nombre reservado con SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CORPORACION DE SERVICIOS FINANCIEROS BCI

Santiago, seis de octubre de dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 1 recurre de protección don Manuel Ignacio Peña Varela, abogado, en representación de doña nombre reservado, Rut N° RUT reservado, dirigente sindical, con domicilio en domicilio reservado en contra del Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Servicios nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, representado legamente por doña nombre reservado, en virtud de los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que expone.

Refiere hechos de desafiliación sin respeto de garantías, Publicación en página web de la recurrida y conocimiento del hecho antijurídico. Dice que el 26 de marzo de 2014, la señorita nombre reservado, siendo socia del Sindicato de Trabajadores de la Corporación Financiera BCI, recibió en su correo electrónico una citación enviada por la señorita Secretaria de la recurrida, citando a asamblea general para el 27 del mismo mes y año, a las 18,00 horas, primera citación y a las 18,30 horas, segunda citación, exponiéndose que los temas a tratar eran: 1.- Presentación de la directiva; y, 2.- Información de la demanda. Acompaña copia de dicho correo a su libelo. Dicha citación le fue informada con menos de 24 horas de anticipación por lo que, por temas personales y de horarios le fue imposible asistir a la asamblea.

Luego, dice, que el 8 de abril de 2014, la señorita nombre reservado se afilió como socia al Sindicato Empresa BCI, por lo que, automáticamente, perdió su afiliación a la recurrida. Pero no obstante lo anterior y por cuestiones protocolares informó mediante correo electrónico su renuncia voluntaria a su afiliación como socia de la recurrida, indicando, además, en el mismo correo como motivo de su renuncia el hecho de haber asumido como Presidenta del Sindicato Empresa del Banco BCI, comunicación que fue dirigida a doña nombre reservado, Presidenta y representante de la recurrida y a don nombre reservado, Tesorero de la misma.

Expresa que el 2 de mayo de este año, en el marco de una campaña de afiliación al sindicato que representa la señorita nombre reservado, un trabajador comunicó, verbalmente, que no se afiliaría a éste porque él había visto en la página web www.sindicatonacionalbci.cl, que la recurrida la acusaba directamente de “prácticas desleales y entorpecimiento de la actividad sindical.” Y al ingresar la recurrida a dicha página, ese mismo día, confirmó lo anterior. El 3 de mayo de dicho mes, siendo las 22:18 horas, recibió otro correo electrónico de otro trabajador al que invitó a afiliarse al Sindicato que representa, Dicho trabajador le informa que no le interesa formar parte del Sindicato, porque no la considera una persona confiable por estar en contra de los trabajadores, y ello, basado según le indicó, en los dichos expuestos por la recurrida en su página web, lo que afecta gravemente su honra, tanto, como persona, como en su imagen como Presidenta del Sindicato Empresa BCI. Agrega, que su autoestima e imagen ante los demás de la señorita nombre reservado se vió afectada por falsas acusaciones realizadas por representantes de trabajadores de la corporación financiera BCI, ya que ella jamás actuaría de forma desleal en contra de un trabajador.

Manifiesta que hasta el 5 de mayo del presente año la recurrida mantiene en su página web, que los socios de ésta habrían solicitado de forma unánime el “alejamiento”, entendiéndolo como desafiliación de la señorita nombre reservado de la recurrida, cuestión que fue acogida el 27 de marzo de 2014, en Asamblea General Extraordinaria de Socios. Dentro de los puntos a tratar en la citación mencionada no se habla de la desafiliación de la recurrente, como punto a discutir, por lo que fue imposible que la afectada hiciera descargos que estatutariamente corresponden, de conformidad con el artículo 46 del estatuto de la recurrida. Dice, que, acompaña en el otrosí documentos que dan cuenta de lo anterior. Refiere que en la publicación, se puede verificar, también, la grave acusación de ingresar fondos de manera irregular al patrimonio de la recurrida. En resumen, dice, que (i) la recurrente fue desafiliada de la recurrida en base a falsas acusaciones respecto de las cuales no tuvo la posibilidad de defenderse y (ii) tan grave acusación fue publicada en la página web de la recurrida, afectándole de esta manera, diversos derechos.

