Protección contra Prefectura Central de Carabineros

C.A. de Santiago Santiago, tres de marzo de dos mil veinticinco.

Al folio 11, A lo principal, téngase presente. Al otrosí, como se pide.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece Carlos Lorenzo Vera Toro, abogado, en representación de nombre reservado, ex funcionario de Carabineros, quien interpone recurso de protección en contra de la Prefectura Central de Carabineros, representada por el Coronel nombre reservado, por haber dictado el Acto Administrativo de Resolución Exenta Nº22, de fecha 19 de noviembre de 2024, mediante el cual dispuso la "BAJA DE LAS FILAS DE LA INSTITUCIÓN, POR nombre reservado, CON EFECTOS INMEDIATOS", del funcionario recurrente, en conformidad al artículo 127 Nº4 letra a) inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros Nº8; actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que habría sido adoptada sin que concurran los presupuestos que la norma exige, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, integridad psíquica, debido proceso administrativo y derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se acoja el recurso y se ordene la reincorporación del funcionario a la institución.

Expone que el funcionario afectado, de grado Cabo 1° de Carabineros, es de estado civil casado y prestaba servicios en la 3ra. Comisaría de Carabineros Santiago Central como su última destinación al momento de su destitución. Contaba con 17 años y seis meses de servicios efectivos, con una trayectoria institucional destacada, habiendo sido calificado siempre en Lista Uno de Méritos, lo que debe considerarse como una conducta muy calificada, antecedentes que la recurrida no habría considerado al momento de disponer su expulsión de la institución.

Relata que los hechos que motivaron la baja fueron remitidos mediante documento electrónico N.C.U. 218460665, de fecha 18 de noviembre de 2024, por parte de la Zona de Carabineros Santiago Oeste, mediante el cual se da cuenta de hechos que involucran a su representado, sin contar con los antecedentes ni tener acceso a ellos. Asimismo, indica que el Oficio N°206, de misma fecha, de la Subdirección de Asuntos Internos de Carabineros, mediante el cual se da cuenta de hechos que involucran a su representado, de los cuales no se tiene información.

Sobre el reporte de información N°2836, realizado a través del Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, involucra a su representado, del cual sólo se tiene información que "...Estaría efectuando trabajos de seguridad en un local de tragamonedas, ubicado en domicilio reservado, de la comuna de Santiago...".

Señala que, acorde al reporte entregado por Asuntos Internos de la Contraloría General de Carabineros, se ejecutaron gestiones orientadas a la detección e investigación de circunstancias que pudieran constituir vulneraciones a las normativas legales relacionadas con la probidad administrativa. Para esto, personal de Asuntos Internos se constituyó el 13 de noviembre de 2024 en el Local Comercial denominado "Zhenmiing Lu E.I.R.L.", ubicado en domicilio reservado, lugar donde encontraron a su representado realizando labores de atención al público. Al ser entrevistado, el señor nombre reservado manifestó que en su tiempo libre realiza labores de atención de público debido a que maneja el idioma chino mandarín, y que dichos trabajos son remunerados con un valor de $20.000 sin contrato vigente.

Destaca que las indagaciones realizadas por personal de Asuntos Internos señalan en su informe que los hechos deben ser investigados o elevados a Sumario Administrativo, debido a que la versión entregada al personal de Asuntos Internos no reúne los requisitos de plena prueba ni existe confesión por parte de su representado, ni se configura de conformidad al Reglamento de Sumarios Administrativos N°15, en su artículo 57° en el sentido que reunirá plena prueba si es prestada ante el Fiscal Ad Hoc y el Secretario, además, sea prestada libre y conscientemente y que el hecho confesado sea posible y aun verosímil atenidas las circunstancias y condiciones personales del inculpado.

Indica que el día 19 de noviembre de 2024, su representado fue notificado que se encontraba dado de baja de la Institución por existir un reclamo, y además se le notificó que debía hacer entrega del cargo fiscal, placa de servicio y tarjeta de Medicina Curativa.

Que los hechos que dieron origen al procedimiento administrativo materia de autos, por el cual se procedió a la destitución y baja de las filas de la Institución del funcionario recurrente, dicen relación con motivos que supuestamente se acreditarían con la confesión de su representado, al señalar que estaba trabajando en forma remunerada en el local "Zhenmiing Lu Eirl", situación anterior que se alejaría totalmente de la realidad, atendido que el funcionario recurrente no ha cometido ni reconoce ningún acto que atente contra la probidad administrativa. La situación de encontrarse en el lugar obedece única y exclusivamente a que estudia el idioma chino mandarín y es de vital importancia hablar el idioma con los ciudadanos chinos, quienes le aportan conocimiento para sus aspiraciones.

