nombre reservado con nombre reservado

Santiago, a veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha 2 de abril del año en curso, el abogado Luxem Burgos Mella, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, recurre de protección en contra del Ministro del Interior señor nombre reservado por haberse negado, mediante el Decreto N° 597 de 19 de marzo del presente año, en forma arbitraria y sin fundamento, a otorgar la carta de nacionalización por gracia a su representado en circunstancias que se trata de un ciudadano de origen libanés que reside en Chile por más de diez años, junto a su esposa e hijos. Refiere que el señor nombre reservado es un conocido empresario de la zona franca de Iquique en el rubro inmobiliario e importaciones de los mercados del sudeste asiático, que da empleo a decenas de trabajadores chilenos y de otras nacionalidades, que es además un destacado dirigente de las agrupaciones empresariales de los usuarios de ZOFRI, que es un gran benefactor de iniciativas sociales, en suma, que es una persona útil al país.

Refiere que la solicitud de nacionalización la presentó hace varios años, sin que la autoridad se pronunciara por lo que dedujo un recurso de protección cuyo rol es el N° 66.782-2018 el que fue acogido y le ordenó pronunciarse, sin más trámite.

Añade que el recurrido fundamenta su decisión en un listado de hechos que le han sido entregados por la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía de Investigaciones, mediante el informe reservado N° 311, de 15 de marzo recién pasado y el ordinario N° 54 de 18 de marzo último, y que constituyen los únicos fundamentos después de siete años de tramitación.

Enseguida el recurso enumera los hechos en que se funda la decisión y dice que en tres de las cinco causas, se aprobó por el Juzgado de Garantía de Iquique la voluntad de la Fiscalía de no perseverar, una cuarta la concluyó por suspensión condicional del procedimiento y una quinta por un acuerdo reparatorio entre las partes. Afirma que al parecer de la autoridad estos hechos son constitutivos de delito, en circunstancias que no registra condena alguna por estos hechos. Sostiene que al decidir así se vulnera el principio de inocencia.

Esgrime que con el actuar del recurrido se vulnera la garantía constitucional de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, pues se le ha discriminado en forma negativa y arbitraria.

Solicita se acoja el recurso y se deje sin efecto el decreto denegatorio, y en reemplazo se conceda a su representado la carta de nacionalización chilena.

Informó el recurso don nombre reservado, Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, domiciliado en domicilio reservado.

Explica que en el año 1999 mediante Resolución Exenta N° 1649, del Ministerio del Interior se otorgó permiso de permanencia definitiva al recurrente, de nacionalidad libanesa. Que en el año 2007 éste solicitó carta de nacionalización, facultad que es propia del Presidente de la República. En mayo de 2008 se le informó que su solicitud fue archivada por no cumplir con los requisitos de permanencia continua en Chile. En abril de 2011 volvió a solicitar la carta de nacionalización, la que se archivó en marzo de 2018 por los antecedentes policiales y judiciales que poseía, ello motivó que el recurrente dedujera un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que ordenó emitir pronunciamiento.

Refiere que mediante oficio ordinario N° 54 de 18 de marzo de 2019, el Departamento de Procesamiento, Análisis y Estadísticas Migratorias de la Policía de Investigaciones reiteró la información sobre las causas policiales y judiciales con que cuenta el extranjero. Sostiene que mediante Decreto Exento N° 597 de 19 de marzo del año en curso, se rechazó la solicitud de nacionalización por contar en su contra con antecedentes policiales y judiciales relacionados con la actividad económica desarrollada por el solicitante durante su residencia en territorio nacional. Añade que se notificó la resolución por oficio ordinario de 20 de marzo, sin que se presentara un recurso administrativo, por lo que el acto se encuentra afinado.

Se detallan en el informe las facultades de la autoridad para conceder la carta de nacionalización por gracia, e indica que el artículo 3 del Decreto Supremo N° 5142 de 1960 del Ministerio del Interior se refiere a las causales de rechazo de la solicitud de carta de nacionalización, indicándose que en el caso del recurrente su rechazo fue por la causal del artículo 3 N° 5, por cuanto el recurrente demostró durante su permanencia en el territorio nacional una conducta que vulnera bienes jurídicos e intereses protegidos por el Estado por cuanto en el marco de su actividad económica cometió una serie de infracciones al ordenamiento jurídico, las que se detallan explicando que algunas fueron archivadas comunicando la decisión de no perseverar. Explicita que en la causa RIT 10.925 del Juzgado de Garantía de Iquique por infracción a la Ordenanza de Aduanas y delitos marcarios, con fecha 8 de abril de 2013 se suspendió condicionalmente el procedimiento por el plazo de un año imponiéndole la condición de pago a la víctima de $2.000.000 por reparación, además de pago de impuestos y derechos de aduana de $10.500.000 y la destrucción de las poleras incautadas. Se señala que es impensable que una persona sin responsabilidad en los hechos accediera a pagar los supuestos impuestos adeudados al erario nacional y los daños ocasionados a la supuesta víctima o que accediera a destruir las especies incautadas, sin que con ello no pudiese dar cuenta del reconocimiento de responsabilidad en el perjuicio que dicha conducta generó. También se menciona la causa RIT 3901-2018 del Juzgado de Garantía de Iquique por daños simples a la Intendencia de la Región de Tarapacá la que terminó por acuerdo reparatorio. Los daños se produjeron en el marco de una protesta al intentar el recurrente entrar por la fuerza a las dependencias de la Intendencia. Estas actitudes y prácticas en el marco de su trabajo va en contra del ordenamiento jurídico, la moral y las buenas costumbres. De esta forman se ponderaron los antecedentes que dan cuenta que el requirente ha sido formalizado en diversas oportunidades por delitos relacionados con su actividad económica.