En lo que denomina “II Antijuridicidad de la conducta como la conducta de la recurrida importa un acto ilegal y arbitrario”, se expresa que la desafiliación (“alejamiento en los términos del acta de la Asamblea General Extraordinaria de Socios de 27 de marzo de 2014) de la recurrente del sindicato recurrido, la que fue acordada sin respeto a ciertas garantías mínimas establecidas en el estatuto respectivo, el que en su artículo 7, establece, “Normas comunes a asambleas ordinarias y extraordinarias”, inserto en el Título II “De la Asamblea”. “Las citaciones a asambleas ordinarias o extraordinarias se harán por medio citación escrita al afiliado, y de carteles, colocados con tres días de anticipación a lo menos, en los lugares de trabajo y/o salón social, con indicación del día, hora, materia a tratar y local de reunión, como asimismo, si la convocatoria es en primera u otra citación (…)” (Inciso 1°). Que, de este modo, en la tabla de la citación ya referida no fue incluida como punto a tratar el “alejamiento de la señorita nombre reservado”, incumpliéndose la norma transcrita.

Expresa que, en su artículo 46 dicho estatuto, inserto en el Título XI “Del régimen disciplinario interno”, se establece que: “Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hiciere necesario, la asamblea como medida extrema podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse.

La medida de expulsión sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios del sindicato.

El socio expulsado no podrá solicitar su reingreso sino después de un año de esta expulsión.” Agrega, que pese a lo anterior la desafiliación de la recurrente fue sin posibilidad de defenderse, quien, además, por la premura de la citación, no pudo concurrir a dicha asamblea donde se tomó la decisión drástica de “alejarla” del Sindicato recurrido, por ello no pudo “defenderse”. De este modo hay un doble momento de ilegalidad, cuando se omite en la citación el punto de la tabla de “alejamiento de la señorita nombre reservado”, para luego, configurarse la imposibilidad de defensa de ésta.

Que, también, se ha hecho referencia a la publicación en la página web de la recurrida de afirmaciones vinculadas a la desafiliación, lo que importa ensuciar el buen nombre de la señorita nombre reservado, sin siquiera haberse seguido el procedimiento establecido al efecto.

Así hay un ejercicio abusivo de una facultad en principio ilícita de la recurrida, reconociendo que ésta tiene la facultad de informar en su página web cuestiones de interés general de sus asociados, pero si es abusiva, cuando ensucia el bueno (sic) nombre de una persona sin siquiera haberle dado la posibilidad de defenderse en los términos normativamente sancionados. Ello implica que arbitrariamente abusando de una facultad conferida al Sindicato recurrido, se ensucia el buen nombre, la imagen, de la señorita nombre reservado sin que hubiese garantías mínimas para que ella se defienda de graves imputaciones que le fueron hechas, que consistirían en “actuación desleal y entorpecimiento de la actividad sindical”.

En el capítulo III del recurso, se trata de lesión de derechos, mencionándose los de los numerales 1, 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ello porque a juicio del recurrente los hechos descritos antes importan una lesión a los derechos de la señorita nombre reservado, analizándolos.

En relación al numeral segundo mencionado, que resguarda el derecho a la igualdad ante la ley, dice la recurrente que se configura por cuanto la decisión adoptada de alejar a la señorita nombre reservado del sindicato recurrido no aduce razones para la misma, sólo se limita a señalar las cuestiones que se le imputan pero no se razona como estas habrían sido establecida, según se observa del acta de la asamblea de 27 de marzo. Ello es grave si se considera que estamos en presencia de un procedimiento disciplinario en que la afectada no tuvo posibilidad de defenderse.

En relación a lo mismo, dice que hay que preguntarse si la conducta imputada son de tal gravedad para provocar la desafiliación de la recurrente, siendo un problema el que no se señala en qué consiste la conducta desleal y entorpecimiento de la actividad sindical, por lo que se no se puede analizar la razonabilidad de la decisión sino se señala que es lo que se le imputa.

En tercer lugar hay una lesión a la integridad psíquica de las nombre reservado ya que los hechos descritos y especialmente la publicación en Internet que la desacredita han provocado en ella una alteración emocional constitutivo de lesión a su psique, en concepto amplio, citando al profesor don nombre reservado dice que es posible entender a la integridad psíquica en relación pero independiente de la integridad física, ambos conceptos entendidos con gran amplitud. La integridad física estaría recordando el soma, mientras que la psíquica, la psique. Ambos conceptos, relacionados, pero a la vez distinguible e independientes conformarían a la persona.

Así, al ser sancionada sin debida garantía y publicar una nota de descrédito en contra de la señorita nombre reservado, ha importado una lesión a la psique de esta, porque se le ha sometido a una aflicción que no debía soportar al ponerse en entredicho su imagen y buen nombre.

