nombre reservado con nombre reservado ABOGADOS SPA

Santiago, cuatro de octubre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Con fecha 12 de enero del año en curso, dedujo acción de protección el abogado Pelayo Andrés Vergara Puelma en contra de su empleador nombre reservado Abogados SpA y en contra del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por los actos arbitrarios e ilegales consistentes en el Registro Electrónico de su contrato de trabajo, efectuado con fecha 23 de diciembre de 2021 por su empleador, y la dictación del Decreto Supremo N° 37, por parte del segundo recurrido, estimando que con ello se vulnera la garantía contenida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política; solicita se acoja el recurso, ordenado el cese de los actos vulneratorios, esto es, que se disponga, por un lado, que su empleador debe eliminar todo el contenido del contrato de trabajo registrado electrónicamente en el portal de la Dirección del Trabajo, debiendo únicamente indicar sus estipulaciones contractuales, y por el otro que se ordene al Ministerio del Trabajo y Previsión Social dejar sin efecto el Decreto Supremo impugnado; o bien que se adopte cualquier providencia necesaria para restablecer el imperio del derecho.

Expone que con fecha 13 de diciembre de 2021 comenzó a desempeñar labores como asociado en nombre reservado Abogados SpA, siendo su empleador directo don nombre reservado. El mismo día procedió a firmar el contrato de trabajo, el cual contiene las cláusulas convenidas entre ambos, las cuales fueron negociadas durante la entrevista presencial que mantuvieron Posteriormente, con fecha 23 de diciembre del año 2021, recibe la notificación de que su empleador había cumplido con su obligación establecida en los artículos 9º bis y Nº 515 del Código del Trabajo, pormenorizada en el Decreto Supremo N° 37 del Ministerio del Trabajo y Previsión social, que lo obliga registrar una gran cantidad de antecedentes laborales.

El mismo día, le consultó verbalmente a su empleador si habían sido incluidos sus datos personales entregados para la confección del contrato de trabajo, quien le señaló que todos los datos que había entregado debían necesariamente registrarse y por tanto habían sido incluidos, por cuanto es su obligación legal, así como de la normativa administrativa que se ha dictado al efecto.

Dentro de esta obligación de registro, se contemplan datos y antecedentes individuales, tales como, su dirección particular y remuneración, que tienen carácter personal, los que se encuentran ahora en manos de la Dirección del Trabajo, institución que además, tiene la facultad legal de tratamiento de datos personales, pudiendo pasar esta información a manos de terceros.

En efecto, al registrar dichos datos su empleador, ha infringido su deber de reserva absoluta prescrito por el artículo 154 bis del Código del Trabajo, el deber genérico de protección a la vida privada señalado por el artículo 5° inciso segundo del mismo cuerpo normativo, y con absoluta vulneración de la garantía constitucional consagrada en el numeral 4° del Artículo 19º de la Constitución Política de la República.

Detalla que en virtud del artículo 9º Bis del Código del Trabajo, incorporado por la Ley N° 21.327 sobre modernización de la Dirección del Trabajo, se estableció la obligación de los empleadores de registrar electrónicamente los contratos de trabajo indicando sus estipulaciones, como su terminación indicando la fecha y la causal invocada.

Ahora bien, el artículo 515 del Código del Trabajo realiza una remisión a un reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social para que éste determine qué datos y documentación deben registrarse electrónicamente, por supuesto, con respeto al principio de legalidad.

Con fecha 28 de octubre de 2021 se publica el Decreto Supremo N° 37 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en cuyo Título II se establece el procedimiento sobre Registro Electrónico Laboral, por mandato legal contemplado en el artículo 515 del Código del Trabajo.

Es del caso que los artículos 3º y siguientes del Decreto Supremo en comento, establecen aquellos datos y documentación que los empleadores deberán registrar en cumplimiento del artículo 515 del Código del Trabajo.

