Protección contra fiscalizadora de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Primero: Que don nombre reservado, en representación de Servicios Integrales CYC Ltda., dedujo recurso de protección en contra de la fiscalizadora de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, doña nombre reservado y del Inspector de la misma entidad, don nombre reservado, quienes le impusieron cuatro multas, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en los numerales 3, inciso quinto, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el día 17 de Enero del año 2017, a su representada se le cursaron las siguientes multas: $ 520.426 por no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en los organismos correspondientes; $ 667.213 por no declarar oportunamente en la sociedad administradora del seguro de cesantía; $ 466.920 por no informar a los trabajadores de los riesgos que entrañan sus labores y $ 466.920 por no pagar semana corrida, a los trabajadores que en cada caso se indican.

Sostiene que el proceso de fiscalización se inició después de varias citaciones y en la del día 17 de Noviembre, se dejó constancia de las infracciones en el acta y compromiso de corrección, así como en el acta de constatación de hechos en terreno, fijándose una nueva fecha para presentar los documentos corregidos. En aquella oportunidad, en el acta de constatación se apuntó no pagar semana corrida y no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en AFP y AFC, entre otras. En relación a las dos primeras multas, alega que de su tenor se desprende que fueron efectivamente exhibidas, pues en caso contrario, se habrían cursado por “no exhibir…”. Agrega que luego de las citaciones, por correo electrónico la fiscalizadora nuevamente solicitó copias de las planillas de cotizaciones previsionales y del libro de remuneraciones de Octubre de 2017, cotizaciones que se encontraban al día, pero que tal vez por una serie de errores que adolecían los documentos, rut inexistentes por ejemplo, la fiscalizadora pudo haberse equivocado. El Inspector reconoció la existencia de estos correos, pero no hizo un análisis de ellos.

En cuanto a la multa por no informar a los trabajadores los riesgos, alega que desde la primera citación se exhibieron los documentos y la Mutual certificó que la empresa cumplía con lo establecido en el artículo 21 del D.S. 40 de 1969, pero el Inspector Comunal, haciendo una interpretación errónea, señaló que no era así, ya que en las observaciones se indica que “la infracción se subsana de manera inmediata, es decir, el 12/01/0218”, dato que no se visualiza en ningún lado.

En lo concerniente a la cuarta multa, señala que la facultad para determinar el derecho a semana corrida es exclusivamente de los tribunales de justicia, sin perjuicio explica que las comisiones pagadas a sus trabajadores obedecen al cumplimiento de un procedimiento que se desarrolla en el tiempo y por tanto no se devenga diariamente. El Inspector, por su parte, insistió en que los trabajadores incorporaban las comisiones día a día, pero luego agregó que se pagaba comisión al trabajador que lograba suscribir con el cliente.

Afirma que las actuaciones de los recurridos son ilegales y arbitrarias y han vulnerado las garantías ya señaladas, porque respecto a la cuarta multa su calificación jurídica es eminentemente jurisdiccional, privativa de los Tribunales del Trabajo y aceptarla sería constituirla en una comisión especial y porque al obligar al pago de multas improcedentes, se afecta su patrimonio. Solicita se acoja el recurso, dejando sin efecto las multas impuestas, con costas.

Segundo: Que en su informe el representante de la Inspección Comunal del Trabajo, señala que el recurrente interpuso reclamación directa en contra de la multa N°77424/2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo, la que fue conocida por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo y resolvió rechazarla, sin que se dedujera reclamo alguno respecto de esta resolución, quedando ejecutoriada. Luego presentó una reconsideración administrativa, que fue acogida en parte, por lo que la única posibilidad de reclamo que le quedaba es la establecida en el artículo 512 del mismo código, la que debía fundarse en alguno de los motivos que establece el artículo 511 del mismo texto legal, encontrándose ya vencido el plazo para reclamar directamente en conformidad al artículo 503 del referido código. En consecuencia, al utilizarse el recurso como un mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias, no existe un derecho fundamental que se pueda proteger por esta vía, es que debe rechazarse.

En relación al fondo del asunto, sostiene que la resolución adoptada en modo alguno es arbitraria, toda vez que se ha cumplido con el mandato legal contenido en el artículo 511 del citado código, así como con lo dispuesto en la letra a) del artículo 1 del DFL N°12 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo. El inspector tuvo a la vista los antecedentes aportados por la empresa y los de la fiscalización, que le permitieron formarse la convicción respecto a lo resuelto por la resolución objeto del recurso. En este sentido, carecen de importancia las afirmaciones de la recurrente, puesto que a los hechos constatados, les asiste la presunción de veracidad y el actuar conforme a la doctrina del Servicio.

Concluye que el acto administrativo se enmarca dentro de la competencia que la ley claramente le atribuye a toda Inspección del Trabajo y que la multa constituye un acto administrativo que sólo verifica hechos concretos, por lo que es improcedente fundar el recurso en la afectación a la garantía establecida en el artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Constitución Política.

Tampoco es efectivo que se haya conculcado la garantía del N° 24 del mismo texto legal, pues la multa encuentra sustento en los antecedentes de hecho recabados con motivo de la fiscalización y gozan de la presunción de veracidad. En atención a todo lo anterior, solicita rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que como se aprecia del contenido del recurso, lo pretendido es plantear una controversia respecto de la procedencia de las multas impuestas, en circunstancias que existe un procedimiento en el Código del Trabajo para tal efecto, el que se siguió en parte, según lo hizo presente la recurrida, toda vez que dedujo reclamación en contra de una de ellas, la que fue rechazada, como asimismo se planteó una reconsideración administrativa, que se acogió parcialmente. Es decir, el recurrente se sometió al procedimiento contemplado por la ley y por propia decisión lo abandonó, para plantear la misma controversia por esta vía constitucional.

Es incuestionable, entonces, que el recurso no puede prosperar, puesto que no es posible hacer la revisión que se pretende so pretexto que se trataría de un acto ilegal o arbitrario y que se habrían afectado los derechos constitucionales que se invocan, menos todavía que tengan el carácter de indubitados. El recurrente plantea en el recurso una controversia ya resuelta por los medios legales establecidas al efecto, por lo que no es posible emitir un nuevo pronunciamiento sobre ella y, menos aún, por esta vía, todo lo cual conduce al rechazo del mismo Por esta consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se rechaza el recurso de protección deducido por Servicio Integrales CYC Ltda., representada por don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, en su calidad de fiscalizadora de la Inspección Comunal de Providencia y en contra de esta entidad, representada por su Inspector comunal don nombre reservado, con costas.

Regístrese y comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro señor Gajardo.

Protección N° 23434-2018 No firma el Abogado Integrante señor Torres, por ausencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mauricio Silva Cancino, conformada por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames y el Abogado Integrante señor Oscar Torres Zagal.