Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, abogado, actuando por don nombre reservado, ciudadano venezolano, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 29 de septiembre de 2025, mediante la cual se declaró el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente. Actuación que considera ilegal y arbitraria, toda vez que adolece de falta de fundamentación suficiente, contraviene el procedimiento especial de refugio establecido en la normativa vigente, vulnera flagrantemente el principio de no devolución, omite el análisis de protección complementaria y carece de racionalidad, proporcionalidad y desconocimiento del interés superior del niño y la unidad familiar, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 numerales 1, 3, 7 y 10 de la Constitución Política de la República, que garantiza a todas las personas el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el debido proceso, la libertad personal y seguridad individual, y la protección de la familia, respectivamente.

Explica que don nombre reservado ostentaba el grado de Capitán en el Ejército Bolivariano de Venezuela y que en el año 2019, ante la grave crisis política y social de su país, se negó a acatar órdenes superiores que implicaban participar en actos de represión violenta contra la población civil. Como consecuencia directa de su negativa y posterior deserción, fue acusado formalmente por las autoridades militares venezolanas por el delito de "Traición a la Patria", iniciándose en su contra el Procedimiento Disciplinario Ordinario N° NUM001. Señala que esta acusación, en el contexto venezolano actual, documentado por organismos internacionales de derechos humanos, implica un riesgo inminente y cierto para su vida, integridad física y libertad personal en caso de ser retornado a Venezuela.

Asimismo, indica que la persecución política no se limitó a su persona, sino que se extendió a su cónyuge, doña nombre reservado, reconocida dirigente política de oposición en el Estado Táchira, quien también fue objeto de hostigamiento y respecto de quien se dictó una orden de aprehensión por supuestos cargos de traición a la patria, vinculada a eventos ocurridos durante el intento de ingreso de ayuda humanitaria en la frontera colombo-venezolana en 2019. Ante el peligro inminente, huyeron de Venezuela el 21 de septiembre de 2019, refugiándose inicialmente en Cúcuta, Colombia, donde permanecieron casi dos años, pero la proximidad con la frontera y la presencia de agentes de inteligencia venezolanos los obligó a continuar su éxodo hacia Chile, ingresando por paso no habilitado. El recurrente, demostrando su voluntad de someterse al ordenamiento jurídico chileno, realizó la Declaración Voluntaria de Ingreso Clandestino (Autodenuncia) ante la Policía de Investigaciones de Chile.

Continúa exponiendo que el 13 de junio de 2023, presentó una carta formal ante el Servicio Nacional de Migraciones exponiendo su caso de persecución política y solicitando refugio, siendo citado mediante Oficio Ordinario N° NUM002 para el día 05 de julio de 2023 a fin de formalizar su solicitud, lo cual realizó en dicha oportunidad. Durante su permanencia en Chile, nació su hijo nombre reservado, el día NUM003 de 2025, en la comuna de Providencia, Santiago, menor que es ciudadano chileno por nacimiento, inscrito con RUN NUM004. Este hecho, según argumenta, configura un vínculo familiar directo, indisoluble y de la máxima relevancia jurídica con el Estado de Chile, activando la obligación estatal de proteger el interés superior del niño y el derecho a la unidad familiar, toda vez que el menor depende íntegramente de sus padres para su subsistencia y desarrollo.

En relación con el procedimiento administrativo que motiva el presente recurso, señala que mediante Resolución Exenta N°NUM005, de 09 de septiembre de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones le notificó que su solicitud no cumplía con requisitos formales mínimos, indicando genéricamente causales relativas a tránsito por terceros países, solicitudes previas en otros estados, plazo de presentación y forma de ingreso, otorgándole un plazo de 15 días hábiles para subsanar, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido. Dentro del plazo otorgado, el recurrente procedió a subsanar lo requerido, presentando los antecedentes que consideró pertinentes para aclarar las dudas de la autoridad y reiterando su necesidad de protección, aportando nuevamente la documentación que acreditaba su persecución y situación de riesgo, según consta en la solicitud de 25 de julio de 2025. No obstante lo anterior, mediante la Resolución Exenta N° NUM000, de 29 de septiembre de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones resolvió tener por desistida la solicitud de refugio, argumentando que la documentación presentada "no permite entender por subsanado el/los requisitos formales faltantes mencionados con anterioridad", sin detallar qué requisito específico no se subsanó ni por qué los documentos aportados fueron insuficientes. Además, no se realizó la entrevista de elegibilidad que ordena el artículo 40 del DS N°837/2010, instancia crucial para evaluar la credibilidad y el fondo del temor fundado. Como consecuencia de esta arbitraria declaración de desistimiento, el recurrente quedó en un limbo jurídico, sin acceso al procedimiento de refugio y en situación migratoria irregular, exponiéndolo a ser expulsado del país en cualquier momento, lo que implicaría su devolución forzosa a Venezuela, país donde su vida e integridad corren un peligro real y comprobado, en flagrante violación del principio de no devolución, además de significar la separación forzosa de su hijo chileno, con un daño irreparable para el menor.

