ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinte, Vistos:

Comparece Víctor Jesam Torres, abogado, cédula nacional de identidad RUT reservado, en representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR, corporación de derecho público, rol único tributario número 69.071.700-K, ambos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección respecto de CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, El acto arbitrario e ilegal de la recurrida consiste en el dictamen número 1.770, de fecha 06 de febrero de 2020, notificado a esta parte con fecha 11 de iguales mes y año, el cual obliga al municipio a reintegrar a una ex trabajadora (doña nombre reservado, quien se desempeñaba como asistente de educación), la que fue despedida con fecha 31 de enero de 2019. Le ordena, asimismo, el pago de las remuneraciones devengadas en el tiempo intermedio. En resumidas cuentas, la recurrida “estima” que los antecedentes aportados por la municipalidad serían insuficientes para servir de fundamento a la decisión de desvincular a la trabajadora.

Indica el recurrente que Contraloría General de la República actúa en forma arbitraria e ilegal, desde el momento en que, por medio del dictamen antedicho, se atribuye facultades que, con mucho, exceden las que posee. Hace notar que la relación habida con la trabajadora se rigió por el Código del Trabajo, lo que implica que su vínculo laboral con la municipalidad cesa con arreglo a las causales y de acuerdo con las formalidades allí reguladas. Cualquier error u omisión no invalida el despido, sino que da acción para demandar en sede jurisdiccional. La decisión de la contraloría es de una manifiesta ilegalidad por cuanto va contra el texto expreso de la norma contenida en el artículo 21 B de la ley número 10.336, de Organización Y Atribuciones de la Contraloría General de la República, que expresa:

“La Contraloría General, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.”

La determinación de la Contraloría General de la República implica juzgar y constituye una grave infracción a sus atribuciones y una descarada intrusión en las facultades jurisdiccionales del poder judicial, lo que, en buenas cuentas, implica una vulneración grave y abierta del principio básico de separación de los poderes del Estado, que sustenta nuestro estado de derecho. Contraloría General de la República no puede evaluar los aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas, con motivo del control de legalidad. Quien está llamado, por ley, a revisar el mérito; es decir, a evaluar si, de fondo, el despido de un trabajador sujeto a las normas del Código del Trabajo, se ha ajustado o no a derecho, es el tribunal de letras del trabajo competente. La Contraloría General de la República, entonces, no puede hacer dicho análisis, el cual debe agotarse una vez corroborado el cumplimiento de las formalidades que tanto el mentado código como las otras normas aplicables. En tal sentido, el órgano de control debió, única y exclusivamente, abocarse a la revisión del cumplimiento de la ley. No lo hizo y, en vez de eso, se arrogó facultades jurisdiccionales y, mediante un procedimiento breve y sin respetar la Constitución Política de la República, determinó, “exprés”, que el despido de la señora nombre reservado era injustificado.

Asegura que ese proceder que reprocha importa una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile señala en sus siguientes números: 1. número 2, relativo a la igualdad ante la ley y a la prohibición de establecer diferencias o discriminaciones arbitrarias, 2. Número 3, relativo a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y al derecho a un debido proceso, y 3. número 24, referido al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Solicita acoger en su totalidad el recurso, declarando que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de dejar sin efecto el aludido dictamen, todo con expresa condenación en costas.

En cumplimiento a lo ordenado en su oportunidad, Contraloría General de la República evacua el informe respectivo en los términos que pasan a resumirse.

1.- Improcedencia del recurso o acción constitucional:

Se destaca que las municipalidades son servicios fiscalizados por Contraloría, los que deben someter su actuación a la jurisprudencia emanada de ese ente fiscalizador. Por ende, están privadas de interponer esta clase de recursos que tiene por finalidad sustraerse del cumplimiento de lo dictaminado.

2.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad:

No existe ilegalidad, porque la actuación recurrida (Oficio 1770 de 2020) fue emitido en ejercicio de las competencias y atribuciones que la Constitución y la Ley asignan a Contraloría General de la República.

Tampoco existe arbitrariedad, puesto que tal acto está fundado y razonado.

