Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Santiago, cinco de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Franco Brunetti Arredondo, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, por haber dictado la Resolución Exenta NUM000, de 26 de septiembre de 2025, que declaró el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado que presentó el extranjero, por incumplimiento de requisitos formales. Actuación que considera ilegal y arbitraria, por estimar que la solicitud fue presentada dentro de los plazos legales, vulnerando con ello la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con las disposiciones de la Ley N°20.430, su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°837 y la Ley N°19.880, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene la concesión de la solicitud.

Expone que el recurrente ingresó a Chile el 19 de abril de 2023.

Señala que el 15 de julio de 2025 manifestó su intención de solicitar reconocimiento de la condición de refugiado ante el Servicio Nacional de Migraciones, accediendo al formulario y acompañando antecedentes fundantes.

Indica que la autoridad lo notificó del incumplimiento de requisitos formales. Se le otorgó 15 días hábiles para subsanar la falta de documentación o requisitos, los cuales fueron subsanados dentro de tiempo y forma. Sin embargo, el 26 de septiembre de 2025 el recurrido rechazó su solicitud por estimar incumplido el plazo del artículo 26 de la Ley N°20.430 y mantener ingreso al país por paso no habilitado, sin presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N°837, Reglamento de la Ley N°20.430; según lo establecido en el numeral 5 del citado artículo 26 de la Ley N°20.430.

Alega la vulneración del principio de proporcionalidad, la aplicación errónea de la normativa que rige la materia y que la decisión carece de razonabilidad al basarse en una argumentación meramente formal, sin abordar el fondo de su petición, considerando que aún no ha tenido lugar la entrevista de estilo ante la Secretaría Técnica, órgano encargado de resolver la solicitud.

Segundo: Que, al evacuar informe, nombre reservado y nombre reservado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitan el rechazo íntegro del recurso, sosteniendo, como defensa central, la improcedencia de la acción por no configurarse los presupuestos del artículo 20 de la Constitución, desde que no existiría acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la autoridad que prive, perturbe o amenace garantías fundamentales, destacando además que no se ha dictado sanción migratoria alguna en contra del recurrente -tales como, orden de abandono, prohibición de ingreso o expulsión- y que la resolución impugnada reservó recursos administrativos que el interesado no dedujo.

Exponen que el extranjero no registra ingreso regular al país, presumiéndose su ingreso por paso no habilitado. Mediante Parte Policial NUM001, de fecha 18 de octubre de 2022, de la Policía de Investigaciones de Chile, se informa del ingreso clandestino del extranjero, eludiendo los controles migratorios fronterizos.

Hacen presente que, con fecha 29 de junio de 2023, el recurrente se inscribió en el Proceso de Empadronamiento Biométrico del año 2023, empadronándose en dicho procedimiento el día 2 de noviembre del mismo año. Sin embargo, dicho procedimiento no constituye un proceso de regularización.

Indican que el solicitante formalizó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, el día 15 de julio de 2025, bajo el requerimiento ID NUM002. El mismo día fue citado a entrevista con el fin de dar inicio a la solicitud, constando en sus registros que el recurrente se presentó en dependencias de este Servicio en la fecha y hora que le fueron indicadas.

Añaden que, completado el formulario y revisados los antecedentes, se constató no haber cumplido con los requisitos formales relativos a “1.

Exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el art. 26 de la ley 20.430. 2.

Mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010”. Motivos por los cuales, mediante Resolución Exenta NUM003, de fecha 4 de septiembre de 2025, se le requirió subsanar dentro de quince días hábiles, bajo apercibimiento legal, en conformidad con el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 y el artículo 31 de la Ley N°19.880.

Argumentan que, pese a que con fecha 12 de septiembre de 2025 el extranjero acompañó una carta explicativa y otros documentos, éstos no permitieron tener por subsanados los requisitos formales faltantes, razón por la cual se dictó la Resolución Exenta NUM000, de 26 de septiembre de 2025, que tuvo por desistida la solicitud.

Sostienen que su actuación se ajustó a la normativa especial —Ley N°20.430, modificada por la Ley N°21.655, y su Reglamento— y a la Ley N°19.880 en forma supletoria, destacando que los requisitos de admisibilidad y formalización incluyen, entre otros, el cumplimiento de plazos y exigencias para quienes ingresan por paso no habilitado.

Por estas razones, solicitan que se rechace la acción en todas sus partes y que no se condene en costas al recurrido.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho agredido, por una conducta ilegal o arbitraria por parte del recurrido, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Quinto: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Sexto: Que la Ley N°20.430, que establece disposiciones sobre la protección de refugiados, modificada sustancialmente por la Ley N°21.655, consagra un procedimiento administrativo reglado para el reconocimiento de dicha condición. En este marco, el artículo 26 de la Ley N°20.430 impone a todo extranjero que ingrese al territorio nacional con la intención de solicitar refugio la obligación de presentar su solicitud ante el Servicio Nacional de Migraciones en un plazo fatal de siete días hábiles desde su ingreso.

Tratándose de ingresos por pasos no habilitados, el artículo 35 del Decreto Supremo N°837, Reglamento de la Ley de Refugio, en relación con su artículo 8°, exige adicionalmente que el solicitante se presente ante la autoridad dentro de los 10 días siguientes a la infracción, acreditando la respectiva autodenuncia y alegando una razón justificada para su ingreso irregular.

Séptimo: Que, en la especie, la Resolución Exenta NUM000, de 26 de septiembre de 2025, no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio legítimo de las facultades que el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 otorga al Servicio Nacional de Migraciones. Dicha norma faculta expresamente a la autoridad para evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud y, en caso de detectar omisiones -como el incumplimiento del plazo contemplado en la ley para presentar la solicitud ante la autoridad migratoria, mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos-, notificar al interesado para que subsane los defectos en un plazo de quince días hábiles. El referido precepto legal establece una ficción legal de desistimiento ante la falta de subsanación oportuna, disponiendo que “en caso de no cumplir con la subsanación dentro de plazo, su solicitud se tendrá por desistida”.

Octavo: Que, asimismo, se observa que el Servicio Nacional de Migraciones actuó con estricto apego al principio de legalidad y al debido proceso administrativo, toda vez que, previo a dictar el acto terminal, otorgó al recurrente la oportunidad de enmendar las falencias mediante la Resolución Exenta NUM003, de fecha 4 de septiembre de 2025. Al no haber acompañado el extranjero los antecedentes requeridos --específicamente la acreditación de haber presentado la solicitud en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso al territorio nacional, según el artículo 26 de la Ley N°20.430 y presentar antecedentes que permitieran acreditar el cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 8 y 35 del Decreto Supremo N°837, Reglamento de la Ley N°20.430, según lo establecido en el numeral 5 del referido artículo 26 de la Ley N°20.430 por mantener ingreso al país por paso no habilitado-, la autoridad se encontraba obligada a declarar el desistimiento, no existiendo margen de discrecionalidad que permita calificar su actuar como caprichoso o arbitrario.

Noveno: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con estricto apego a las normas de la Ley N°20.430, su Reglamento y la Ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos.

Tampoco se aprecia arbitrariedad, toda vez que la resolución se encuentra debidamente fundada en el incumplimiento objetivo de cargas procesales que la ley impone a los solicitantes de refugio.

Al no existir un acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales invocadas, la presente acción cautelar debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°23.385-2025 Protección