nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada doña Linda Nataly Quintero Mogollon, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, RUN N°RUT reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo a su solicitud de devolución de fondos previsionales, formalizado mediante comunicación de fecha 15 de diciembre de 2025, lo cual vulneraría las garantías constitucionales consagrabas en el artículo 19 números 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente posee el título de Licenciada en Contaduría Pública, otorgado por la Universidad Católica del Táchira, República Bolivariana de Venezuela, debidamente apostillado con fecha 20 de septiembre de 2016. Añade que, durante la vigencia de sus relaciones laborales en Chile -inicialmente con la empresa I-Group Comunicación Publicitaria Ltda. y, posteriormente, con Ogilvy & Mather Chile SPA-, solicitó acogerse a la franquicia de la Ley N°18.156 para eximirse de cotizar en el sistema chileno o, en su defecto, obtener la devolución de los fondos enterados. Para tal fin, con fecha 27 de noviembre de 2025, ingresó la solicitud de retiro técnico N°2202 ante la recurrida, adjuntando su contrato de trabajo, anexos correspondientes y una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Indica que AFP Provida S.A. rechazó dicha solicitud argumentando que la constancia de afiliación previsional extranjera carecía de la debida legalización o apostilla exigida por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y que las declaraciones juradas notariales otorgadas en Chile no suplían dicho estándar probatorio. Frente a esto, alega que la exigencia de apostilla deviene en una imposición de imposible cumplimiento material, atendida la situación de quiebre de relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela y el cierre de su delegación consular en Santiago de Chile ocurrido en julio de 2024, lo que configura una hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil. Afirma que el documento es perfectamente verificable en línea a través del portal oficial del IVSS mediante un código de validación, por lo que la conducta de la administradora se torna en una traba formalista y caprichosa que priva a su representada de su derecho de propiedad sobre los fondos acumulados.

En definitiva, solicita tener por interpuesto recurso de protección, ordenando a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, dando curso a la solicitud de retiro de fondos y efectuar la devolución íntegra de los fondos previsionales dentro del plazo que S.S. determine.

Segundo: Que informa la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada por la abogada doña Ana María Herrera Brümmer, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

En primer término, plantea la improcedencia de la vía cautelar, toda vez que la presente acción no constituye una instancia de lato conocimiento destinada a declarar derechos ni a dirimir interpretaciones técnico-administrativas controvertidas, las cuales corresponden ser conocidas por los procedimientos judiciales ordinarios o ante el órgano regulador especializado.

En cuanto al fondo, sostiene que su representada ha actuado en estricto cumplimiento del marco legal y de las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, específicamente del Compendio de Normas y del Oficio Ordinario N° 12.954 de fecha 17 de julio de 2025, emitido precisamente para abordar la situación de los cotizantes venezolanos tras el cierre de su representación consular. Explica que la documentación presentada por la actora adolece de múltiples defectos insubsanables: a)El documento del IVSS es una simple cartola electrónica de cotizaciones que no detalla de manera específica la cobertura actual de las prestaciones exigidas por el artículo 1° de la Ley N°18.156 (enfermedad, invalidez, vejez y muerte), limitándose a reproducir una glosa genérica de la ley previsional venezolana; b) No cuenta con firma de la autoridad emisora, ni con apostilla o legalización consular en los términos del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil; c) Existe una manifiesta contradicción y extemporaneidad en la declaración de voluntad de la afiliada, por cuanto ingresó a prestar servicios para Ogilvy & Mather Chile SPA el 1 de diciembre de 2019 sin incorporar la cláusula de exención previsional, procediendo a suscribir un anexo de contrato en tal sentido recién el 28 de noviembre de 2023, consolidando durante ese extenso lapso su afiliación al régimen ordinario chileno; y d) La recurrente posee "Permanencia Definitiva" en Chile, circunstancia que desnaturaliza el espíritu excepcional de la Ley N°18.156, la cual fue concebida para técnicos extranjeros cuya estadía en el país es esencialmente transitoria, existiendo el riesgo cierto de que, tras el retiro de los fondos previsionales, el Fisco chileno deba asumir en el futuro su cobertura de seguridad social por medio de pensiones solidarias del Estado.

