Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el Teniente Coronel del Ejército de Chile don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Director de la nombre reservado del Ejército, por haber incurrido, en actos ilegales y arbitrarios consistentes en la demora injustificada en la resolución de una Investigación Sumaria Administrativa, además de haber certificado ilegalmente que dicha investigación se encontraría a la espera del pronunciamiento de la Comisión de Sanidad, organismo que carecería de atribuciones para pronunciarse al respecto.

Considera dichas actuaciones ilegales y arbitrarias, ya que se habrían adoptado fuera de los plazos legales y con extralimitación de atribuciones, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y al debido proceso que los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se dejen sin efecto los actos recurridos en los términos que se dirán.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene al Director de la nombre reservado resolver sin más dilación la Investigación Sumaria Administrativa; y se disponga el cese de las certificaciones que vinculan ilegalmente dicha investigación al pronunciamiento de la Comisión de Sanidad.

En cuanto a los hechos, el recurrente refiere que inició su carrera militar el 13 de febrero de 2001, desarrollando una extensa y destacada trayectoria en diversas unidades e institutos del Ejército de Chile, incluyendo misiones de paz en el extranjero, docencia en la Escuela Militar y estudios en la nombre reservado, donde obtuvo el título de Oficial de Estado Mayor. Con fecha 8 de agosto de 2022, mientras cumplía comisión de servicio en la ciudad de Iquique y se desplazaba como peatón hacia su alojamiento, fue atropellado por un vehículo cuyo conductor registraba una concentración de alcohol en sangre de 1,55 g/L. A consecuencia del impacto, sufrió lesiones que fueron inicialmente subvaloradas, confirmándose posteriormente una fractura no desplazada del muro anterior del acetábulo derecho, un desgarro de espesor completo del manguito rotador y diversas lesiones asociadas. Lo anterior derivó en dos intervenciones quirúrgicas - de hombro derecho en noviembre de 2022 y de cadera derecha en julio de 2023 -, hospitalización psiquiátrica por trastorno adaptativo, y un cuadro clínico de artrosis degenerativa avanzada, calificado por sus médicos tratantes como crónico, irreversible e incapacitante, con pronóstico grave y declaración de no aptitud para la vida militar.

En este contexto, la Investigación Sumaria Administrativa instruida con ocasión del accidente de servicio lleva más de tres años sin resolverse, habiendo el Director de la nombre reservado certificado el 9 de octubre de 2025 que aquélla se encontraría en espera del pronunciamiento de la Comisión de Sanidad, organismo que, a juicio del recurrente, no posee atribuciones para pronunciarse sobre si un accidente ocurrió o no en acto de servicio.

En cuanto al derecho, el recurso invoca la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, especialmente sus artículos 23, 27, 35, 41 y 52, relativos al cumplimiento de plazos, al plazo máximo de seis meses para los procedimientos administrativos, al derecho a la prueba, al contenido fundado de las resoluciones y a la irretroactividad de los actos administrativos, todos los cuales habrían sido vulnerados por los recurridos.

En lo que concierne a la afectación constitucional, afirma que los actos impugnados vulneran las garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso con templados en los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, requerido para informar, el Director de la nombre reservado del Ejército evacúa el informe correspondiente solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por carecer de fundamento fáctico y jurídico.

En cuanto a los hechos, el recurrido sostiene, en primer término, que el acto atribuido al Director de la nombre reservado no existe como tal. Señala que el único antecedente invocado por el recurrente corresponde a una comunicación interna del Fiscal Instructor de la Investigación Sumaria Administrativa, quien, en el ejercicio de sus atribuciones reglamentarias, indicó la necesidad de contar con el informe de la Comisión de Sanidad del Ejército para continuar la tramitación del sumario, siendo dicha comunicación de naturaleza meramente informativa, sin efectos decisorios ni vinculantes. Agrega que el certificado impugnado fue emitido por el nombre reservado, TTE. nombre reservado

Navarrete, consignando únicamente el estado de tramitación de la Investigación Sumaria Administrativa, sin emanar del Director ni contener decisión alguna que altere la situación jurídica del recurrente.

En lo que respecta al desarrollo del procedimiento sumarial, el informe detalla que la Investigación Sumaria Administrativa fue instruida mediante resolución de fecha 21 de abril de 2023, luego de que en un primer momento, por resolución fundada de fecha 1° de septiembre de 2022, se determinara que el accidente no había ocurrido en un acto determinado del servicio. Posteriormente, el procedimiento experimentó diversas etapas debidamente formalizadas, incluyendo reaperturas fundadas, controles jerárquicos por parte de la División de Personal del Ejército, cambios de fiscal y diligencias sucesivas, todo lo cual acredita, a juicio del recurrido, que el procedimiento no ha experimentado períodos de inactividad injustificada, sino que se ha tramitado de manera continua conforme a la normativa aplicable.

En cuanto al derecho, el informe invoca los artículos 229 letra b) y 234 del DFL N°1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, que confieren a la Comisión de Sanidad del Ejército atribuciones exclusivas y excluyentes para pronunciarse sobre el estado de salud del personal y su aptitud para continuar en servicio activo, siendo dicho informe un trámite previo obligatorio e indispensable para que la autoridad competente pueda resolver la investigación. Asimismo, cita el artículo 1° y el artículo 7° inciso 2° del Decreto Supremo N° 87 de 2005, Reglamento de la Comisión de Sanidad del Ejército, que refuerzan el carácter de elemento de juicio que tienen los informes de dicha Comisión. En materia jurisprudencial, cita dictámenes de la Contraloría General de la República N° 46.862/2016, 86.579/2016 y 39.248/2017, según los cuales los plazos administrativos no son fatales y su vencimiento no implica caducidad del procedimiento, mientras exista actividad administrativa continua. Añade que la eventual demora en la tramitación obedece, precisamente, a la multiplicidad de diligencias, impugnaciones y solicitudes formuladas por el propio recurrente.