Finalmente, dice que también hay una lesión a la honra, la que según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), es: “Buena opinión y fama, adquirida por la virtud y el mérito.” Que de acuerdo a lo planteado por el profesor nombre reservado

que: “entendemos por honra el honor en sentido objetivo. Es claro, entonces, que no se trata del sentido subjetivo esa palabra, pues éste corresponde a la autoestima, a la consideración o, quién sabe, si el orgullo que cada cual tiene de sí mismo. La honra, por ende, es la buena fama, el crédito, prestigio o reputación de que una persona goza en el ambiente social, es decir, ante el prójimo o los terceros en general. Como se comprende, la honra se halla íntima e indisolublemente unida a la dignidad de la persona y a su integridad, sobre todo de naturaleza psíquica. Por eso, es acertado también calificarla de un elemento del patrimonio moral del sujeto, de un derecho suyo de índole personalísima.”

Agrega el profesor Etcheverry, señala que la honra se identifica con la reputación, “lo que las demás personas piensan de una persona determinada.” (1998:153). Lo que sería compartido por el profesor Garrido (2002: 195), luego cita al profesor Nogueira Alcalá; manifestando, también, que nuestros tribunales han hecho importantes aportes en orden a fijar el contenido del derecho al respeto y la protección de la honra, fijando también que ha de entenderse por honra, citando un fallo de esta Corte de 31 de mayo de 1993, en ingreso rol 983-93, que señala que: “el término honra tiene dos acepciones: a) subjetivo: es el aprecio que cada uno siente por sí mismo, y b) objetivo: que es la reputación o buena fama que los terceros tienen de uno, amparando la Constitución del segundo aspecto, pues el primero queda en el fuero interno del sujeto; en cambio, el objetivo forma parte de la convivencia social y ésta la regula el derecho, toda vez que constituya (sic) la protección de la dignidad del ser humano.” Concluye el recurrente que la honra es la opinión ligada al buen nombre, buena fama, prestigio o reputación que terceros tienen respecto de nosotros y que claramente la actuación ilegal y arbitraria de la recurrida, importa una vulneración a este derecho reconocido. Agrega que, nuestra jurisprudencia en diversos fallos ha establecido que la expulsión de una persona de una organización con motivo de imputarle ciertas conductas que pudieran ser lesivas para dicha organización, sin fundar ésta y haciéndola además pública, causa daño a la reputación y al buen nombre del afectado. Citando al efecto una sentencia de la Corte de San Miguel rol N°236-2009.

Expone que de la publicación de la página de Internet de la recurrida, certificada ante notario público, es posible verificar que sólo se establece que la señorita nombre reservado habría incurrido en prácticas desleales y entorpecido la actividad sindical sin explicar los motivos fundantes de aquellos dichos. Lesión que es de magnitud, ya que trabajadores se han negado a participar en el sindicato que actualmente dirige la recurrente, por el solo motivo de haber leído lo anterior informe, por lo que dicha publicación, sin fundar sus dichos, no puede significar sino una vulneración clara del derecho a la honra de ésta. Termina solicitando que se acoja el recurso y se decrete:

1.- Que se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal consistente en mantener en la página web de la recurrida, el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Socios de 27 de marzo de 2014, en que se acusa a doña nombre reservado de haber cometido “actuación desleal y entorpecimiento de la actividad sindical”;

2.- Publicar en la página web de la recurrida, al menos durante un mes o lo que esta Corte estime conveniente, una nota en donde se hará mención a que la sanción de que fue objeto doña nombre reservado fue tomada sin respeto a las normas establecidas en los “Estatutos Sindicato Corporación de Servicios nombre reservado”, motivo por el cual las imputaciones realizadas en el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Socios de 27 de marzo de 2014, carecen de todo fundamento;

3.- Publicar a modo de desagravio en el diario El Mercurio o La Tercera una nota, al menos un día o lo que esta Corte estime conveniente, en donde se haga mención a que la sanción de que fue objeto doña nombre reservado fue tomada sin respeto a las normas establecidas en los “Estatutos Sindicato Corporación de Servicios nombre reservado”, motivo por el cual las imputaciones realizadas en el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Socios de 27 de marzo de 2014, carecen de todo fundamento;

4.- En caso de la presentación será acogida, publicada en la página web de la recurrida, al menos durante un mes o lo que esta Corte estime conveniente, una copia de la sentencia de autos.

5.- Que se condene expresamente en costas a la recurrida.

En el primer otrosí se acompañan los documentos mencionados en el cuerpo del recurso por la recurrente, que materialmente se agregan por presentación de fojas 33.

Segundo: Que a fojas 37 siguiente, doña nombre reservado, empleada bancaria, en su calidad de presidenta del Sindicato de trabajadores de la Corporación de Servicios Financieros del BCI, recurrida, evacuando el informe solicitado, pide el rechazo del recurso, más costas.

