nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION SUPERIOR

C.A. de Santiago Santiago, seis de junio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Comparece nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la no reincorporación al Instituto Profesional AIEP, del cual fue expulsado por ser una persona con trastorno de espectro autista – TEA -, actuación que considera contraria a los derechos consagrados en los numerales 2°, 3° y 11° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que por estos hechos realizó un reclamo a la Superintendencia de Educación Superior, el cual quedó registrado bajo el código 2024-03555.

Relata que la recurrida dictaminó llevar a efecto una mediación, la que tenía por objeto que el instituto lo reincorpora a la carrera de Técnico Deportivo, sin embargo, el instituto no lo reincorporó, quedando además disconforme con los puntos sometidos a la mediación.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, sea reincorporado al instituto profesional AIEP, por cuanto se le han vulnerado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, libertad de enseñanza y derecho a no ser discriminado arbitrariamente.

SEGUNDO: Que la SUPERINTEDENCIA DE EDUCACIÓN evacuó informe, solicitando el rechazo del arbitrio.

Señala, en primer término, que por los mismos hechos el recurrente con fecha el 23 de septiembre de 2024 ya interpuso ante esta misma Corte de Apelaciones un recurso de protección en contra del INSTITUTO PROFESIONAL AIEP, el cual quedó registrado bajo el Rol de ingreso N°19.666-2024, siendo rechazado por sentencia de fecha 28 de abril de 2025, encontrándose actualmente con apelación pendiente ante la Excma. Corte Suprema.

Refiere, en cuanto a la situación académica del recurrente, que éste fue alumno de la carrera de Técnico Deportivo del Instituto Profesional AIEP durante el año 2023 y primer semestre de 2024, siendo objeto de tres procesos disciplinarios instruidos por la institución de educación superior, siendo en el contexto del último de estos en que se le aplicó la medida de expulsión.

Sostiene que el primero de estos procesos se inició con ocasión de una denuncia en su contra por violencia psicológica, hostigamiento reiterado, comportamiento obsesivo y amenazas, todos hechos ocurridos en el primer semestre de 2023. Agrega que dicha denuncia fue presentada por la psicopedagoga de la Sede AIEP Barrio Universitario, quien atendía al estudiante de acuerdo con las necesidades especiales que requería. Sin embargo, se optó por desestimar la denuncia y adoptar medidas de apoyo en favor del estudiante, a fin de permitirle continuar con sus estudios, medidas que consistieron en que el estudiante no debía concurrir nuevamente a una consulta con la denunciante ni acercarse o merodear su lugar de trabajo para evitar futuros problemas, sin perjuicio de poner a su disposición apoyo a través de la psicopedagoga de la Sede AIEP Maipú.

Sin embargo, pese a las medidas adoptadas por la institución, afirma que las conductas obsesivas del estudiante habrían persistido, así como también la mala relación con todos los colaboradores de la sede; hechos que derivaron en la presentación de una segunda denuncia, esta vez por parte del Director de la Sede AIEP Barrio Universitario y de la Jefa de Escuela de la misma, proceso en que el investigador determinó que el estudiante denunciado incurrió en conductas contrarias a las normas de comportamiento de AIEP por existir antecedentes de violencia psicológica y de palabra en contra de distintos miembros de la comunidad educativa, que configurarían faltas gravísimas contempladas en la normativa interna de AIEP, consistentes en realizar actos de violencia psicológica, de hecho o de palabra, contra cualquiera de los miembros de la comunidad institucional e incurrir en conductas injuriosas, calumniosas o que constituyan insultos graves en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa y, en atención a las faltas constatadas, en el segundo proceso se dispuso la suspensión de clases del recurrente por el resto del semestre, pero se le permitió rendir sus evaluaciones.

Finalmente, agrega que durante el primer semestre de 2024, en el contexto del apoyo psicológico brindado por la institución de educación superior a favor del recurrente, el Sr. nombre reservado incurrió por tercera vez en actos inadecuados de hostigamiento, esta vez dirigidos hacia una de las psicólogas. La institución realizó un tercer proceso disciplinario, que culminó con la expulsión del estudiante a contar del término del primer semestre de 2024, pasando por las etapas de apelación ante el Tribunal de Comportamiento y solicitud de gracia ante la Rectora, instancias en que se confirmó la decisión adoptada.

Afirma que, tras la expulsión, el Sr. nombre reservado ha realizado intentos por convalidar las asignaturas cursadas y matricularse en la Universidad de las Américas, pero no ha tenido éxito por sus antecedentes disciplinarios y de convivencia.

Expone que el recurrente ha ingresado ante la Superintendencia de Educación Superior, desde el 15 de noviembre de 2023 hasta el 11 de diciembre de 2024, un total de 33 presentaciones, de las cuales, 22 corresponden a reclamos y 11 a denuncias, las que en su mayoría se relacionan con su expulsión del Instituto Profesional AIEP y, en menor medida, con su intento frustrado de convalidar estudios y matricularse en la Universidad de Las Américas, entre otros temas de convivencia y maltrato.

Asevera que el estudiante aún mantiene en tramitación la Denuncia 2024-02396, que fue derivada a la División de Supervisión de dicha Entidad de Control y que, la fiscalizadora designada se encuentra realizando sendas acciones de fiscalización en orden a determinar si la expulsión realizada se ajustó a la normativa que rige a la institución de educación superior, teniéndose especialmente presente lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N°21.545 (Ley TEA), que establece el deber de las instituciones de educación superior de realizar los ajustes necesarios para que las personas con trastorno del espectro autista cuenten con mecanismos que faciliten el desarrollo de su proceso formativo.

Destaca que en caso de constatarse alguna eventual infracción, los antecedentes serán derivados a la Fiscalía de la Superintendencia para la instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio respectivo, que podría terminar con la aplicación de alguna de las sanciones contempladas en el artículo 57 de la Ley N°21.091, esto es, amonestación o multas.

