Protección contra Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece don Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por haber resuelto mediante Resolución Exenta NUM000 de fecha 26 de septiembre de 2025, tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Expone que la afectada es una ciudadana venezolana que se vio forzada a abandonar su país de origen el 30 de diciembre de 2020, arribando a Chile el 10 de enero de 2021, por pasos no habilitados, debido a la violencia generalizada, los conflictos internos y la violación masiva de los derechos humanos imperantes en Venezuela. Señala que, con fecha 21 de noviembre de 2024, la actora acudió a la Oficina de la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, oportunidad en que fue atendida, se le proporcionó el formulario correspondiente, lo completó, lo entregó y prestó declaración sobre los hechos fundantes de su solicitud.

Explica que, con fecha 26 de septiembre de 2025 recibió la resolución exenta impugnada, que tuvo por desistida su solicitud presentada con fecha 15 de julio de 2025, invocando como fundamento que la peticionaria habría excedido el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, conforme al artículo 26 de la Ley N° 20.430. Agrega que la recurrente efectuó la subsanación correspondiente con fecha 17 de septiembre de 2025.

Sostiene que no ha existido un efectivo desistimiento, por cuanto la recurrente jamás manifestó de manera expresa su voluntad de abandonar su pretensión, y que no existe norma legal que consagre un desistimiento tácito, citando al efecto el artículo 52 del Decreto N° 837, que exige que el desistimiento sea individual, expreso y voluntario. Argumenta que la resolución impugnada vulnera el principio de proporcionalidad de los actos administrativos, al desconocer la situación humanitaria de la recurrente y las amenazas sufridas en su país natal.

Expresa que, igualmente, se ha incumplido la obligación imperativa de otorgar la visación de residente temporario una vez formalizada la solicitud, conforme a los artículos 32 de la Ley N° 20.430 y 42 del Decreto N° 837, y que la calificación de los antecedentes corresponde exclusivamente a la Secretaría Técnica y no a los funcionarios regionales del Servicio, según el artículo 27 de la Ley N° 20.430.

Plantea que el actuar de la recurrida conculca la igualdad ante la ley, al dispensar a la recurrente un trato discriminatorio respecto de otros extranjeros, privándola del legítimo ejercicio de su derecho a solicitar refugio, reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el artículo 5° de la Carta Fundamental.

En definitiva, solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta NUM000 de fecha 26 de septiembre de 2025, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones continuar con la correcta tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, doña nombre reservado

nombre reservado, abogada, en su calidad de mandataria judicial del Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional de protección deducida en autos, por estimar que no ha existido acto u omisión ilegal ni arbitrario por parte de dicha autoridad administrativa que afecte las garantías constitucionales invocadas por la parte recurrente, sino que, por el contrario, el Servicio ha ceñido siempre su actuar a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias que le han sido conferidas.

Refiere que la extranjera doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, no registra fecha de ingreso al territorio nacional, desprendiéndose de ello su ingreso clandestino al país, circunstancia que fue denunciada mediante Parte Policial NUM001 de fecha 4 de diciembre de 2020 de la Policía de Investigaciones de Iquique, por ingreso por paso no habilitado.

Indica que, con fecha 15 de julio de 2025, la recurrente manifestó ante el Servicio su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, requerimiento registrado bajo la ID NUM002, siendo citada mediante Oficio Ordinario de Folio NUM003 a las dependencias del Departamento de Refugio y nombre reservado para el día 4 de septiembre de 2025. Precisa que en dicha oportunidad la extranjera concurrió, se levantó acta, acompañó cédula de identidad venezolana y copia de tarjeta de extranjero infractor, declarando haber ingresado a Chile el 10 de enero de 2021 por paso fronterizo no habilitado Colchane, realizándosele ese mismo día la entrevista de admisibilidad.

Agrega que, mediante Resolución Exenta NUM004 de fecha 4 de septiembre de 2025, se informó a la recurrente la imposibilidad de dar inicio al procedimiento, por no haber cumplido con los requisitos formales de la Ley N° 20.430 y su Reglamento, específicamente por exceder el plazo de siete días desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG y por no acreditar el cumplimiento de los plazos de los artículos 8° y 35 del Decreto Supremo N° 837, otorgándosele un plazo de quince días para subsanar, bajo apercibimiento de tenerla por desistida.

