Protección contra Ángel Valencia Vásquez

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Alberto Arévalo Romero, abogado, en representación de María José Aguayo Jofré, fiscal adjunta del Ministerio Público, e interpone recurso de protección en contra de Ángel Valencia Vásquez, Fiscal Nacional del Ministerio Público, por haber dictado la Resolución FN/MP N° 2331-2025, de 2 de octubre de 2025, mediante la cual rechazó el recurso de reposición presentado por la defensa en contra de la Resolución FN/MP N° 2197/2025, de 17 de septiembre de 2025; acto que considera ilegal y arbitrario y vulnerador de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 nros. 2 y 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República.

Expone que el 22 de enero de 2024, mediante Resolución URH/IA 04/2024, se dispuso por parte de la Fiscal Regional que indica una investigación administrativa para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad que pudiere corresponder a las funcionarias Marcela Campos Rodríguez, nombre reservado y nombre reservado en los hechos relatados verbalmente por la actora de estos autos en el sentido de que, en la investigación RUC 2301281358-9, conocida como "Puerto Coronel", se percató de que un informe policial no se había incorporado oportunamente a la investigación, conforme a sus instrucciones, y que, como consecuencia de ello, se entregaron de manera incompleta las copias solicitadas por la defensa de uno de los imputados.

Adicionalmente, la resolución ordenó esclarecer las circunstancias y determinar la responsabilidad que pudiere corresponderle a la Fiscal nombre reservado respecto de los hechos relatados el 18 de enero por las funcionarias Marcela Campos y nombre reservado, quienes refirieron que el 12 de enero, durante una reunión de trabajo, la fiscal habría alzado la voz para representar a aquéllas determinadas circunstancias, encontrándose presente otras personas conectadas por zoom.

Agrega que con fecha 25 de enero de 2024, nombre reservado fue notificada y aceptó el cargo de investigadora del sumario, procediendo entre esa fecha y el 14 de febrero a tomar declaraciones a todas las involucradas.

En cuanto al desarrollo del procedimiento investigativo, destaca que este se caracterizó por una sucesión de ampliaciones de plazo que excedió considerablemente los términos establecidos en la normativa aplicable. Efectivamente, la investigadora solicitó una serie de ampliaciones del plazo de investigación, las cuales fueron sistemáticamente otorgadas por el superior jerárquico sin efectuar calificación alguna respecto de la procedencia de lo solicitado.

La primera ampliación fue concedida mediante Resolución URH/IA 08/2024 de 7 de febrero de 2024, por un plazo de 10 días hábiles, venciendo el 21 de febrero de 2024. La Segunda prórroga la pidió el día 22 de ese mismo mes y año y se extendió hasta el 13 de marzo siguiente. La tercera la solicitó el 10 de mayo y se la otorgaron hasta el 20 de junio. Enseguida, pidió una cuarta prórroga mediante correos de 3 y 8 de junio, la que le fue concedida hasta el 2 de julio. Al día siguiente, 3 de este mismo mes, pidió la quinta extensión, la que le fue otorgada por 20 días el 3 de julio. Luego, el 31 de julio pidió la sexta prórroga, la que le fue dada ese mismo día hasta el 29 de agosto, y, por último, este mismo día pidió la séptima prórroga, la que le fue concedida por 20 días que expiraron el 24 de septiembre de 2024.

Quedó en evidencia, así, una tramitación que superó ampliamente los plazos máximos contemplados en el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público.

Señala que el 13 de noviembre de 2024, habiendo transcurrido dos meses y 19 días desde que expiró el plazo de la última ampliación de la investigación, la fiscal declaró cerrada la investigación y luego formuló cargos contra la recurrente.

Menciona el hecho de que la investigadora realizó actuaciones fuera del amparo de las prórrogas concedidas. Así, entre el 13 de marzo y el 10 de mayo de 2024, período durante el cual no contaba con prórroga vigente, la fiscal llevó a cabo diversas diligencias sin la competencia necesaria para ello. Similar situación se verificó a partir del 25 de septiembre de 2024, cuando continuó realizando actuaciones sin haber solicitado oportunamente la correspondiente prórroga del plazo. Finalmente, el 13 de noviembre de 2024, habiendo transcurrido dos meses y diecinueve días desde que había expirado el plazo de ampliación, la fiscal procedió a declarar cerrada la investigación y formuló cargos en contra de la recurrente.