Expresa que la recurrente ingresó como socia a la organización que representa, en noviembre del año 2013, en periodo de negociación colectiva, que finalizó el 6 de enero de 2014, materializándose en esa fecha la suscripción de respectivo convenio. Dice que el día 8 de enero de este año, en su calidad de presidenta, informó que el plazo para inscribir candidatura para las elecciones de la directiva se ampliaba hasta el 12 del mismo mes y que según el artículo 15 de los estatutos, para ser candidato, además de cumplir con lo estipulado en el artículo 13, deben reunirse los siguientes requisitos: 1) saber leer y escribir. 2) estar al día en las cuotas sociales y 3) poseer una antigüedad igual o superior a un año. Expresa que la recurrente el 10 de enero, entregó una carta a la Comisión Electoral donde presenta su candidatura y adjunto cupones de pago de cuotas sindicales desde el 31 de enero al 29 de noviembre de 2013, por $2000 cada una, en un intento de acreditar antigüedad y cumplir los requisitos para ser candidata.

Dice que el 14 de enero, antes de iniciar el proceso eleccionario llevado a cabo ese día, la señora nombre reservado de la Comisión electoral, informa que nombre reservado no cumple con requisitos según los artículos mencionados, al no poseer la antigüedad mínima. Desde esa fecha ha circulado varios e-mail criticando, ofendiendo, amenazando e indisponiendo al sindicato y a su directiva, como asimismo ensalzando la figura de la recurrente, firmados con un seudónimo “nombre reservado”, teniendo fundada sospecha que la autora de dichos correos sería la recurrente. Expone que ese mismo día 14, la recurrente ingresa al local de votación con padrones electorales adulterados donde su nombre, y es inmediatamente descubierta y los padrones falsos son retirados y que el 24 de marzo, se cita a los socios través de la página web a una asamblea mediante el siguiente aviso. En dicha página sigue un aviso que reza: “noticias.” En forma destacada “Sindicato Nacional de BCI. Citación”, luego se lee como título: “Citación, se cita Asamblea General Extraordinaria de Socios…” Luego sigue: “Se cita a Asamblea General Extraordinaria de socios el día jueves 27 de marzo del presente año. Se realizará en domicilio reservado, a las 18 hrs. en primera citación y a las 18:30 hrs. en segunda citación. Tabla -Presentación de la directiva -información de la demanda. Se encarece su asistencia. La Directiva. Santiago 24 de marzo de 2014”. Manifiesta que el 26 de marzo, la Secretaria Sindicato doña nombre reservado, envía correo masivo a todos los socios recordándoles la asamblea del 27 de marzo, en la que se trataron los temas contenidos en la tabla y al finalizar la sesión, a iniciativa de los socios, tal como consta en acta, deciden alejar a la recurrente debido a su maniobra fraudulenta destinada a auto fabricarse antigüedad para postular a la directiva y a los correos, firmado con seudónimo, enviado masivamente desinformando. Dicha medida sólo implicaba un alejamiento hasta que pudiera clarificarse situaciones como los correos cuya autoría se le atribuía y diera explicaciones referentes al pago retroactivo de las cuotas, en circunstancias que nunca perteneció al sindicato en aquellos meses y además, la directiva decidió devolverle el dinero y dejó constancia que no había vuelto a pagar desde enero del presente. Agrega, que el anterior, en caso alguno significó la expulsión del sindicato, es ella quien presenta su renuncia voluntaria mediante correo electrónico el día 8 de abril de 2014.y que el texto del acta se publicó íntegra en el sitio web de la página, al día siguiente de la asamblea, por ser el órgano de comunicación oficial del Sindicato y en ningún caso existe algún tipo de publicación comentando el acta o sus medidas.

Expresa de recurso debe ser rechazado, por: 1.-ser extemporáneo, 2.-por hechos falsos en los que se funda y 3.- por la inexistencia de acto u omisiones arbitrarios o ilegales que viven, perturbe o amenace los derechos de la recurrente.

En cuanto a la temporalidad expresa que de acuerdo al auto acordado respectivo, el recurso deberá interponerse dentro de plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos, y en este caso la actora señala como hechos del agravio a) la realización de la asamblea b) la publicación del acta.