Finaliza señalando que todas las solicitudes de nacionalización se encuentran radicadas en el Ministerio del Interior, por lo que todas son remitidas al Departamento de Extranjería y Migración para su análisis y posterior envío al Ministro del Interior para su resolución y firma.

Añade que no hubo una violación de garantías constitucionales porque se actuó de acuerdo a la legalidad y conforme a las causales que la legislación establece. Agrega que tampoco hay un perjuicio al solicitante porque es titular de un permiso de permanencia definitivo desde el año 1999 que le permite realizar cualquier actividad económica lícita, radicarse indefinidamente en Chile, ejercer derechos civiles y políticos y optar a beneficios sociales y económicos y a entrar, permanecer y salir libremente del territorio nacional, por lo que solicita el rechazo de la acción.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°) Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

2°) Que el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario es la dictación del Decreto N° 597 de 19 de marzo de este año, por el cual el Ministro del Interior, actuando por orden del señor Presidente de la República denegó otorgar carta de nacionalización al actor, por considerar que ha demostrado una conducta que vulnera bienes jurídicos e intereses protegidos por el Estado por haber cometido una serie de infracciones al ordenamiento jurídico y por tanto que pugnan con las buenas costumbres, la moral y el orden público.

3°) Para resolver el asunto planteado a esta Corte, conviene recordar que el artículo 10 de la Constitución Política de la República, dispone en sus numerales 3° y 4° que son chilenos: N° 3 “Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, y N° 4 Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley”. En seguida, la norma prescribe que “La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y la formación de un registro de todos estos actos”.

Conforme a ello, por Decreto Supremo N° 5.142, del año 1950 del Ministerio del Interior, se reglamenta el procedimiento para otorgar la carta de nacionalización. En su artículo 3° enumera a quienes no pueden obtener esta gracia. Dentro de ellos el numeral 5°, señala a: “Los que se dediquen a trabajos ilícitos o que pugnen con las buenas costumbres, la moral o el orden público y, en general, aquellos extranjeros cuya nacionalización no se estime conveniente por razones de seguridad nacional”.

4°) De acuerdo al marco regulatorio antes descrito, la autoridad recurrida, previo informe del departamento de Extranjería y Migraciones, consideró que los antecedentes policiales y jurídicos en los que se ha visto involucrado el peticionario no ameritaban otorgarle la gracia de ser nacional de este país, por cuanto aquellos antecedentes se relacionaban con la actividad económica a la que se dedica el requirente, según se detalla. No se trata entonces de que para que sea procedente la causal se requiera una sentencia condenatoria, pues aquella circunstancia está referida a la causal descrita en el número 1 del artículo 3°, y es por ello, que fundándose en la causal quinta, se hace referencia a las cinco causas penales en las que se ha visto involucrado y referidas a infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual, Ordenanza General de Aduanas, marcas y daños al portal de la Intendencia Regional de Iquique.

5°) Que la apreciación de los antecedentes expuestos obedece a la facultad discrecional de la que está revestida la autoridad recurrida -hecho expresamente reconocido en estrados por el abogado de quien acciona- y que en virtud de sus facultades legales y ponderando el mérito de los antecedentes, desestimó otorgar la gracia que pedía el solicitante, sin que dicha decisión pueda calificarse de ilegal, pues es el ordenamiento jurídico que concede esta facultad al señor Presidente de la República, quien la ejerció a través del Ministro del Interior mediante un acto debidamente fundado lo que excluye la arbitrariedad o falta de razonabilidad de la decisión.

6°) Que conforme a lo razonado, se descarta que el acto administrativo dictado sea ilegal o arbitrario, considerando además que se encuentra revestido de presunción de legalidad y más aún cuando el recurrente no lo impugnó por medio de los recursos administrativos que la ley franquea.

7°) Por lo expuesto, no corresponde analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales al no darse los presupuestos básicos de la acción ejercida.

Y de conformidad además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas la acción de protección ejercida por el abogado Luxem Burgos Mella en favor de nombre reservado en contra del Ministro del Interior nombre reservado.

Regístrese y en su oportunidad devuélvase.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Rol N° 23.216-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministra señora Mireya López Miranda y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.