Protección contra Cuerpo de Bomberos de Conchalí-Huechuraba

C.A. de Santiago Santiago, doce de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 23 de octubre de 2025, comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° NUM000, exbombero de la 7ª Compañía de Bomberos de Conchalí, interponiendo recurso de protección en contra del Cuerpo de Bomberos de Conchalí-Huechuraba, representado por don nombre reservado, por habérsele expulsado de la institución, lo que considera ilegal y arbitrario, ya que se le aplicaron medidas disciplinarias de máxima gravedad sin respetar las garantías mínimas del debido proceso, tales como la falta de comunicación clara de los cargos imputados, la nula posibilidad de defensa, la falta de imparcialidad de la comisión investigadora, la violación de los plazos reglamentarios del proceso, y una decisión sin fundamentación ni valoración probatoria de ambas partes, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2), el debido proceso y un procedimiento racional y justo (artículo 19 N° 3, incisos 5° y 6°), y el respeto y protección de la honra y vida privada (artículo 19 N° 4), que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se ordene cesar los abusos y se repongan sus derechos, reintegrándolo a la institución y entregándole las listas y actos de servicio no percibidos durante su sanción.

Relata que el viernes 25 de julio de 2025, recibió un correo electrónico del secretario general del Cuerpo de Bomberos de Conchalí-Huechuraba, comunicándole la existencia de un informe en su contra y el inicio de un protocolo de investigación. El mismo día, el capitán de compañía le informó verbalmente que quedaba fuera de sus servicios bomberiles mientras durara la investigación. El lunes 28 del mismo mes, recibió una citación para presentarse ante la comisión investigadora y, mediante otro correo del capitán, se le comunicó la suspensión de funciones, atribución que según el reglamento solo corresponde a un organismo disciplinario.

Esa misma noche, el recurrente interpuso una denuncia en la Policía de Investigaciones, por injurias y calumnias en su contra, sin tener acceso aún al informe que motivaba la investigación interna.

El martes 29 de julio de 2025, el recurrente se presentó ante la comisión investigadora, donde solo se le realizaron dos preguntas. Destaca que la tesorera general, nombre reservado, miembro de la comisión, no estuvo presente en su declaración, pero sí participó en las declaraciones de la denunciante y sus testigos.

Continúa señalando que el lunes 04 de agosto de 2025, el recurrente envió un correo al superintendente solicitando claridad sobre las acusaciones, ya que no se le había entregado ni leído el informe en su contra. Ante la falta de respuesta, el martes 05 de agosto, reiteró su solicitud con copia a otros oficiales, recibiendo una respuesta de la tesorera general indicando que el caso seguía siendo investigado y se le informaría al finalizar. El viernes 15 de agosto de 2025, a los 22 días de iniciada la investigación, recibió un correo del secretario general comunicando la resolución de la investigación, finalizada por el consejo de oficiales generales y enviada al consejo superior de disciplina.

Finalmente, refiere que el lunes 25 de agosto de 2025, a los 32 días de iniciada la investigación, recibió el correo de citación al consejo superior de disciplina para el jueves 28 del mes ya mencionado, y solo en ese momento se le hizo entrega del informe en su contra y del informe de la comisión investigadora, que recomendaba su expulsión. El mismo día el recurrente concurrió ante el consejo superior de disciplina, donde presentó un informe con sus respuestas y defensas, ya que durante toda la investigación no se le había dado la oportunidad de hacerlo. La sala del consejo acogió la sugerencia de la comisión y decidió expulsarlo de la institución por acoso y abuso, a pesar de que la investigación, según el recurrente, no encontró pruebas ni testigos que confirmaran las acusaciones.

Indica que el 08 de septiembre de 2025, el recurrente envió un correo al superintendente apelando la resolución, y fue informado de que su apelación sería canalizada a la Sala N° 1. Sin embargo, el 29 de aquel mes recibió un correo del secretario general informando que la Sala N° 1 rechazó su apelación.

Finalmente, el 15 de octubre de 2025, solicitó al superintendente información sobre la asistencia y compromisos económicos de los consejeros de disciplina, recibiendo como respuesta que era “información institucional reservada”. También solicitó una copia de su hoja de vida, sin obtener respuesta hasta el 17 de octubre de 2025.

El recurrente sostiene que el Cuerpo de Bomberos de Conchalí- Huechuraba incumplió su propio “Protocolo para los Cuerpos de Bomberos para la Prevención, Denuncia e Investigación ante Casos de Maltrato, Acoso y/o Abuso Sexual y Discriminación Arbitraria”. Específicamente, señala que el punto N° 3 del protocolo exige la designación de un/a investigador/a imparcial que no sea miembro de un organismo disciplinario, pero participaron en la comisión la tesorera general nombre reservado y el director de 5ª compañía nombre reservado, quienes son miembros de organismos disciplinarios según los artículos 13°, 70°, 72°, 109° y 24° del Reglamento General; además, la tesorera general estuvo ausente durante su declaración.

