Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, nueve de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, abogado, actuando por sí y en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, representado por su Director Nacional, don Luis Thayer Correa, por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 2 de octubre de 2025, mediante la cual se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada de la recurrente. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se fundamenta en un supuesto incumplimiento de plazos que no se ajusta a la realidad de los hechos, vulnerando con ello el derecho fundamental de igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto dicho acto y se dé curso progresivo a la solicitud de refugio.

En cuanto a los antecedentes fácticos, la recurrente expone que se vio obligada a abandonar su país de origen por razones que afectaron gravemente sus derechos fundamentales. Tras un viaje por vía terrestre, ingresó a Chile por paso no habilitado el 13 de agosto de 2025, procediendo a realizar su declaración voluntaria de ingreso clandestino al día siguiente, 14 de agosto de 2025, bajo el número NUM001. Posteriormente, inició el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiada ante el Servicio Nacional de Migraciones el 18 de agosto de 2025, asistiendo a la entrevista de rigor el 24 de septiembre del mismo año. No obstante, la autoridad administrativa dictó la resolución impugnada argumentando que la recurrente no acreditó el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo 837, en relación con el artículo 26 de la Ley N° 20.430.

Respecto de los fundamentos jurídicos, el recurso sostiene que la decisión es arbitraria pues la solicitud se presentó dentro del plazo de siete días hábiles contado desde el ingreso al territorio nacional, tal como lo exige el artículo 26 de la Ley N° 20.430.

Argumenta, además, que la Ley N° 21.325 y el Decreto Supremo 296 de 2022 deben aplicarse en concordancia con los principios de la Ley N°19.880. Invoca asimismo el principio de no devolución consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967 y el artículo 4° de la Ley N°20.430, el cual debe aplicarse desde que el extranjero manifiesta su intención de acogerse a dicha protección. Finalmente, hace referencia a la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que han establecido que la negativa a tramitar estas solicitudes por ingreso irregular constituye una interpretación errónea de la normativa vigente.

En relación con la afectación de garantías constitucionales, el recurrente sostiene que se vulnera la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2 de la Constitución), toda vez que la autoridad administrativa establece una diferencia arbitraria al impedir el acceso a un procedimiento reglado mediante una interpretación errónea de los plazos. Afirma que se otorga un trato desigual y excluyente en comparación con otros solicitantes en idéntica situación a quienes sí se les permite formalizar su solicitud, dejando a la recurrente en un estado de completa vulnerabilidad y riesgo de expulsión al quedar en situación de irregularidad migratoria.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al recurrido dejar sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000, dándole curso progresivo a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado para que sea evaluada por la comisión pertinente, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Acompañó como documentos para fundamentar su pretensión los siguientes documentos: 1) Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 02 de octubre de 2025; 2) pasaporte de la recurrente; 3) Historial de trámites del Portal de Extranjería; 4) Oficio ordinario de cita para trámite inicial del procedimiento de refugio; 5) Presentación escrita de solicitud de refugio; y 6) Recepción de correo electrónico de la declaración de ingreso por paso no habilitado.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, a través de sus mandatarios judiciales, solicita el rechazo de la acción de protección interpuesta, fundado tanto en motivos de forma como de fondo.

En primer término, la entidad recurrida plantea como defensa la falta de legitimación pasiva, toda vez que la recurrente alega la omisión de un trámite de refugio que, a juicio del Servicio, se encuentra debidamente reglado. Sostiene que el acto impugnado no es arbitrario ni ilegal, sino una aplicación estricta de la normativa migratoria vigente, por lo que no existiría una acción u omisión atribuible al Servicio que vulnere garantías fundamentales.

En cuanto al fondo del asunto, la recurrida explica que la Resolución Exenta N° NUM000 se dictó en virtud del incumplimiento de los plazos legales para la formalización de la solicitud de refugio.