3.- Sobre el fondo del asunto:

En el informe se subrayan y reiteran las atribuciones del órgano contralor, el estatuto aplicable a la funcionaria exonerada y se asegura que la municipalidad recurrente no acreditó en su oportunidad los motivos invocados como causal para el término de la relación laboral respectiva.

En su oportunidad, con el carácter de trámite previo y conforme lo dispone el inciso tercero del N° 3 del Auto Acordado pertinente a la materia, se dispuso poner en conocimiento de doña nombre reservado el recurso presentado y lo informado por Contralor a General de la República, a objeto que pudiera exponer lo que estimara conveniente sobre la acción constitucional ejercida, dentro del plazo de 5 días.

Comunicada que fuera dicha resolución a la persona indicada, ésta no se apersonó en la causa.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa.

Considerando:

Primero: El llamado recurso de protección corresponde a una acción de carácter constitucional, cuya característica predominante es la de estar destinada a proteger el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales, frente a menoscabos por acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares;

Segundo: Conforme quedara expuesto, el acto que se tacha de arbitrario e ilegal corresponde al dictamen o pronunciamiento de Contraloría General de la República, contenido en el oficio N° 1.770, de fecha 06 de febrero de 2020, mediante el cual ordena a la recurrente reincorporar a sus labores a la extrabajadora nombre reservado, con derecho a remuneraciones por el tiempo de la separación, disponiendo también que dicha trabajadora deberá devolver lo percibido a título de finiquito; todo ello, por estimar el órgano contralor que “los antecedentes aportado por el municipio son insuficientes para servir de fundamento a la decisión de desvincular a la afectada”;

Tercero: El artículo 76 de la Carta Fundamental prescribe que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. En tanto que esa ley, el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, dispone que “a los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes”. Todavía más, el artículo 420 del Código del Trabajo establece que “Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral.”;

Cuarto: Ahora bien, la misma Constitución Política de la República contempla en su artículo 98 que “Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva”. Por otro lado, el inciso 1° del artículo 1° de la Ley 10.336 regula las atribuciones y competencias naturales de Contraloría General de la República, constituidas sustancialmente por su misión de fiscalizar la legalidad de los actos de la Administración. Empero, adquiere particular relevancia para este caso el límite o restricción que dimana de lo contemplado en el artículo 21° B de dicha ley, según el cual “La Contraloría General, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.”;

Quinto: Entonces, si se examina el tenor y sentido del citado N° 1.770, de fecha 06 de febrero de 2020, no es muy difícil advertir que el órgano contralor contrarió por su intermedio el mandato del referido artículo 22 B, de momento que se asegura y concluye que la municipalidad recurrente no justificó el despido de la trabajadora, lo que importa emitir un juicio de valor sobre el mérito, comprobación y procedencia de la desvinculación de la trabajadora aludida. No solo eso. Al emitirse tal pronunciamiento Contraloría invadió atribuciones que el constituyente asigna de manera exclusiva a los tribunales de justicia, llegando al extremo de dejar sin efecto un finiquito laboral, erigiéndose de ese modo en una comisión especial e incurriendo en una actuación viciada de nulidad al tenor de lo que establece el artículo 7° de la Carta Fundamental;

Sexto: En efecto, parece indudable que el proceder cuestionado comporta dirimir un asunto de naturaleza laboral, decidir sobre la procedencia de una causal de término de un contrato del trabajo, interpretar normas laborales y, lo que es aún más relevante, decidir sobre un eventual conflicto de naturaleza laboral, que –como se dijo-, está entregado única y exclusivamente a los Tribunales del Trabajo. En suma, se incurre en una ilegalidad que lesiona el derecho de propiedad de la recurrente y que vulnera su garantía del derecho al debido proceso.

Por estas consideraciones y de acuerdo lo disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por la I. Municipalidad de Peñaflor y, en consecuencia, se deja sin efecto el Oficio N° 1.770, de fecha 06 de febrero de 2020, materia u objeto de esta acción constitucional.

Redactó el ministro señor Astudillo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 23.291-2020 Pronunciada por Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra señora María Soledad Melo Labra y por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich.

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