nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

C.A. de Santiago Santiago, seis de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, don Juan Antonio Castillo Saavedra, abogado, en favor de doña nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Cerro Navia, por el acto administrativo consistente en el Decreto Alcaldicio N°55/2025, que declara la vacancia de su cargo por salud incompatible, vulnerando la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, números 1°, 2°, 16° (en lo relativo a la libertad de trabajo y derecho a su libre elección y libre contratación) y 24° de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Expone que la recurrente ingresó a prestar funciones en la Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia el 1 de julio de 2014 como auxiliar de aseo bajo contratos a plazo fijo. Desde el 9 de octubre de 2015 pasó a desempeñarse como funcionaria titular según contrato suscrito bajo la Ley N°19.378. El 03 de julio de 2023, mediante Decreto Alcaldicio N°2151/2023, fue traspasada a la Municipalidad de Cerro Navia como auxiliar de servicios, jornada completa, con contrato indefinido.

El 6 de enero de 2025 se le notificó mediante Decreto Alcaldicio N°55/2025 su desvinculación por salud incompatible, fundada en el uso de licencias médicas continuas o discontinuas superiores a seis meses en los últimos dos años, sin declaración de salud irrecuperable, conforme a los artículos 144 letra c), 147 y 148 de la Ley N°18.883. No obstante, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) determinó mediante Resolución Folio N°18135017 que su estado de salud es recuperable (el recurso no especifica el período de las licencias médicas y si trabajó luego de éstas).

La recurrente alega que su desvinculación se basó exclusivamente en el cómputo de días de licencia médica, sin peritaje complementario ni audiencia personal, y que no fue citada a ninguna instancia de evaluación concreta respecto de la supuesta incompatibilidad de salud con sus funciones. Añade que la causal invocada fue aplicada de manera arbitraria, desconociendo el pronunciamiento técnico de la COMPIN y sin fundamento suficiente sobre la supuesta incompatibilidad.

Se hace referencia a jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones, en las cuales se establece que el uso de la expresión “podrá” en el artículo 148 de la Ley N°18.883 implica una facultad sujeta a análisis del caso concreto, incluyendo la naturaleza del padecimiento, la evaluación de compatibilidad con el cargo y el respeto del debido proceso, especialmente cuando no hay declaración de salud irrecuperable.

Finalmente, se destaca la condición de vulnerabilidad socioeconómica de la recurrente, conforme al Registro Social de Hogares (Cartola Hogar Folio #51087782), lo que agrava el impacto del acto recurrido.

Como fundamentos jurídicos, se funda en las siguientes disposiciones legales y constitucionales: Artículo 19 de la Constitución Política de la República, N° 1, sobre derecho a la integridad física y psíquica. La recurrente alega que la declaración de vacancia por salud incompatible, sin respaldo técnico y sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, afecta directamente su estabilidad emocional, lo cual constituye una vulneración a esta garantía; N° 2: Igualdad ante la ley. El recurso sostiene que en situaciones análogas otros funcionarios no han sido desvinculados si la COMPIN ha determinado que su salud es recuperable, configurando una diferencia de trato sin justificación razonable.; N° 16 (solo en lo relativo a la libertad de trabajo y su libre elección y contratación): El acto impugnado vulnera esta garantía al cesar a la funcionaria sin fundamentos técnicos que acrediten la imposibilidad de ejercer su cargo, interfiriendo de forma arbitraria en su derecho a trabajar; N° 24: Derecho de propiedad, en cuanto a la titularidad del cargo público y los beneficios laborales que de éste derivan, cuya pérdida se traduce en un detrimento patrimonial injustificado.

Cita además, la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; artículo 144 letra c): contempla como causal de cese la declaración de vacancia del cargo; artículo 147 letra a): establece que puede declararse vacante un cargo por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de funciones; artículo 148: señala que el alcalde podrá considerar como salud incompatible haber hecho uso de licencia médica por más de seis meses en los últimos dos años, pero exige como requisito previo solicitar a la COMPIN una evaluación que determine la irrecuperabilidad de la salud.