Tercero: Que la acción constitucional de protección consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental se estructura como un arbitrio de naturaleza cautelar y urgente, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho y otorgar amparo frente a actos u omisiones de carácter ilegal o arbitrario que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de garantías fundamentales expresamente enumeradas, las cuales deben revestir la calidad de indubitadas, esto es, consolidadas y no sujetas a un debate propio de un juicio declarativo de lato conocimiento.

Cuarto: Que, para resolver la controversia, es necesario establecer que el estatuto excepcional establecido en la Ley N°18.156 exime a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, o bien faculta la devolución de los fondos ya enterados, siempre que se cumplan copulativamente los siguientes requisitos sustantivos: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte (artículo 1° letra a); b) Que el contrato de trabajo respectivo contenga una cláusula expresa donde el trabajador manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación extranjera (artículo 1° letra b); y c) Que el trabajador posea la calidad de técnico o profesional, acreditada mediante documentos justificativos de estudios debidamente legalizados (artículo 1° inciso segundo).

De este modo, tratándose de una normativa de carácter excepcional, que sustrae al trabajador del régimen general de ahorro obligatorio e integral de la seguridad social chilena, su interpretación y aplicación es de carácter restrictivo, debiendo acreditarse fehacientemente cada uno de sus presupuestos sin espacio a interpretaciones laxas o analógicas.

Quinto: Que, adentrándose en el análisis del mérito de autos, la controversia se suscita en torno a si la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emanada del IVSS, acompañada por la recurrente sin apostilla de origen ni legalización consular, resulta idónea y suficiente para satisfacer la exigencia formal y material contemplada en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Al respecto, es imperativo señalar que las exigencias relativas a la validez de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero se encuentran rigurosamente reguladas en nuestro ordenamiento por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y por el Convenio de la Apostilla de La Haya, del cual tanto Chile como la República Bolivariana de Venezuela son Estados Parte.

Sexto: Que la alegación de la recurrente fundada en la imposibilidad fáctica de obtener la apostilla consular debido al cese de actividades de la Embajada de Venezuela en Chile, si bien expone una dificultad real derivada del contexto diplomático, no tiene la virtud de eximir al interesado del cumplimiento de las solemnidades legales ni faculta a esta Corte para prescindir de las normas de que rigen la prueba instrumental extranjera. Aceptarlo implicaría que la mera exhibición de un documento descargado de un portal electrónico extranjero, desprovisto de toda autenticación oficial del Estado emisor, tuviese pleno valor probatorio en Chile, vulnerando los principios de certeza jurídica y de igualdad ante la ley.

Séptimo: Que, sumado a lo anterior, cabe señalar que la Superintendencia de Pensiones, en uso de sus facultades de interpretación y fiscalización técnica consagradas en el D.F.L. N°101 de 1980 y en el artículo 94 del D.L. N°3.500, ha fijado directrices vinculantes para las administradoras. En particular, el Oficio Ordinario N°12.954 del 17 de julio de 2025 determina explícitamente que las constancias electrónicas de cotizaciones del IVSS que carezcan de firma y apostilla no resultan útiles como medios de prueba idóneos para autorizar la devolución de fondos. Asimismo, aclara de manera enfática que las declaraciones juradas notariales suscritas ante ministros de fe chilenos carecen de valor para acreditar de forma autónoma hechos cuya certificación es de competencia exclusiva de la autoridad de seguridad social extranjera.

Por consiguiente, al denegar la devolución de los fondos acumulados a la recurrente, la AFP recurrida no ha hecho más que ceñirse de forma estricta y obligatoria a la ley y a las instrucciones impartidas por su organismo fiscalizador, descartándose cualquier atisbo de ilegalidad o arbitrariedad en su comportamiento.

Octavo: Que, de este modo, al no haberse acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., ni la conculcación de derechos constitucionales de carácter indubitado, la presente acción cautelar no puede prosperar, sin perjuicio de los derechos que correspondan ser ejercidos por el interesado ante las vías de reclamación ordinarias o administrativas pertinentes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada doña Linda Nataly Quintero Mogollon, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-235-2026.