Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, dos de marzo de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 23: téngase presente.

Vistos:

PRIMERO: Que, con fecha 27 de octubre de 2025, comparece doña nombre reservado, en representación de su hija nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la expulsión de la alumna del establecimiento educacional sin tomar las medidas pertinentes a la búsqueda de una solución y la negativa a otorgar el derecho a dar exámenes libres , vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 1 y N° 2 de la Constitución Política de la República. Menciona como antecedentes de su recurso que la situación se origina luego de que su hija actuara en defensa propia ante unos niños que la estaban molestando, frente a lo cual el colegio optó por la suspensión. Relata que, días después, otra alumna se acercó a su hija y la golpeó, ante lo cual respondió devolviendo el golpe. Expone que las medidas del colegio no fueron apropiadas, procediendo a la expulsión de su hija y negándole la opción de rendir exámenes libres para terminar el año. Señala, además, que el colegio no veló por la integridad de la estudiante y estaba en conocimiento de su situación psicológica, no brindando el respaldo ni apoyo necesario.

Pide, en definitiva, que se establezcan exámenes libres para que su hija pueda terminar el año escolar.

SEGUNDO: Que, con fecha 17 de diciembre de 2025, comparece la abogada Josefina Escobar Martínez, en representación del Colegio nombre reservado, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso. Expone como antecedentes que el 29 de septiembre de 2025 la estudiante agredió físicamente a una compañera de colegio con golpes de puño en el rostro y cabeza, además de tirar de su cabello en reiteradas ocasiones.

Precisa que se inició un procedimiento sancionatorio determinando que los hechos constituían una falta gravísima contemplada en el artículo 236 N°4 de su Reglamento Interno. Expone que se consideró como agravante la reiteración de una falta, ya que la alumna mantenía una sanción previa de condicionalidad por otra agresión física a un compañero, además de presentar anotaciones negativas, lo que derivó en la aplicación de la medida de expulsión. Menciona que el Consejo de Profesores rechazó, posteriormente, la solicitud de reconsideración interpuesta por la apoderada. Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que el colegio aplicó rigurosamente los mecanismos procedimentales administrativos previstos en su normativa interna, respetando íntegramente las etapas de notificación, formulación de descargos, revisión de pruebas y reconsideración.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que se sometió a lo establecido en el artículo 6 letra d) del D.F.L. N°2 de 1998 del Ministerio de Educación. Argumenta que el ejercicio de la potestad disciplinaria se fundamenta en la autonomía de los grupos intermedios y en la libertad de enseñanza reconocidas en la Constitución y la Ley General de Educación. Solicita, en definitiva, que la acción constitucional de protección deducida sea rechazada, con costas.

TERCERO: Que, con fecha 9 de febrero de 2026, doña nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Educación, informa al tenor del recurso requerido por la Corte. Expone como antecedentes que dicho organismo tiene facultades legales para fiscalizar que los establecimientos educacionales se ajusten a la normativa, incluyendo la revisión formal del procedimiento de aplicación de la medida de expulsión dispuesto en la Ley de Subvenciones. Detalla que, tras analizar los antecedentes aportados por el colegio con fecha 05 de enero de 2026, la entidad observó que la medida disciplinaria impuesta se ajustó en forma general al procedimiento contemplado en el artículo 6° del D.F.L. N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación. En consecuencia, se procedió a dar cierre al expediente respectivo en la Unidad de Protección de Derechos Educacionales.

CUARTO: Que, la acción constitucional de protección ha sido instituida con el objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que importen una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales expresamente señaladas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, en el caso de autos, corresponde analizar si el acto impugnado, consistente en la expulsión de la estudiante nombre reservado del establecimiento educacional y la negativa a otorgarle el derecho a rendir exámenes libres para finalizar su año escolar, es ilegal y arbitrario, vulnerando de esta forma las garantías constitucionales señaladas.

SEXTO: Que, al efecto, cabe tener presente que el artículo 6 letra d) del D.F.L. N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Aula Segura N°21.128 de 27 de diciembre de 2018, regula la aplicación de la medida de expulsión o cancelación de matrícula, precisando que ésta sólo puede adoptarse en base a las causales claramente descritas en el reglamento, -las que, en general, deben afectar gravemente la convivencia escolar- y mediante un procedimiento previo, racional y justo que deber estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes aportados a la causa, consta que el establecimiento educacional actuó en el estricto ejercicio de sus facultades disciplinarias, fundadas en su autonomía institucional, en su Reglamento Interno y en la normativa vigente, específicamente en el artículo 6 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación. Dicho cuerpo normativo prevé y faculta a los directores para aplicar la medida de expulsión frente a actos que afecten gravemente la convivencia escolar, tales como las agresiones físicas a miembros de la comunidad educativa, siempre que se respete el debido proceso.

OCTAVO: Que, por consiguiente, aparece de manifiesto que la entidad recurrida respetó cabalmente las garantías del debido proceso administrativo escolar. En efecto, se notificó oportunamente el inicio del procedimiento y la medida de suspensión cautelar con fecha 29 de septiembre de 2025; se otorgó a la apoderada el derecho a formular descargos, facultad que fue ejercida en la misma fecha; la decisión sancionatoria fue dictada dentro de plazo y de forma fundamentada el 7 de octubre de 2025; y, finalmente, se concedió el derecho a reconsideración, el cual fue revisado y rechazado por la unanimidad del Consejo de Profesores con fecha 15 de octubre de 2025. Asimismo, la proporcionalidad de la sanción se encuentra justificada en la agravante de reiteración, al mantener la alumna una medida de condicionalidad previa y firme.

NOVENO: Que, refrenda la legalidad del obrar de la recurrida lo informado en autos por la Superintendencia de Educación. Dicho ente fiscalizador, en ejercicio de sus atribuciones legales exclusivas, mediante Ordinario NUM000 N° NUM001 de fecha 5 de enero de 2026, procedió al cierre del expediente de revisión de la medida, constatando expresamente que el procedimiento aplicado por el colegio se ajustó en la forma a las exigencias legales del ya citado artículo 6 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998. Además, la autoridad sectorial descartó la existencia de causales de discriminación arbitraria o vulneración normativa en la aplicación de la sanción.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, en cuanto a la solicitud contenida en el petitorio de la actora, tendiente a permitir a la estudiante rendir exámenes libres para concluir su año escolar, resulta un hecho público y notorio que el año académico 2025 ha concluido.

Consecuencialmente, se ha producido a este respecto la pérdida de oportunidad de la acción constitucional impetrada, tornándose materialmente imposible el restablecimiento del derecho en los términos temporalmente específicos solicitados.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, al no advertirse en el obrar de la institución recurrida un acto ilegal o arbitrario, por cuanto se limitó a aplicar su normativa interna y la legislación sectorial vigente dentro del ámbito de su competencia, velando por la convivencia escolar y cumpliendo con un procedimiento previamente validado por el ente fiscalizador, el presente recurso de protección carece de sustento y no puede prosperar, debiendo ser necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en favor de su hija nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Comuníquese y archívese en su oportunidad N°Protección-23436-2025.