Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Santiago, seis de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta N°NUM000, de 29 de septiembre de 2025, por medio de la cual se tiene por desistido al recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, presentada el 31 de julio de 2025 lo que vulneraría el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, referido a la igualdad ante la ley.

Señala que el recurrente es un ciudadano venezolano que se vio forzado a abandonar su país de origen el 23 de noviembre de 2021, arribando a Chile el 3 de diciembre del mismo año, por paso no habilitado, debido a la violencia generalizada, los conflictos internos y la violación masiva de los derechos humanos imperantes en Venezuela.

Agrega que el de julio de 2025 el recurrente concurrió a la Oficina de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, donde se le facilitó el formulario correspondiente, procedió a su llenado y entrega, y se recibió su declaración sobre los hechos materia de la solicitud.

No obstante, con fecha 29 de septiembre de 2025, recibió la Resolución Exenta impugnada, que tuvo por desistida su solicitud, fundándose en que esta habría excedido el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, conforme al artículo 26 de la Ley N°20.430. Señala, además, que el recurrente realizó la correspondiente subsanación de su solicitud con fecha 22 de septiembre de 2025.

En cuanto al derecho, el recurrente sostiene que la resolución impugnada es ilegal, por cuanto el artículo 52 del Decreto N°837 establece que el desistimiento debe ser individual, expreso y voluntario, condiciones que no concurren en la especie, toda vez que el recurrente jamás manifestó su voluntad de abandonar la pretensión que motivó su solicitud.

Asimismo, arguye que la autoridad migratoria recurrida vulneró el principio de proporcionalidad de los actos administrativos, al otorgar mayor relevancia al cumplimiento de un plazo formal que a la específica situación humanitaria del solicitante, desconociendo además que la calificación de los requisitos corresponde exclusivamente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, conforme al artículo 27 de la Ley N°20.430, y no a los funcionarios de las Direcciones Regionales. Adicionalmente, sostiene que se ha vulnerado el principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones, consagrado en el artículo 19 N°3, inciso séptimo, de la Constitución Política de la República. Señala, por último, que tampoco se le ha otorgado la visa de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso primero, de la Ley N°20.430 y en el artículo 42 del Decreto N°837, normas que imponen perentoriamente dicha obligación una vez formalizada la solicitud.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, el recurrente indica que el actuar de la recurrida importa una discriminación respecto del trato dispensado a otros extranjeros, afectando la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, de 29 de septiembre de 2025; se ordene al Servicio Nacional de Migraciones continuar con la correcta tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, y se disponga la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio prescrita en el artículo 32, inciso primero, de la Ley N°20.430.

Segundo: Que informa el Servicio Nacional de Migraciones, por medio de la abogada Katherina Fuentes Lazo, solicitando el rechazo íntegro del recurso, sosteniendo, como defensa central, la improcedencia de la acción por no configurarse los presupuestos del artículo 20 de la Constitución, desde que no existiría acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la autoridad que prive, perturbe o amenace garantías fundamentales, destacando además que no se ha dictado sanción migratoria alguna en contra de la recurrente —tales como orden de abandono, prohibición de ingreso o expulsión— y que la resolución impugnada reservó recursos administrativos que la interesada no dedujo.

Señala que el recurrente registra un parte policial de fecha 21 de agosto de 2023, de la Policía de Investigaciones de Chile, por denuncia grave correspondiente a ingreso clandestino. Agrega que el 31 de julio de 2025 el señor nombre reservado manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, otorgándosele cita para el trámite inicial el día 9 de septiembre de 2025.

Explica que, una vez ingresada la solicitud, se advirtió que esta se encontraba incompleta, por lo que mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 9 de septiembre de 2025, se le informó que no fue posible dar curso a su solicitud por no haber cumplido con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N°20.430 y su reglamento, específicamente por haber excedido el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, conforme al artículo 26 de dicho cuerpo legal.

