Protección contra Junta Nacional de Jardines Infantiles por el acto arbitrario e ilegal en que hab

C.A. de Santiago Santiago, veinte de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, técnico en educación parvularia, y deduce recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido con motivo de la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de 3 de septiembre de 2025, que le impone la sanción de destitución, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los Nos 1, 2, 16 y 24 del artículo 19.

Expone la recurrente que ingresó a la JUNJI en octubre de 2010, acumulando 15 años de servicio con hoja de vida intachable, calificaciones en Lista 1 y sin sumarios, investigaciones sumarias ni anotaciones de demérito previas. Refiere que el sumario administrativo, tramitado bajo el Expediente N° NUM001, tuvo por finalidad determinar su responsabilidad por presentar una licencia médica de telemedicina presuntamente falsa, extendida entre el 1 y el 15 de abril de 2024. Sostiene que durante ese período atravesaba un cuadro depresivo profundo a raíz del fallecimiento de su madre, por lo que se le otorgó una licencia médica legítima desde el 30 de marzo de 2024 hasta el 13 de abril del mismo año, recibiendo tratamiento psicológico gratuito de profesionales de la Universidad Central. Afirma desconocer absolutamente el origen de la licencia adicional superpuesta que figura en el expediente, la que no fue gestionada por ella, planteando la posibilidad de un error administrativo o del uso indebido de sus datos personales.

Agrega que formuló descargos y dedujo recurso de reposición en tiempo y forma, sin que sus fundamentos y evidencias fueran considerados en instancia administrativa alguna, y añade antecedentes de contexto familiar, en cuanto a que es madre de un hijo con síndrome de Down, que perdió a su madre y posteriormente a su hermano por un cáncer gástrico y que su cónyuge fue hospitalizado y derivado a un neurólogo, precisando que su ausencia no generó afectación a la continuidad del servicio ni sobrecarga a sus colegas, que actuó de buena fe, sin dolo ni beneficio indebido, y que fue engañada al igual que la institución.

En cuanto al derecho, alega que se le atribuyó la infracción de las obligaciones funcionarias del artículo 61 letras b), c) y g) de la Ley N° 18.834, imputaciones que controvierte por no haber existido intención de incumplir su jornada, por su desempeño constante y por no haber contravenido el principio de probidad administrativa del artículo 52 de la Ley N° 18.575, al no mediar dolo, perjuicio fiscal, falsificación, simulación ni reiteración. Se refiere luego a la exigencia de motivación de los actos administrativos y el control judicial de las potestades discrecionales e invoca la necesidad de ponderar las circunstancias atenuantes.

Segundo: Que la Junta Nacional de Jardines Infantiles evacúa el informe requerido y solicita el rechazo del recurso.

Manifiesta que la recurrente prestaba funciones en la JUNJI como técnico en educación de párvulos, en calidad de contrata, grado 22 de la E.U.R., con desempeño en el Jardín Infantil Pichikeche Tañi Ruka y relata que el 4 de noviembre de 2024 el Servicio fue notificado del Oficio Ordinario N° NUM001 de la Comisión Médica Preventiva e Invalidez Nacional, que informa que la licencia médica Folio N° NUM002, presentada por la recurrente y extendida desde el 1 hasta el 15 de abril de 2024 no se encuentra registrada en el Sistema de Licencia Médica Electrónica, requiriendo realizar las investigaciones administrativas respectivas y anunciando la derivación de los casos al Ministerio Público por un eventual delito de falsificación de licencia médica, contemplado en el artículo 197, en relación con el artículo 193 Nos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del Código Penal.