Al respecto, fundamenta que la Ley N° 20.430 y su Reglamento establecen que la solicitud debe presentarse al ingreso al país o dentro de un plazo razonable, exigiendo el cumplimiento de cargas procesales por parte del interesado. En este caso, argumenta que la recurrente no cumplió con los requerimientos previstos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837, en relación con el artículo 26 de la citada ley, lo que faculta a la autoridad para tener por desistida la solicitud.

El Servicio detalla que con fecha 18 de agosto de 2025, la parte recurrente manifestó ante esa autoridad migratoria, su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, por lo que, mediante Oficio Ordinario de esa misma fecha, se cita a la extranjera recurrente, a fin de concurrir a realizar el trámite inicial de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado para el día 24 de septiembre de 2025.

Agrega que, verificados los requisitos formales, con fecha 18 de marzo de 2025 (sic), mediante Resolución Exenta N°NUM002, se notificó a la parte recurrente que la solicitud se encontraba incompleta, toda vez que carece de los requisitos formales mínimos establecidos en la legislación especial que rige la materia, esto es: “- Mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010.”

Explica que el fundamento de lo anterior es el hecho de que la extranjera declaró de forma voluntaria haber ingresado clandestinamente al país con fecha 18 de agosto de 2025, sin embargo, no presentó antecedentes suficientes que permitan acreditar el cumplimiento de los plazos señalados por la legislación especial que rige la materia, a fin de solicitar la urgente protección internacional ante la autoridad correspondiente. Por lo mismo, se otorgó el plazo de 15 días para que la extranjera subsanara su solicitud, so pena de tenerla por desistida, sin embargo, si bien esta acompañó documentos, ninguno fue suficiente para acreditar el cumplimiento de los plazos legales.

A mayor abundamiento, sostiene que el acto administrativo se encuentra debidamente motivado, cumpliendo con las exigencias de la Ley N°19.880, y que el control de frontera y la regulación de la condición de refugiado son facultades soberanas del Estado. Alega que no existe un derecho indubitado por parte de la recurrente, sino una mera expectativa de obtener un estatuto de protección, la cual se extinguió por su propia inactividad o falta de diligencia en el procedimiento administrativo.

Finalmente, la parte recurrida concluye que no se ha acreditado la vulneración del derecho de igualdad ante la ley, pues la norma se ha aplicado de forma general a todos quienes se encuentran en idéntica situación fáctica y jurídica. Por tales consideraciones, solicita que se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas, y pide adicionalmente que se decrete la reserva de las actuaciones en virtud de la sensibilidad de la materia de refugio.

TERCERO: Que, comparece doña nombre reservado de la nombre reservado, en representación del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don nombre reservado, informando al tenor del presente recurso.

En lo que respecta a la situación fáctica de la recurrente, doña nombre reservado, la institución informa que, tras consultar el Sistema de Gestión Policial (GEPOL), la amparada no registra órdenes de expulsión vigentes, así como tampoco encargos por órdenes de aprehensión, arrestos ni arraigos en su contra. De igual forma, se hace constar que la interesada no registra movimientos migratorios de entrada o salida del territorio nacional en los registros institucionales.

En relación con su estatus administrativo ante el Servicio Nacional de Migraciones, la recurrida expone que, según el sistema B-3000, consta la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 2 de octubre de 2025, mediante la cual la autoridad administrativa determinó que la ciudadana no cumple con los requisitos formales para la obtención de refugio.

En cuanto al sustento jurídico de su defensa, la Policía de Investigaciones sostiene su falta de legitimación pasiva o de responsabilidad en los hechos impugnados, invocando el artículo 19 de la Ley N° 20.430. Al respecto, señala que el ordenamiento jurídico vigente dispone que el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado es una facultad privativa del Ministerio del Interior, la cual se ejerce a través de una resolución del Subsecretario del Interior, previo informe de la Comisión correspondiente.

En consecuencia, la autoridad informante argumenta que no corresponde a la Policía de Investigaciones de Chile resolver sobre el reconocimiento de la condición de refugiado, careciendo de facultades legales para intervenir en dicho procedimiento administrativo.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, a partir de lo expuesto, se aprecia con claridad que el hecho que la recurrente califica como ilegal y arbitrario consiste en la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 2 de octubre de 2025, que resuelve tener por desistida a la recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado por no presentar antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Reglamento de la Ley N° 20.430 de acuerdo con lo establecido por el artículo 26 de la Ley 20.430.

