nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de abril de dos mil veinticuatro.

Al folio 10; téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 18 de marzo de 2024, comparece doña Elizabeth Angélica Araya González, abogada, quien deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, chino, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, por la omisión que considera ilegal y arbitraria, consistente en no haber dado respuesta a su petición de residencia definitiva, lo que atendido el tiempo transcurrido ha provocado que al no encontrarse dicha solicitud en trámite vigente no pueda obtener más ampliaciones.

Estima que aquello vulnera su garantía establecida en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y pide decretar que la recurrida ordene a un funcionario del Servicio revisar en qué estado de análisis está la Solicitud tramitación de la Permanencia Definitiva N° 19774063, verificando el estado de tramitación y dictar el acto terminal que se pronuncie sobre dicha petición, Resolución Exenta que otorga o deniega el beneficio impetrado por don nombre reservado, o bien se le otorgue otra ampliación de su residencia definitiva por otros 180 días mientras dure el trámite definitivo.

Argumenta que don nombre reservado ingresó al país de manera regular en busca de mejores condiciones y expectativas económicas como inversionista, el año 2020, otorgándosele residencia temporal en octubre del 2020, mediante la entrega de su cédula de identidad para extranjero, cuya fecha de vencimiento era el 22 de marzo del 2021.

Indica que el recurrente presentó on line su solicitud de residencia definitiva, dándosele la Solicitud de Residencia de Permanencia Definitiva en Tramite N° 19774063, cuya fecha de emisión fue 23 de febrero de año 2021, que da cuenta de tener validez por seis meses, desde su fecha de su emisión.

Adiciona que debido al vencimiento del plazo de los seis meses antedicho, el recurrente se vio en la necesidad de solicitar en cuatro oportunidades ampliación de su solitud de permanencia de definitiva. Detalla que ello ocurrió con las fechas de emisión 13 de junio del año 2022, 16 de diciembre del año 2022, 03 de marzo del año 2023 y 05 de julio del 2023, todas con vigencia de 180 días, por lo que la última vencía en 5 enero del 2024.

Sostiene que, debido a lo anterior, ha intentado de sacar una 5ta solicitud de ampliación de residencia definitiva, resultando imposible, ya que el sistema no le permite. Agrega que tampoco ha tenido respuesta de su solicitud de residencia definitiva.

Da cuenta de las dificultades para comunicarse con el servicio recurrido, identificando como la escueta respuesta que recibió, que no podría sacar más ampliaciones. Explicita que ello le ha ocasionado múltiples dificultades tanto ante instituciones públicas como privadas, debido a que no lo han atendido por cuanto no cuenta con una ampliación vigente. Afirma que ello le ha provocado un gran estrés, atendido que tiene negocios en Chile, a lo que suma que debía viajar de urgencia a su país de origen, temiendo que si sale del país, no pueda volver a entrar.

Desarrolla la materia y postula, asimismo, que se está infringiendo el artículo 27 de la Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, como también el artículo 7º de la misma ley, a propósito del principio de celeridad.

Precisa que lo que se reclama por parte del recurrente es la falta de pronunciamiento por parte de la autoridad recurrida respecto de la solicitud formulada ante ella, siendo precisamente competencia del Servicio Nacional de Migraciones dictar el acto terminal que se pronuncie sobre dicha petición, por de lo que desprende su clara legitimidad pasiva.

Acompaña: (1) Copia de cédula de identidad para extranjeros, con vencimiento el 22 de marzo de 2021; (2) Comprobante de solicitud en trámite de residencia definitiva, de 23 de febrero de 2022; (3) Ampliación de solicitudes de residencia definitivas de fechas 13 de junio y 16 de diciembre del 2022, y 3 de marzo y 5 de junio del 2023; (4) Captura de pantalla de avance solicitud, que da cuenta que presenta avance de 49%, estado evaluación intermedia; (5) Copia pasaporte nombre reservado.

SEGUNDO: Que a folio 4, por el Servicio Nacional de Migraciones, compareció la abogada Carolina Fernandoy Catalán quien, primeramente, pide que se declare inadmisible la acción. Lo indicado, en cuanto estima que no se dan los supuestos de procedencia del recurso de protección, por no haber una vulneración de garantías ni siquiera en grado de amenaza, lo que deviene en que se excede la tutela cautela propia de aquel.

Sobre la materia, cita jurisprudencia habida en las sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema, en causas rol N° 115.064-2022 y 115.368-2022, ambas de fecha 20 de marzo de 2023, que comprende pasaje que indica: “Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud”. Asimismo, razona descartando que haya vulneración alguna, “ni aún en grado de amenaza”. Ello, sin perjuicio del deber de emitir pronunciamiento en un plazo razonable.