Agrega que mediante Oficio Ordinario N° NUM003, de 8 de noviembre de 2024, la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI remitió los antecedentes a la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, en cumplimiento del deber de denuncia de la letra k) del artículo 61 de la Ley N° 18.834, y paralelamente, por Resolución Exenta N° NUM004, de 26 de diciembre de 2024, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo a nivel nacional por posibles irregularidades y faltas a la probidad relacionadas con licencias médicas espurias, entre cuyas inculpadas se encuentra la recurrente. Refiere que la fiscal investigadora tomó declaración a la recurrente el 18 de marzo de 2025, que formuló cargos el 28 de mayo de 2025, que la recurrente solicitó copia del expediente y ampliación de plazo, lo que fue concedido y que formuló descargos en tiempo y forma. Añade que mediante Resolución Exenta N° NUM005, de 3 de septiembre de 2025, se aprobó el proceso sumarial y se aplicó a la recurrente la medida de destitución, prevista en el artículo 121 letra d) y el artículo 125 de la Ley N° 18.834, en atención a la gravedad de las faltas cometidas, resolución notificada personalmente el 25 de septiembre de 2025, con expresa información de los recursos del artículo 141 del mismo cuerpo legal. Sostiene que según certificación de la Oficina de Partes del Servicio, la recurrente no interpuso en tiempo y forma recurso de reposición con apelación subsidiaria y que el 25 de octubre de 2025 dedujo la presente acción de protección. Precisa que el sumario aún no se encuentra afinado, por lo que mantiene su carácter secreto conforme al artículo 137 del Estatuto Administrativo.

En cuanto al derecho, alega, en primer término, que la acción de protección no es la vía idónea para conocer de la controversia, pues se trata de una acción cautelar destinada a amparar derechos preexistentes e indubitados, no a declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas. Sostiene que el ordenamiento contempla los recursos de reposición y apelación del artículo 126 del Estatuto Administrativo, no ejercidos por la recurrente, y una tercera vía recursiva ante la Contraloría General de la República conforme a los artículos 160 del mismo Estatuto y 6° de la Ley N° 10.336, de modo que la acción se intenta como vía sustitutiva o correctiva de un plazo ya vencido, lo que desnaturaliza su función constitucional. En segundo término, alega la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad, pues el sumario cumplió todas las etapas del artículo 129 y siguientes de la Ley N° 18.834, garantizándose la declaración de la inculpada, la formulación de cargos concretos, los descargos y las notificaciones legales, con pleno respeto al debido proceso, indicando, además, que esta vía no está destinada a evaluar aspectos de mérito del sumario ni la proporcionalidad de la sanción. Agrega, respecto de la alegada ausencia de dolo, que la sanción expulsiva no requiere actuar doloso, bastando una conducta reprochable y manifiestamente negligente que cause serio daño al servicio, y que, declarada grave la infracción a la probidad, la destitución es la única sanción procedente, sin margen de rebaja por proporcionalidad. Por último, alega la falta de afectación de las garantías invocadas.

Tercero: Que la Contraloría General de la República evacúa igualmente informe y expone que el 4 de marzo de 2026 la recurrente efectuó una presentación ante la Entidad Fiscalizadora, individualizada como la referencia N° NUM006, por medio de la cual interpuso el reclamo de legalidad establecido en el artículo 160 de la Ley N° 18.834, en contra de la Resolución Exenta N° NUM007, que aprobó el sumario administrativo y aplicó la medida disciplinaria de destitución. Agrega que, paralelamente, la recurrente realizó otras dos presentaciones relacionadas con los hechos previamente denunciados, con fecha 3 y 10 de marzo de 2026, singularizadas como las referencias N° NUM008 y N° NUM009 e indica que posteriormente, mediante oficio N° OFNUM010, las referencias indicadas fueron acumuladas a la N° NUM006.

En cuanto al derecho, informa que a través de la Resolución Exenta N° RENUM011, de 2026, y previo informe de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Entidad Fiscalizadora procedió a abstenerse de emitir pronunciamiento sobre el reclamo de legalidad, por cuanto el asunto se encontraba sometido al conocimiento de los Tribunales de Justicia, fundada en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6° de la Ley N° 10.336, que establece la prohibición de que esa Entidad de Control intervenga en asuntos que por su naturaleza sean de carácter litigioso.