En lo que respecta a la resolución del procedimiento, mediante Resolución URH/IA N°115/2024 de 31 de diciembre de 2024, dictada por el Fiscal Regional (S) del Biobío, se aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de censura por escrito, al considerar que había infringido las obligaciones contenidas en el artículo 37 nros. 15 y 19 del Reglamento de Personal para los Fiscales del Ministerio Público. Agrega que dicha resolución fue filtrada a medios de prensa antes de ser notificada a la interesada, circunstancia que motivó la interposición de una denuncia penal que se encuentra actualmente en tramitación.

Respecto de los fundamentos jurídicos esgrimidos en el libelo recursivo, sostiene que el procedimiento administrativo adoleció de graves infracciones al debido proceso, particularmente en lo relativo al cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento de Responsabilidad Administrativa. En este sentido, argumenta que el artículo 25 del referido reglamento establece que la investigación no podrá exceder el plazo de diez días contados desde la notificación del encargo al investigador, pudiendo prorrogarse únicamente en casos calificados hasta completar un máximo de 60 días. Por consiguiente, el plazo máximo de duración del proceso investigativo era de 70 días, que debió haber concluido a más tardar el 28 de abril de 2024, circunstancia que evidentemente no se verificó en la especie.

Asimismo, denuncia la falta de imparcialidad de la investigadora, manifestada en diversos aspectos del procedimiento, lo que importa otra infracción al debido proceso. Entre estos, destaca la omisión de preguntas relevantes a testigos sobre los hechos indagados, centrándose únicamente en algunos de ellos; la falta de pronunciamiento respecto de la responsabilidad administrativa de las funcionarias Marcela Campos y nombre reservado; la formulación de cargos por hechos prescritos; la inclusión de hechos que no fueron objeto de la investigación administrativa ordenada; y la realización de certificaciones improcedentes que evidenciaron el sesgo de la investigadora respecto de la recurrente.

En cuanto a la fundamentación de la arbitrariedad e ilegalidad del acto impugnado, sostiene que la Resolución FN/MP N° 2331-2025 fue dictada rechazando el recurso de reposición sobre la base de la supuesta ausencia de perjuicio para la recurrente, al haberse rebajado la sanción originalmente impuesta de censura por escrito a amonestación privada. No obstante, argumenta que dicha fundamentación es errónea, toda vez que la imposición de cualquier medida disciplinaria, aun rebajada, implica un agravio concreto para la recurrente, particularmente porque le impide acceder al sistema de ascensos aprobado por Resolución N°1306/2025, que establece como requisito objetivo no haber sido sancionado durante los últimos años con alguna medida disciplinaria o administrativa.

En lo relativo a la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, sostiene que se ha infringido la igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, al otorgarse a la recurrente un trato discriminatorio y desigual respecto del resto de los funcionarios públicos, quienes pueden ejercer durante el procedimiento administrativo todos los derechos que franquea la ley, incluyendo el derecho al recurso. Paralelamente, argumenta la vulneración del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales consagrado en el artículo 19 N°3 inciso 5°, al impedirse que las decisiones adoptadas por la autoridad administrativa puedan ser objeto de revisión alguna, erigiéndose de esta forma en una comisión especial proscrita por la Carta Fundamental.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución FN/MP N° 2331-2025, de 2 de octubre de 2025, dictada por el Fiscal Nacional don Ángel Valencia Vásquez, mediante la cual se rechazó por improcedente el recurso de reposición interpuesto por la defensa en contra de la Resolución FN/MP N°2197/2025 de 17 de septiembre de 2025, con costas.

Segundo: Que, al informar el Fiscal Nacional Ángel Valencia Vásquez, solicitó el rechazo del recurso de protección.

En cuanto a los antecedentes fácticos, señaló que la controversia tiene su origen en una investigación administrativa iniciada mediante resolución URH/IA 04/2024 de 22 de enero de 2024, dictada por la Fiscal Regional del Biobío con el objeto de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad administrativa de diversas funcionarias, entre ellas la actora, María José Aguayo Jofré, por las irregularidades en la incorporación oportuna de un informe policial en contexto de una investigación y por el trato inadecuado de la actora a dos funcionarias en una reunión de trabajo.