En cuanto a las alegaciones de ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, argumenta, en primer término, que existe ilegalidad por falta de fundamentación suficiente, en contravención de los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, toda vez que el acto administrativo impugnado incumple gravemente el deber de fundamentación al limitarse a afirmar genéricamente que los antecedentes presentados para subsanar "no permiten entender por subsanado el/los requisitos formales faltantes", sin especificar cuál o cuáles requisitos persistieron incumplidos ni por qué los documentos aportados no fueron idóneos o suficientes.

En segundo término, sostiene que existe ilegalidad por contravención al procedimiento especial de refugio establecido en la Ley N°20.430 y el DS N°837/2010, dado que dicha normativa exige un análisis sustantivo del temor fundado de persecución o riesgo grave. La declaración de "desistimiento" en esta fase, basada en supuestos defectos formales ya subsanados y omitiendo la realización de la entrevista personal de elegibilidad, constituye una terminación anómala y anticipada del procedimiento, impidiendo el análisis de fondo que la normativa especial ordena, vulnerándose el derecho del solicitante a ser oído y a que su caso sea debidamente evaluado en cuanto al mérito.

En tercer lugar, argumenta que existe ilegalidad por vulneración flagrante del principio de no devolución (Non-Refoulement), consagrado como norma imperativa en el artículo 10 de la Ley N°21.325, el artículo 4 de la Ley N°20.430, el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al cerrar administrativamente la posibilidad de analizar la solicitud de refugio sin evaluar el riesgo real y concreto que enfrenta el recurrente en caso de retorno a Venezuela, la resolución impugnada viola de manera directa e inexcusable este principio. Ignorar la documentada condición de militar desertor acusado de traición a la patria en Venezuela constituye una omisión con consecuencias potencialmente fatales.

En cuarto lugar, señala que existe ilegalidad por omisión de análisis de protección complementaria, toda vez que el Servicio Nacional de Migraciones tenía y tiene la obligación legal de evaluar de oficio si el recurrente califica para el otorgamiento de Protección Complementaria, conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley N°21.325 y la propia normativa interna del Servicio (Resolución Exenta N°6.009 de 2024). La resolución impugnada omite por completo esta evaluación subsidiaria, necesaria ante el evidente riesgo de retorno, configurando otra ilegalidad manifiesta.