SEXTO: Que el artículo 26 inciso quinto de la Ley N°20.430 dispone que "la solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional". Por su parte, el artículo 35 del Decreto N°837, que establece el reglamento de la Ley N°20.430, dispone que "los extranjeros que hubiesen ingresado en forma clandestina, indocumentada o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona podrán solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8°, inciso primero, de este reglamento".

Por su parte, el artículo 8° inciso primero señala que los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello.

SÉPTIMO: Que, si bien la actora reconoce en su libelo que ingresó a territorio nacional el 13 de agosto de 2025, especifica que lo hizo por paso no habilitado y que su declaración voluntaria la realizó al día siguiente, no consta antecedente alguno en estos autos que se cuenta de la efectividad de la época de ingreso al territorio nacional, lo que imposibilita la comprobación del cumplimiento de los plazos establecidos por la ley.

De esta manera, resultando aplicable lo dispuesto en las normas indicadas en el fundamento anterior, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, esta Corte estima que el proceder del recurrido se encuentra debidamente ajustado, tanto a las disposiciones de la Ley N°20.430, como a su Reglamento, atendido que la recurrente no dio cumplimiento a lo requerido en el plazo que le fue concedido, sin que se advierta que la actuación del recurrido sea ilegal o arbitraria, motivo por el cual el presente arbitrio no se encuentra en condiciones de prosperar, debiendo ser rechazado.

OCTAVO: Que, en efecto, conforme al mérito de las alegaciones de las partes y antecedentes acompañados, es posible establecer que, una vez presentada la solicitud, al no cumplir la solicitud con los requisitos legales, la autoridad otorgó a la actora un plazo de 15 días hábiles para subsanarla, todo, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 lo cual se materializó mediante la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 2 de octubre de 2025, con la finalidad de que se acompañen los antecedentes que permitan subsanar las situaciones descritas en cuanto a los requisitos formales requeridos para iniciar la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, lo que finalmente no aconteció, por lo que conforme al artículo 31 de la Ley N°19.880 y habiéndosele intimado previamente el apercibimiento, correspondía poner término al procedimiento teniéndola por desistida de su solicitud, pues, como se indicó, no acompañó la documentación mínima que establece el ordenamiento jurídico para dar curso a este tipo de solicitudes.

NOVENO: Que, por lo antes razonado, debe concluirse que la negativa de la recurrida a dar tramitación a la solicitud de refugio, y declarar posteriormente su desistimiento, no constituye un acto ilegal ni denota una arbitrariedad en el actuar de la autoridad administrativa, de lo que se sigue que no se configura en la especie la vulneración de las garantías constitucionales invocadas en el recurso, motivos que conllevan al rechazo del arbitrio.

DÉCIMO: Que, por otra parte, no se explica ni se desprende de las alegaciones de la parte recurrente, ni de los antecedentes expuestos en la presente acción cautelar, de qué manera se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso.

En efecto, no se ha acreditado que alguna persona, en condiciones similares a las de la protegida, haya recibido un trato desigual. En consecuencia, no se ha demostrado que la resolución impugnada haya privado, perturbado o amenazado a la recurrente en el ejercicio de alguno de sus derechos fundamentales.

UNDÉCIMO: Que, al tenor de lo razonado precedentemente, y no advirtiendo esta Corte un acto arbitrario o ilegal de parte del Servicio Nacional de Migraciones, procede el rechazo del presente arbitrio.

Por estas razones y visto, además, los dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado contra el Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de ministra (S) señora Laura Assef N°Protección-23599-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner, e integrada, además, por la ministra (S) señora Laura Assef Monsalve y el ministro (S) señor Daniel Aravena Pérez. No firman los ministros (S) señora Laura Assef Monsalve y el señor Daniel Aravena Pérez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones.