nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES

Santiago, cuatro de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado legalmente por su Director Nacional don Luis Eduardo Thayer Correa, impugnando la Resolución Exenta N° 2500100151436 de fecha 24 de septiembre de 2025, mediante la cual se rechazó la solicitud de residencia temporal de la amparada.

Fundan su acción en que la recurrente solicitó residencia temporal desde el extranjero el 16 de julio de 2024, amparada en un contrato de trabajo para desempeñar funciones de "asistente de apoyo administrativo en proyectos de ingeniería". Señalan que, tras una notificación de solicitud incompleta y una subsanación posterior, el Servicio recurrido notificó un "Previo Rechazo" y finalmente dictó la resolución impugnada, argumentando que el objeto del contrato de trabajo no es coherente con las actividades declaradas por el empleador ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), requisito exigido por el artículo 17 letra c) del Decreto N° 177 de 2022.

Alega que dicha decisión es ilegal y arbitraria, argumentando que el empleador, don nombre reservado, posee inicio de actividades en el rubro de "Servicios profesionales de ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica" (Código 711003), y que las labores administrativas son complementarias y necesarias para dicho giro. Estiman vulneradas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y libertad de trabajo, consagradas en el artículo 19 numerales 2, 3 y 16 de la Constitución Política de la República. Solicitan se deje sin efecto la resolución y se ordene continuar con la tramitación.

SEGUNDO: Que, informando el recurso, el Servicio Nacional de Migraciones solicita su rechazo total. Expone que la recurrente ingresó solicitud de residencia temporal subcategoría "motivos económicos". Señala que, tras revisar los antecedentes, se detectó que el contrato de trabajo acompañado no cumplía con el requisito de coherencia exigido por el artículo 17 letra c) del Decreto N° 177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Indica que se otorgó a la solicitante la oportunidad de subsanar mediante una solicitud de antecedentes adicionales y, posteriormente, mediante una notificación de causal de rechazo (pre-rechazo) conforme al artículo 91 de la Ley N° 21.325. Sostiene que, pese a los documentos aportados por la recurrente (boletas de honorarios del empleador y carta explicativa), la autoridad administrativa estimó que las labores genéricas de asistencia administrativa convenidas con un empleador persona natural no guardan la relación directa y necesaria exigida por la norma con el giro de servicios especializados de ingeniería. Concluye afirmando que la resolución se encuentra debidamente fundada y dictada dentro de la esfera de sus competencias, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que la controversia jurídica se centra en determinar si la Resolución Exenta N° 2500100151436, que rechazó la solicitud de residencia temporal de la actora, adolece de ilegalidad o arbitrariedad al calificar que el contrato de trabajo presentado no cumple con el requisito de coherencia con el giro del empleador.

QUINTO: Que, en cuanto a la legalidad del acto, se advierte que el Servicio Nacional de Migraciones es el órgano competente para resolver las solicitudes de residencia, conforme al artículo 157 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. Asimismo, la resolución impugnada fue dictada tras un procedimiento administrativo en el cual se respetaron las etapas legales: se notificó a la interesada la insuficiencia de antecedentes (abril de 2025), se le otorgó plazo para subsanar, y posteriormente se le notificó la causal de rechazo conforme al artículo 91 de la citada ley (junio de 2025), permitiéndole presentar descargos. Por consiguiente, no se observa infracción a las normas procedimentales ni falta de competencia.

SEXTO: Que, respecto a la arbitrariedad y el fondo del asunto, la normativa aplicable es el Decreto N° 177 de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece las subcategorías migratorias de residencia temporal. Su artículo 17 letra c) dispone expresamente como requisito que: "El objeto del contrato de trabajo deberá ser coherente con las actividades declaradas por el empleador ante el Servicio de Impuestos Internos".

La exigencia de "coherencia" otorga a la Administración un margen de apreciación técnica para evaluar si la función a desempeñar por el extranjero se condice lógicamente con la actividad económica del empleador, con el fin de asegurar la veracidad del vínculo laboral y la utilidad económica de la migración en esta subcategoría específica.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes que obran en el expediente, aparece que el empleador es una persona natural cuyo giro registrado es "Servicios profesionales de ingeniería". La labor contratada es la de "Asistente de apoyo administrativo".

Al respecto, esta Corte estima que la decisión de la autoridad administrativa de considerar insuficiente la coherencia entre un giro profesional altamente especializado (ingeniería) prestado por una persona natural y la contratación de un extranjero para labores genéricas administrativas, no reviste el carácter de caprichosa o irracional. La Administración, en ejercicio de sus facultades privativas, ha ponderado que la naturaleza de las funciones administrativas básicas no guarda la relación sustantiva requerida con la prestación personal de servicios de ingeniería, interpretación que se encuentra dentro de los márgenes de la legalidad y la razonabilidad técnica.

El hecho de que la recurrente discrepe de la calificación técnica efectuada por el Servicio recurrido no transforma la decisión en un acto arbitrario, toda vez que la resolución contiene los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan, basándose en el incumplimiento de un requisito objetivo establecido en el reglamento.

OCTAVO: Que, adicionalmente, no se vislumbra vulneración a la igualdad ante la ley, pues no se ha acreditado que la autoridad haya resuelto de manera diversa casos idénticos bajo los mismos supuestos fácticos. Tampoco se afecta la libertad de trabajo, por cuanto este derecho, tratándose de ciudadanos extranjeros, se ejerce en conformidad a las leyes de migración establecidas por el Estado, las cuales imponen requisitos de ingreso y permanencia que, en la especie, no fueron satisfechos a juicio de la autoridad competente.

NOVENO: Que, en consecuencia, no existiendo un acto ilegal o arbitrario que conculque las garantías constitucionales invocadas, la presente acción cautelar no puede prosperar, correspondiendo confirmar la decisión administrativa que, actuando dentro de sus facultades y procedimiento, denegó el permiso solicitado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra del Servicio Nacional De Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-23350-2025.