Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen los abogados Alex Miguel Barcaza Torres y Danitza Golborne González, y deducen recurso de protección en favor de nombre reservado, empleado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes (ex Caja Gabriela Mistral), por haber procedido a descontar unilateralmente de la remuneración mensual de septiembre de 2025 una suma de dinero con motivo del cobro de un crédito social pactado en el año 2011.

Considera dicha actuación ilegal y arbitraria, ya que la recurrida durante más de trece años no efectuó gestión alguna tendiente a perseguir el cobro de la deuda, ni judicialmente ni conforme a las herramientas que le otorga la Ley N° 18.833, dando con ello claras señales de desinterés en su solución; y, sin previo aviso ni posibilidad de defensa para el afectado respecto de una obligación susceptible de ser declarada prescrita, ha revivido y forzado de manera unilateral la facultad que el artículo 22 de la citada ley confiere a las Cajas de Compensación únicamente para el cobro oportuno de los créditos sociales, haciendo un uso irracional, caprichoso y abusivo de tal potestad.

Lo anterior, alega, vulnera los derechos fundamentales del recurrente que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, específicamente la garantía contemplada en el artículo 19 N° 24, relativa al derecho de propiedad sobre su remuneración y sobre las expectativas económicas ligadas a su trabajo.

Solicita que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social mediante descuentos de las remuneraciones del recurrente, reembolsar los montos que indebidamente pudieren ser descontados, en un plazo de cinco días hábiles o el que esta Corte estime pertinente, más las costas.

En cuanto a los hechos, expone que en el año 2011 su representado contrajo con la Caja de Compensación Gabriela Mistral - de la cual la recurrida es continuadora legal - un mutuo de dinero denominado “crédito social”, pactado en cuarenta y ocho cuotas mensuales iguales y sucesivas, venciendo la primera el 25 de agosto de 2011 y las restantes los días 25 de cada mes, cuyos pagos se efectuarían conforme al artículo 22 de la Ley N° 18.833. Sin embargo, por causas ajenas a su voluntad, fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos y cayendo en mora desde la primera cuota. Agrega que en diversas ocasiones concurrió a sucursales de la recurrida con el propósito de regularizar su situación, ofreciéndosele únicamente la repactación de la deuda con el consiguiente incremento artificial, opción que rechazó atendida la grave situación financiera que ello le acarrearía. Añade que durante los últimos años ha trabajado con diversos empleadores afiliados a Cajas de Compensación, sin que jamás se le efectuara descuento alguno por el sistema “Intercaja”. Así, transcurridos más de trece años desde la mora sin gestión alguna de cobro, con fecha 1 de octubre de 2025 tomó conocimiento de que en su liquidación de remuneración correspondiente a septiembre de 2025 se le había practicado un descuento de $42.757 por concepto de crédito personal.

En cuanto al derecho, sostiene que, si bien el artículo 22 de la Ley N° 18.833 faculta a las Cajas de Compensación para efectuar descuentos por planilla directamente de las remuneraciones de los trabajadores afiliados, dichas entidades, en su calidad de órganos intermedios sujetos a la Constitución y a las leyes, no pueden hacer un uso irracional ni caprichoso de tales facultades; invocan, en abono de su tesis, la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema contenida en las causas roles N° 23.258-2018, N° 68.700-2016 y N° 2.895-2018, conforme a la cual las Cajas de Compensación se encuentran obligadas a dar noticia previa al afectado y, transcurrido un extenso lapso entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, deviene en antojadiza la decisión de provocar el pago por la vía del descuento por planilla. En tal sentido, expone que el referido proceder vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad del recurrente sobre su íntegra remuneración y sobre las expectativas económicas ligadas a su trabajo, las que le son arrebatadas de forma intempestiva y arbitraria, dejándolo en estado de total indefensión.

SEGUNDO: Que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes evacúa el informe requerido y solicita, en lo principal, que se declare la improcedencia del recurso de protección por haber sido interpuesto en forma extemporánea y, en subsidio, que se rechace en todas sus partes la acción cautelar deducida en su contra, por no haber incurrido en acto u omisión alguna que pueda calificarse de ilegal o arbitraria ni haberse vulnerado garantía constitucional alguna del recurrente.

En cuanto a los hechos expone que el 16 de marzo de 2005 el recurrente solicitó un crédito social en la Caja de Compensación Gabriela Mistral -de la cual la recurrida es continuadora legal-, signado con el número 511264, por la suma de $968.208, pactado en cuarenta y ocho cuotas mensuales iguales y sucesivas de $20.171 cada una. Posteriormente, el 2 de junio de 2011 dicho crédito fue renegociado en cuarenta y seis cuotas iguales y sucesivas de $42.757 cada una, salvo la última de $2.967, con vencimiento de la primera el 31 de julio de 2011, sin que el recurrente pagase ninguna de ellas, cayendo en mora respecto de su totalidad.

Asimismo, indica que, en virtud del proyecto “Central de Riesgo Financiero” implementado por las Cajas de Compensación conforme a instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social, al detectarse que el deudor mantenía un nuevo empleador -“Transportes Check SpA”-, se reactivó el plan de pagos, reiniciándose los descuentos en octubre de 2024, llevando a la fecha del informe catorce cuotas pagadas.