Expone que, con fecha 5 de septiembre de 2025, la extranjera remitió una carta explicativa y diversas fotografías que no permitieron entender por subsanados los requisitos formales faltantes, razón por la cual, mediante Resolución Exenta NUM000 de fecha 26 de septiembre de 2025, se hizo efectivo el apercibimiento, teniéndose por desistida la solicitud. Añade, además, que la propia extranjera habría señalado en su solicitud que los motivos para solicitar refugio eran de índole económica, y que la autoridad migratoria no ha dictado sanción migratoria alguna en su contra.

Invoca la Ley N° 21.655, publicada el 20 de febrero de 2024, que modificó la Ley N° 20.430, estableciendo una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado con nuevos requisitos de admisibilidad y formalización. Sostiene que, conforme al artículo 26 de la Ley N° 20.430 modificada, el solicitante debe manifestar su voluntad en un plazo fatal de siete días contados desde su ingreso al país, y que solo excepcionalmente puede darse curso fuera de dicho plazo ante circunstancias sobrevinientes que pongan en riesgo la vida, libertad o integridad física del solicitante.

Argumenta además que el artículo 32 de la Ley N° 20.430, en su texto vigente, contempla la extensión de la visa temporaria solo una vez que la solicitud ha sido acogida a trámite, lo que no ocurrió en la especie.

TERCERO: Que, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, a partir de lo expuesto, se aprecia con claridad que el hecho que la recurrente califica como ilegal y arbitrario consiste en la Resolución Exenta NUM000 de fecha 26 de septiembre de 2025, que resuelve tener por desistida a la recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado por exceder ésta del plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones de acuerdo con lo establecido por el artículo 26 de la Ley N° 20.430.

QUINTO: Que el artículo 26 inciso quinto de la Ley N°20.430, dispone que “la solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional”. Por su parte, el artículo 35 del Decreto N°837, que establece el reglamento de la Ley N°20.430, dispone que “los extranjeros que hubiesen ingresado en forma clandestina, indocumentada o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona podrán solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8°, inciso primero, de este reglamento”.

Por su parte, el artículo 8° inciso primero señala que “los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello”.

SEXTO: Que la propia recurrente reconoce en su libelo que salió de su país el 30 de diciembre de 2020 e ingresó a territorio nacional el 10 de enero de 2021. Tampoco se encuentra discutido que ingresó de forma clandestina y manifestó ante la autoridad migratoria su intención de acceder a refugio el 15 de julio de 2025, excediendo con creces, y por un periodo de años, el plazo establecido en la ley para realizar la solicitud.

De esta manera, resultando aplicable lo dispuesto en las normas indicadas en el fundamento anterior, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, esta Corte estima que el proceder de la recurrida se encuentra debidamente ajustado, tanto a las disposiciones de la Ley N°20.430, como a su Reglamento, atendido que la recurrente no dio cumplimiento a lo requerido en el plazo que le fue concedido, sin que se advierta que la actuación de la recurrida sea ilegal o arbitraria, motivo por el cual el presente arbitrio no se encuentra en condiciones de prosperar, debiendo ser rechazado.

SÉPTIMO: Que, en efecto, conforme al mérito de las alegaciones de las partes y antecedentes acompañados, especialmente aquellos acompañados por la recurrida, es posible establecer que, una vez presentada la solicitud, al no cumplir la solicitud con los requisitos legales, la autoridad otorgó a la recurrente un plazo de 15 días hábiles para subsanarla, todo, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 bis de la Ley N°20.430, lo cual se materializó mediante la dictación de la Resolución Exenta NUM004 de fecha 4 de septiembre de 2025, con la finalidad de que se acompañen los antecedentes que permitan subsanar las situaciones descritas en cuanto a los requisitos formales requeridos para iniciar la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, lo que finalmente no aconteció, por lo que conforme al artículo 31 de la Ley N°19.880, y habiéndosele intimado previamente el apercibimiento, correspondía poner término al procedimiento teniéndola por desistida de su solicitud, pues, como se indicó, no acompañó la documentación mínima que establece el ordenamiento jurídico para dar curso a este tipo de solicitudes.

OCTAVO: Que, por lo antes razonado, debe concluirse que la negativa de la recurrida a dar tramitación a la solicitud de refugio, y declarar posteriormente su desistimiento, no constituye un acto ilegal ni denota una arbitrariedad en el actuar de la autoridad administrativa, de lo que se sigue que no se configura en la especie la vulneración de las garantías constitucionales invocadas en el recurso, motivos que conllevan al rechazo del arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-23383-2025.