nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don David Villegas Merino, abogado, en representación de don nombre reservado, quien interpone en su favor recurso de protección en contra de Caja de Compensación de asignación familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en realizar descuentos directamente de su remuneración para el pago de dos créditos que adquirió con dicha institución, lo que a su juicio vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 16 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida cesar en todo tipo de retención o descuento en sus remuneraciones, y la restitución de los ya efectuados, con costas.

Relata que durante el año 2016, solicitó a la recurrida un mutuo de dinero denominado “crédito social”, por un monto de $1.880.116, a pagarse en 48 cuotas de $73.339, cuyos pagos se efectuarían según lo establecido en el artículo 22 de la ley 18.833, agregando que por causas ajenas a su voluntad, fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, y constituyéndose en mora en el pago de su obligación a partir de la cuota N° 32.

Sostiene que a pesar de sus intentos por regularizar la situación con la Caja de Compensación, y siendo la única respuesta la reprogramación del crédito, con el incremento artificial de la deuda original que ello suponía, el recurrente no pudo pagar el mutuo, procediendo la recurrida a demandarlo ejecutivamente, según consta en autos Rol C-26248-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, la que fue notificada el 28 de septiembre de 2018, con la acción del pagaré ya prescrita, por lo que Caja Los Andes no continuó con la vía ejecutiva y el 24 de junio de 2019 se archivó la causa.

Refiere que el 25 de octubre de 2024, su empleador le informó que ingresaría a la Caja de Compensación Los Andes, y que para el mes de noviembre le sería realizado un descuento en su liquidación de sueldo de $225.235, más un descuento por $222.607, totalizando $447.842, lo que representa un 75% el total de su sueldo, lo que deviene en un actuar arbitrario e ilegal de parte de la recurrida, especialmente considerando que la cuota originalmente pactada era por $73.339, siendo el último pago el 19 de febrero de 2018, registrando una deuda actual por $4.341.717, y otra por $2.211.710 de un segundo crédito, transcurriendo más de seis años desde la existencia de las deudas, realizando la recurrida un acto carente de fundamento y que vulnera sus derechos.

Concluye afirmando el actor que la recurrida al momento de interponer demanda ejecutiva, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración pactada en los instrumentos de crédito, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, lo que también implica que declinó perseguir el pago individual de las cuotas, por lo que solicita en definitiva a esta Corte se ordene a Caja de Compensación Los Andes el cese en todo tipo de retención o descuento en sus remuneraciones, y la restitución de los ya efectuados, con costas.

Segundo: Que, informa don Matías Amigo García, abogado, en representación de Caja de Compensación de asignación familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido.

Expone que el 6 de septiembre de 2016 otorgó al recurrente el crédito código N° 16800130305, por un capital inicial de $1.880.116, a una tasa de interés mensual de 2.2%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $73.339, cuyo primer vencimiento correspondió fue el 31 de octubre 2016, mientras que el 12 de abril de 2017, otorgó un segundo crédito, código N° 16800151779, por un capital inicial de $1.050.020, a una tasa de interés mensual de 2.79%, pagadero en un plazo de 30 meses, con una cuota mensual de $57.446, cuyo primer vencimiento fue el 30 de junio 2017, encontrándose el actor en mora del pago de ambos créditos.

Refiere que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, y que además la deuda cuyo cobro se persigue no se encuentra prescrita, de manera tal que no existe en el caso de marras una actuación arbitraria o ilegal de la recurrida que perturbe derechos garantizados por la Carta fundamental.

No obstante lo anterior, hace presente que, sin reconocer la extinción de la deuda, ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en la acción de protección deducida, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al actor. Asimismo, ha dispuesto la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

Por estas consideraciones, y al haber perdido oportunidad el recurso de protección, solicita que el mismo sea rechazado.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber procedido la recurrida a descontar de las remuneraciones del protegido cuotas pendientes de pago de los créditos código N° 16800130305, y N° 16800151779, otorgados por la Caja de Compensación Los Andes al recurrente, cuyo cobro ha sido practicado por la recurrida al tenor de lo sostenido en su informe, reprochando el actor que dicha medida resultaría arbitraria e ilegal.

Quinto: Que, en este sentido, del mérito de los antecedentes expuestos, y al menos en lo que dice relación con los descuentos del crédito código N° 16800130305, no se encuentra discutido que la deuda fue materia de un juicio ejecutivo en autos Rol C-26248-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, la que actualmente se encuentra archivada.

Sexto: Que, de este modo, a pesar de existir un juicio en sede civil, el cual inicia en virtud de demanda incoada por la Caja recurrida en orden a cobrar el saldo insoluto del pagaré antes mencionado, la recurrida procedió a efectuar el descuento aludido de la remuneración del actor. En ese sentido, si bien la Caja de Compensación obrante explicitó su decisión de cobrar judicialmente el pagaré pertinente, suscrito por la recurrente, haciendo efectiva la cláusula de aceleración que comprende, paralelamente procuró su pago a través del descuento reprochado por la actora.

Por lo anterior, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera arbitraria e injustificada al forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la ley N°18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan; beneficio que resulta improcedente requerir, considerando que -al mismo tiempo- la reclamada ejerció por vía judicial las acciones tendientes a cobrarlo, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para obtener el cumplimiento de la obligación por los medios legales ordinarios, como consta que lo hizo.

Séptimo: Que, este proceder unilateral, manifiestamente arbitrario de la recurrida, corresponde que sea declarado y se otorgue amparo al recurrente, pues de lo contrario la Caja de Compensación denunciada obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente en el futuro, ocupando diversos sistemas jurisdiccionales para obtener el pago que se le adeuda.

Octavo: Que, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándola de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que el arbitrio, como se adelantó, debe ser acogido.

Noveno: Que, al respecto, la recurrida ha sostenido que dispuso no solo el cese definitivo de los descuentos de los créditos otorgados al recurrente, sino además la restitución de aquellas sumas que ha percibido, como asimismo la devolución de toda suma que haya recibido en el intertanto, sin perjuicio de lo cual no acompañó junto a su informe antecedente alguno que diera cuenta de esa situación, a saber, el cese de los descuentos y la restitución de los dineros percibidos por la Caja de Compensación recurrida, por lo que esta Corte no puede rechazar la acción deducida, como se pretende en estos autos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto se ordena a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago de los créditos sociales código N° 16800130305 y N° 16800151779 vía descuentos de las remuneraciones del actor, y deberá reembolsar los montos indebidamente descontados, en un plazo de quince días desde que esta sentencia quede ejecutoriada.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-23359-2024.

En Santiago, veinticinco de abril de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.