Los hechos investigados se relacionan, por una parte, con irregularidades en la incorporación oportuna de un informe policial en la investigación RUC 2301281358-9 conocida como "Puerto Coronel", lo que habría derivado en la entrega incompleta de copias a la defensa de uno de los imputados. Por otra parte, se indagaron las circunstancias en que la fiscal nombre reservado habría representado de manera inadecuada a las funcionarias Marcela Campos y nombre reservado durante una reunión de trabajo del 12 de enero, alzando la voz en presencia de otras personas conectadas por videoconferencia.

Agrega que por Resolución URH/IA N°115/2024 de 31 de diciembre de 2024, el Fiscal Regional (S) del Biobío aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de censura por escrito, por infracción a las obligaciones contenidas en el artículo 37 nros. 15 y 19 del Reglamento de Personal para los Fiscales del Ministerio Público.

Posteriormente, deducido recurso de apelación, la Resolución FN/MP Nnro. 2197/2025, de 17 de septiembre de 2025, modificó la sanción rebajándola de censura por escrito a amonestación privada.

Finalmente, el recurso de reposición en contra de esta última resolución fue rechazado por improcedente mediante la Resolución FN/MP N°2331/2025 de 2 de octubre de 2025, que constituye el acto administrativo impugnado en estos autos.

En cuanto a los motivos para rechazar la acción, en primer lugar se refiere a la alegación relativa al incumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento de Responsabilidad Administrativa. Al respecto, se refiere a la naturaleza no fatal de los plazos establecidos para el desarrollo de investigaciones administrativas. Funda su posición en jurisprudencia de la Contraloría General de la República y de los tribunales superiores de justicia que establece que los plazos administrativos tienen como finalidad asegurar un buen orden administrativo y la debida celeridad, pero su vencimiento no implica por sí mismo la caducidad o invalidación del acto respectivo.

Complementariamente, invoca el artículo 54 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa, que establece que los vicios o errores de procedimiento que no tengan influencia decisiva en los resultados de la investigación no afectarán la legalidad de la resolución sancionatoria.

En segundo término, defiende la validez del informe emitido por la investigadora, justificando la tardanza en su presentación en la necesidad de resguardar el debido proceso y de analizar exhaustivamente cada uno de los elementos de la investigación administrativa. Argumenta que la demora obedeció al cumplimiento íntegro de todas las actuaciones y diligencias solicitadas durante el término probatorio, siendo indispensables para garantizar el derecho de defensa. Además, destaca que la investigación involucró a cuatro personas y abarcó hechos complejos que requerían un análisis minucioso, resultando en un expediente administrativo de más de 700 fojas.

Asimismo, rechaza categóricamente la alegación sobre infracción al debido proceso, sosteniendo que en todo momento se respetaron las distintas etapas reglamentariamente establecidas para la instrucción de una investigación administrativa, a saber: etapa investigativa, cierre de la investigación, formulación de cargos, defensa o formulación de descargos, prueba, informe del instructor, resolución final y etapa de impugnación. Enfatiza que la recurrente tuvo plena oportunidad de ejercer su derecho a defensa, prestando declaración, acompañando antecedentes y planteando sus argumentos defensivos, teniendo acceso a todos los derechos contemplados en el sistema de responsabilidad administrativa del Ministerio Público.

En relación a la alegada falta de imparcialidad de la investigadora, argumenta que tal cuestionamiento debió plantearse oportunamente mediante la recusación contemplada en los artículos 20 y 21 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa, dentro del plazo de dos días desde la notificación y fundada en las causales taxativamente establecidas. Sostiene que la investigadora actuó conforme a los principios de objetividad y legalidad, realizando actuaciones tendientes a recabar información que acreditara los hechos objeto de investigación y haciéndose cargo de todas las argumentaciones planteadas por la recurrente en sus descargos.