Cita Jurisprudencia citada, esto es, de la Excma. Corte Suprema, Rol 9839-2024, que establece que la evaluación de la COMPIN sobre la recuperabilidad de la salud resulta vinculante y que la autoridad administrativa no puede apartarse de ella sin sustento.

Tribunal Constitucional, Causa 198-1994 y Rol 2024-2011: la potestad discrecional no puede ejercerse en forma arbitraria, debiendo respetarse principios como el debido proceso, la defensa y la legalidad.

Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol 2514-2016, y Corte de Apelaciones de Talca, Rol 4582-2016: confirman que la mera suma de días de licencia médica no justifica per se una declaración de salud incompatible si no se consideran otros factores, como la naturaleza del diagnóstico o la posibilidad de reintegración.

Además se refiere al fallo de la Excma. Corte Suprema, causa Díaz con Servicio Nacional de Aduanas, Rol 29.736-2019: ratifica que la autoridad debe actuar con razonabilidad y no puede ejercer la facultad de cesar un cargo por motivos de salud cuando el funcionario ya está reincorporado y demostrando aptitud para sus funciones.

Se invoca adicionalmente el principio de buena fe, reconocido en doctrina y en jurisprudencia, especialmente en materia laboral y contractual, como criterio orientador de la interpretación y aplicación del derecho del trabajo y del estatuto administrativo. El recurso sostiene que el actuar de la autoridad fue sorpresivo y arbitrario, faltando a dicho principio.

Por lo tanto, se alega que la decisión administrativa impugnada se dictó en contravención a las garantías constitucionales indicadas, sin la debida motivación y sin respetar los requisitos legales establecidos para su validez.

Solicita que se dejen sin efecto los actos administrativos impugnados; se ordene la reincorporación de la funcionaria nombre reservado a su cargo; se disponga el pago de todas las remuneraciones, estipendios y beneficios dejados de percibir desde su separación del cargo; se mantenga vigente el contrato de trabajo y se condene en costas a la parte recurrida.

Segundo: Que don Pablo Toro Lagos, abogado, en representación de don nombre reservado, quien actúa en nombre de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia, evacúa Informe en estos autos.

En dicho Informe, refiere que la recurrente ingresó a prestar servicios como auxiliar de servicios en la extinta Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia desde el 23 de mayo de 2011. A partir del 1 de julio de 2023, tras la municipalización de la atención primaria de salud, su cargo fue traspasado a la Municipalidad de Cerro Navia. Señala que el 6 de enero de 2025 se dictó el Decreto Alcaldicio N°55/2025, que declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible, hecho que fue notificado personalmente a la recurrente el 7 de enero de 2025.

La municipalidad señala que la funcionaria hizo uso de licencias médicas por un total de 362 días durante los dos años previos, configurando así el supuesto objetivo exigido por el artículo 148 de la Ley N°18.883. Antes de dictar el acto, la entidad remitió los antecedentes a la COMPIN, la cual emitió la resolución N°18135017, de fecha 8 de noviembre de 2024, declarando que la salud de la funcionaria es recuperable.

Sostiene la Municipalidad que la existencia de un estado de salud recuperable no impide declarar la vacancia por salud incompatible, conforme lo ha reconocido la jurisprudencia de la Contraloría General de la República y la Corte Suprema. Alega que la administración actuó conforme a derecho, velando por la continuidad del servicio de salud y sin vulnerar derechos fundamentales, dado que cumplió con todos los requisitos legales, y que la declaración de vacancia se justifica por la prolongada inasistencia de la funcionaria.

Por todas las razones esgrimidas, amén de fundamentación jurídica contenida en la Ley 18.883; Ley 19.738,jurisprudencia administrativa y judicial de los tribunales superiores de justicia citados, solicita el rechazo del recurso de protección, por no haberse acreditado arbitrariedad ni ilegalidad en el acto administrativo impugnado.

