nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Santiago, treinta y uno de enero de dos mil doce.

Vistos:

Que, a fojas 5 comparece el abogado don Marco Antonio Romero Zapata, y deduce acción constitucional de protección a favor de la empresa Importadora Exportadora Li y Compañía Ltda. del giro de su denominación, con domicilio en domicilio reservado, contra la Ilustre Municipalidad de Santiago, institución de derecho público, representada por el Alcalde Sr. Pablo Zalaquet Said, ingeniero comercial, ambos con domicilio en domicilio reservado. Expresa que el 15 de noviembre de dos mil once, la Municipalidad procedió a cerrar el establecimiento comercial perteneciente a la empresa que representa, ubicado en calle Abate Molina de la comuna de Santiago, de acuerdo a lo que disponen los artículos 23 y 26 de la Ley de Rentas Municipales, por funcionar sin patente y sin autorización municipal, decisión que constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº 21 y 24 de la Constitución Política de la República, porque la empresa cuenta con patente municipal respecto del inmueble en el que funciona y que fue objeto de la clausura; por cuanto además-sostiene-su representada se encuentra al día en el pago de las patentes municipales, de manera que los fundamentos contenidos en la resolución que ordenó la referida clausura no guardan relación con la medida aplicada. Finaliza solicitando, se acoja el presente recurso, declarando que la decisión de la recurrida de clausurar el inmueble ubicado en domicilio reservado, es arbitraria e ilegal, y se disponga, en consecuencia, el alzamiento de la medida señalada, con costas.

Que, a fojas 39 se agregó el informe suscrito por don nombre reservado, abogado jefe de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Santiago, quien señala que el actuar de la recurrida se ajustó a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, disponiendo la clausura del establecimiento por funcionar sin patente ni permiso municipal, situación que fue comprobada por el Director General de Inspección en una comisión multidisciplinaria con personal de Carabineros y del Servicio de Impuestos Internos en el barrio Meiggs de ésta ciudad, constatándose que en el inmueble ubicado en domicilio reservado, se ejercía actividad productiva de bodega de artículos de ferretería, ocupando el 100% de la superficie de la propiedad para almacenamiento, sin haber acreditado poseer patente comercial, por lo que se cursó la denuncia correspondiente al Cuarto Juzgado de Policía Local de Santiago. Explica además, que el negocio cuenta con una patente provisoria, como oficina distribuidora de artículos de ferretería y exhibiciones, actividad que en los hechos no se ejerce, de manera que no se divisa como pudo haber vulnerado las garantías constitucionales que señala el recurrente como conculcadas; por cuanto la Municipalidad recurrida ha actuado en la dictación del Decreto Alcaldicio Sección 2 Nº 2089 de 09 de noviembre de 2011 que dispuso la referida clausura, conforme a la normativa vigente sobre la materia; por lo que no existiendo acto arbitrario ni ilegal, pide el rechazo del recurso, con costas.

Con los antecedentes aportados por recurrente y recurrido, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2º) Que con los antecedentes aportados se han acreditado los siguientes hechos:

a.- Que con fecha 09 de noviembre del año dos mil once, mediante Decreto Alcaldicio Nº 2089, de la Ilustre Municipalidad de Santiago, se procedió a la clausura inmediata del establecimiento comercial, destinado a bodega de artículos de ferretería, de propiedad de importadora exportadora Li y compañía limitada, ubicado en domicilio reservado de ésta ciudad.

b.- Que el negocio cuenta con patente provisoria Nº [cuenta reservada]-K otorgada con fecha 04 de julio de 2011, para el giro comercial de “oficina distribuidora de artículos de ferretería y exhibiciones”.

c.- Que el 26 de octubre de 2011 se realiza inspección en el inmueble ubicado en domicilio reservado, por funcionarios de carabineros, Servicio de Impuestos Internos e inspectores municipales, comprobándose que en el señalado inmueble, se ejercía la actividad productiva de bodega de artículos de ferretería, ocupando el 100% de la superficie de la propiedad.

e.- Que al momento de la señalada visita, no se acreditó patente necesaria para el funcionamiento, ante lo cual se cursó la denuncia Nº 2776915 al 4º Juzgado de Policía Local.

3º) Que el artículo 23 del Decreto Ley Nº 3063 de 1979, señala “El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley. Asimismo, quedarán gravadas con esta tributación municipal las actividades primarias o extractivas en los casos de explotaciones en que medie algún proceso de elaboración de productos, aunque se trate de los exclusivamente provenientes del respectivo fundo rústico, tales como aserraderos de maderas, labores de separación de escorias, moliendas o concentración de minerales, y cuando los productos que se obtengan de esta clase de actividades, se vendan directamente por los productores, en locales, puestos, kioscos o en cualquiera otra forma que permita su expendio también directamente al público o a cualquier comprador en general, no obstante que se realice en el mismo predio, paraje o lugar de donde extraen, y aunque no constituyan actos de comercio los que se ejecuten para efectuar ese expendio directo.

El Presidente de la República reglamentará la aplicación de este artículo”.

Por su parte-en lo pertinente- el artículo 26 del mismo cuerpo legal establece “Toda persona que inicie un giro o actividad gravada con patente municipal presentará, conjuntamente con la solicitud de autorización para funcionar en un local determinado, una declaración jurada simple acerca del monto del capital propio del negocio, para los efectos del artículo 24. Asimismo, en los casos que corresponda deberán efectuar la declaración indicada en el artículo anterior. La municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o la municipalidad hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario, como de emplazamiento según normas de zonificación del Plan Regulador, de otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso, y siempre que no sea necesario verificar condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad…..”

4º) Que es importante establecer que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tutela el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 en los numerales que en él se expresan; por tanto la idea de derecho que comprende el citado precepto legal equivale a la noción técnica de derecho subjetivo. Todo derecho subjetivo-por diferencia al derecho objetivo-, es una facultad que el ordenamiento confiere a los sujetos para exigir, de otros, determinadas contraprestaciones o intereses protegidos jurídicamente. Se requiere, en consecuencia que el derecho, que se alega conculcado, sea preexistente e indubitado.

5º) Que, de los antecedentes aportados, los que se aprecian conforme a las reglas de la sana crítica, es posible inferir indubitadamente que en el inmueble ubicado en domicilio reservado, se ejercía una actividad comercial de almacenamiento-bodega- para la cual el recurrente no contaba con la respectiva patente municipal.

6º) Que la parte recurrente tampoco ha logrado acreditar, que haya dado cumplimento a los requisitos que el Decreto Ley Nº 3063 le exige para el ejercicio de la actividad comercial y lucrativa que realiza en el inmueble de su propiedad.

7º) Que así las cosas, la recurrida ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones al tenor de lo dispuesto en el artículo 58 del Decreto Ley Nº 3063, de manera entonces que el decreto alcaldicio de clausura, que por esta vía impugna no constituye un acto arbitrario, como tampoco es ilegal, desde el momento que se ha dictado dentro de la esfera de su competencia, y está debidamente fundado, lo que importa su legitimidad y razonabilidad.

8º) Que, en estas condiciones, la acción constitucional que se ha intentado no puede prosperar y debe ser desestimada.

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el intentado a fojas 5 por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra (s) Sra. Jenny Book Reyes.

Protección Nº 23693-2011.

No firma el Abogado Integrante señor González, por ausencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Quinta Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mauricio Silva Cancino, conformada por la Ministro (S) señora Jenny Book Reyes y el Abogado Integrante señor Patricio González Marín.