Concluye que la tutela cautelar requerida del órgano jurisdiccional pierde su eficacia, puesto que no existe derecho cuyo imperio deba ser restablecido. Agrega que no hay ejercicio de una derecho indubitado.

En subsidio, opone excepción de falta de legitimación pasiva, en tanto si bien la acción se interpone en contra del Servicio Nacional de Migraciones, aduce que la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema, al efecto, que se refiere a que no obstante la claridad del artículo 43 de la Ley N° 21.325, la problemática se materializa en las dificultades que, otros órganos públicos y/o privados, colocan a los extranjeros en la situación de espera de pronunciamiento del beneficio de permanencia definitiva; cuestión que legitima pasivamente a dichas entidades.

Funda su alegación en lo dispuesto en los artículos 38, 43 y 45 de la Ley N°21.325.

En subsidio, evacúa informe, mediante el cual solicita el rechazo del recurso por no haber un acto u omisión de la autoridad ilegal o arbitrario.

Sostiene que don nombre reservado, ciudadano nacional de la República Popular de China, ingresó por primera vez al país con fecha 23 de julio de 2018, por el paso fronterizo nombre reservado.

Agrega que con fecha 22 de mayo de 2019, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, otorgó por primera vez una visa de residencia temporaria al recurrente, por 10 meses y en calidad de titular. Este permiso se mantuvo vigente hasta el 22 de mayo de 2020.

Luego, respecto de la solicitud de permanencia definitiva realizada por el recurrente, ID N° 19774063, plantea que el 23 de febrero de 2021, el recurrente solicitó ante esa autoridad, el beneficio de la residencia definitiva.

Expresa que el 8 de junio de 2023, el Servicio Nacional de Migraciones, mediante Comunicación Electrónica Folio N°40237033 informó al recurrente que su solicitud no se encontraba en condiciones de avanzar a la etapa de análisis y procesamiento de antecedentes, en virtud de lo que se indica:

(i) Certificado de antecedentes del país de origen. No Verificable: El documento no es comprobable por falta de la información visible; (ii) Certificado de inicio de actividades. No Presento El Documento Requerido: El documento presentado no era el que se le estaba solicitando.

Indica que el 22 de junio de 2023, el recurrente realizó el pago de derechos respectivo, pero que a la fecha de su informe, el recurrente no ha remitido la documentación solicitada con la finalidad de subsanar su solicitud.

Complementa que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de “Pago de derechos”, desde el 22 de junio de 2023 -Estado: pendiente-. Incorpora captura de pantalla del Registro Nacional de Extranjeros.

En cuanto a los antecedentes de Derecho, postula que al estar en actualmente en trámite la solicitud, puede acceder la extranjera a un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N° 25 de la Ley N° 21.325, y del artículo 45 del Decreto N° 296 de 12 de febrero de 2022, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería. Agrega que la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería ha establecido una serie de normas protectoras, que tienen por objeto asegurar el legítimo ejercicio de los derechos de todos los extranjeros solicitantes de un permiso de residencia definitiva. En particular, invoca los artículos 38 y 45, este último en relación con el artículo 43, todos de la norma individualizada. De éstos desprende que mantiene su situación migratoria regular en el territorio nacional y que son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones, aun cuando el permiso de residencia que poseía anteriormente haya perdido su vigencia.

Ahonda al efecto y cita sentencia de 20 de marzo de 2023, causa Rol N° 115064-2022, de la Excelentísima Corte Suprema, en dicho sentido.

Concluye que la contraria mantiene, a la fecha de este informe, condición migratoria regular en el país y cuenta con un documento de identificación vigente y válido para ser presentado ante cualquier organismo público y privado, por lo que es posible descartar cualquier vulneración de sus garantías fundamentales por el mero hecho de que su solicitud de residencia no se encuentre resuelta.

Por otro lado, postula que si bien la nueva Ley de Migraciones es clara en determinar la vigencia de las cédulas de identidad de los extranjeros que acrediten mantener una solicitud de residencia en trámite, no es posible ignorar que, en los hechos, otras entidades, públicas y privadas, han desconocido la recta aplicación de la Ley N° 21.325. Da cuenta que ha remitido los respectivos Oficios Ordinarios a diversas instituciones públicas para solicitar que, en el ámbito de sus atribuciones, soliciten a los organismos que se encuentran bajo su fiscalización y supervigilancia que reconozcan como vigentes las cédulas de identidad para extranjeros que les sean exhibidas conjuntamente con un comprobante de residencia definitiva en trámite o prórroga de residencia temporal en trámite. Singulariza dichas comunicaciones.

