Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, nueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que con fecha 24 de octubre de 2025, comparece nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, alumno del establecimiento educacional Colegio nombre reservado, 4° medio B, interponiendo recurso de protección en contra de Colegio nombre reservado, por haber negado la posibilidad de que su hijo termine el año escolar y no permitirle asistir a la ceremonia de licenciatura, la que se realizó el 13 de noviembre del presente año, actos que considera arbitrarios e ilegales que vulneran las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 10 de la Constitución Política de la República.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que su hijo nombre reservado, alumno regular del Colegio nombre reservado, se vio involucrado en un incidente ocurrido fuera del establecimiento educacional y fuera del horario escolar, sin relación alguna con actividades académicas ni con el ámbito disciplinario del colegio. A pesar de ello, el establecimiento decidió negarle la posibilidad de finalizar su año escolar y participar en su licenciatura, amparándose en la ley “Aula Segura”.

Agrega que dicha medida fue impuesta sin procedimiento alguno, sin entrega de notificación formal, sin denuncia, sin audiencia ni derecho a defensa, vulnerando las garantías mínimas del debido proceso que la normativa educacional y la Superintendencia de Educación exigen.

Señala que la decisión del establecimiento carece de fundamento legal, pues los hechos no ocurrieron dentro del ámbito educativo ni durante la jornada escolar, excediendo por tanto la competencia disciplinaria del colegio.

Además, sostiene que no existe disposición legal que autorice aplicar la Ley Aula Segura respecto de hechos ocurridos fuera del establecimiento ni en horario no escolar, y que se ha omitido el debido proceso, contraviniendo lo dispuesto en la Ley General de Educación (N° 20.370) y en la Ley 21.128 (Aula Segura), vulnerando con ello los derechos fundamentales de su hijo que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Adicionalmente, se ha omitido el debido proceso contraviniendo lo dispuesto en la Ley General de Educación (N° 20.370) y en la Ley 21.128 (Aula Segura), lo que vulnera directamente las garantías constitucionales del derecho a la igualdad ante la ley (Art. 19 N° 2) y el derecho a la educación (Art. 19 N° 10), causando un perjuicio académico, psicológico y emocional a su hijo, con conocimiento del colegio de su tratamiento psicológico.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare ilegal y arbitraria la medida que impide a su hijo finalizar su año escolar y participar en su licenciatura, ordenando al establecimiento permitir su continuidad académica y su participación en la ceremonia de licenciatura, sin registro negativo alguno en su historial escolar, con costas.

Segundo: Que, la Fundación Educacional Colegio nombre reservado, en su informe evacuado en cumplimiento de lo ordenado por esta Iltma. Corte, y en representación de la parte recurrida, solicitó el rechazo del recurso de protección, fundándose en los siguientes argumentos de hecho y de derecho.

Precisó que todos los procedimientos aplicados se ajustaron estrictamente al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y sus protocolos, respetando el debido proceso mediante el inicio formal de procedimientos sancionatorios, notificación oportuna y por escrito a la apoderada, otorgamiento de instancias para presentar descargos y apelaciones, y resoluciones fundadas e informadas, manifestando la apoderada su conformidad en todas estas instancias.

En cuanto a la afirmación de que el incidente ocurrió fuera del establecimiento y horario escolar, la recurrida replicó que no excluye la competencia disciplinaria del colegio, invocando jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Educación que extiende la competencia al “entorno inmediato” y al “contexto inmediato de salida” cuando participan estudiantes del colegio, y el hecho se vincula con la convivencia escolar. Además, el artículo 46 de la Ley General de Educación obliga a los colegios a intervenir cuando la conducta afecta la convivencia escolar, aunque ocurra fuera del recinto, lo que en este caso involucró directamente a estudiantes del colegio y tuvo origen en relaciones escolares previas. La intervención del colegio se ajustó al RICE para garantizar la seguridad de la comunidad.

Respecto a la aplicación de una medida extrema sin debido proceso y amparándose en la ley “Aula Segura”, el colegio enfatizó que el incidente del 26 de septiembre de 2025, una pelea a la salida del colegio, donde nombre reservado participó activamente provocando lesiones al alumno agredido. La investigación incluyó entrevistas a agresores, agredidos y testigos, así como grabaciones en video que clarificaron la participación de nombre reservado, señalando ánimo de confrontación, ausencia de provocación y el inicio de la agresión por parte de nombre reservado, propinando múltiples golpes mientras la víctima estaba reducida.