Agrega que por cuanto la publicación de lo impugnado, ocurrió el 28 de marzo del presente año y el recurso fue presentado a esta corte el 8 de mayo de este año, es decir, 37 y 38 días después respectivamente, excediendo con creces el término establecido en la norma para su interposición, no siendo verosímil, lo sostenido por la recurrente, en orden a que se enteró del contenido del acta y su publicación, recién el 2 de mayo, ya que la señora nombre reservado, aspiraba a ser dirigente, llegando incluso inscribir una candidatura, lo que demuestra su alto grado de participación en la actividad sindical, por lo que no resulta creíble ese desinterés repentino, que la hizo ignorar y desatenderse de lo ocurrido en una asamblea que tenía el carácter de extraordinaria en la que se iba a tratar algo tan importante como una denuncia del sindicato a su empleador por prácticas antisindicales. Dice que la lógica y la experiencia, indica que alguien con el involucramiento de la recurrente busca enterarse de lo sucedido tan pronto como sea posible. Agrega, que el auto acordado señala como requisito que deberá constar en autos la fecha en que el recurrente tomó conocimiento, requisito que está ausente en el presente recurso.

En cuanto a la segunda causal de rechazo, invocada, dice que este recurso se apoya en proposiciones fáctica que se alejan de la realidad y que estas son:

-Que “la citación le fue informada con menos de 24 horas de anticipación”, aseveración que no es veraz, toda vez que la citación a la asamblea se llevó a cabo mediante una publicación en la página web, el día 24 de marzo de 2014, aquí, el recurrente alude a un correo masivo que se envió con posterioridad a todos los socios señalando esa comunicación como la única situación, sin embargo, la situación se efectuó con tres días de anticipación mediante la publicación en la web- - Que “se omite en la citación, el alejamiento de la señorita nombre reservado”, respecto de lo cual dice que como ya lo señalaba, esto fue al cierre de la reunión y a requerimiento de los socios, la reunión no contemplaba tratar este punto originalmente.

-Que “Se hizo referencia como la recurrida publicó en su página web afirmaciones vinculadas a su desafiliación (…) Se lleva a cabo una publicación que importa ensuciar el buen nombre de la señorita nombre reservado…”, Afirmaciones falsas, tanto, porque la recurrente no fue desafiliada y la mejor prueba de esto es que ella renunció voluntariamente día días después, como porque jamás se publicaron afirmaciones, opiniones, aseveraciones o comentarios sobre lo sucedido en la asamblea, sólo se publicó íntegramente el acta, sin calificativo alguno.

Expresa que todas estas afirmaciones, son falsas, se alejan de lo que realmente ocurrió y sirven para construir una teoría el caso errada y de imposible prueba.

Sobre la inexistencia de actos u omisiones arbitrarios o ilegales que viven, perturbe o amenace los derechos de la recurrente, conceptualiza cuando un acto es ilegal y cuando hay arbitrariedad, expresando que ninguno de los actos desplegados por la recurrida adolecen de dichas características.

En relación a la vulneración a las garantías constitucionales, empezando por el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el recurso no señala cómo se produce la infracción. Expresa que la vulneración del principio de igualdad ante la ley, ocurre siempre en confrontación con otras personas que se encuentran en la misma situación y algunas reciben trato distinto por razones arbitrarias o ilegales. Dice que el recurso señala que se producen esta infracción al citar mediante un correo, el día anterior a la recurrente y no entregar garantías mínimas de debido proceso aplicando la sanción de expulsión del sindicato. Al respecto expresa, que el artículo 7, inciso I de los estatutos señala que “que las citaciones a asamblea ordinarias o extraordinarias serán por medio de citación escrita al afiliado y de carteles colocados con tres de anticipación a lo menos, en los lugares de trabajo y/o salón social, con indicación del día y la hora, materia a tratar y local de la reunión, como asimismo, si la convocatoria es en primera u otra citación”.

Dice, que se desprende que existen dos formas de notificación, una, carteles colocados contrario de anticipación y otra, una citación escrita al afiliado sin mencionar plazo previo de envío, y que en la práctica se cumplió con ambas, así, se puede apreciar, en el aviso copiado en los acápite anteriores, que la citación fue publicada con tres de anticipación en el sitio web de la organización, páginas que constituyen una extensión moderna de los salones sociales y/o de reunión y mucho más eficaces, al proporcionar acceso constante y en cualquier lugar a la información siendo, el medio oficial de información para los afiliados, por lo que cumple totalmente con uno de los requisitos cuanto a la publicación.

En cuanto a la citación escrita al afiliado, tal como lo reconoce la recurrente recibió un correo masivo el día anterior avisando la realización de la asamblea, por lo que se cumple con la segunda exigencia de la norma.