Agrega que, en cumplimiento del Compendio de Crédito Social de la Superintendencia de Seguridad Social, punto 3.1.17.3, con fecha julio de 2024 remitió al domicilio del trabajador carta de aviso del reinicio de los descuentos.

Sostiene, sobre tales antecedentes, que la acción se encuentra interpuesta fuera del plazo fatal de treinta días corridos previsto en el numeral primero del Auto Acordado, pues los descuentos se vienen practicando ininterrumpidamente desde octubre de 2024 sin reclamo alguno del actor, habiéndose deducido el recurso recién el 30 de octubre de 2025.

En cuanto al derecho, expone que las Cajas de Compensación son entidades de previsión social sin fines de lucro, según las define el artículo 1° de la Ley N° 18.833, encargadas de administrar un Fondo Social que se nutre de aportes de todos los afiliados y con cargo al cual se otorgan, entre otras prestaciones, los créditos sociales regulados en los artículos 19 N° 3 y 22 del mismo cuerpo legal, disposición esta última que ordena deducir lo adeudado por tales prestaciones de la remuneración del trabajador, conforme a las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Argumenta que, en su calidad de entidad fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social, le asiste el imperativo legal de efectuar las gestiones de cobranza tendientes a evitar el menoscabo del Fondo Social, pesando sobre ella, además, la prohibición de efectuar donaciones contemplada en el artículo 26 N° 2 de la Ley N° 18.833.

Añade que la obligación no se encuentra prescrita, toda vez que la prescripción no opera de pleno derecho y debe ser alegada y declarada por un tribunal conforme al artículo 2493 del Código Civil, invocando al efecto el Dictamen N° 144477-2022 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sostiene que no concurre acto ilegal ni arbitrario alguno, pues sólo ha ejercido las prerrogativas de cobro que le confiere la Ley N° 18.833 respecto de un crédito legalmente otorgado y libremente aceptado mediante la suscripción del pagaré respectivo, sin que se afecte el derecho de propiedad del recurrente, invocando en respaldo de su tesis la sentencia de la Corte Suprema dictada en los autos rol N° 14.564-2025, de 11 de agosto de 2025, que reconoce la facultad de las Cajas de Compensación de reiniciar el cobro tras un período de inactividad laboral del deudor.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, sintetizadas las posiciones de las partes, el acto que se impugna por la presente acción consiste en el descuento que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes ha practicado en la remuneración del recurrente, por concepto del cobro de un crédito social pactado en el año 2005 y renegociado en 2011, respecto del cual transcurrieron más de trece años de inactividad por parte de la acreedora antes de reiniciar las gestiones de recupero.

QUINTO: Que en lo concerniente a la juridicidad del acto reprochado resulta incontrovertido que el recurrente suscribió en su momento el mutuo denominado crédito social, asumiendo libremente la obligación de su restitución. A su turno, el artículo 22 de la Ley N° 18.833 faculta expresamente a las Cajas de Compensación para deducir directamente de las remuneraciones del trabajador afiliado las sumas adeudadas por concepto de prestaciones de crédito social, conforme a las mismas normas establecidas para el pago y cobro de las cotizaciones previsionales. De ello se sigue que el descuento impugnado encuentra cobertura en una norma legal vigente que habilita expresamente a la recurrida para proceder en los términos en que lo ha hecho, descartándose, por tanto, la nota de ilegalidad que se le atribuye.

SEXTO: Que en cuanto al reproche de arbitrariedad fundado en el lapso transcurrido entre la mora y el reinicio del cobro, cabe consignar que dicha suspensión obedeció a la circunstancia de no haber mantenido el deudor un empleador afiliado al sistema que permitiera operar el descuento por planilla, siendo precisamente la incorporación del actor a un nuevo empleador, detectada por intermedio del proyecto Central de Riesgo Financiero, la que habilitó la reactivación del plan de pagos. A ello se suma que la recurrida remitió en julio de 2024 comunicación escrita al domicilio del trabajador anunciando el reinicio de los descuentos, satisfaciendo de tal forma el deber de noticia previa exigible al efecto. En tal contexto, no se advierte un proceder caprichoso ni desprovisto de fundamento racional.

SÉPTIMO: Que en lo tocante a la alegada prescripción de la obligación debe tenerse presente que conforme al artículo 2493 del Código Civil ésta no opera de pleno derecho, sino que requiere ser alegada por quien pretende aprovecharse de ella y, ulteriormente, declarada por sentencia judicial firme dictada en el juicio de lato conocimiento correspondiente. Por consiguiente, la acción de protección, atendida su naturaleza cautelar y de urgencia, no constituye la vía idónea para resolver controversias de tal entidad, las que deben ventilarse ante los tribunales ordinarios mediante el procedimiento declarativo pertinente, donde se permita el debate probatorio amplio que la materia exige.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no concurriendo en la especie los presupuestos de ilegalidad o arbitrariedad que tornan procedente la acción cautelar, mal puede estimarse conculcado el derecho de propiedad invocado, toda vez que el descuento se sustenta en un título obligacional válidamente contraído y en una autorización legal expresa, sin que la garantía contenida en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental ampare la liberación de obligaciones legítimamente adquiridas, razón por la cual el recurso intentado no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en las normas legales citadas, en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por los abogados Alex Miguel Barcaza Torres y Danitza Golborne González en favor de nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes.

Regístrese y archívese.

N° Protección-23695-2025