A juicio del recurrente, la apresurada decisión de la recurrida adolecería de los requisitos fácticos necesarios que servirían como antecedentes demostrables y objetivos que no pusieran en duda los hechos denunciados. Sostiene que para tomar tan drástica resolución, mal se puede disponer una decisión de esta naturaleza, atendido que la norma dispuesta del artículo 127 que fuera aplicada para disponer la "Baja" del funcionario recurrente, requiere como requisito esencial entre otros, que el funcionario "reconozca o confiese los hechos por los cuales se le está imputando una falta grave, que amerita la aplicación de esta medida expulsiva", situación que no se cumpliría en la especie ya que la declaración o indagación que se realizó como confesión, no reúne los requisitos de plena prueba.

Que la resolución impugnada adolecería de la motivación necesaria para que pueda ser válida como acto administrativo de esta naturaleza, pues pudo ordenar una Investigación/Sumario Administrativo con la finalidad de establecer la realidad y veracidad de los hechos materia de autos, no obstante, se procedió a aplicar una medida administrativa extrema, que sólo está reservada para casos excepcionales, conforme Instrucciones del Alto Mando Institucional en documento Electrónico NCU N°65476951, de fecha 24.06.2015, de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros.

En cuanto al derecho, sostiene que la resolución que se impugna que dispone la Baja de las filas de la Institución de su representado, por nombre reservado, con efectos inmediatos, adolece de los antecedentes necesarios señalados por la citada norma, lo que haría del citado acto uno ilegal y además arbitrario. Argumenta que se ha dictado sin que concurran los presupuestos que la referida norma exige, en lo principal que el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, así, no se habría cumplido con la debida motivación, razonabilidad y proporcionalidad con que debe estar revestida una medida administrativa de esta naturaleza.

Indica que en la misma resolución se dispone que el funcionario recurrente queda desvinculado de las filas de Carabineros de Chile y que desde esa data no tiene derecho a percibir las remuneraciones del empleo en actividad, adjudicándose atribuciones que la reglamentación ni la ley le han otorgado, al disponer de las remuneraciones del funcionario recurrente, lo que vulneraría además el derecho de propiedad sobre las remuneraciones del empleo, contraviniendo los Artículos 6 y 7° de la Constitución Política de la República.

Argumenta que la facultad para disponer la baja inmediata de un funcionario de Carabineros es una facultad reglada, no discrecional, y que, si siendo reglada se ejerce como discrecional, se transforma en un acto arbitrario o ilegal. Explica que en la especie, la recurrida al dictar la Resolución Exenta en cuestión, no ha cumplido con los presupuestos que requiere el artículo 127, N°4, letra a), del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal N° 8, esto es, la exigencia que dicha facultad queda reservada para la comisión de faltas graves de tal naturaleza o entidad que lesionen gravemente la moralidad funcionaria o el prestigio de la Institución, el sistema jerárquico o disciplinario que lo hagan merecedor de esta medida. Además, agrega, deben concurrir los requisitos copulativos: 1) que esta fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, 2) el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente; hecho que en la especie no concurriría atendido que el funcionario recurrente si bien fue entrevistado por personal de Asuntos Internos, su declaración no reúne plena prueba ni menos se puede definir como hechos confesados.

Sostiene que el actuar de la recurrida no se ha ceñido al marco normativo, ya que no han considerado los presupuestos enumerados ni las circunstancias propias del caso para imponer tan gravosa y excepcional medida disciplinaria. Argumenta que, de los antecedentes, si bien es razonable que exista una necesidad de investigar administrativamente los hechos, la baja inmediata es una medida extrema del todo desproporcionada, que no tendría ningún sustento, lo que denota que el actuar de la recurrida, además de precipitado, fue arbitrario.

En cuanto a la la vulneración de garantías constitucionales se produce en relación al Derecho de igualdad ante la ley, pues este derecho se ve conculcado ante la acción arbitraria e ilegal que genera privación del mismo, cuando la institución policial ha tenido un trato distinto en situaciones similares o incluso más gravosas; al Derecho a la integridad psíquica al quedar injustamente desempleado el recurrente, perdiendo todos sus derechos en su calidad de funcionario público en actividad, para afrontar su vida personal, familiar y compromisos económicos planificados, lo que sin duda ha ocasionado un pesar emocional que afecta su integridad psíquica; al Derecho al debido proceso administrativo, al contravenir la igualdad en la protección de los derechos y la presunción de inocencia; y al Derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, ya que Carabineros de Chile, al imponer primeramente el castigo y después investigar, habría actuado como una comisión especial que no respetó el debido proceso.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la Resolución Exenta Nº22, de fecha 19 de noviembre de 2024, dictada por la recurrida Prefectura Santiago Central, es ilegal y arbitraria; que la recurrida deberá proceder a dictar la Resolución Administrativa pertinente a fin de restablecer los derechos del recurrente, disponiendo su rehabilitación en su calidad de funcionario, siendo reincorporado a sus funciones profesionales y policiales, sin perjuicio de disponer la instrucción del proceso administrativo correspondiente; y que se condene a la recurrida al pago de las costas del recurso.