Acompaña a su Informe los siguientes documentos:

1. Decreto Alcaldicio N°2151/2023, de traspaso de personal.

2. Oficio de solicitud de evaluación a COMPIN.

3. Informes de licencias médicas de la recurrente.

4. Resolución de la COMPIN N°18135017.

5. Decreto Alcaldicio N°55/2025.

6. Dictámenes de la Contraloría N°17351/2018 y N°E188441N22/2022.

Pide a esta Corte el rechazo del recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, para resolver el arbitrio presentado ante esta Corte, es menester, en primer lugar, revisar la normativa aplicable a este caso, a fin de dilucidar si la autoridad recurrida ha actuado dentro del marco legal aplicable.

Así las cosas, la normativa aplicable puede resumirse sucintamente como sigue: Ley N° 18.883, esto es, el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales; que dispone, en el articulado pertinente al caso de marras: el Artículo 144 letra c); que establece que el funcionario cesará en el cargo por declaración de vacancia; el Artículo 147 letra a), que dispone que la vacancia puede declararse por salud irrecuperable o incompatible; y el Artículo 148 que a su turno define como salud incompatible el uso de licencia médica continua o discontinua por más de seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Asimismo, resulta aplicable la Ley N° 19.378,que contiene el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal; que a su vez dispone, en su Artículo 4 que se permite aplicación supletoria del Estatuto Municipal (Ley 18.883); en su Artículo 48 letra g) establece como causal de cese la salud irrecuperable o incompatible, remitiéndose a la Ley N°18.883 ya citada.

Así, de conformidad con el Estatuto de las funcionarios públicos y municipales fijado por la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L N° 29, de 2004, de Hacienda; y por la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para los funcionarios Municipales, ambos cuerpos normativos regulan expresamente la expiración de funciones por causa de salud incompatible, fijando las condiciones que deben cumplirse para que opere la causal, además de los requisitos de legalidad, formalidad y comunicación al afectado. Respecto a la declaración de “salud incompatible”, el artículo 151 del Estatuto dispone que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. El inciso segundo de esa norma previene que no se considerará para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de ese estatuto -esto es, por accidente del trabajo y enfermedad profesional-, y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo -es decir, aquellos reposos vinculados con la maternidad-. Luego, el artículo 63 de la ley N° 21.050 agregó un inciso tercero al artículo antes transcrito, el que dispone que “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Sexto: Que, en lo que se refiere a la evaluación y examen médico de la recurrente, los antecedentes allegados a estos autos permiten apreciar que el ente llamado por la ley para ello – COMPIN mediante resolución N°18135017 de fecha 8 de noviembre de 2024, determinó que la salud de la funcionaria es recuperable, lo que desvirtúan las alegaciones de la recurrente en cuanto no haberse cumplido con este requisito.

A su turno, la resolución mencionada en el párrafo precedente respecto de la recuperabilidad de la salud de la recurrente, no impide declarar la vacancia del cargo, ya que, de los mismos antecedentes se puede constatar que se ha verificado con creces la condición objetiva establecida en el artículo 148 de la Ley N°18.883, toda vez que la recurrente tuvo 362 días de licencia médica por enfermedad común en los últimos dos años.

Así las cosas, dado que la ley no exige que haya una declaración de irrecuperabilidad de la salud para decretar la vacancia del cargo, cual es una facultad legal del Jefe del Servicio o del Alcalde, en la medida que se cumpla el requisito objetivo del artículo 148 ya referido, es que se concluye que la recurrida ha actuado dentro de los parámetros que establece la normativa aplicable.

Séptimo: Que, por otro lado, lo que se viene señalando ha sido refrendado tanto por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República como por los Tribunales Superiores de Justicia.

En efecto, según señalan los Dictámenes N°17351/2018, E188481/2022 y E527522N24/2024, ambos de la Contraloría General de la República, la declaración de salud incompatible es procedente aun cuando la salud del funcionario sea recuperable, siempre que se cumpla con el umbral de licencias médicas; dejando asentado que la COMPIN solo evalúa irrecuperabilidad de la salud, pero no la compatibilidad con el cargo.