Agrega que el punto N° 4 del protocolo establece el derecho del denunciante y denunciado a acceder a la investigación y solicitar diligencias, lo que le fue negado en tres ocasiones el acceso al informe en su contra.

Asimismo, refiere que el punto N° 5 del protocolo establece un plazo de 5 días corridos, renovable, para evacuar el informe de investigación, pero la comisión investigadora tardó 15 días, y según los correos, la investigación se extendió por 18 días, excediendo los plazos establecidos.

El recurrente también señala que el punto N° 7 del protocolo indica que las sanciones deben estar establecidas exclusivamente en el estatuto y reglamento general, lo que no ocurre, ya que el reglamento carece de sanciones específicas para casos de acoso y/o abuso sexual, y el plazo máximo para aplicar sanciones y cerrar el proceso es de 15 días corridos, siendo que en su caso, el proceso se cerró al día 16.

Finalmente, asevera que el protocolo sugiere que los investigadores deben tener capacitaciones previas en género y temáticas relacionadas, lo cual no fue cumplido por la mayoría de los integrantes de la comisión.

Todas estas actuaciones, a su parecer, configuran una grave vulneración a los derechos fundamentales del recurrente.

Se habría infringido el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la CPR) al recibir un trato jurídico y procedimental desigual y discriminatorio respecto de la denunciante, negándole el acceso a la información y la posibilidad de defensa, y con la participación parcial de miembros de la comisión investigadora.

Se habría vulnerado el derecho al debido proceso y a un procedimiento racional y justo (artículo 19 N° 3, incisos 5° y 6° de la CPR), ya que se le aplicaron medidas disciplinarias severas sin una comunicación clara de los cargos, sin oportunidad real de defensa o presentación de pruebas, con una comisión investigadora carente de imparcialidad, con el incumplimiento de los plazos reglamentarios, y con una decisión y sentencia que carecen de fundamentación y valoración probatoria adecuada, tal como lo ha recogido la jurisprudencia en sentencia Rol N° 19.296-2024 de esta Corte.

Finalmente, se habría afectado su derecho al respeto y protección de la honra y vida privada (artículo 19 N° 4 de la CPR), al difundirse acusaciones de acoso y abuso sin prueba alguna dentro de la institución, dañando su reputación, su trayectoria de catorce años como bombero voluntario y su imagen pública ante sus pares y la comunidad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene que cesen los abusos, se repongan sus derechos vulnerados, se le reintegre a la institución a la cual fue expulsado y se le haga entrega de todas las listas y actos de servicio los cuales no percibió durante su sanción.

Segundo: Que el 25 de agosto de 2025 compareció ante esta Iltma.

Corte, don Alejandro Figueroa Montaldo, abogado, en representación del Cuerpo de Bomberos de Conchalí, evacúa el informe solicitado.

Se refiere sobre la organización jerárquica, disciplinada y democrática del Cuerpo de Bomberos de Conchalí, señalando que, si bien son una institución conocida, su particular forma de organización es relevante. Se combinan principios en apariencia contrapuestos, con una estructura jerárquica y disciplinada, pero con oficiales electos anualmente por sus pares. Esta organización ha permitido servir ininterrumpidamente a la comunidad, manteniendo el respeto y la mutua consideración entre voluntarios de distintas creencias e ideas.

Respecto al marco legal en que operan los bomberos en Chile, se invoca la Ley N° 20.564, Ley Marco de los Bomberos de Chile, que en su artículo 1° establece que los Cuerpos de Bomberos son servicios de utilidad pública que conforman el Sistema Nacional de Bomberos, rigiéndose por dicha ley, su reglamento, sus estatutos y, supletoriamente, por las normas sobre personas jurídicas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil.

Se argumenta que el legislador buscó asegurar su autonomía, garantizada por el artículo 1° inciso 2° de la Constitución Política de la República, la que resulta indispensable para sus fines. También se cita el artículo 17° de la Ley N° 18.959, que indica que se rigen por las disposiciones del Código Civil en lo compatible con sus fines, naturaleza y organización jerárquica y disciplinada.

Se destaca la jurisprudencia del Excmo. Tribunal Constitucional (Sentencia Rol No 1.295-2008), que ha manifestado que los cuerpos de bomberos no son servicios públicos desde el punto de vista orgánico, sino entidades privadas con personalidad jurídica de derecho privado, correspondiendo a la doctrina denominarlos establecimientos de utilidad pública.