En efecto, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 37 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, obliga al empleador acompañar una gran cantidad de antecedentes, excediendo lo dispuesto en el artículo 9 bis del Código del Trabajo. Dicho precepto, que reproduce en lo pertinente, exige al empleador entregar una amplia gama de datos confidenciales y privados de los trabajadores referentes a las estipulaciones contractuales, apartándose de la exigencia legal del artículo 9º Bis del Código del Trabajo de simplemente indicarlas, obligando al empleador a informar todo el contenido del contrato de trabajo, vulnerando de esta forma la obligación del empleador sobre confidencialidad y en consecuencia, el derecho a la intimidad y vida privada de los trabajadores consagrado en el Artículo 19º N° 4 de la Constitución Política de la República.

Como puede observarse, esta norma implica que el empleador debe entregar una amplia gama de datos confidenciales y privados de los trabajadores referentes a las estipulaciones contractuales, apartándose de la exigencia legal del artículo 9 Bis del Código del Trabajo de simplemente indicarlas, obligando al empleador informar todo el contenido del contrato de trabajo, vulnerando de esta forma la obligación del empleador sobre confidencialidad y en consecuencia, el derecho a la privacidad de los trabajadores.

Reprocha que el Ministerio del Trabajo confunde el contenido mínimo contractual con la sola indicación de estipulaciones contractuales. De las normas expuestas es posible constatar que este órgano administrativo simplemente transcribió la norma del artículo 10 del Código del Trabajo, no obstante, este artículo hace referencia o regula contenido mínimo de los Contratos Individuales de Trabajo lo que se deduce del inciso primero de la norma.

Distinto es la obligación del Artículo 9 Bis del Código del Trabajo que utiliza la expresión indicar en su inciso segundo al expresar “el empleador deberá indicar las estipulaciones pactadas, y al término de los servicios deberá informar la fecha de éste y la causal invocada”

De esta manera, el Ministerio del Trabajo además de requerir los contenidos de las estipulaciones contractuales del Artículo 10 en comento, exige datos adicionales de forma ilegal e infundada.

Segundo: Que al evacuar su informe, el Subsecretario del Trabajo solicita el rechazo de la acción, con costas. Manifiesta, en lo pertinente, que por necesidades de buen servicio emitió el Dictamen N° 2588/051 de 11 de noviembre de 2021, que se refiere precisamente al tratamiento de datos personales en los Registros Electrónicos, señalando en su letra a) que: “Toda información contenida en el registro electrónico laboral será utilizada para el ejercicio de las facultades legales propias de la Dirección del Trabajo, tales como fiscalizaciones, conciliaciones, mediaciones y ratificación de finiquitos, así como también para fines estadísticos de estudios y difusión que efectúe el Servicio sobre el cumplimiento de la normativa laboral y de salud y seguridad en el trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada”.

Por lo tanto, entiende que no existe ilegalidad arbitrariedad ni abuso en la dictación del Decreto Supremo impugnado, el cual se somete estrictamente al marco legal otorgado por el legislador, especialmente a lo dispuesto en la Ley N° 19.628.

Considerando que el Decreto es la ejecución del mandato legal establecido en el artículo 515 del Código del Trabajo, por lo que no se infringe el principio de reserva legal, sino que solo, por su intermedio, se ha venido a desarrollar, complementar o pormenorizar los preceptos legales que habilitan al Jefe de Estado a dictarlo, de acuerdo a lo que dispone el artículo 32 N° 8 de la Constitución.

Además, el Decreto impugnado, fue tomado de razón por la Contraloría General de la República.

Tercero: Que finalmente, el empleador del recurrente, al evacuar su informe, señaló que en atención a la obligación impuesta por los artículos 9 bis y 515 del Código del Trabajo, procedió a registrar los datos personales del recurrente en la plataforma midt.dirtrab.cl, dispuesta por la Dirección del Trabajo para esos fines. Entregó esa información a propósito de un mandato legal y reglamentario que le obliga a hacerlo en los términos establecidos por el reglamento del Decreto Supremo Nº 37 ya señalado.

