nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que con fecha 26 de mayo de 2021 compareció la abogada doña Paloma Herrera Valenzuela, en favor de nombre reservado e interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos - en adelante SII-, representado por nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) representada por nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por el acto arbitrario cometido al retener a la actora las cotizaciones previsionales en concepto de salud, y por la omisión arbitraria de no declararla excepcionada del pago en razón de su residencia en el extranjero, respectivamente. Dichos actos constituyen privación, perturbación, y por sobretodo, amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales consagrados en el N°2 y N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la igualdad y propiedad, respectivamente.

Como antecedentes de hecho, señala que la recurrente vivió en Chile desde que nació, hasta aproximadamente el año 2019, desempeñándose laboralmente en la actualidad, como perito traductora del idioma inglés, en el Poder Judicial de Chile, así como también prestando servicios de forma independiente, a través de diferentes asesorías.

Agrega que en el mes de septiembre de 2019, la Sra. nombre reservado decidió ir a residir y trabajar a Inglaterra. Sin perjuicio de lo anterior, ella continúa ejerciendo su profesión de traductora independiente, prestando servicios tanto a clientes chilenos como extranjeros, para lo cual ha continuado emitiendo boletas de honorarios. Por lo anterior, debió declarar su renta para el año tributario 2020 ante el SII, y así cumplir con sus obligaciones tributarias.

En el marco de lo anterior, en la propuesta de la “Operación Renta” arrojó una serie de descuentos correspondientes a cotizaciones previsionales, lo que implicó que la devolución de impuestos fuera considerablemente menor a la esperada.

En la especie, le fueron descontadas las siguientes cotizaciones: (i) Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), (ii) Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (ATEP), (iii) SANNA (Ley Nº21.063), Salud (FONASA) y AFP, siendo que actualmente se encuentra afiliada al sistema de salud inglés, ya que es requisito indispensable para contar con su residencia en dicho país.

Agrega que habiendo solicitado información a la Superintendencia, por medio de una consulta Web, sobre su situación y de la posibilidad de eximirse del pago de las cotizaciones previsionales ya mencionadas, se le respondió mediante correo electrónico que se acompaña a este informe, lo siguiente:

“Al respecto, esta Superintendencia cumple con manifestarle que, teniendo la calidad de trabajadora independiente obligada a cotizar, aunque los servicios los preste de forma remota para una contraparte técnica ubicada en Chile; necesariamente deberá efectuar cotizaciones previsionales a través de la Operación Renta de cada año, puesto que actualmente no hay una voluntariedad absoluta en ello, enterándose en la institución que le corresponde por defecto en nuestro país, por ejemplo, para efectos de salud le corresponde FONASA y para los de la Ley N°16.744 el Instituto de Seguridad Laboral. Es así, que aunque Ud. no esté activada como cotizante de FONASA, sus cotizaciones de salud se dirigen al régimen que le corresponde por defecto. Teniendo la opción de activar su afiliación.”

Atendido que posteriormente tomó conocimiento del Decreto N°175 de 2016 del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga el Acuerdo de aplicación del convenio de seguridad social entre el Gobierno de la República de Chile y el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, realizó una consulta al SII por medio del contacto web sobre la posibilidad de poder acogerse a dicha normativa y evitar el pago dual por cotizaciones de salud en ambos países. Señala que el SII le respondió que en la propuesta de declaración se le ofrecen dos opciones y que las consultas de materias previsionales las debe hacer a la subsecretaria de Previsión Social.

Indica que realizó la declaración renta aceptando la propuesta por el SII, pagando los montos que detalla que ascienden a $1.137.424 En consideración a lo anterior, la recurrente le imputa a la Suseso una supuesta negativa en orden a devolver las cotizaciones solicitadas por la recurrente, debido a que existe una acción por parte del SII, cual es retener los dineros por concepto de cotizaciones previsionales y de salud y una omisión por parte de la Suseso, de interpretar correctamente la normativa previsional aplicable al caso concreto.

Indica que este actuar y omisión, si bien es un acto legal, es manifiestamente arbitrario, porque carece de absoluta racionalidad y fundamento. Por otra parte, la omisión de pronunciamiento por parte de la SUSESO, también se constituye como arbitraria. Explica que esta arbitrariedad se da porque la recurrente es una persona natural, chilena, trabajadora independientes que reside en el exterior por lo que es inequívoco que no va a utilizar el sistema de salud chileno hasta el 2024, debido a que hasta esa fecha dura la beca que realiza su marido. Por este motivo y atendido que la situación de facto es distinta a la de cualquier otro trabajador independiente chileno, se debe dar un trato diferenciado y especial, orientado a que no se genere la vulneración de derechos que denuncia.