Finalmente, argumenta que existe arbitrariedad por falta de racionalidad, proporcionalidad y desconocimiento del interés superior del niño y la unidad familiar, dado que la decisión de declarar desistida la solicitud carece de toda lógica, razonabilidad y proporcionalidad. Resulta irrazonable y desproporcionado truncar un procedimiento de protección internacional, con riesgo vital para el solicitante, basándose en supuestos incumplimientos formales que el interesado intentó subsanar. Más grave aún, la resolución ignora por completo la existencia y los derechos del hijo chileno del recurrente, contraviniendo el deber estatal de considerar primordialmente el interés superior del niño, conforme al artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 4 de la Ley N°21.325, así como el deber de proteger la unidad familiar establecido en el artículo 19 N°10 de la Constitución Política de la República, el artículo 19 de la Ley N°21.325 y el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La decisión carece de toda ponderación de estos elementos cruciales, transformándose en un acto caprichoso y lesivo.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 29 de septiembre de 2025, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, es ilegal y arbitraria y vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, numerales 1, 3, 7 y 10 de la Constitución Política de la República; se deje sin efecto la referida resolución; se ordene al Servicio Nacional de Migraciones reanudar y proseguir con la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado conforme al procedimiento establecido en la Ley N°20.430 y su reglamento, debiendo realizar la entrevista de elegibilidad y efectuar un análisis de fondo sobre el temor fundado de persecución y el riesgo de retorno; en subsidio, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones evaluar y resolver fundadamente sobre el otorgamiento de Protección Complementaria en virtud del artículo 10 de la Ley N°21.325 y la Resolución Exenta N°6.009 de 2024; se ordene al Servicio Nacional de Migraciones abstenerse de manera permanente de dictar u ejecutar cualquier medida de abandono o expulsión en contra del recurrente que se funde en la resolución que se deja sin efecto o en los hechos que motivaron su solicitud de protección internacional; se adopte cualquier otra medida conducente para el pleno restablecimiento del imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos amagados; y se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que evacuando el informe ordenado en autos comparecen los abogados Antonio Beltrán Henríquez y Stephanie Andrea Pinto González, mandatarios judiciales del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo en todas sus partes de la presente acción constitucional, fundándose para ello en que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Señalan que don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, no registra fecha de ingreso al país, por lo que necesariamente se desprende su ingreso clandestino al territorio nacional, eludiendo para ello los controles migratorios fronterizos. Agrega que fue la misma parte recurrente quien reconoció expresamente que su ingreso clandestino al país se realizó con fecha 14 de septiembre de 2021. Posteriormente, a casi cuatro años de su ingreso clandestino, con fecha 30 de julio de 2025, la parte recurrente manifestó ante la autoridad migratoria su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, solicitud que quedó registrada bajo el ID NUM006. En consecuencia, mediante Oficio Ordinario Folio N° NUM007, de fecha 30 de julio de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones, se citó al extranjero recurrente a fin de concurrir a realizar el trámite inicial de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado para el día 09 de septiembre de 2025.

Continúa exponiendo que, verificados los requisitos formales, con fecha 09 de septiembre de 2025, mediante Resolución Exenta N°NUM005 del Servicio Nacional de Migraciones, se le notificó que su solicitud se encontraba incompleta, toda vez que carecía de los requisitos formales mínimos establecidos en la legislación especial que rige la materia, específicamente: haber mantenido período de residencia o tránsito en un país diferente al territorio en que su vida o libertad está amenazada, sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal estado según lo establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la Ley N°20.430 de 2010 y el artículo 2 del mismo cuerpo legal; mantener o haber presentado una solicitud de protección internacional ante otro estado, según el numeral 2 del artículo 26 de la Ley N°20.430 de 2010; exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N°20.430; y mantener ingreso al país por paso no habilitado, sin presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N°837, Reglamento de la Ley N°20.430, según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley N°20.430 de 2010. Indica que lo anterior se fundamenta en el hecho de que el extranjero declaró de forma voluntaria haber residido en Colombia dos años, estado del que requirió su protección internacional sin esperar el acto resolutivo para posteriormente ingresar clandestinamente a Chile con fecha 14 de septiembre de 2021, por lo cual no habría dado cumplimiento a lo establecido por la legislación especial que rige la materia. Por lo anterior, se otorgó un plazo de 15 días contados desde la notificación para acompañar la documentación faltante, bajo pena de tener por desistida su solicitud.

Añade que el extranjero recurrente acompañó como subsanación de su solicitud una serie de documentos de los cuales ninguno tenía por finalidad desvirtuar las razones señaladas por la autoridad. En consecuencia, mediante Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 29 de septiembre de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones, se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no logró subsanar su solicitud.

Asimismo, precisa que no existe sanción migratoria alguna dictada contra la parte recurrente, como lo sería una medida de abandono, orden de expulsión o prohibición de ingreso al territorio nacional.

En relación con los fundamentos de derecho, expone en primer término el cambio en la legislación nacional sobre el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, señalando que con fecha 20 de febrero de 2024 se publicó y entró en vigencia la Ley N°21.655, que modifica la Ley N°20.430, para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Dicha ley realizó importantes modificaciones a la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y estableció nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio. En cuanto al procedimiento administrativo de solicitud de refugio señala que este se encuentra regulado, principalmente, por la Ley N°20.430 que establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, la Ley N°21.665 que modificó la Ley de Refugio, por el Decreto N°837 que fija su Reglamento, y en algunas normas establecidas en la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

Enfatiza que la parte recurrente reconoce expresamente que ingresó de forma clandestina al país con fecha 14 de septiembre de 2021, sin embargo, se presentó ante la autoridad migratoria con fecha 30 de julio de 2025, excediendo con creces el plazo fatal de 7 días señalado por el legislador.