Adicionalmente, expresa que es también pertinente indicar que, respecto a la ley de presupuesto para el sector público de 2023, en la partida presupuestaria del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se ha hecho mención al presupuesto destinado para el Servicio Nacional de Migraciones, lo que contempla el monto de $992.089.000.- sólo en concepto para “Regularización Rezago solicitudes migratorias”, de lo que desprende una preocupación para la Administración la demora que existe respecto a las diversas solicitudes de residencia que tienen los extranjeros ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Asimismo, respecto del plazo contempla en el artículo 27 de la ley 19.880, sostiene que tiene el carácter de no fatal, afirmando que ello ha sido refrendado por la Corte Suprema.

Acompaña copia de los oficios ordinarios y de sentencias aludidos en su informe, como también de la Comunicación Electrónica Folio N°40237033 del Servicio Nacional de Migraciones de fecha 8 de junio de 2023.

TERCERO: Que, a folio 5, la recurrente efectúa ciertas consideraciones, aduciendo que su acción no solo tiene por objeto el término de su trámite migratorio, sino más bien que se le otorgue a su representado una quinta ampliación de su Certificado de su solicitud de trámite de su residencia definitiva, mientras dure el acto terminal de su residencia, y la habilitación del portal para el término del trámite migratorio de don nombre reservado.

Explica que su certificado de residencia en trámite, que acompañó al recurso no se encuentra vigente, como tampoco sus ampliaciones, en tanto la última venció el 5 de enero del 2024, no pudiendo sacar otra, por lo que su cédula de identidad no estaría vigente y, por ende, no podría realizar ningún trámite ni menos salir del país.

En segundo término, puntualiza que existe una inconsistencia en lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones al señalar en su informe que “Con fecha 22 de junio de 2023, el recurrente realizó el pago de derechos respectivo”, y después señalar que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de Pago de Derechos.

Enfatiza que la plataforma de su representado para la realización de pago de derechos y de ingresar la documentación solicitada no está habilitada, por lo que pide que se habilite o bien, que se le cite presencialmente para acompañar los antecedentes solicitados.

Acompaña captura de pantalla de página tramites.extranjeriagob.cl con clave única de don nombre reservado, Bandeja de entrada e historia de trámite.

Asimismo, a folio 7, acompañó certificado antecedentes penales de don nombre reservado, de 29 de marzo de 2024, y certificado de inicio de actividades con fecha 16 de febrero de 2021, emitido por el Servicio de Impuestos internos.

Respecto de ambas pretensiones se ordenó que fueran tenidas presentes en la vista de la causa.

CUARTO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarios o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que la Corte Suprema con fecha veinte de marzo del año pasado en los autos rol N° 115.064-2022, previa vista de la causa -forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte “dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales.

SEXTO: Que, si bien conforme a lo anterior, se arriba a la conclusión de que en el recurso de autos, los hechos allí referidos no son constitutivos de una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo que lleva necesariamente a desestimar la presente acción cautelar, cabe considerar la situación particular en que se encuentra el actor.

En tal sentido, los antecedentes allegados por el recurrente dan cuenta que su solicitud de residencia no se encuentra vigente, al menos así aparece del portal –único sistema que le asiste a los usuarios para efectuar los requerimientos pertinentes en la materia- y que su cédula de identidad está vencida, situación de la cual no se hace cargo la recurrida, por el contrario ésta efectúa alegaciones que contrarían el mérito del proceso.

SÉPTIMO: Que de este manera y en uso de las facultades que el Auto Acordado sobre Tramitación del recurso de Protección, corresponde enmendar la situación de indefensión y desprotección en la que ha quedado el recurrente desde el 5 de enero de 2024 -fecha en que venció la última ampliación de su Certificado de su solicitud de trámite de residencia definitiva- permitiendo en su caso la aplicación del estatuto migratorio que lo ampara en tal sentido.

Lo anterior, sin perjuicio, de la necesidad de poner término a la demora en la tramitación del procedimiento administrativo y la consiguiente dictación del acto terminal que se pronuncie en definitiva sobre la petición del recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Sin perjuicio de lo anterior, acorde a lo razonado, se dispone comunicar por la vía más rápida a la institución recurrida e instruirla para que proceda a adoptar las medidas pertinentes a fin de que el recurrente se le conceda en el más breve plazo, el que no podrá exceder de 10 días, con una nueva y/o nuevas ampliaciones de su Certificado de solicitud de trámite de su residencia definitiva.

Asimismo, la recurrida deberá emitir pronunciamiento respecto de la solicitud en trámite del recurrente de autos, en un plazo de 30 días, de conformidad con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 296 del año 2002.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 2344-2024.-