Sostiene que el actuar y la omisión de las recurridas afecta el principio de igualdad establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, debiendo la Suseso excepcionar a la recurrente, por medio de una circular o instrucción, a lo menos, del pago de las cotizaciones de salud que ya se encuentran cubiertas en el país en que el que actualmente reside.

Asimismo, sostiene que se vulnera el derecho de propiedad al descontar de las rentas obtenidas por boletas de honorarios los montos de cotizaciones de salud ascendente a $278.539.

Solicita que se adopten las medidas para restablecer el imperio del derecho, ordenando al SII o a quien corresponda, restituir a la recurrente la totalidad de los montos retenidos en la declaración anual de renta 2021 por cotizaciones de salud y a la Superintendencia de Seguridad Social, a fin de que en uso de sus facultades interpretativas y normativas declare la excepción del pago en las cotizaciones de salud en las operaciones renta de los años tributarios próximos, mientras esté residiendo en el extranjero e informe dicha situación a las instituciones respectivas.

Acompaña: 1.- Certificado Declaración de nombre reservado de la recurrente del AT 2021, emitido por el SII digitalmente, con fecha 05 de mayo de 2021.

2.- Comprobante de Pago de Cotizaciones la rcte correspondiente a la Operación Renta 2021, emitido por el SII digitalmente, con fecha 5 de mayo de 2021.

3. Copia de Tarjeta de Residencia (Residence Permit) en Reino Unidode recte vigencia entre 22/08/2019 y 30/03/2021. Y la misma con otro n° con vigencia entre 26/11/2020 y 31/12/2024.

4. Copia de correo electrónico en que consta registro de seguro de salud de Reino Unido de la rcte con fecha 26 de abril de 2021.

5. Copia de correo electrónico de respuesta a solicitud de información por parte de la Suseso, emitida digitalmente por dicha entidad con fecha 09 de abril de 2021.

6. Copia de correo electrónico de respuesta a solicitud de información por parte del SII, emitido el 28 de abril de 2021.

7. Certificado de Acuerdo de Unión Civil entre nombre reservado y su pareja becario, emitido por el Servicio de Registro Civil, el 26 de abril de 2021.

SEGUNDO: Que con fecha 11 de agosto de 2021, informa el Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo del recurso en base a los siguientes argumentos.

En cuanto a los antecedentes de hecho señala que:

- La recurrente dio inicio de actividades el 10 de enero de 2010 con servicios de traducción e interpretación y luego amplió el giro el 13 de dic de 2018 - En el AC 2020 emitió boletas de H que dan cuenta de obtención de ingresos brutos de $18.421.860.

- Al momento de efectuar la declaración renta optó por el régimen de cobertura parcial respecto del pago de sus cotizaciones previsionales como trabajadora independiente, por lo que declaró un monto de $1.137.424 y solicitó una devolución de $629.036, según las cifras que detalla.

Y luego señala los mismos actos que en el recurso Alega la improcedencia del recurso debido a:

1.- Inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del SII, ya que se encontraría dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en la ley N°21133 estableció que los trabajadores que emitían boletas de honorarios por un monto bruto anual o superior a cuatro ingresos mínimos mensuales, estarían obligados a cotizar, según el régimen de cobertura al que opten al momento de efectuar su Declaración de nombre reservado a la Renta y que esta opción sólo se puede hacer hasta el 2028.

De esta forma se puede apreciar que: a) la obligación de cotizar es obligatoria y anual;

b) El ejercicio de la opción de cobertura total o parcial se materializa al momento de presentar el trabajador independiente su Declaración de nombre reservado a la Renta; c) Dichas cotizaciones se hacen con cargo a las retenciones de los saldos a favor de los contribuyentes, originados en las retenciones a cuenta de sus impuestos, efectuada por el Servicio de Tesorería.

Señala que la normativa es ajena a la tributaria y la única intervención que le cabe a dicho organismo es la de contribuir, por mandato legal, al cálculo de lo que se debe pagar por concepto de cotizaciones previsionales, de conformidad con los antecedentes que le deben proporcionar las AFP y las Superintendencias de Salud y Seguridad Social. Luego el SII comunica a la TGR la individualización de los afiliados independientes que deben pagar las cotizaciones ya descritas y la entidad previsional a que se encuentren afiliados.