Haberse negado habría implicado una contravención a la normativa vigente en materia laboral y, en ese caso, podría haberse visto expuesto a sanciones directas de parte de la autoridad administrativa. En definitiva, estima que actuó en pleno cumplimiento de la ley.

Cuarto: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: En la especie, parte de lo pretendido por el recurrente es que se ordene al Ministerio del Trabajo y Previsión Social dejar sin efecto el Decreto Supremo N° 37 de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que contiene el Reglamento a que alude el inciso 2° del artículo 515 del Código del Trabajo, norma modificada por la Ley N° 21.327.

Es decir, mediante una acción cautelar y de emergencia como es el recurso de protección el actor pretende que se invalide un acto administrativo de aplicación general, pues el alcance del mentado Reglamento, como lo indica su artículo 1° es “determinar los datos y la documentación, de aquellos a los que se refiere el artículo 31 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que los empleadores deberán mantener obligatoriamente en el registro electrónico laboral disponible en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo.”

Obviamente, esa petición no se condice con el carácter y naturaleza del recurso de protección, pues lo pretendido en este aspecto constituye más bien una acción de invalidación de un acto administrativo, que debe ser planteada directamente en un juicio de lato conocimiento ante el tribunal civil que corresponda, conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N° 19.880, razón por lo que esa petición del recurso debe ser desestimada, al ser del todo improcedente.

Sexto: En lo que concierne al otro aspecto del recurso, esto es que el empleador elimine del contrato de trabajo registrado en forma electrónica en el portal de la Dirección del Trabajo aquellas estipulaciones que el recurrente estima invaden su privacidad, tampoco se advierte ilegalidad o arbitrariedad en esa conducta, pues ya la Ley N° 21.327, modificando el artículo 10 del Código del Trabajo, incorporó en el numeral 2 del inciso primero del artículo 10, a continuación de la palabra "nacionalidad", la siguiente frase: "… domicilio y dirección de correo electrónico de ambas partes, si la tuvieren", de lo que se sigue que el domicilio del trabajador es un dato del contrato que puede ser incorporado en el portal.

Por otra parte, cabe tener presente que el mentado artículo 3° del citado Decreto N° 37, emplea -en el inciso 1°- al referirse a las estipulaciones que “obligatoriamente” el empleador debe registrar del contrato de trabajo en el portal de la Dirección del Trabajo, la expresión “al menos”, y más tarde, en la letra b) del citado artículo 3°, exige la “individualización de las partes”, lo que implica no solo el nombre del trabajador, sino también los datos para ubicarlo, como son su domicilio y dirección de correo electrónico, si lo tuviere, tal como lo indica el artículo 10 del Código del Trabajo, en virtud de la modificación incorporada por la Ley N° 21.327.

En lo que se refiere al monto de la remuneración pactada, el artículo 3° letra d) del citado Decreto N° 37, en forma expresa, indica como uno de los puntos que debe ser objeto de mención en el contrato de trabajo que debe registrarse en el portal esa circunstancia.

De lo que se viene razonando, entonces, puede desprenderse que el empleador del recurrente solo se limitó a dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre los datos que deben mencionarse del contrato de trabajo para su registro electrónico en el portal de la Dirección del Trabajo, de lo que se colige que el acto que se impugna por el actor no es ilegal ni arbitrario, motivo suficiente para desestimar el recurso en todas sus partes, con costas, al carecer de todo fundamento, tanto en los hechos como en el derecho.

Por estas consideraciones, con lo dispuesto, además, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección y en los artículos 9 bis, 10 y 515 del Código del Trabajo y 3° del Decreto N° 37 de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido por el abogado Pelayo Andrés Vergara Puelma en contra de su empleador nombre reservado Abogados SpA y en contra del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Protección-233-2022.

Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Antonio Ulloa Márquez e integrada por el ministro Tomás Gray Gariazzo y por la ministra (I) señora Ana María Osorio Astorga.

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