SEGUNDO: Que se evacuó informe por parte del Prefecto de la Prefectura Santiago Central, coronel de Carabineros don nombre reservado, dando cuenta de los antecedentes que motivaron la dictación de la Resolución Exenta N°22, de fecha 19 de noviembre de 2024, que dispone la baja de las filas de la institución por nombre reservado, con efectos inmediatos del ex Cabo 1° nombre reservado.

Informa que conforme al Reporte de Información N°2836, realizado a través del Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, se dio cuenta que el funcionario recurrente, de dotación de la 1ra. Comisaría Santiago y en Comisión de Servicio en la 3ra. Comisaría Santiago, estaría efectuando trabajos de seguridad en un local de tragamonedas ubicado en domicilio reservado de la comuna de Santiago. A raíz de lo anterior, la Subdirección de Asuntos Internos, dependiente de la Contraloría General de Carabineros, ejecutó las gestiones orientadas a la detección e investigación de circunstancias que pudieran constituirse en vulneraciones a las normativas legales relacionadas con la probidad administrativa, constituyéndose personal de Asuntos Internos el día 13 de noviembre de 2024 en el local comercial denominado "Zhenmiing Lu Eirl", ubicado en la dirección antes señalada, lugar en donde constató la presencia del recurrente realizando labores de atención al público.

Añade el informe que, al ser entrevistado en el mismo lugar, el cabo 1° nombre reservado manifestó que en su tiempo libre realizaba labores de atención de público, debido a que maneja el idioma chino mandarín, y que dichos trabajos eran remunerados con un valor de $20.000, sin contrato vigente. Asimismo, el personal de Asuntos Internos determinó que el funcionario se encontraba con licencia médica por enfermedad de origen común, folio N°3000155863-3, desde el 12 al 15 de noviembre de 2024.

Expone que conforme a la Resolución Exenta N°22 de fecha 19 de noviembre de 2024, letra A), se resolvió aplicar la medida disciplinaria consistente en "Baja de las filas de la institución, por nombre reservado y con efectos inmediatos" al Cabo 1° nombre reservado, de dotación de la 1ra. Comisaría Santiago y en Comisión de Servicio en la 3ra. Comisaría Santiago, a contar de las 00:00 horas del día siguiente al de su notificación, en conformidad a lo establecido en el artículo 127, N°4, letra a) del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N°8, en concordancia con el artículo 25, N 9 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N°11.

La medida fue aplicada por cuanto, mientras se encontraba con licencia médica, el señalado funcionario fue sorprendido realizando trabajo remunerado consistente en atención de público en el interior del local comercial antes individualizado, incurriendo con su actuar en una conducta reprochable, vulnerando las normas que reglan el sistema y régimen disciplinario, así como el principio de probidad administrativa por no mantener una conducta funcionaria intachable, hechos de tal gravedad que determinaron que su permanencia en las filas de la institución se considerara inconveniente.

Señala que el recurrente incurrió en la falta tipificada en el artículo 22, N°1, letra k) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, que sanciona "mantener o dedicarse a negocios, empresas comerciales o cualquier otra actividad incompatible con la fiscalización que corresponda a Carabineros o que menoscabe la dignidad profesional", agravada por la circunstancia contemplada en el artículo 33, letra i) "cometerla premeditadamente", dado que en su condición de funcionario tiene pleno conocimiento que no puede realizar actividades que se encuentran bajo fiscalización de Carabineros, añadiendo que al momento de realizar dichos actos se encontraba con licencia médica.

En cuanto al derecho, invoca el artículo 1° inciso 4° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, que dispone que "derivado de las particulares exigencias que imponen la función policial y la carrera profesional, los organismos y el personal que las desarrollan, así como sus institutos de formación profesional, se ajustarán a normas jurisdiccionales, disciplinarias y administrativas que se establecen en esta ley y en la legislación respectiva".