En cuanto a la situación de la recurrente, señala que ésta no cuestiona todos los pagos, sino que solo califica de arbitraria o ilegal la efectuada por concepto de pago de cotizaciones por salud, realizada con ocasión de su Declaración de nombre reservado a la Renta, correspondiente al AT 2021, por cuanto estima que, al estar ella pagando cotizaciones por este concepto en el sistema Inglés, debería de eximírsela del pago en Chile, ya que existe un Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda (Reino Unido).

Sin embargo, el cálculo efectuado respecto de las cotizaciones de salud resulta totalmente procedente, ya que los trabajadores independientes se encuentran obligados a efectuar todas las cotizaciones que señala la ley y el legislador no ha establecido ninguna causal que permita a la contribuyente eximirse de su obligación de efectuar cotizaciones previsionales, fundada en la causal que invoca.

De esta forma, el Servicio no ha incurrido en ilegalidad alguna, toda vez que, cumplió con la obligación impuesta por la ley de calcular el monto de las cotizaciones, conforme a la información entregadas por las entidades respectivas, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 92 D y 92 F, del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, en relación con los artículos 74, N°2°, 84, letra b), 88 y 89, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con la finalidad de destinarla a las cotizaciones por seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (ATEP), Ley SANNA, Salud y AFP, acorde a las tasas legalmente establecidas, todo ello determinado sobre la base imponible de las cotizaciones según el régimen de cobertura parcial al cual se acogió la recurrente, en su calidad de trabajadora independiente.

2.-Inexistencia de afectación de las garantías constitucionales que se indican:

Respecto de la infracción a la igualdad ante la ley: es necesario que el recurrente demuestre que, respecto de ella se ha efectuado un trato desigual en comparación con otros en su misma situación o en una situación similar; considerando que la recurrente de autos, no aporta ningún tipo de antecedente que permita esclarecer si existe, respecto de ella, un trato desigual ante la ley, y diferenciado respecto de otros contribuyentes que se encuentran en la misma situación; no resulta posible acreditar la conculcación de las garantías fundamentales en comento.

Respecto del derecho de propiedad: Al no haber incurrido en acto ilegal o arbitrario, malamente puede haber conculcación de este derecho, más aun considerando que la recurrente no tiene un derecho indubitado sobre las devoluciones de impuestos, sino una mera expectativa, cuestión que ha sido asentada por nuestros tribunales de justicia en reiteradas ocasiones.

Asimismo, la retención es de carácter legal realizada para fines de previsión se ha establecido para el propio beneficio de los trabajadores independientes, calidad que mantiene la recurrente de autos. En ese sentido, cabe señalar que, por un lado, los montos retenidos por concepto de AFP se mantienen dentro de la esfera de su patrimonio; y, por otro lado, aquellos montos retenidos por concepto de salud y seguros, ceden en exclusivo beneficio de la misma recurrente, todo ello, en los términos propios que la ley ha establecido para ello.

TERCERO: Que con fecha 16 de agosto de 2021, comparece el abogado don Sebastián de la Puente Hervé en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, alega que las respuestas a las consultas efectuadas por medio de la página web, son solo de carácter informativo y se realizan en términos generales y abstractos y por ello, no existe un acto administrativo en los términos señalados en dicha la ley que haya dado respuesta a la recurrente respecto de su caso específico por medio de un oficio firmado por la autoridad respectiva. En tal sentido, cabe precisar que esta Superintendencia no ha emitido pronunciamiento oficial alguno sobre la materia objeto del presente recurso, por lo que no puede existir un acto ilegal o arbitrario.

Asimismo, alega la falta de legitimidad pasiva, toda vez que aparece negando un derecho, en circunstancias que de las cotizaciones descontadas solo fiscaliza la que dice relación con la Ley N°16.744 vinculada con el Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, contemplado en dicho cuerpo normativo. En tal sentido, la Superintendencia recurrida, a modo ejemplar, no es competente para ejercer labores fiscalizadoras respecto de cotizaciones de Salud (FONASA) y Pensiones (Superintendencia de Pensiones).

En cuanto a las cotizaciones obligatorias, el 19 N°9 de la CPR o en ninguna otra disposición, que obligue a que estas cotizaciones cedan en favor exclusivo del cotizante, sino sólo esto se establece en el DL 3500, pero el sistema sanitario no funciona en términos de ahorros sino que se trata de un monto destinado a financiar un derecho fundamental.