Sobre el régimen disciplinario del Cuerpo de Bomberos de Conchalí y las garantías de un debido proceso, se sostiene que el buen funcionamiento de este régimen es de máxima importancia. El ejercicio de las funciones disciplinarias corresponde al Consejo Superior de Disciplina. El Título XV del Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de Conchalí (artículos 73° y siguientes) regula el proceso disciplinario, incluyendo citación, defensa, sanciones, conformación del órgano, atribuciones, comunicación de sanciones y recurso de apelación.

Se asegura que este procedimiento contempla todos los elementos del debido proceso: conformación de órganos disciplinarios por miembros no inhabilitados, información de cargos al voluntario afectado al momento de la citación, derecho a hacer descargos en cada instancia, notificación de la sanción (personalmente o por carta certificada) y un recurso de apelación que permite que la decisión sea revisada por un órgano disciplinario integrado por miembros distintos a los que acordaron la sanción. En cuanto a los hechos, se relata que, en los meses de junio y julio de 2025, en el cuartel de la 7ª Compañía, el recurrente don nombre reservado llevó a cabo reiterados actos de acoso sexual en contra de la bombera nombre reservado. Se detallan incidentes ocurridos los días 03 de junio de 2025 (comentarios inapropiados como “Ya po, cuando se termine vamos a un motel”), 15 de junio (comentarios como “¿Ya po, aun andas con la regla?” y luego, ante la negativa, “Entonces vamos acá mismo nomas”, seguido de forcejeos y tocamientos inapropiados en los glúteos en el baño de mujeres y luego en el pasillo), 28 de junio (abrazos e insinuaciones como “Ya po, vamos ahora” y “¿Quién se va a enterar? Es solo una vez”), y 22 de julio (insistencia con “Ya po, todavía te espero, cuando vamos” durante una charla motivacional).

Se afirma que estos hechos constituyen acoso sexual, afectando la dignidad, integridad emocional y desempeño de la afectada, generando un ambiente hostil e inseguro, lo que motivó la denuncia a sus superiores y a la Policía de Investigaciones. Ante esto, la superioridad del Cuerpo de Bomberos de Conchalí ordenó una investigación con declaraciones de la denunciante, denunciado y testigos, y la suspensión preventiva del denunciado debido a la gravedad de los hechos.

Concluida la investigación, los antecedentes fueron derivados al Consejo Superior de Disciplina.

Respecto al procedimiento seguido en el caso del recurrente, se expone que, siguiendo el Reglamento General, fue citado al Consejo Superior de Disciplina (Sala N° 2) el día 28 de agosto de 2025. En dicha sesión, se tomó declaración al recurrente y se tuvo presente el informe de la comisión investigadora del 11 de agosto de 2025. El Consejo, considerando los cargos, los descargos del recurrente y el informe, acordó aplicar la sanción de expulsión, conforme al artículo 82° letra f) del Reglamento General, por transgredir el artículo 10° numerales 13, 14, 21 y 24 del anexo de faltas disciplinarias.

Posteriormente, el recurrente hizo uso de su derecho a apelar, ante el Consejo Superior de Disciplina (Sala N° 1) el día 25 de septiembre de 2025, instancia que conoció la apelación y ratificó la sentencia de la Sala N° 2, manteniendo la sanción de expulsión, la cual le fue comunicada.

Se concluye que en el procedimiento se respetaron todos los pasos, derechos y garantías reglamentarias, y que el recurrente hizo uso de sus derechos al comparecer y apelar. En lo tocante a las reclamaciones del recurrente, se argumenta que el recurrente fue sometido a un procedimiento racional y justo ante los organismos disciplinarios estatutarios, cuya legalidad es reconocida por la Ley Marco de Bomberos, integrados por voluntarios democráticamente elegidos. Estos aplicaron la sanción que estimaron procedente sin arbitrariedad ni infracción a garantía constitucional alguna. Se descarta cualquier vulneración a las garantías del artículo 19° de la Constitución Política de la República.

Respecto a la alegación de vulneración del artículo 19° número 2 de la Constitución (igualdad ante la ley), se niega la transgresión, ya que todas las partes (denunciante, denunciado y testigos) fueron escuchadas y tuvieron oportunidad de referirse a los hechos.

Se señala que el recurrente no presentó pruebas ni solicitó declaración de testigos, y eludió constantemente las respuestas. Se enfatiza que todos los involucrados fueron citados.

En cuanto a la alegación de vulneración del artículo 19° número 3 de la Constitución (debido proceso), se descarta de plano, dado que los organismos y el procedimiento disciplinario están claramente establecidos en el Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de Conchalí.