Respecto de las garantías constitucionales invocadas, el informe sostiene que no existe relación causal entre las actuaciones de la nombre reservado y la afectación de los derechos contemplados en los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que no hay acto ilegal ni arbitrario que produzca privación, perturbación o amenaza actual de dichas garantías.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, el acto impugnado consiste, de acuerdo con el recurso, en el actuar ilegal y arbitrario atribuido a la nombre reservado del Ejército y a su Director, consistente en demorar ilegalmente la resolución de la Investigación Sumaria Administrativa instruida con motivo del accidente de servicio sufrido por el recurrente el 08 de agosto de 2022, esto es, por más de tres años.

Asimismo, se denuncia la vulneración del debido proceso al haberse certificado, con fecha 09 de octubre de 2025, que la referida investigación se encuentra “en espera del pronunciamiento de la Comisión de Sanidad del Ejército CSE”, pese a que -según sostiene el actor- dicha Comisión carece de facultades y atribuciones para pronunciarse acerca de si el accidente ocurrió o no en acto de servicio.

QUINTO: Que al respecto resultan ser hechos no controvertidos para el conocimiento del presente arbitrio constitucional: a) Que el recurrente sufrió un accidente con fecha 08 de agosto de 2022, mientras cumplía una comisión de servicio en la ciudad de Iquique, al ser atropellado por un vehículo motorizado mientras se desplazaba como peatón hacia la “Casa de Huéspedes Granaderos”, resultando con diversas lesiones que motivaron posteriores atenciones y tratamientos médicos. b) Que, con ocasión de dicho accidente, el 21 de abril de 2023 se instruyó una Investigación Sumaria Administrativa destinada a determinar si las lesiones sufridas por el actor correspondían a un accidente en acto de servicio, procedimiento que tuvo como antecedente una resolución de fecha 01 de septiembre de 2022 del Director de la nombre reservado, relativa al mismo evento. c) Que, durante la tramitación de la referida investigación administrativa, se dispusieron diversas diligencias y actuaciones, entre ellas la incorporación de antecedentes médicos, ampliaciones de la investigación, reaperturas del procedimiento y solicitudes de informes a la Comisión de Sanidad del Ejército. d) Que, a la fecha de interposición del presente recurso, la Investigación Sumaria Administrativa aún se encontraba en tramitación y pendiente de resolución definitiva.

SEXTO: Que, en el aspecto normativo, si bien resulta efectivo -conforme informa la recurrida- que la norma del artículo 234 del DFL N°1 de 1997, que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, confiere a la Comisión de Sanidad de cada Institución la facultad exclusiva para realizar el examen físico y psíquico del personal, además de determinar su capacidad para continuar en el servicio o la clase de inutilidad que pudiere corresponderle, lo cierto es que tanto los actos que integran el procedimiento administrativo y los informes cuya incorporación se ordena, como aquellos que la mencionada Comisión deba evacuar, deben ajustarse a los plazos que la ley contempla para la tramitación de los procedimientos administrativos. De otra manera, se vulnera el principio de celeridad recogido de manera general por el legislador en el artículo 7 de la Ley N°19.880, y materializado, en cuanto a la duración de los procedimientos, en su artículo 27.

En efecto, el citado artículo 27 establece que: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. Aun en la hipótesis de que el referido plazo no tuviere el carácter de fatal, lo cierto es que su incumplimiento por un período tan prolongado como el que acontece en el presente caso -que se extiende por casi tres años- carece, a juicio de esta Corte, de toda razonabilidad, por cuanto esta dilación injustificada vulnera los principios de celeridad y conclusividad que deben regir la actuación de la Administración en beneficio del administrado, configurándose así un proceder ilegal que ciertamente no puede justificarse en la circunstancia invocada por la recurrida, consistente en la necesidad de contar con un informe de la Comisión de Sanidad del Ejército, desde que tal circunstancia no resulta suficiente para explicar una extensión temporal de la magnitud observada en autos, máxime si correspondía a la autoridad administrativa adoptar las medidas necesarias para impulsar y concluir oportunamente el procedimiento.

SÉPTIMO: Que la dilación de la recurrida en la conclusión y decisión de la investigación sumaria, en el caso particular de autos, debe ser calificada de ilegal y arbitraria, por cuanto vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, desde que importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros funcionarios sometidos a procedimientos sumariales que, encontrándose en una situación jurídica equivalente, han podido obtener una decisión en la investigación disciplinaria respectiva, recibiendo una respuesta formal que contenga el pronunciamiento terminal pertinente respecto de la situación que los afecta.

Asimismo, la prolongación excesiva e injustificada del procedimiento administrativo importa mantener al actor en un estado de incertidumbre respecto de la determinación definitiva de su situación funcionaria, lo que resulta incompatible con el deber de la Administración de resolver oportunamente los asuntos sometidos a su conocimiento, dentro de un plazo racional y prudente Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de don nombre reservado, en contra del señor Director de la nombre reservado del Ejército, sólo en cuanto se dispone que la autoridad recurrida deberá concluir el procedimiento disciplinario, en el término de sesenta días, contado desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redactada por el ministro (s) Daniel Aravena Pérez.

N° Protección-23574-2025 Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Patricio Martínez Benavides, el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez y el Abogado Integrante señor Nicolás Stitchkin López.

En Santiago, cuatro de junio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.