Respecto del perjuicio alegado por la imposibilidad de acceder al ascenso, plantea que tal consecuencia es independiente de la forma de término de la investigación administrativa, argumentando que no resulta jurídicamente procedente dejar sin efecto una medida disciplinaria aplicada en un procedimiento administrativo realizado con pleno respeto al debido proceso, únicamente por generar la imposibilidad de ascender. Sostiene que la finalidad del procedimiento disciplinario es determinar la existencia de responsabilidad administrativa y aplicar la medida correspondiente conforme a la gravedad de la falta, con independencia de las consecuencias adversas en la carrera funcionaria.

Finalmente, en cuanto a las alegadas infracciones constitucionales, niega la vulneración del artículo 19 nro. 2 de la Constitución Política, argumentando que en ningún momento se dio a la recurrente un trato discriminatorio o desigual, pudiendo ejercer todos sus derechos y recursos establecidos en la normativa.

Respecto del artículo 19 nro. 3 inciso 5°, sostiene que no existen argumentos que sustenten tal infracción, toda vez que la recurrente fue sancionada en un procedimiento administrativo que se ajustó a la normativa vigente del Ministerio Público.

En consecuencia, solicita a esta Corte rechazar el recurso de protección interpuesto, por estimar que no existe acto ilegal alguno que reprochar a la institución, habiendo mantenido un estricto apego a la normativa vigente durante la tramitación y resolución de la investigación administrativa, respetándose cabalmente las garantías del debido proceso y los derechos de la recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, para resolver adecuadamente el presente recurso, viene al caso consignar los principales hitos del procedimiento disciplinario del que fue objeto la recurrente, según es posible desprender del análisis de la documental aportada y de lo expuesto por las partes:

1.- Con fecha 22 de enero de 2024, mediante resolución URH/IA N° 04/2024, la Fiscal Regional del Biobío nombre reservado, designó a la Fiscal Adjunto de Talcahuano Andrea Saavedra para que, en calidad de investigadora, realice la investigación administrativa tendiente a establecer las circunstancias en que se verificaron los hechos relatados verbalmente por la fiscal adjunta María José Aguayo, consistentes en que, en la investigación RUC 2301281358-9, conocida como “Puerto Coronel”, a su cargo, y encontrándose en dependencias de la Fiscalía Regional del Biobío, se percató de que un informe policial que había llegado días atrás, no se encontraba incorporado oportunamente a la investigación conforme ella lo había instruido, y de que, como consecuencia de ello, se entregaron de modo incompleto las copias a la defensa de uno de los imputados; y la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a la abogada asistente de fiscal Marcela Campos y a las funcionarias nombre reservado y nombre reservado.

Relacionado con lo anterior, también se dispuso mediante aquella resolución, que la investigación debería esclarecer las circunstancias y determinar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a la Fiscal Adjunto María José Aguayo en los hechos relatados verbalmente el 18 de enero de 2024 por la Abogada Asistente de fiscal Marcela Campos y por la funcionaria nombre reservado, quienes, separadamente, refirieron que el 12 de enero, en reunión sostenida en horas de la tarde, relacionada con la misma investigación Puerto Coronel, la fiscal nombre reservado, alzando la voz representó a Marcela Campos, conectada por zoom, y a nombre reservado, la situación de la no incorporación del informe ya referido, en un tono y modo que, considerando que había otras personas y que no permitió a las interpeladas explicarse, les produjo una gran afectación, sintiéndose menoscabadas y maltratadas.

2.- A fojas 459 se declaró cerrada la investigación por resolución de 13 de noviembre de 2024, tras haberse desarrollado aquélla con todas las prórrogas referidas por la actora en su libelo, que no fueron controvertidas en su informe por la recurrida.

3.- A fojas 460, con fecha 13 de noviembre de 2024, se formularon cargos en contra de –en lo que interesa- la recurrente de protección.

4.- A fojas 500 y siguientes, la defensa de la Fiscal María José Aguayo solicitó la nulidad del sumario, “[…] debido a la no consideración injustificada del plazo de la investigación, a la falta o la oportunidad de pronunciamientos, la demora negligente de actuaciones propias de quien tiene a su cargo la investigación”.

