Protección contra Servicio Nacional de Migraciones por la acción ilegal y arbitraria en la emisión

Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintiséis Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece el abogado Franco Brunetti en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la acción ilegal y arbitraria en la emisión de la Resolución Exenta NUM000 de 26 de septiembre de 2025, que declaró desistida su petición de refugio, lo que estima afecta su derecho consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Indica que el señor nombre reservado es un ciudadano venezolano que se vio forzado a salir de su país e ingresar por paso inhabilitado a Chile el 16 de febrero de 2022.

Una vez en el país y luego de recabar información respecto de su situación, el recurrente acudió el 1 de julio de 2025 a la Oficina de Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, sin embargo, el 26 de septiembre de 2025, el recurrente recibió la Resolución Exenta que resolvió tener por desistida al recurrente de su petición, sin haber realizado de manera previa la correspondiente derivación de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Señala que la referida resolución señaló como argumento para su decisión en que el señor nombre reservado había excedido el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERNAMIG, de conformidad al artículo 26 de la Ley N° 20.430.

Hace presente que el argumento de la autoridad migratoria carece de validez, estimándola ilegal y arbitraria, pues no ha existido de parte del recurrente un efectivo desistimiento de manera expresa.

Añade que, al tener por desistida la petición, se han vulnerado los artículos 42 y 52 del Decreto N° 837, norma que se refiere al desistimiento expreso y voluntario, junto con realizar una torcida interpretación del artículo 6° de la Ley N° 20.430 y, por demás, conforme a la normativa, al momento de la formalización de la solicitud se debe otorgar la visa de residente temporario, además, menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho de las personas de solicitar refugio.

Pide que se deje sin efecto la resolución recurrida y que se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio.

Segundo: Que el Servicio Nacional evacúa informe solicitando el rechazo de la presente acción.

Indica que, según el propio recurrente, ingresó al país el 16 de febrero de 2022 y el 1 de julio de 2025 solicitó la condición migratoria de refugiado.

Explica que mediante ordinario de 1 de julio de 2025 se le informó que debía concurrir a la oficina del Departamento de Refugio y Protección Internacional el 26 de agosto de 2025 para iniciar su solicitud, cita a la que concurrió, atendiendo al extranjero y recibiendo toda su documentación, señalando en su declaración que, efectivamente, había ingresado al país el 16 de febrero de 2022 por paso fronterizo no habilitado en Colchane.

Luego de realizada la entrevista y analizados los documentos aportados por el extranjero, por medio de Resolución Exenta NUM001, de 16 de agosto de 2025, se le informó que no se le podía dar lugar a la petición toda vez que no había cumplido con los requisitos formales mínimos de la ley, específicamente: “exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERNAMIG, según lo establecido en la Ley N°20.430”.

Añade que, para acompañar antecedentes que permitan subsanar tal situación, la autoridad otorgó un plazo de 15 días hábiles, bajo apercibimiento de tener por desistida la solicitud, por lo que el recurrente acompañó carta explicativa señalando los motivos por los cuales solicitó que se le reconociera la condición de refugiado, sin embargo, mediante Resolución de 26 de septiembre de 2025 el Servicio Nacional de Migraciones hizo efectivo el apercibimiento, teniendo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no se acompañó documentación que permitiera entender por subsanado los requisitos formales faltantes, haciendo presente que no se ha dictado sanción migratoria alguna en contra del recurrente.

Expone que el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado y sus requisitos se encuentran regulados especialmente en la Ley N° 20.430, también en la Ley N° 21.665; Decreto N° 837 y Ley N° 21.665 y, una vez cumplidos los requisitos de forma y oportunidad de la presentación de la petición, se entenderá entonces que dicha solicitud ha sido declarada admisible y formalizada, extendiendo al peticionario y su familia una visa de residencia temporaria.

En consecuencia, estima que no hay hechos que sustenten la pretensión del recurrente, por no existir acción u omisión arbitraria o ilegal de la autoridad migratoria que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de las garantías protegidas en la acción de protección, no siendo procedente la condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal —contrario a la ley — o arbitrario —producto del mero capricho de quienes incurren en él—, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, mediante la presente acción constitucional, se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho por la actuación arbitraria e ilegal en que habría incurrido el Servicio Nacional de Migraciones al dictar la Resolución Exenta NUM000, de 26 de septiembre de 2025, que tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente, al no haber concurrido ante el Servicio Nacional de Migraciones dentro del plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 21.325.

Quinto: Que el recurrente señala haber ingresado al país el 16 de febrero de 2022, por paso no habilitado, aseveración que no es controvertida por el Servicio Nacional de Migraciones. Asimismo, consta del informe de la recurrida que el 1 de julio de 2025 el actor solicitó la condición migratoria de refugiado, constatando el Servicio que su solicitud estaba incompleta, por exceder el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante aquel Servicio, por lo que mediante Resolución Exenta NUM001, de 16 de agosto de 2025, se le requirió subsanar dentro de quince días hábiles, bajo apercibimiento legal, de conformidad con el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430 y artículo 31 de la Ley N° 19.880, esto es, tener por desistida su petición.

Así, luego de que el actor presentara sus descargos, mediante la resolución que se impugna por esta vía, el Servicio Nacional de Migraciones tuvo por desistida su solicitud, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 28 bis y 31 antes mencionados.

Sexto: Que, cabe tener presente que la norma aplicable para la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ha sido modificada mediante la dictación Ley N° 21.655, que introdujo cambios sustanciales a la Ley N° 20.430, estableciendo nuevos requisitos formales para dicho procedimiento. Entre las modificaciones incorporadas por la citada Ley N° 21.655, cuya entrada en vigor se produjo el 20 de febrero de 2024, se encuentra la exigencia contenida en el artículo 26, que impone al solicitante la obligación de presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones dentro del plazo de siete días hábiles, contado desde su ingreso al territorio nacional.

Séptimo: Que, según hemos señalado ut supra, consta en autos que el recurrente ingresó al país con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la referida modificación legal, es decir, antes del 20 de febrero de 2024, y constituye un principio general del derecho, universalmente reconocido, que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo disposición expresa en contrario, principio que se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 9 del Código Civil.

Por consiguiente, se convierte en ilegal la resolución impugnada, desde que se exige al recurrente el cumplimiento de un requisito formal que no existía al momento de su ingreso al país, y que fue establecido con posterioridad, lo que constituye una pretensión jurídicamente imposible de satisfacer.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, y se declara que se deja sin efecto la Resolución Exenta NUM000, de 26 de septiembre de 2025, que decretó el desistimiento de la solicitud de refugio presentada por la recurrente y, en su lugar, se declara que el Servicio deberá dictar el acto administrativo que corresponda, para dar curso progresivo a la referida petición, dentro del plazo de treinta días hábiles.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del abogado integrante Sr. Misseroni.

Rol N°23380-2025 Protección Pronunciada por la decimotercera sala de esta Corte, presidida por la ministra Carolina Vásquez Acevedo, e integrada por la ministra Andrea Soler Merino y por el abogado Adelio Misseroni Raddatz.

No firman las ministros Carolina Vásquez Acevedo y Andrea Soler Merino por encontrarse con permiso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.