vía se impugna, consiste en la decisión de la autoridad administrativa recurrida en orden a imponer a la recurrente una multa, a beneficio fiscal, ascendente a 7,40 Ingresos Mínimos No Remuneracionales, equivalentes a $1.260.190, en atención a otorgar trabajo al ciudadano extranjero Amilkar nombre reservado, de nacionalidad peruana, quien no contaba a esa fecha con la autorización respectiva, señalando que las garantías constitucionales afectadas con ello fueron las consagradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, numerales 3° y 24°, referidos a su derecho a la igualdad como a su derecho de propiedad en lo que respecta a su patrimonio.

2°.- Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

3°.- Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

4º.- Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, de la documentación acompañada por la recurrente ya citada, cuyo contenido no fue cuestionado por la recurrida y siendo dichos elementos analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, permiten formar el convencimiento, en lo que interesa, que el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública aplicó una multa a Maquila de Envases y Servicios Logísticos M3 Limitada, basado en que ésta última dio ocupación laboral al ciudadano peruano de apellidos nombre reservado, sin que éste contara a esa fecha (14 de enero de 2016) con autorización alguna para ello, ya que la única residencia permitida era aquella ligada a otro contrato de trabajo, celebrado con nombre reservado, cuya vigencia terminó el 19 de mayo de 2015, situación fáctica en la que ambas partes están plenamente de acuerdo.

6°.- Que, la consecuencia de la constatación anterior, supone configurar en la especie los presupuestos que define el legislador en los artículos 74, 91 N° 7, 92 y 152 de la Ley de Extranjería, particularmente facultando al Ministerio del Interior para aplicar las sanciones administrativas que correspondan a los infractores del decreto ley respectivo, normativa que en la primera de las disposiciones citadas, sanciona a quienes den ocupación a extranjeros que no acrediten previamente su residencia o permanencia legal en el país o que estén debidamente autorizados para trabajar o habilitados para ello, lo que se castiga con multas que van desde 1 a 50 sueldos vitales, lo que se reproduce en la última de las citas legales, estableciendo una equivalencia en la sanción que va desde 0.22 a 11.14 Ingresos Mínimos por cada infracción.

7°.- Que, a su tiempo el artículo 79 de la citada compilación, dispone que estas multas se aplicarán mediante resoluciones administrativas, con el solo mérito de los antecedentes que las justifiquen, que dicho sea de paso, la propia recurrente ha reconocido la infracción, la que no cuestiona en ninguno de sus alcances fácticos ni jurídicos, siendo que la entidad de la aplicada se ajusta plenamente a los parámetros de los artículos 74 y 152 de la Ley de Extranjería, cálculo que se realiza conforme a las tablas de sanciones publicadas por las Circulares N° 20842 de 21 de agosto de 2012 del Departamento de Extranjería y Migración y la N° 57 de 3 de septiembre de 2014 de la Subsecretaría de Interior.

8°.- Que, de lo precedentemente expuesto, aparece de toda evidencia que lo actuado por la autoridad recurrida se apegó estrictamente a la ley y lo constatado como situación fáctica, lo que ni siquiera ha sido desmentido por la contraria, al constatar que mediante resolución exenta de 21 de marzo de 2014, se otorgó al extranjero Amilkar nombre reservado, de nacionalidad peruana, residencia sujeta a contrato con su otrora empleadora nombre reservado, la que tuvo su vigencia solo hasta el 19 de mayo de 2015, siendo que el 19 de enero del año en curso, recibieron una solicitud de residencia temporaria efectuada por el extranjero en mención, en la que acompañó el contrato de trabajo con Maquila de Envases y Servicios Logísticos M3 Ltda., de fecha 14 de enero del año 2016.

Ello explica la aplicación de la multa a la recurrida, al haber dado ocupación a Amilkar nombre reservado sin contar con autorización para ello, lo que descarta cualquier reproche de ilegalidad o arbitrariedad en la decisión.

9°.- Que, en efecto, el artículo 74 del Decreto Ley N° 1094 de 1975, dispone el tipo infraccional y, en su inciso final establece una multa de 1 a 50 sueldos vitales por cada infracción y en los mismos términos se encuentra reproducida la sanción al tenor del artículo 152 del Reglamento de Extranjería, en el cual la multa asciende a 0,22 a 11,14 ingresos mínimos por cada infracción, siendo que en ambas disposiciones se establecen infracciones sancionadas con multas, por lo que la imposición de la misma no obedece a un capricho de la autoridad, sino a un mandato legal y reglamentario, siendo un hecho no controvertido que Amilkar nombre reservado prestó servicios a la recurrente no estando autorizado para ello, por lo que la pena aplicada se encuentra plenamente justificada. Y, en cuanto al monto, este se ajustó a los parámetros establecidos en las normas citadas y no excede el mismo, ni se verifica vulneración alguna a las garantías constitucionales que el Recurso de Protección protege, por lo que no es posible avizorar tampoco arbitrariedad o ilegalidad en dicho tópico.

10°.- Que, a mayor abundamiento, cabe agregar que la primera de las garantías alegadas no se encuentra dentro de aquellas que el artículo 20 de la Constitución Política de la República permite sustentar un recurso de protección, como ocurre con la referida al debido proceso, siendo que el único acápite cautelar posible es el referido a no ser juzgado por comisiones especiales, cuyo no era el caso. Y, tratándose del derecho de propiedad, baste con señalar conforme se expresó precedentemente, que era a todas luces procedente el derecho a percibir dichas sumas por parte de la autoridad recurrida, lo que se comprueba por la procedencia del supuesto de hecho que la norma aplicada establecía como su sanción.

11°.- Que, como se advierte, no es posible formar el convencimiento que el recurrido haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amerite adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

12°.- Que, por último, según lo dispone el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, el recurso de protección es una acción destinada a adoptar una medida para que cese una actuación arbitraria o ilegal, esto es, contraria a la ley o que sea producto del mero capricho de quien incurre en ella y dado su carácter excepcionalísimo, está llamado únicamente a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentarse, siendo que, en el caso propuesto, lo que la parte recurrida ha hecho es actuar en el ejercicio de las prerrogativas legales y reglamentarias con que cuenta, lo que permite también excluir algún supuesto de carácter antojadizo, no resultando factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente y que conforme a lo razonado precedentemente el intentado habrá de ser desestimado en todas sus partes.

En conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte, sobre tramitación del recurso de protección, se declara:

Que, se RECHAZA el recurso de protección deducido por “Maquila de Envases y Servicios Logísticos M3 Limitada”, interpuesto en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, notifíquese por la vía más rápida y, en su oportunidad, archívese, si no se apelare.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz.

N°Protección-23.703-2017.

Pronunciada por la Novena Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro Sr. Mario Rojas González e integrada por el Ministro don Juan Cristóbal Mera Muñoz y el Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz.

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