5.- A foja 516, mediante resolución de 9 de diciembre de 2024, se rechazó el incidente de nulidad de la investigación, fundado en que las sucesivas ampliaciones de plazo solicitadas por la fiscal a cargo de la investigación fueron autorizadas por el Fiscal Regional, de conformidad con la facultad que en tal sentido le acuerda el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, conforme se desprende el cuadro anexo comparativo de los principales hitos de tramitación.

6.- A fojas 594 y siguientes la defensa de la fiscal nombre reservado presentó sus descargos, pidió abrir un término probatorio y ofreció medios de prueba.

7.- A fojas 630, con fecha 11 de diciembre de 2024 se tuvieron por presentados los descargos y se abrió el término probatorio solicitado.

8.- A fojas 736, con fecha 19 de diciembre de 2024, se certificó que, habiendo transcurrido el plazo de 5 días hábiles fijado como término probatorio a solicitud de la investigada María José Aguayo, y habiéndose realizado las diligencias probatorias solicitadas y ofrecidas por ella, procedía emitir el informe final.

9.- A fojas 738 y siguientes, con fecha 26 de diciembre de 2024, la instructora emitió su respectivo informe final, en el que, tras analizar las diligencias realizadas y los descargos de la investigada, propuso aplicar a la fiscal adjunta María José Aguayo la medida disciplinaria del artículo 9, nro. 2 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, esto es, censura por escrito, al haber infringido la obligación contenida en el artículo 37 nros. 15 y 19 del Reglamento de Personal para los Fiscales del Ministerio Público en relación con el Código de Buenas Prácticas y respeto laboral en su declaración de principios numerales 1 a 3.

10.- A fojas 826 y siguientes se dictó la Resolución URH/IA N° 115/2024, de 31 de diciembre de 2024, mediante la cual el Fiscal Regional del Biobío nombre reservado, aprobó, fundadamente, la investigación y, en lo que respecta a la recurrente, le aplicó la medida de censura por escrito.

A fojas 856 corre agregada la notificación a la señora nombre reservado.

11.- A fojas 861 y siguientes el abogado Alberto Arévalo, en representación de la fiscal Aguayo Jofré, dedujo recurso de apelación en contra de la resolución de fojas 826, recurso que fue concedido mediante resolución de 15 de enero de 2025, que corre agregada a fojas 889, de 15 de enero de 2025.

12.- A fojas 901 y siguientes, mediante resolución de 19 de febrero de 2025, el Fiscal Nacional Ángel Valencia ordenó la reapertura de la investigación a objeto de que se lleven a cabo las diligencias que indica con el fin de esclarecer la responsabilidad que pudiere corresponder a la abogada asistente Marcela Campos y a las técnicas jurídicas nombre reservado y nombre reservado en los hechos que indica.

13.- A fojas 1055, con fecha 3 de julio de 2025 se declaró nuevamente cerrada la investigación.

14.- A fojas 1056, mediante resolución de 10 de julio de 2025, se emitió el informe final de la investigación reabierta, en el que se propuso sobreseer la investigación ordenada instruir respecto de la abogada asistente Marcela Campos y las técnicas jurídicas nombre reservado y nombre reservado, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío, no obstante practicarse una anotación negativa en el sistema de evaluación de desempeño de la técnica jurídica nombre reservado.

15.- Mediante resolución FN/Ministerio Público N° 2197/2025 de 17 de septiembre de 2025, la Fiscal Nacional subrogante Carmen Gloria Wittwer, pronunciándose –en lo que interesa- sobre el recurso de apelación deducido por la fiscal nombre reservado, modificó la resolución de 31 de diciembre de 2024 en el sentido de rebajar la sanción que le fue impuesta a la de amonestación privada.

16.- Mediante resolución FN/Ministerio Público N° 2331/2025, de 2 de octubre de 2024, el Fiscal Nacional rechazó por improcedente el recurso de reposición presentado por la defensa de la fiscal nombre reservado en contra de la Resolución FN/Ministerio Público N° 2197/2025 de 17 de septiembre de 2025.

Quinto: Que, en este contexto, ha de recordarse que la responsabilidad administrativa de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público se rige por su ley orgánica constitucional, nro. 19640, y por el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público.