En cuanto al segundo hecho alegado por la recurrente, que contiene tu diría una vulneración a la garantía constitucional señalada, sería la “expulsión o desafiliación” producto de un “procedimiento disciplinario”, al respecto es enfática en señalar que no hubo lo uno ni lo otro, ya que la recurrente jamás fue desafiliada o expulsada, como ella lo afirma. La expulsión es un acto formal que debe ser adoptada en una asamblea especial para ese efecto y debe ser aprobada por la unanimidad de los socios y ello ocurrió en la asamblea cuestionada, lo que se adoptó fue el “alejamiento” de la socia, que es una medida creada por la costumbre en el sindicato y consiste solamente en que la socia o socio “alejado” no puede participar en actos de figuración pública del sindicato, tales como reuniones con el empleador, marchar en movilizaciones con el sindicato, etcétera mientras se aclaran algunas situaciones que pudieran empañar la transparencia o la integridad del resto del sindicato. La socia alejada, mantiene todos sus derechos y obligaciones como afiliada y la mejor prueba de ello es que la señora nombre reservado renunció voluntariamente y su renuncia fue aceptada sin reparo alguno, a pesar de tener cuotas impagas en el erario social; y las razones que motivaron a los socios para tomar la decisión de “alejarla” se encuentra totalmente justificada en razón de las acciones de la recurrente, que pudieron instar pedir gravemente con el proceso de generación de nuevas autoridades y tenían el potencial de dañar gravemente la imagen del sindicato, por lo que esta medida es la de menor entidad, atendida la gravedad de las actuaciones de la recurrida.

Refiere que en cuanto a la presunta violación al artículo 19 N° 1 de la Constitución Política “la lesión a la integridad psíquica de la srta. nombre reservado”, la recurrente no aporta prueba relativa al daño psíquico sufrido producto la publicación del acta, haciendo presente que estamos en presencia de dirigentes sindicales, es decir, de seres políticos, quienes están acostumbrados a recibir este tipo de embates en el fragor de la lucha de ideas. No siendo creíble que se encuentra en un “estado de alteración emocional” porque se le imputó una actuación de leal y de entorpecimiento de la actividad sindical, ya que ello no puede generar un daño en la salud mental de un político. Además dice, reclamar el daño psíquico es un asunto de lato conocimiento que escapa a los fines de esta acción, definida como de emergencia y de naturaleza cautelar, por lo que es impropio utilizarla como sustituto jurisdiccional de procedimientos ordinarios, además, como no existió ni ha existido ninguna actuación de parte de la recurrida que fue arbitraria e ilegal, de existir el daño psíquico no sería de su responsabilidad.

En cuanto a la infracción al artículo 19 N° 4, de la misma Constitución, desmiente categóricamente que la honra de la recurrente se ha dañado por acciones arbitrarias e ilegales del sindicato. La publicación de las actas es una obligación del Directorio en cumplimiento del mandato de las normas estatutarias, ya que en el título IV se establece como obligación para todos los miembros: “Proporcionar la información y documentación cuando esta le sea solicitada por alguno de sus asociados.” Así, expresa, que la publicación de las actas es la materialización de un deber y a la vez el ejercicio legítimo de un derecho del Directorio, al dar a conocer a los socios y a todos quienes estén interesados, la situación del sindicato, haciendo presente que sólo se publicó el acta, sin emitir ningún juicio de valor sobre lo ocurrido en asamblea, por lo que se desmiente lo aseverado por la recurrente en el sentido que fue denostada en un comunicado. Además, la misma, nunca impugnó el acta, ni interpuso un reclamo ante la Directiva, por lo que malamente puede referirse a actos ilegales o arbitrarios, ya que siempre estuvo vigente su derecho a defensa y réplica y no lo ejerció, reiterando que es poco probable que no se enterara de lo ocurrido de la asamblea hasta la fecha que señala, ya que el acta estuvo publicada y disponible al día siguiente de dicha reunión. Pide el rechazo del presente recurso, más costas;

acompañando seis documentos a su libelo, mencionados en el mismo.

Tercero: Que, el denominado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. Se ha considerado también que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de este Tribunal.

Recurso que, además, debe cumplir con lo dispuesto en el “Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”, el que establece un plazo perentorio de 30 días corridos para su interposición, contado desde la comisión del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal.

Cuarto: Que, la recurrida pide que el presente recurso sea rechazado por extemporáneo, por cuanto la publicación de lo impugnado, ocurrió el 28 de marzo del presente año y el recurso fue presentado a esta Corte el 8 de mayo de este año, es decir, 37 y 38 días después respectivamente, excediendo con creces el término establecido en la norma para su interposición, no siendo verosímil, lo sostenido por la recurrente, en orden a que se enteró del contenido del acta y su publicación, recién el 2 de mayo, ya que la señora nombre reservado, aspiraba a ser dirigente, llegando incluso inscribir una candidatura, lo que demuestra su alto grado de participación en la actividad sindical, por lo que no resulta creíble ese desinterés repentino, que la hizo ignorar y desatenderse de lo ocurrido en una asamblea que tenía el carácter de extraordinaria en la que se iba a tratar algo tan importante como una denuncia del sindicato a su empleador por prácticas antisindicales. Dice que la lógica y la experiencia, indica que alguien con el involucramiento de la recurrente busca enterarse de lo sucedido tan pronto como sea posible. Agrega, que el auto acordado señala como requisito que deberá constar en autos la fecha en que el recurrente tomó conocimiento, requisito que está ausente en el presente recurso.