En relación con la solicitud de protección internacional realizada ante otro Estado, la autoridad recurrida sostiene que el extranjero recurrente declaró libre y voluntariamente haber residido en Colombia por el periodo de dos años, país donde, además, realizó una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado que se encontraría pendiente de pronunciamiento. Agrega que el artículo 26 de la Ley N°20.430 señala expresamente que, para conceder el reconocimiento de la condición de refugiado, es imperativo considerar, a lo menos, que el solicitante no mantenga una solicitud similar ante otro Estado ni haya sido reconocido como refugiado en otro Estado; sin embargo, la parte recurrente declara mantener una solicitud ante el Estado de Colombia, solicitud que habría quedado pendiente de pronunciamiento. Lo anterior es sumamente importante si se tiene presente que la Ley N°20.430 responde a una lógica de urgencia de protección internacional para aquella persona que busca refugio ante otro Estado luego de haber huido de su país de origen, lo cual en el caso de la parte recurrente se ve absolutamente desvirtuado por sus propias declaraciones, las cuales incluso admiten una interpretación de un uso impropio del mecanismo para regularizar la permanencia en el territorio nacional. En estricto rigor, la solicitud presentada en Chile no responde a una huida reciente, directa o intempestiva, sino a una decisión de carácter migratorio que no se encuentra amparada por la Ley N°20.430. Así, la existencia de una solicitud de refugio pendiente en otro Estado, reconocida expresamente por el propio recurrente, constituye un incumplimiento grave y no subsanado del artículo 26 de la Ley N°20.430. Esta omisión no solo vulnera un requisito formal indispensable, sino que desnaturaliza la finalidad protectora de la normativa, destinada a amparar situaciones de urgencia real y no a permitir la tramitación paralela y sucesiva de solicitudes en diversos países.

En cuanto a la supuesta vulneración de garantías fundamentales denunciada por la parte recurrente, refiere que no existen en los hechos fundamentos reales que sustenten de manera alguna la pretensión del recurrente contenida en la presente acción constitucional debido a que, tal como se ha mencionado, según la propia declaración del recurrente, no fue posible que sus circunstancias particulares guarden relación con los motivos establecidos en el artículo 2 de la Ley N°20.430. A mayor abundamiento, añade que, de acogerse la acción de protección en los términos solicitados por el recurrente, se estaría vulnerando el derecho de igualdad ante la ley de todos aquellos extranjeros que sí han dado cumplimiento a lo ordenado por la legislación especial que rige la materia, así como aquellos que sí han experimentado los motivos que los habilitan para solicitar la protección internacional del Estado.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, en el caso de marras el acto impugnado corresponde a la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 29 de septiembre de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones, que tuvo al recurrente por desistido de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no logró subsanar los defectos en su formalización que le fueron observados por la Autoridad Administrativa.

QUINTO: Que, sobre el particular es menester señalar que el recurrente reconoce expresamente que ingresó de forma clandestina al país con fecha 14 de septiembre de 2021 y que, pese a ello, sólo se presentó ante la autoridad migratoria con fecha 30 de julio de 2025, excediendo con creces el plazo fatal de 7 días señalado por el legislador para tal efecto.

Por otra parte, consta del mérito de los antecedentes que el protegido declaró voluntariamente haber residido en Colombia por el periodo de dos años, país donde, además, realizó una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado que se encontraría pendiente de pronunciamiento.

Esta última circunstancia es del todo relevante, toda vez que el artículo 26 de la Ley N°20.430, expresamente señala que para conceder el reconocimiento de la condición de refugiado, resulta indispensable que el solicitante no mantenga una solicitud similar ante otro Estado ni haya sido reconocido como refugiado en otro país, hipótesis que, como ya se expuso, no se verifica en la especie y que no solo implica vulnerar un requisito formal indispensable para el reconocimiento de la condición de refugiado, sino que desnaturaliza la finalidad protectora de dicha institución, destinada a amparar situaciones de urgencia real.

SEXTO: Que, conforme lo antes expuesto y razonado, no se advierte en la especie la existencia de un actuar ilegal y/o arbitrario atribuible a la Administración, lo que conduce necesariamente al rechazo de la acción constitucional en análisis.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado actuando por don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-23642-2025.