El artículo 17, letra d) del primero de dichos cuerpos normativos confiere al Fiscal Nacional la facultad de dictar los reglamentos que correspondan en virtud de la superintendencia directiva, correccional y económica que le compete conforme al artículo 91 de la Carta Fundamental. En virtud de ello, dicha autoridad dictó con fecha 19 de mayo de 2020 el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, aprobado por Resolución FN/Ministerio Público N° 700; cuyo artículo 4º prescribe que todos los plazos que contempla son de días hábiles, considerando los sábados como inhábiles, agregando su artículo 25 que la investigación no podrá exceder de 10 días contados desde que el funcionario designado investigador sea notificado del encargo, plazo que, en casos calificados, de existir diligencias pendientes decretadas oportunamente y no cumplidas o afinadas por razones de fuerza mayor u otras no imputables al investigador, podrá prorrogarse hasta completar, como máximo, sesenta días.

En relación con ello, no ha de olvidarse que dichos plazos no tienen carácter fatal en términos que su vencimiento implique por sí mismo la caducidad o invalidación del acto respectivo, por cuanto no es posible desprender dichas consecuencias o sanciones procesales de norma reglamentaria o legal alguna, tal como lo ha entendido la jurisprudencia tratándose de los plazos del procedimiento administrativo contemplados en la Ley nro. 19.880, y máxime si en este caso las prórrogas se justifican en la necesidad de llevar a cabo diligencias indispensables para afinar la investigación.

Sexto: Que, en estas circunstancias, es lo cierto que las diversas prórrogas y, a fin de cuentas, el tiempo que tomó la investigación administrativa seguida en contra de la recurrente, no torna en ilegal la decisión impugnada por el presente arbitrio, en tanto la normativa que regula el procedimiento disciplinario contempla expresamente la posibilidad de prorrogar la etapa investigativa y, en todo caso, los plazos previstos para su duración no son fatales; a lo que cabe agregar que, según consta en la documental acompañada, se respetaron en el desarrollo del procedimiento la totalidad de las etapas previstas para asegurar el derecho a defensa de la investigada, en tanto se llevó a cabo una etapa investigativa, seguida de un cierre de la investigación, formulación de cargos, formulación de descargos por parte de la investigada, término probatorio en el que se rindieron pruebas ofrecidas por ella, informe o dictamen del instructor, resolución final de la autoridad, y recursos y decisión de estos por parte de la autoridad competente, no advirtiéndose actos concretos de la investigadora que revelen de manera clara ausencia de imparcialidad de su parte, como pretende la recurrente, máxime si no se adujo a su respecto y oportunamente la respectiva recusación, en su informe se hizo cargo de las argumentaciones planteadas por la defensa en sus descargos, y no consta que hubiese omitido deliberadamente preguntas a los testigos para perjudicar a la fiscal nombre reservado, o que no hubiere investigado la responsabilidad administrativa de las otras funcionarias investigadas.

Del mismo modo, no resulta posible advertir, tampoco, la arbitrariedad que pretende la actora, desde que, por una parte, las prórrogas de plazo se fundaron en la necesidad de completar la investigación debidamente a fin de cumplir con la instrucción original de esclarecer los hechos y responsabilidades de las funcionarias afectadas, y por otra tanto el informe de la investigadora como la resolución recurrida fueron suficientemente fundadas tanto en los hechos como en el derecho, según es posible desprender de su lectura, al expresar acabadamente sus motivaciones y hacerse cargo -en ellas- de las defensas argüidas por la recurrente en sus descargos y recursos administrativos.

Séptimo: Que, en estas circunstancias, al no encontrarnos frente a un acto que pueda ser tildado de ilegal o arbitrario, el recurso en examen no se encuentra en condiciones de prosperar, máxime considerando que, a mayor abundamiento, la impugnada es una resolución dictada por la autoridad competente de acuerdo a los cuerpos legales y reglamentarios citados que gobiernan la materia –y no por comisiones especiales-, sin que pueda advertirse que aquélla hubiere perjudicado a la actora con un trato discriminatorio en relación al brindado a otros funcionarios en situación equivalente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de María José Aguayo Jofré en contra de Ángel Valencia Vásquez, Fiscal Nacional del Ministerio Público.

Redacción del ministro suplente Matías de la Noi Merino.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol nro. Protección-23452-2025.