Agrega que el personal de Carabineros de Chile se sujeta a un sistema disciplinario especial, según se desprende del artículo 44 bis de la Ley 18.961, que dispone que "el personal de Carabineros de Chile, deberá dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, consistente en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su infracción hará incurrir en responsabilidad administrativa y traerá consigo las sanciones que determine el Reglamento de Disciplina y de Sumarios Administrativos".

Expone que, en el ámbito interno, los procedimientos administrativos disciplinarios se encuentran regulados principalmente en el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N°15, y en el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N°11, estableciéndose en ellos, entre otros aspectos, la oportunidad en que el funcionario inculpado puede hacer valer sus alegaciones y defensas, así como los recursos de que puede hacer uso.

En lo concerniente a las medidas disciplinarias que pueden aplicarse a los funcionarios de Carabineros de Chile, indica que éstas se encuentran previstas en el artículo 23 del Reglamento de Disciplina N°11, que distingue entre aquellas que pueden afectar al personal de nombramiento supremo (PNS) y aquellas del personal de nombramiento institucional (PNI). Respecto de estos últimos, el artículo 23 N°2) letra e) contempla la medida administrativa de baja con efectos inmediatos por nombre reservado, la que conforme al artículo 25 N°9) del mismo reglamento, se aplicará de acuerdo con lo prescrito en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N°8, el cual en artículo 127 dispone que el personal de nombramiento institucional puede ser eliminado de la Institución por ciertas y determinadas causales, dentro de las cuales su N°4 prevé la "nombre reservado", establecida en Sumario Administrativo o por Investigación Simple, por la comisión de faltas graves de tal naturaleza o entidad que lesionen gravemente la moralidad funcionaria o el prestigio de la Institución, el sistema jerárquico o disciplinario, que lo hagan merecedor de esta medida.

Explica que, si bien la regla general es que la desvinculación de un funcionario de Carabineros de Chile debido a faltas disciplinarias se produzca luego de instruirse un sumario administrativo, en la reglamentación institucional existe, de manera excepcional, la posibilidad de desvincular a un funcionario con efectos inmediatos, y luego proceder con el respectivo procedimiento administrativo disciplinario.

Hace presente que conforme al tenor literal del artículo 127 N°4 incisos penúltimo y final del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N°8, la medida de baja con efectos inmediatos no es definitiva, sino que ella queda sujeta al resultado del proceso administrativo, el que una vez firme, produce la consolidación de los efectos que se produjeron desde la notificación de esa baja. En este sentido, invoca también la Circular N°1847 de la Subdirección General de Carabineros, de fecha 22 de mayo de 2020, sobre "Toma de razón de resoluciones de término de procesos disciplinarios con sanciones expulsivas; liberación del servicio, y aplicación de medidas administrativas".

Sostiene que la medida disciplinaria aplicada, que permite la desvinculación del recurrente antes del término del respectivo sumario administrativo, ha sido expresa y consistentemente reconocida por la Contraloría General de la República mediante su jurisprudencia administrativa, citando como ejemplo el dictamen N°16.569 de 2019, Manifiesta que la normativa citada habilitaba al jefe Subrogante de la Prefectura Santiago Central para aplicar la medida de eliminación en fecha inmediata, esto es, luego de notificada la resolución que así lo dispuso, y previo al término del sumario administrativo que corresponde instruir en conformidad al artículo 3° del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros, N°15.

Informa la autoridad recurrida que la Prefectura de Carabineros Santiago Central dispuso la instrucción de un sumario administrativo con la finalidad de que se determine el real grado de responsabilidad del personal involucrado, adoptando las medidas administrativas y disciplinarias que en su mérito corresponda, designando para tal efecto al Capitán Señor nombre reservado, de dotación de la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Santiago Central, conforme a la Orden de Sumario N°21.094/1 de fecha 20 de noviembre de 2024.

En cuanto a las garantías constitucionales que el recurrente alega como vulneradas, la recurrida estima que la medida impuesta no vulnera la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, pues el acto administrativo recurrido se ha dictado por el Superior Jerárquico dentro de la esfera de sus legítimas atribuciones y competencias, ateniéndose en todo momento a la normativa legal y reglamentaria.

Respecto a la supuesta afectación del derecho a la igualdad ante la ley garantizado en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, argumenta que lo obrado por el Prefecto no ha afectado dicha garantía, por cuanto la decisión se ha fundado en la propia reglamentación vigente de Carabineros de Chile, como consecuencia de una inconducta gravosa imputable al propio recurrente, de modo que el acto administrativo que dispuso su baja no puede ser considerado ni ilegal ni arbitrario.