Por su parte, la Corte Suprema, en causa Rol N°819-2024, revoca sentencia que acogía recurso de protección, en cuya virtud el Máximo Tribunal valida la legalidad de la declaración de vacancia por salud incompatible aun existiendo una resolución de salud recuperable. En este fallo, se legitima la declaración de vacancia, estableciendo que la causal se cumplió de manera objetiva por el uso prolongado de licencias médicas; situación similar a la de estos autos, validando que la causal de salud incompatible procede en estos casos y que no se trata de un acto arbitrario o ilegal por parte del jefe de servicio. En ese sentido, esta Corte (Rol N°15.116-2023) y la Corte Suprema (Rol N°4300-2024 y Rol N°33.377-2024), reconocen que la facultad discrecional del alcalde para declarar salud incompatible no se ve anulada por la existencia de una evaluación de salud recuperable, siempre que se cumplan los requisitos legales.

La declaración de la COMPIN de que la salud de la recurrente es recuperable, es el supuesto habilitante para aplicar la causal de vacancia de salud incompatible, corroborado por el Dictamen N° E188441/22 de la Contraloría General de la República, ya que es el supuesto habilitante para aplicar la causal de vacancia de salud incompatible, dado que la salud irrecuperable es otra causal distinta, regulada en el artículo 149 del Estatuto Administrativo Municipal.

Octavo: Que, no resulta controvertido en estos autos que la recurrente tuvo licencias médicas por enfermedades comunes (esto es, excluyendo accidentes del trabajo y licencias por maternidad) por un período muy superior a los 6 meses exigidos por la norma para declarar la vacancia, registrando, en efecto 362 días de ausentismo; y que la COMPIN conforme a las facultades delegadas, procedió a evaluar los antecedentes de la recurrente, determinándose - mediante resolución N°18135017 de fecha 8 de noviembre de 2024 - que la salud de la funcionaria es recuperable. Dicha resolución fue notificada al empleador y usuario conforme a los procedimientos legales y administrativos establecidos en estas materias.

De lo anterior, solo cabe concluir que la resolución de evaluación que realizó la COMPIN constituye para el empleador que lo solicita un antecedente sobre la recuperabilidad o no del estado de salud la recurrente, de la compatibilidad y cumplimiento de las funciones laborales designadas.

Con ello, se cumple el requisito establecido en el inciso 3° del artículo 151 del Estatuto Administrativo, en su texto refundido, coordinado y sistematizado conforme al D.F.L. 29 de 2004.

Noveno: Que, de lo anterior puede observarse que la resolución objeto de este recurso de protección está fundamentada, porque la extensión en el uso de licencias médicas por parte de la funcionaria es la circunstancia establecida por el legislador que habilita al Alcalde para considerar tal hecho como constitutivo de salud incompatible con el desempeño del cargo. Atendido lo expuesto, estimando la COMPIN que la salud de la funcionaria municipal es recuperable, la municipalidad recurrida se encontraba facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo; y resolver la vacancia de éste por esa causa. Esa facultad se ejerció en este caso por cuanto la ausencia de la recurrente por enfermedad superó el plazo legal ya referido, dictando al efecto el Decreto Alcaldicio N°55/2025.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, no se debe desatender el deber de la administración de garantizar la continuidad del servicio público, en este caso, la atención primaria de salud, lo que justifica así la remoción de funcionarios que no han podido cumplir funciones por períodos prolongados. Así, el uso de licencias que superan el umbral de 6 meses continuos o discontinuos en dos años – habilitan a la declaración de la vacancia del cargo, a la espera de que dicho cargo sea asumido por otro funcionario que, al ejercer efectivamente la función, garantice la continuidad del servicio, el cual es un deber fundamental del Estado.

Undécimo: Que, por todo lo anterior, puede concluirse que no concurren los presupuestos que permitan acoger la acción de cautela de derechos constitucionales, toda vez que el acto recurrido no resulta ser ilegal ni arbitrario, razón por el cual la acción constitucional deducida debe ser desestimada y no podrá prosperar.

Duodécimo: Que, en consecuencia, se omitirá pronunciamiento sobre las garantías constitucionales denunciadas por innecesario.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante señora Bárbara Vidaurre Miller.

N°Protección-2353-2025.

No firma la abogada integrante señora Vidaurre, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.