BUSES VULE S.A. con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO

Santiago, treinta y uno mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que recurre de protección don nombre reservado abogado, en representación de la empresa BUSES VULE S.A., en contra de la Inspectora Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Ordinario N°221 de 12 de septiembre de 2017, que rechaza iniciar la tramitación de la reconsideración administrativa de multa presentada por su parte con lo que se están vulnerando las garantía constitucional del número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que la conducta a describir consiste en la negativa del organismo fiscalizador de la administración de admitir a tramitación una reconsideración de multa administrativa, por calificarla de extemporánea, producto de contar los días para la interposición de dicho recurso como de días corridos y no de días hábiles conforme a la normativa aplicable.

Señala que como consta de los documentos que acompaña, con fecha 24 de enero de 2018 se presentó por correo certificado, solicitud de Recurso Administrativo de Reconsideración de Multa impuesta a su representada aplicada, según Resolución N° 3655-17-41 de fecha 12 de septiembre de 2017, la que nunca le fue notificada, lo que provoca que su parte quedara en la más completa indefensión.

Expone que posteriormente, a través de Ordinario N° 221, le fue enviada por Correos de Chile, notificada a través de carta certificada, con fecha 15 de febrero de 2018, no haber dado cumplimento a los requisitos que le permitían a la Inspección del Trabajo conocer de tal solicitud, ello en atención a no haberse acudido dentro del plazo legal de 30 días, contados desde su notificación Agrega que en la especie, se ha producido la actuación ilegal y arbitraria a la luz de lo que dispone el artículo 25 de la Ley N° 19.880, que se refiere al cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo. Solicita dejar sin efecto el Ordinario N° 221 de 15 de febrero de 2018, ordenando a dicha Inspección conocer de la reconsideración administrativa presentada con fecha 24 de enero del año en curso.

SEGUNDO: Que, la recurrida evacúa el informe alegando, en primer término, que la presente acción constitucional carece de objeto y causa de pedir, pues conforme al petitorio la actora solicita que se acoja y en definitiva la Inspección realice todas las gestiones para admitir a tramitación el recurso de reconsideración, sin embargo ha sido la propia recurrente quien en un acto voluntario, ha pagado directamente en Tesorería General de la Republica con fecha 8 de febrero de 2018, la multa que pretende que se reconsidere , debiendo entenderse que al haberla pagado, tenia pleno conocimiento de la misma y que por tanto no existe alegación alguna que se encuentre pendiente de resolver; hace presente que el pago se verificó aun antes de la dictación del Ordinario N° 221.

Alega la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, toda vez que se ha interpuesto el presente recurso de protección contra una resolución administrativa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural la reclamación judicial, según dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, en concordancia con el artículo 503 del mismo cuerpo legal.

En segundo término, y respecto del fondo del recurso, señala que la actuación de la Inspección Comunal del Trabajo se ajusta plenamente a sus facultades de reconsiderar las multas, de conformidad al artículo 511 del Código del Trabajo, en cuanto a considerar el plazo que prescribe el artículo 512 como de días corridos, esta se ajusta a la regla general establecida en dicho código, toda vez que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, así lo ha consignado expresamente, siguiendo el modelo del artículo 50 del Código Civil. Agrega que la resolución impugnada sustenta su validez, además, en los Dictámenes N° 017344 y 064985 de la Contraloría General de la República, en los que se establece que el plazo señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos. En cuanto a la alegación fundada en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, señala que la propia norma excluye su aplicación a plazos establecidos en otros cuerpos legales, como es el caso del Código del Trabajo.

Indica que la reconsideración de multa administrativa fue presentada extemporáneamente, toda vez que según se desprende de fotocopia simple de guía de despacho de correspondencia certificada la multa fue ingresada con fecha 14 de noviembre de 2017, entendiéndose entonces notificada al sexto día hábil, de ingresada esto es el día 21 de noviembre de 2017, siendo presentada la reconsideración con fecha 24 de enero de 2018, transcurrido en exceso el plazo de 30 días corridos, En tercer término, expone que el recurso es improcedente por falta de cumplimiento de los requisitos constitucionales para su interposición, por lo que solicita finalmente el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

CUARTO: Que se expresa por el recurrente dos argumentos respecto de su acción cautelar.