Cuarto: Que la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema, refrendada por la doctrina, sostiene que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, asimismo, han sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Dicho de otro modo y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación al recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

Quinto: Que de los antecedentes aportados durante la substanciación del recurso, los que se valoran de acuerdo a las reglas de la sana crítica conforme lo dispone párrafo primero del N° 5 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, permite tener por justificado que el procedimiento disciplinario se originó en el Oficio Ordinario N° NUM001, de 4 de noviembre de 2024, de la Comisión Médica Preventiva e Invalidez Nacional, que informó que la licencia médica Folio N° NUM002, presentada por la recurrente, no se encontraba registrada en el Sistema de Licencia Médica Electrónica. También esos antecedentes demuestran que la recurrente prestó declaración el 18 de marzo de 2025 y que se le formularon cargos el 28 de mayo de 2025; que solicitó copia del expediente y ampliación de plazo, lo que le fue concedido; que formuló descargos en tiempo y forma y que la resolución sancionatoria le fue notificada personalmente, con información expresa de los recursos del artículo 141 del Estatuto Administrativo.

De este modo, no cabe sino concluir que el acto recurrido fue dictado por autoridad competente, en ejercicio de la potestad disciplinaria que la ley le confiere, y luego de un procedimiento en que se observaron los trámites esenciales que garantizan la defensa de la inculpada, sin que se advierta contravención alguna a la ley.

Sexto: Que en cuanto a la arbitrariedad alegada, las impugnaciones de la recurrente se dirigen, en lo sustancial, a controvertir la ponderación de la prueba reunida en el sumario, la falta de consideración de sus descargos y la proporcionalidad de la sanción atendida su trayectoria funcionaria. Tales cuestiones constituyen aspectos de mérito de la decisión disciplinaria cuya revisión excede la naturaleza cautelar de esta acción constitucional, que no está concebida como una instancia de revisión de los procedimientos sancionatorios de la Administración. El control que por esta vía corresponde ejercer se limita a verificar la legalidad y razonabilidad de la actuación y no a sustituir la apreciación que de los antecedentes efectuó la fiscal instructora y la autoridad dotada de potestad disciplinaria.

A lo anterior se suma que a la época de interposición del presente recurso el procedimiento disciplinario se encontraba aún en tramitación, tal como lo reconoce la propia recurrida, que informa que el sumario no se encuentra afinado, pendiente la certificación de la interposición o no de recursos administrativos respecto de la totalidad de las inculpadas, para la dictación de la resolución que afine el proceso. Concordante con ello, la Contraloría General de la República da cuenta de que la resolución que aprueba el sumario administrativo y aplica la medida de destitución corresponde a la Resolución Exenta N° NUM007, de 23 de enero de 2026, esto es, posterior a la interposición del recurso.

De este modo, la acción aparece dirigida contra una decisión adoptada al interior de un procedimiento administrativo que no se encontraba concluido, lo que priva al acto impugnado del carácter de terminal y confirma que la sede idónea para su revisión es precisamente la administrativa y, en su caso, la contralora, una vez afinado aquél.

Séptimo: Que a modo de síntesis se dirá que se trata el procedimiento del recurso de protección de uno especialísimo destinado a restaurar el imperio del derecho de aquellos preexistentes e indubitados, mas no a declarar la existencia de éstos.

La función de la Corte no es la de superponerse a la autoridad administrativa y calificar el mérito de las decisiones que ésta adopte en el ejercicio de las potestades que le son propias, sino únicamente controlar que ese ejercicio que ciña al marco que señala la ley y que las determinaciones que ésta tome expliciten con el suficiente fundamento que la misma ley les demanda.

Sobre la base de lo recién expresado, los antecedentes del proceso dan cuenta que la aplicación de la sanción de destitución por parte de la recurrida ha sido consecuencia de un sumario administrativo en el que la recurrente tuvo derecho a conocer los cargos que se le atribuyeron, los que fueron suficientemente determinados. Asimismo, se le permitió formular descargos, rendir las pruebas pertinentes y a deducir los recursos administrativos que estimó procedentes. Igualmente, de la lectura de esa determinación aparece manifiesto que expresa de manera suficiente las razones que la sustentan, satisfaciendo con ello la exigencia fundamentación que impone a todos los actos administrativos el inciso segundo del artículo 11 y el inciso cuarto del artículo 41, ambos de la Ley N° 19.880.

Por consiguiente, no advirtiéndose los defectos de legalidad denunciados en el recurso que pudieran llegar a justificar la intervención de esta Corte, la pretensión buscada por la recurrente no es posible satisfacer por la vía de la acción constitucional elegida y por las razones expresadas el recurso de protección debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° Protección-23.369-2025