Quinto: Que, en relación a dicha alegación se rechazará, por cuanto, como bien lo sostiene la propia recurrida, el auto acordado señala que deberá constar en autos la fecha en que el recurrente tomó conocimiento del acto u omisión que reclama, requisito que está ausente en el presente recurso.

De este modo, y aun siendo correcto lo que asevera la recurrida en cuanto a que la publicación en su página web del acta de la Asamblea mencionada por las partes, lo haya sido al día siguiente de la celebración de dicha asamblea, esto es, el 28 de marzo de 2014 y, que lo más probable, sea que inmediatamente tomó conocimiento de ello la recurrente, dicho conocimiento no consta en autos, por lo que en tal circunstancia, debemos estarnos a lo que asevera la propia recurrente en el sentido que tomó conocimiento de la publicación que impugna, solo recién el día 2 de mayo pasado y, siendo así, el presente recurso aparece interpuesto dentro del plazo establecido en el auto acordado ya referido.

Sexto: Que, en cuanto a lo demás alegado y previo al análisis del fondo de la acción deducida, es preciso consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Séptimo: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1º del Código Civil, es decir, todo aquello que implica antijuridicidad, violación o vulneración del ordenamiento jurídico- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntarismo de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que es materia de autos..

Octavo: Que esta Corte, luego de examinar los antecedentes proporcionados -los que se aprecian de acuerdo a las reglas de la sana crítica- y escuchar en estrados lo expuesto por las partes, puede concluir que el acto o actos impugnados e imputados a la recurrida no aparecen como arbitrario ni ilegal, toda vez, que en primer lugar no está claro cuál es el acto preciso y determinado que se ataca mediante la presente acción. Así, inicia su libelo refiriéndose a una publicación en la página web de la recurrida, para luego mencionarse una supuesta desafiliación de la recurrente -sin las garantías mínimas establecidas en el Estatuto de la recurrida (Sindicato de Trabajadores de la Corporación Financiera BCI)- que aparecería del acta de la Asamblea General Extraordinaria de Socios, de fecha 27 de marzo de 2014, en circunstancias que es la propia recurrente que reconoce que lo que allí está acordado es otra cuestión denominada “alejamiento “ de la señorita nombre reservado que ella llama desafiliación, en varias ocasiones en su recurso; por otro lado, se habla de que se le acusa en la publicación ya referida de “prácticas desleales y entorpecimiento de la actividad sindical”. Así las cosas, no queda claro lo considerado ilegal o arbitrario por la que acciona, si es uno o varios actos, en todo caso, la parte recurrida al informar el presente recurso impugna, es decir, cuestiona todos los hechos invocados como fundamento del recurso y los trata de falsos, dando razones de ellos, en cada caso.

Séptimo: Que, para resolver la cuestión anterior, tenemos los documentos que fueron acompañados por las partes de este recurso, especialmente por la propia recurrente, de los cuales -apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, como ya se dijo- sólo aparece que el Sindicato Corporación de Servicios nombre reservado, realizó el 27 de marzo de 2014, en horas de la noche, una Asamblea General Extraordinaria de Socios, para tratar materias específicas, y que el acta de la misma fue publicada en la página web del mismo sindicato; acta en la que, además, consta, en otras circunstancias, que en dicha asamblea “Los socios que participaron en la asamblea solicitaron en forma unánime el alejamiento de la señora nombre reservado por actuación desleal y entorpecimiento de la actividad sindical.

Se acoge la moción y se acuerda separar a la señora nombre reservado de la organización por lo que se hará devolución del dinero por concepto cuotas ingresado al sindicato de forma irregular. Dejando constancia que no ha vuelto a pagar cuotas los meses posteriores.”