El primero, que el 24 de enero de 2018 presentó una Solicitud de Reconsideración Administrativa ante la Inspección del Trabajo, respecto de una multa de fecha 12 de septiembre de 2017, recalcando, que ésta nunca le fue notificada.

En segundo término, señala, que la Solicitud mencionada fue resuelta por el Ordinario N° 221, decisión que le fue notificada el 15 de febrero de 2018, comunicando el ente administrativo que no era posible admitirla a tramitación al no haberse presentado en el plazo de 30 días corridos a contar de su notificación.

Todo lo cual estima ilegal y arbitrario, puesto que el actuar de la recurrida no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo y artículo 25 de la Ley 19.880, en relación a la interpretación que hace al cómputo del plazo para recurrir a dicha instancia, entendiendo de tal forma que lo hizo dentro de los treinta días, tomando como referencia la notificación de 15 de febrero de 2018.

QUINTO: Que, en cuanto a la fecha de notificación de la Multa Administrativa N° 3655/17/41-1 fechada 12 de septiembre de 2017, cuya notificación niega el recurrente, lo cierto es que de conformidad a lo expresado por la recurrida y de los antecedentes que entrega la causa, a diferencia de lo que expone el recurrente en su recurso, si fue notificado de la infracción que dio origen a la multa que reclama, de la forma que dispone el artículo 508 del Código del Trabajo, en el mismo domicilio que tiene registrado la empresa, lugar que corresponde a la Gerencia de Recursos Humanos.

Dicha norma, artículo 508 del cuerpo legal citado prevé: “Las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo se podrán efectuar por carta certificada, dirigida al domicilio que las partes hayan fijado en el contrato de trabajo, en el instrumento colectivo o proyecto de instrumento cuando se trate de actuaciones relativas a la negociación colectiva, al que aparezca de los antecedentes propios de la actuación de que se trate o que conste en los registros propios de la mencionada Dirección. La notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito”.

SEXTO: Que, consecuencia de lo anterior, no queda duda de que el recurrente fue notificado de la multa en cuestión al sexto día hábil a contar del día de su recepción en la Oficina de Correos de Chile, depósito que consta realizado el día 14 de septiembre de 2017. De modo que el computo conforme a la norma citada, lleva a que la notificación se hizo efectiva día 21 de noviembre de 2017 y, no como se puede inferir de lo relatado en esta acción cautelar que lo fija el 24 de enero de 2018.

SEPTIMO: Que, cabe recordar que el acto ilegal o arbitrario que se invoca por el recurrente, es la dictación del Ordinario N° 221, a fin de que se dejase sin efecto y se instruyera a la Inspección del Trabajo admitir a tramitación el recurso de reconsideración de la multa que le fuera notificada con fecha 21 de septiembre de 2017, en razón de estar dentro de los treinta días que la norma laboral contempla.

OCTAVO: Que, en este contexto el recurso resulta inadmisible en razón de ser extemporáneo, desde que se interpuso vencido con largueza el plazo fijado para la interposición del mismo, -29 de marzo de 2018 -, por el ya referido Auto Acordado. Cabe considerar- tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia - que el plazo para recurrir de protección debe ser objetivo y no puede quedar al arbitrio de las partes, como se pretende en el caso de autos, en que se promovió una cuestión de manera artificial, que no pudo llegar a prosperar por la presente vía. Estimar lo contrario llevaría a dejar entregado a los particulares o recurrentes la fijación de dicho término, lo que resulta impropio, restando certeza jurídica en cuanto a las fechas pertinentes.

NOVENO: Que por lo razonado precedentemente, la acción constitucional intentada debe ser rechazada.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza por extemporáneo, sin costas, el recurso de protección deducido por Buses Vule S.A..

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra señora Barrientos.

Protección Nº 23.335-2018.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames, conformada por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero y la Ministra suplente señora Verónica Sabaj Escudero.