Con relación a la invocada vulneración de las garantías contempladas en los incisos cuarto y quinto del artículo 19 N°3 de la Constitución Política, afirma que la medida impuesta a través de la Resolución Exenta N°22 no vulnera dichas garantías, pues dicho acto administrativo se ha dictado por la autoridad institucional competente, de conformidad a las atribuciones y facultades que le reconoce la normativa vigente. Añade que la medida impuesta no es una sanción, sino una medida administrativa fundada en hechos imputables al propio recurrente, la que puede no ser mantenida en el futuro por decisión de la autoridad administrativa que deberá resolver el sumario, constituyendo en cambio, solo una medida administrativa temporal y esencialmente condicional.

Finalmente, respecto de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, señala que éstas fueron enunciadas de manera general por el recurrente, sin que se desarrollaran ni fundamentaran de forma precisa. Sin perjuicio de ello, estima que la garantía del N°9 protege el acceso a la salud y a condiciones dignas de atención sanitaria, pero no asegura el derecho irrestricto a mantener un cargo si un funcionario incumple las normas disciplinarias de Carabineros de Chile. En cuanto a la garantía del N°24, sostiene que respecto de la titularidad de un empleo público no se configura un derecho de propiedad en el sentido de la protección de la norma referida, pues el cargo público que ostentaba el recurrente no constituye un bien patrimonial.

En consecuencia, solicita que se tenga por evacuado el informe y, en definitiva, se rechace el recurso de protección, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

CUARTO: Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria".

En este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado. Por lo mismo, se requiere la efectiva existencia de un acto ilegal, vale decir, que no se atenga a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

QUINTO: En la especie, el acto que se califica ilegal y arbitrario está constituido por la Resolución Exenta Nº22, de fecha 19 de noviembre de 2024, en virtud de la cual se dispuso la baja por nombre reservado con efectos inmediatos del recurrente, por su responsabilidad derivada del hecho de haberse constatado que mientras se encontraba con licencia médica del tipo 1, es decir, por enfermedad común, con fecha de inicio de reposo el 12 de noviembre de 2024, por un periodo de 4 días, fue sorprendido el 13 de noviembre de dicho año, alrededor de las 13:00 horas, realizando trabajos remunerados, consistentes en atención de público, recibiendo por ello la suma de $20.000, al interior del local comercial de nombre “Zhenmiing Lu Eirl”, ubicado en domicilio reservado de la comuna de Santiago.

SEXTO: Que para resolver el asunto se debe tener presente que el inciso 1° del artículo 2° de la ley N° 18.961, Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, dispone “Carabineros de Chile como cuerpo policial armado es esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado y su personal estará sometido a las normas básicas establecidas en la presente ley orgánica, su Estatuto, Código de Justicia Militar y reglamentación interna”.

Por su parte, el inciso 5° del artículo 127 N°4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N°8, faculta a dicha institución para disponer la baja de las filas con efectos inmediatos, por cuando dispone “No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por “nombre reservado”, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación”.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la decisión impugnada por el actor se enmarca en los supuestos de la normativa antes indicada, y la autoridad competente se encuentra facultada para disponer la baja inmediata de un funcionario por mala conducta, máxime si se trata de una medida condicional desde que se encuentra supeditada al resultado final del sumario administrativo, cuestión que en la especie aún no acontece.

En efecto, tal como dispone el artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N°8, el funcionario que, habiendo sido dado de baja en conformidad al inciso anterior, se le aplicare en definitiva sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas, determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la Institución.

OCTAVO: Que de lo dicho se advierte que la recurrida ha actuado dentro de las atribuciones que la ley le confiere, al tratarse del ejercicio de una potestad disciplinaria concedida a la autoridad policial, la que legalmente está habilitada para adoptar la decisión recurrida, por lo que no existe ilegalidad en la dictación de tal acto y tampoco se torna arbitrario o caprichoso, por cuanto está debidamente motivado al expresar la hechos imputados al recurrente y la gravedad de los mismos conforme a los valores y principios Institucionales que se ponderaron por la autoridad que emite la decisión cuestionada.

NOVENO: Que, finalmente, se agrega que, tratándose de una medida disciplinaria condicionada, no le asiste al recurrente un derecho indubitado, pues como se adelantó, los hechos imputados y la sucesión de estos deberán determinarse en el sumario administrativo, en su oportunidad, sin que sea esta la instancia procesal para su esclarecimiento.

En el contexto descrito, existiendo legalidad y razonabilidad en el actuar del recurrido, la acción intentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección constitucional deducido por nombre reservado, ex funcionario de Carabineros, en contra de la Prefectura Central de Carabineros.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-23550-2024 Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora Lilian A. Leyton Varela y la Abogado Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller.

En Santiago, tres de marzo de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.