Reitera que este Servicio carece de competencia para compeler a Instituto AIEP a reincorporar al estudiante, incluso si lo estimara procedente en derecho.

Hace presente que, además, el estudiante mantiene en tramitación el Reclamo 2024-04923, en cuyo contexto se notificó a las partes el inicio de un procedimiento de mediación a través de la Resolución Exenta 686 de 16 de diciembre de 2024, a fin de proponer como base de acuerdo – una vez más – la reincorporación del recurrente al Instituto AIEP, sin perjuicio de que esta solución ya fue propuesta en el reclamo objeto del recurso, y que finalmente no prosperó.

Por último, asegura que ha obrado conforme a derecho, sin cometer arbitrariedades ni ilegalidades, y que tampoco ha vulnerado los derechos constitucionales invocados por el recurrente.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que conforme es posible colegir del tenor del arbitrio de marras, lo que impugna el recurrente es su “expulsión definitiva” de la carrera de Técnico Deportivo del Instituto Profesional AIEP, decisión por la cual presentó, entre otros, el reclamo N°2024-03555 ante la Superintendencia de Educación Superior, dentro de cuyo procedimiento se realizó un proceso de mediación que tenía por objeto que el instituto lo reincorpora a la carrera de Técnico Deportivo, gestión que no prosperó, quedando el recurrente, además, disconforme con los puntos que fueron sometidos a la mediación.

QUINTO: Que a juicio de esta Corte el hecho que motiva la interposición de la presente acción de protección, conforme al tenor del recurso, no es la actuación de la Superintendencia de Educación Superior en la tramitación de los diferentes reclamos que ha deducido el recurrente, y, particularmente, aquel signado con el N°2024-03555, sino la decisión del Instituto Profesional AIEP de expulsarlo definitivamente en el contexto de un tercer proceso disciplinario instruido en su contra, incoado por diversas denuncias de convivencia y maltrato hacia miembros de la comunidad educativa del instituto profesional.

SEXTO: Que resulta ser efectivo que el recurrente ya había deducido un recurso de protección por los mismos hechos, pero en contra del Instituto Profesional AIEP, cual fue rechazado por esta Corte de Apelaciones mediante sentencia de fecha 28 de abril de 2025, dictada en los autos Ro N°19.666-2024.

En la tramitación del citado recurso se tuvo en consideración los antecedentes de los tres procesos disciplinarios instruidos en contra del estudiante, los cuales tuvieron como antecedentes una serie de conductas desplegadas por el actor que afectaban la convivencia institucional, algunos de los cuales fueron calificados como maltrato hacia miembros de la comunidad educativa, justificando la recurrida en dicha causa su decisión de expulsarlo “por la conducta destemplada, injuriosa, amenazante y riesgosa para la comunidad educativa de AIEP, ejercida por el actor”, aspectos que nada tienen que ver con que el actor sea una persona con trastorno de espectro autista – TEA – como de desliza en la redacción del recurso.

SÉPTIMO: Que así entonces, se evidencia que el acto que a entender del recurrente amenaza las garantías constitucionales que denuncia amagadas no provienen de actuaciones de la Superintendencia de Educación, sino del Instituto Profesional AIEP.

Luego, el hecho que realmente motiva la interposición del presente recurso de protección ya fue conocido y resuelto por esta Corte de Apelaciones, desestimándose la acción del recurrente por estimarse que su expulsión no adoleció de ilegalidad o arbitrariedad alguna, puesto que se ajustó estrictamente a lo dispuesto en los artículos 9° N°1 y 10 letra c) de la Normas de Comportamiento de los Estudiantes del Instituto Profesional AIEP, que consigna como como “faltas gravísimas” realizar actos de violencia física o psicológica, de hecho o de palabra, contra cualquier miembro de la comunidad, conducta que se encuentra sancionada con medidas que van desde la suspensión de uno o dos semestres hasta la expulsión del estudiante, habiendo acontecido esto último respecto del recurrente.

OCTAVO: Que entonces, conforme a lo que se ha venido desarrollando, la judicatura ya revisó la decisión del Instituto Profesional AIEP de expulsar al alumno nombre reservado, descartando cualquier ilegalidad o arbitrariedad en su adopción, pues consideró que tal decisión se adoptó como resultado de un tercer proceso disciplinario seguido en su contra, en estricta aplicación del contrato de prestación de servicios educacionales y de la normativa interna de la institución.

Luego, en cuanto a las actuaciones de la Superintendencia de Educación, esta Corte concluye que la mencionada entidad tampoco ha incurrido en ilegalidad y arbitrariedad con motivo de la tramitación del reclamo N°2024-03555, pues se ha verificado que esta ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, no encontrándose entre sus facultades la de compeler o disponer la reincorporación del estudiante, descartándose, además, que la sanción impuesta tenga como antecedente la circunstancia de que el recurrente sea una persona con trastorno de espectro autista – TEA –.

NOVENO: Que en conclusión, resulta palmario que la actuación que por esta vía se impugna no adolece de ilegalidad o arbitrariedad alguna, dado que la recurrida ha actuado conforme a sus atribuciones, agotando las vías de solución del conflicto sometido a su conocimiento, mediante sendas mediaciones y fiscalizaciones, pero, efectivamente careciendo de atribuciones para poder compeler al Instituto Profesional AIEP a reintegrar al recurrente como alumno del mismo, motivos por los cuales se desestimará del recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Educación Superior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Jorge Gómez Oyarzo.

N° Protección 23.574-2024.

Pronunciada por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Hernán Crisosto Greisse e integrada, además, por la ministra (S) señora Paola Díaz Urtubia y el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.