Se constató que nombre reservado no actuó solo, lo que constituye un elemento agravante conforme al RICE.

La sanción aplicada fue la cancelación de matrícula, pero dado que el estudiante cursa IV Medio, la medida aplicable, según el mismo RICE, fue la exclusión o suspensión de la ceremonia de graduación, siendo la única sanción posible dentro del marco reglamentario para estudiantes de ese nivel.

Negó la vulneración de derechos, ya que no se le dejó fuera del sistema escolar y se le prestaron ayudas para lograr la promoción, encontrándose en estado de repitencia al momento de la pelea.

Desmintió desconocer la trayectoria de nombre reservado, especialmente su Diabetes Tipo 1, para la cual se han adoptado medidas razonables.

Rechazó la afirmación de tratamiento psicológico y psiquiátrico externo, pues no fue comunicada ni respaldada formalmente.

Afirmó que la ceremonia de graduación no es un derecho del estudiante, sino un acto académico-simbólico, siendo el derecho a recibir la licencia de Enseñanza Media lo que no ha sido afectado. El colegio sostuvo que el abordaje de la situación se realizó desde el ámbito formativo, reparatorio y sancionatorio, garantizando el debido proceso, proporcionalidad y gradualidad de la sanción.

Indicó que el 29 de septiembre se entrevistó al alumno y su apoderada, informándoles del procedimiento y la suspensión cautelar de 10 días hábiles, la cual fue firmada conforme. Se consideró como atenuante el reconocimiento voluntario de nombre reservado, pero como agravantes la ausencia de provocación previa y el relato de otro apoderado sobre el ofrecimiento de drogas por parte de nombre reservado.

El 7 de octubre, el Consejo Escolar decidió mantener la sanción de “Suspensión de asistencia a ceremonia de graduación”, lo que fue comunicado a la apoderada, quien apeló.

El 14 de octubre, el Consejo Extraordinario de Profesores ratificó la sanción. Posteriormente, el 27 de octubre se llevó a cabo una conciliación ante la Superintendencia de Educación, donde se acordó mantener la sanción de “Suspensión de ceremonia de graduación”, permitir la participación en ciertas actividades de IV medio (salida del colegio y fiesta) siempre acompañada por la apoderada, y se dio por cerrado exitosamente el año escolar con la promoción de nombre reservado de la Enseñanza Media. La apoderada firmó conforme la mediación/conciliación.

Tercero: Que la recurrente amplió su informe, indicando que el colegio habría hecho afirmaciones falsas en su informe, relativas a la conducta de su hijo, lo que estima contrario a su derecho a la integridad física y síquica, y a su derecho a la honra.

Pide: 1. Ordenar las medidas correspondientes para restablecer el imperio del derecho y evitar nuevas vulneraciones. 4. Disponer sanciones o instrucciones conforme a la gravedad de los hechos cometidos por el establecimiento. 5. Cualquier otra medida que esta I. Corte estime pertinente.

A este escrito se proveyó “téngase presente en la vista de la causa”.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, como se indicó precedentemente, el hecho que motiva la presente acción constitucional es la sanción al hijo de la recurrente en orden a no poder asistir a su ceremonia de licenciatura.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes aportados, aparece que el recurso no puede prosperar, habiendo perdido oportunidad, dado que, conforme a lo indicado por ambas partes, la ceremonia en cuestión ya se hizo, el 13 de noviembre del presente año.

Séptimo: Que, al respecto, resulta útil tener presente que esta acción constitucional tiene una finalidad cautelar, lo que supone que esta Corte se encuentre en condiciones de otorgar una tutela de urgencia al tiempo de resolver el recurso, de manera tal que si el acto que se pretende evitar ya se ha ejecutado y producido sus efectos, el recurso no puede prosperar por haber perdido oportunidad.

Octavo: Que los nuevos hechos arbitrarios e ilegales que la recurrente indica en su ampliación del recurso son, por su propio tenor, simples disconformidades de la recurrente con lo informado por la recurrida, no siendo el recurso de protección una vía idónea para ventilarlas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, y en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-23331-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señor Pedro Salvador Jesus Caro Romero, señora nombre reservado y el Abogado Integrante señora Soledad Krause Muñoz.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, nueve de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.