Añade que se le otorgó un plazo de 15 días hábiles para acompañar antecedentes que permitieran subsanar tal situación, bajo apercibimiento de tener por desistida la solicitud. Explica que, si bien el recurrente acompañó antecedentes a título de subsanación, mediante Resolución Exenta N°NUM000, de 29 de septiembre de 2025, se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, por cuanto la documentación presentada no permitió entender por subsanado el requisito formal faltante.

Precisa que de la propia declaración del recurrente se desprendía que este había ingresado al país el 3 de diciembre de 2021 y que su primer acercamiento ante la autoridad migratoria fue recién en julio de 2025.

En cuanto a los fundamentos de derecho, expone que el artículo 26 de la Ley N°20.430 exige que las personas extranjeras que deseen solicitar refugio se presenten ante la autoridad competente dentro del plazo fatal de siete días hábiles contados desde su ingreso al territorio nacional, requisito formal indispensable para el inicio del procedimiento. Explica que el artículo 28 ter de la misma ley contempla la posibilidad de subsanación dentro de 15 días hábiles, y que, de no cumplirse lo requerido, la solicitud se entiende desistida.

Destaca que la autoridad migratoria no ha dictado sanción migratoria alguna en contra del recurrente y que ha actuado con estricto apego a la normativa vigente, conforme a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley N°20.430, al artículo 37 del Decreto Supremo N°837 y al artículo 31 de la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos.

En virtud de lo expuesto, solicita que la acción constitucional sea rechazada en todas sus partes.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho agredido, por una conducta ilegal o arbitraria por parte del recurrido, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Quinto: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Sexto: Que la Ley N°20.430, que establece disposiciones sobre la protección de refugiados, modificada sustancialmente por la Ley N°21.655, consagra un procedimiento administrativo reglado para el reconocimiento de dicha condición. En este marco, el artículo 26 de la Ley N°20.430 impone a todo extranjero que ingrese al territorio nacional con la intención de solicitar refugio la obligación de presentar su solicitud ante el Servicio Nacional de Migraciones en un plazo fatal de siete días hábiles desde su ingreso.

Tratándose de ingresos por pasos no habilitados, el artículo 35 del Decreto Supremo N°837, Reglamento de la Ley de Refugio, en relación con su artículo 8°, exige adicionalmente que el solicitante se presente ante la autoridad dentro de los 10 días siguientes a la infracción, acreditando la respectiva autodenuncia y alegando una razón justificada para su ingreso irregular.

Séptimo: Que, en la especie, la Resolución Exenta N°NUM000, de 29 de septiembre de 2025, no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio legítimo de las facultades que el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 otorga al Servicio Nacional de Migraciones. Dicha norma faculta expresamente a la autoridad para evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud y, en caso de detectar omisiones -como el incumplimiento del plazo contemplado en la ley para presentar la solicitud ante la autoridad migratoria-, notificar al interesado para que subsane los defectos en un plazo de quince días hábiles. El referido precepto legal establece una ficción legal de desistimiento ante la falta de subsanación oportuna, disponiendo que “…en caso de no cumplir con la subsanación dentro de plazo, su solicitud se tendrá por desistida”.

Octavo: Que, asimismo, se observa que el Servicio Nacional de Migraciones actuó con estricto apego al principio de legalidad y al debido proceso administrativo, toda vez que, previo a dictar el acto terminal, otorgó a la recurrente la oportunidad de enmendar las falencias mediante la Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 9 de septiembre de 2025. Al no haber acompañado el extranjero los antecedentes requeridos - específicamente la acreditación de haber presentado la solicitud en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso al territorio nacional, según el artículo 26 de la Ley N°20.430-, la autoridad se encontraba obligada a declarar el desistimiento, no existiendo margen de discrecionalidad que permita calificar su actuar como caprichoso o arbitrario.

Noveno: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con estricto apego a las normas de la Ley N°20.430, su Reglamento y la Ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos.

Tampoco se aprecia arbitrariedad, toda vez que la resolución se encuentra debidamente fundada en el incumplimiento objetivo de cargas procesales que la ley impone a los solicitantes de refugio.

Al no existir un acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales invocadas, la presente acción cautelar debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N°23.463-2025.