Luego cita las principales normas de la ley N°21.133 y que de la naturaleza jurídica de la cotización para salud, es posible afirmar que no existe en la normativa actual una exención de la obligación efectuar la cotización para salud en el caso de los trabajadores independientes, ni menos aún en el caso que el titular se encuentre viviendo en el extranjero.

Respecto al pago de las cotizaciones a las AFP, el SII durante el proceso de declaración y pago del impuesto a la renta, debe comunicar la información respectiva a la Tesorería General de la República, para que esta última entidad proceda al pago de las cotizaciones al organismo administrador en el que se encuentre afiliado o adherido el trabajador independiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 92 G del Decreto Ley N°3.500, de 1980.

Respecto del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, regulado por la Ley Nº16.744, el artículo 19 de dicha ley dispone que el régimen financiero del seguro será el de reparto, lo que significa que las cotizaciones efectuadas por los empleadores y los trabajadores independientes se incorporan a un fondo económico común, que sirve para el financiamiento de las prestaciones que corresponda otorgar a los trabajadores protegidos por este seguro.

Tratándose de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N°18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

De esta forma, no existe acto arbitrario e ilegal de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que su representada jamás se pronunció oficialmente sobre el caso particular de la recurrente, toda vez que jamás se dictó una resolución, oficio o dictamen en virtud de una presentación formal dirigida ante mi representada, por lo que tampoco existe vulneración de garantía constitucional alguna de la cual haya sido privado la recurrente como, tampoco amenazada en su legítimo ejercicio, pues como ya se indicó, su representada no emitió pronunciamiento formal alguno sobre la materia.

CUARTO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que consecuencialmente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

SEXTO: Que la Ley N° 20.255, de 2008, sobre Reforma Previsional, creó un sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez, complementario del sistema de pensiones a que se refiere el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, y modifica éste y otros cuerpos legales, estableció que los trabajadores independientes que emitían boletas de honorarios se incorporarían gradualmente al sistema de pensiones, a contar del 01.01.2012, a fin de que obtengan una cobertura en materia de salud y de pensiones similar a la de los trabajadores dependientes.

Estas modificaciones entraron en vigencia a partir del proceso de Operación Renta, del Año Tributario 2019; cuando, en virtud de la promulgación y publicación de la Ley N° 21.1332, se estableció que los trabajadores que emitían boletas de honorarios por un monto bruto anual o superior a cuatro ingresos mínimos mensuales, estarían obligados a cotizar, según el régimen de cobertura al que opten al momento de efectuar su Declaración de nombre reservado a la Renta. Cabe precisar que, este derecho de opción, solo se puede ejercer hasta el año 2028, tras el cual, solo procederá el régimen de cobertura total.

SÉPTIMO: Que para resolver la cuestión debatida en esta causa, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 2° transitorio, incisos primero y segundo de la Ley N°21.133 que dispone:

“Los trabajadores a que se refiere el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980, deberán efectuar las cotizaciones del Título III del mencionado decreto ley y el 7% destinado a financiar prestaciones de salud, así como la cotización del seguro social de la ley N° 16.744 y la cotización para el seguro de acompañamiento de niños y niñas de la ley N°21.063, por el 100% de la renta imponible establecida en el inciso primero del artículo 90 del citado decreto ley, en el proceso de declaración conforme con el artículo 65 de la Ley sobre Impuesto a la Renta del año tributario 2019. Los trabajadores podrán en forma expresa manifestar su voluntad de cotizar por los montos a que se refiere el inciso siguiente, en el proceso de declaración conforme con el artículo 65 de la Ley sobre Impuesto a la Renta del año tributario 2019. La Superintendencia de Pensiones, mediante una norma de carácter general, establecerá el procedimiento para el ejercicio de este derecho.

Los trabajadores que ejerzan el derecho a que se refiere el inciso anterior, deberán efectuar las cotizaciones del Título III de decreto ley N° 3.500, de 1980, y el 7% destinado a financiar prestaciones de salud, con excepción de la cotización destinada al financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia, de la cotización del seguro social de la ley N° 16.744 y de la cotización para el seguro de acompañamiento de niños y niñas de la ley N° 21.063, por la renta imponible establecida en el inciso primero del artículo 90 del citado decreto ley, multiplicada por 5%, 17%, 27%, 37%, 47%, 57%, 70%, 80%, 90% y 100%, en la declaración anual de la renta del año tributario 2019 y siguientes, respectivamente.”