Octavo: Que, los hechos antes establecidos aparecen que están dentro del marco legal en el cual se inserta la recurrida, sin apreciarse en ellos algún viso de ilegalidad. Así es, como en forma clara surge que el llamado a la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la recurrida, ya tantas veces referida, resulta ser una actuación de la misma que se ejecuta en conformidad a la ley y sus propios Estatutos, igual cosa, respecto de la publicación del acta de la sesión en la página web de la recurrida. Publicación que aparece efectuada, en virtud de una obligación estatutaria de dicha organización, y que comprende solo el acuerdo tomado, sin señalar opiniones o comentarios sobre lo sucedido en la referida asamblea.; en cuanto, al acuerdo que se toma en dicha asamblea, aparece que nace de la voluntad de la misma en uso de sus facultades, las que no han sido cuestionadas por la recurrente. Cosa distinta es el contenido del mismo acuerdo que es considerado por la recurrente como vulneratorio de sus garantías, y que para dilucidar ello, se requiere de un procedimiento de lato conocimiento que determine, en cuanto al fondo del mismo acuerdo, su mérito, esto es, si hubo o no por parte de la señora nombre reservado “actuación desleal y entorpecimiento de la actividad sindical”, -lo que también se encuentra controvertido por la recurrida- para, luego, efectuar el análisis de lo pedido. Así aparece que lo que se solicita excede los fines del presente recurso de protección, como, también, que la recurrida no ha actuada fuera del ámbito de la legalidad como lo sostiene quien intenta esta acción.

Tampoco, en el actuar de la recurrida, se aprecia un actuar caprichoso o por mera voluntad de la misma en contra de la recurrente, por cuanto la medida de alejamiento de la señora nombre reservado, que fue tomada en forma unánime por la asamblea, se explica en que consiste y ello dista mucho de una desafiliación, como lo sostiene la recurrente. Tanto es así, que de los mismos documentos agregados a estos autos y lo dicho en el propio recurso aparece que es la misma recurrente la que presenta su renuncia voluntaria a este sindicato, mediante correo electrónico de la misma dirigida a la representante de la recurrida, esto es, a quien informa el presente recurso, doña nombre reservado, como, también, a don nombre reservado, Tesorero de la misma; como ya se dijo, es la propia recurrente que en su recurso expresa lo mismo, agregando, que como el 8 de abril de 2014 se afilió como socia al Sindicato Empresa BCI, automáticamente perdió su afiliación de la recurrida, dando como razón que había asumido como Presidenta de sindicato mencionado.

Así, en razón de lo antes dicho, mal se puede aseverar que fue desafiliada por la recurrida; mas, todavía, cuando lo que expresamente se acuerda es solo “alejarla” de la organización, concepto que explica la recurrida como una simple medida creada, por la costumbre del sindicato que consiste solo en que la socia “alejada” no puede participar en actos de figuración pública del sindicato, mientras no se aclaren algunas situaciones que pudieran empañar la transparencia o la integridad del resto del sindicato, manteniendo todos sus derechos y obligaciones como afiliada, justificando, además, las razones que originaron este acuerdo de la Asamblea mencionada, de “alejarla” y que no han sido desmentidas en autos por parte de la recurrente.

Noveno: Que, así las cosas, no existiendo evidencia palpable de algún acto que pudiera afectar alguna de las garantías constitucionales que invoca la recurrente, de igualdad ante la ley, de lesión a su integridad psíquica y de una afectación a la honra de la recurrente, ni de alguna arbitrariedad o capricho de la recurrida o de intervinientes en la Asamblea General Extraordinaria de Socios del Sindicato de Trabajadores nombre reservado, que justifiquen una acción cautelar como la impetrada, no es posible acoger la protección solicitada y ella debe ser desestimada.

Décimo: Que, sobre lo razonado, puede concluirse, que no concurren los presupuestos que permitan acoger la acción de cautela de derechos constitucionales, pues, como ya se dijo, los presupuestos de hecho en los que discurre su análisis sobre lo ilegal y arbitrario de la resolución que impugna, no han sido justificados.

Décimo Primero: Que, en cuanto a lo demás pedido en este recurso de protección y de acuerdo a lo razonado en los motivos anteriores de este fallo, será desestimada esta acción constitucional, por cuanto no se ha podido identificar la existencia del hecho que sería constitutivo del acto arbitrario o ilegal, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado en su libelo por los recurrentes, afectando alguna de las garantías protegidas alegadas, que como se dijo, es requisito necesario para que resulte eficaz esta acción, motivo por el cual la acción constitucional deducida debe ser desestimada.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección; se rechaza, sin costas, el recurso deducido, en lo principal de fojas 1, por don Manuel Ignacio Peña Varela, abogado, en representación de doña nombre reservado, en contra del Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Servicios nombre reservado, representado legamente por doña nombre reservado.

Redacción Ministro señor Poblete.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección- 23.310-2014.- Pronunciada por la Séptima Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Rosa Kittsteiner Gentile y conformada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por la Ministro Suplente doña Carla Troncoso Bustamante.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, seis de octubre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.