Se recalca que los integrantes de los organismos disciplinarios son propuestos cada dos años y conocidos por todos, y que el recurrente, al ingresar a la institución, juramentó conocer y respetar el Reglamento General. Se reitera que el recurrente fue citado, tuvo oportunidad de hacer descargos y de apelar, y que el procedimiento aplicado es el mismo para todos los miembros, siendo la expulsión una sanción descrita en el Reglamento y aplicada por la gravedad de los hechos. Sobre la alegación de vulneración del artículo 19° número 4 de la Constitución (respeto y protección a la vida privada y honra), se niega que la parte recurrida haya realizado difusión de los hechos.

Se explica que el proceso se extendió debido a la gravedad de la denuncia, requiriendo una investigación para el esclarecimiento, lo que no debe confundirse con difusión. Se afirma que era deber de la representada investigar lo ocurrido y tomar las medidas disciplinarias correspondientes.

Por todo lo expuesto, el recurrido solicita a SS. Iltma. tener por evacuado el informe y, con su mérito, rechazar el recurso en todas sus partes, con costas, al no haber existido acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales del recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

No constituye, por tanto, una instancia de declaración de derechos ni una sede de apelación de mérito sobre las decisiones de órganos intermedios con plena autonomía, sino un control de juridicidad respecto de la observancia de las normas y garantías mínimas.

Cuarto: Que en dicho contexto, esta Corte está llamada a resolver la controversia consistente en determinar si el procedimiento de expulsión de don nombre reservado del “Cuerpo de Bomberos de Conchalí-Huechuraba”, por uso de palabras inconvenientes, proposiciones de carácter sexual y actos vejatorios en contra la víctima (acoso) y efectuar tocaciones en su cuerpo (abuso), constitutivos de los ilícitos contemplados en el artículo 10 numerales 13, 14, 21 y 24 del Reglamento de Faltas Disciplinarias, se ajustó a las reglas internas del servicio de utilidad pública, respetando las garantías constitucionales que por esta vía se deben cautelar.

Quinto: Que para cumplir el rol precedentemente enunciado, a saber: establecer si se siguieron las reglas durante la instrucción disciplinaria, resulta ilustrativo y útil revisar las normas y protocolos que regulan la materia.

El “Protocolo para los Cuerpos de Bomberos para la Prevención, Denuncia e Investigación ante Casos de Maltrato, Acoso y/o Abuso Sexual y Discriminación Arbitraria” de 2022, define el acoso y abuso sexual, estableciendo el procedimiento de denuncia de la víctima, su recepción institucional, designación de investigador, fórmula de recopilación de antecedentes y confección de informe final.

Por otra parte, los artículos 73° y siguientes del “Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de Conchalí” de 1948, estipulan que el Consejo Superior de Disciplina es el organismo encargado de conocer y juzgar los asuntos disciplinarios de la institución, el que funcionará en dos Salas, pudiendo imponer la sanción de expulsión por mayoría absoluta de votos, con un mecanismo de apelación.

El proceso disciplinario se encuentra regulado, asegurando al afectado el derecho a ser oído, presentar prueba y descargos, con el oportuno conocimiento de los antecedentes de la investigación.

Sexto: Que revisados los antecedentes proporcionados por las partes, esta Corte advierte que al recurrente se le sancionó con la medida de expulsión del Cuerpo de Bomberos de Conchalí-Huechuraba, luego de haberse aplicado un procedimiento reglado, precedido de una investigación preliminar con la declaración de la denunciante, testigos y denunciado, quien conoció los antecedentes reunidos, tuvo la oportunidad de efectuar descargos y rendir prueba ante la Sala N° 2 del Consejo Superior de Disciplina, incluso ejerciendo el recurso de apelación ante la Sala N° 1.

Séptimo: Que, en consecuencia, y no estableciéndose los supuestos básicos de este arbitrio de tutela conservativo -acciones u omisiones antijurídicas o abusivas directas, graves y manifiestas de parte del recurrido-, en el procedimiento que terminó con la expulsión del recurrente al aplicársele la sanción con arreglo al artículo 82° letra f) del Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de Conchalí, resulta inconducente entrar al análisis de las garantías constitucionales que se alegan vulneradas, no pudiendo esta acción constitucional de protección prosperar.

Sin perjuicio de lo anterior, no se observa que el recurrente haya sido juzgado por una comisión especial sino por la instancia competente a la luz de la reglamentación interna, mediante el procedimiento disciplinario aplicable a todo miembro de la institución y sin divulgar los antecedentes del informe de investigación a terceros ajenos.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Cuerpo de Bomberos de Conchalí- Huechuraba.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el Ministro (I) Fernando Guzmán Fuenzalida.

Rol N° 23.311-2025 Protección.-