De esta forma, atendido que el recurrente se encuentra dentro de los sujetos sometidos a la retención de cotizaciones previsionales que establece la Ley 21.133, puesto que no alega que se encuentre dentro de los casos de excepción, tal como todas aquellas personas que se encuentran en su misma situación.

SÉPTIMO: Que cabe tener presente que en la especie no estamos frente al derecho de propiedad como pretende la recurrente, sino que por el contrario, se trata de materias relacionadas con el derecho a la seguridad social, no contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que estas están reguladas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, conforme al cual se otorga un mandato especial al Estado para garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. En opinión del profesor nombre reservado, los derechos públicos subjetivos de la seguridad social importan verdaderas facultades de los administrados frente a la administración, quienes por su naturaleza de personas son acreedoras al otorgamiento de las prestaciones necesarias para cumplir y satisfacer sus necesidades y lograr su bienestar (Derecho de la Seguridad Social, p. 153 y ss.). Ello ha llevado incluso a la doctrina a consignar que los derechos públicos subjetivos de la seguridad social -entre los que se encuentra ciertamente el derecho y deber de cotizar- se caracterizan por ser: a) patrimoniales, en tanto forman parte del patrimonio de las personas, destinadas a asistirlas para que puedan llevar una vida digna, cuando se verifique algún estado de necesidad; b) personalísimos, de modo que son inalienables e irrenunciables; c) imprescriptibles, en cuanto las personas siempre podrán requerir al Estado o a los particulares que, en virtud del principio de subsidiariedad, administran parte del sistema, los beneficios para aplacar el estado de necesidad que los afecte; y d) establecidos en aras del interés general de la sociedad;

OCTAVO: Que, en tal sentido, la cotización ha sido definida por algunos autores como “una forma de descuento coactivo, ordenada por la ley con respecto a determinados grupos, afecta a garantizar prestaciones de seguridad social” (Héctor Humeres M. y Héctor Humeres N., Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, p. 426). De este modo, la obligación de cotizar “es exigida por la sociedad, representada para este efecto por el órgano gestor; es una obligación de derecho público subjetivo, que faculta al titular para exigir la obligación, por lo cual nuestra jurisprudencia ha considerado que la obligación de cotizar no tiene carácter contractual ni ha nacido de la voluntad de las partes” (Ibid.). Puede apreciarse entonces que se trata de un acto mediante el cual de manera imperativa, por mandato de la ley, el empleador debe descontar determinadas sumas de dinero, de propiedad del trabajador y en el caso en cuestión es el Servicio de Impuestos internos respecto de los trabajadores independientes, para garantizar en ambos casos, la efectiva y adecuadamente prestaciones de seguridad social vinculadas a estados de necesidad que son consecuencia de la vejez y sobrevivencia, esto es, jubilaciones y montepíos.

Que, en suma, es preciso afirmar que el régimen previsional, y específicamente el de cotizaciones previsionales de salud, constituye parte del entramado del sistema de seguridad social, amparado en cuanto derecho por la Constitución Política en el numeral 18° de su artículo 19, cuyo desarrollo corresponde al legislador. Se trata de un derecho social cuya principal dificultad normativa consiste en la búsqueda de garantías efectivas que permitan satisfacer el contenido constitucional de esta clase de derechos fundamentales;

NOVENO: Que, en consecuencia de lo anterior, no existe un acto ilegal por parte del Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Seguridad Social, pues la retención que se ha efectuado a la declaración de renta del Año Tributario 2019 que grava las rentas percibidas o devengadas durante el año comercial 2018, lo ha sido en cumplimiento al mandato legal que establece la ley N°21.133.

Habiéndose dado cumplimiento a un mandato legal por parte de los organismos recurridos, no puede estimarse que este actuar obedece al mero capricho de los mismos, lo que descarta que se trate de un acto arbitrario. Por lo mismo no puede estimarse que el acto afecte el principio de igualdad como denuncia el recurrente, cautelado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución.

Que, así las cosas, no existe el primero de los presupuestos para la procedencia del recurso de protección, pues no existe un acto ilegal o arbitrario de parte de la recurrida. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y del Servicio de Impuestos Internos Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-23316-2021.

Redacción del Ministro (S) Sr. Guillermo Rodríguez González No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones como Ministro Suplente.