nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, trece de junio de dos mil veintitrés.

A los folios 11 y 12, a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 11 de marzo de 2023, comparece doña nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección en beneficio de su hija nombre reservado, y en contra de nombre reservado y Asociados S.A. o Colectron S.A., representada por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en llamadas telefónicas y correos electrónicos de cobranza para obtener por la vía extrajudicial el pago de una supuesta deuda, de manera abusiva y con acciones de hostigamiento, incluso inventando antecedentes de una causa judicial, lo que vulnera el legítimo ejercicio del derecho a la integridad psíquica y al respeto y protección a la vida privada, reconocidos en las garantías constitucionales del artículo 19 numeral 1° y 4° de la Constitución Política de la República.

Expone que doña nombre reservado es representante legal de Comercial Don nombre reservado, cuyo último domicilio registrado está en la ciudad de Puerto Montt. Por su parte, la recurrida es una empresa de cobranza dedicada a representar a diversas Administradoras de Fondos de Pensiones o AFP.

Sostiene que, en razón de las tareas propias de su negocio, la recurrida hostiga a nombre reservado en virtud de una supuesta deuda que la empresa Comercial Don nombre reservado mantendría con AFP Hábitat, a quien la recurrida dice representar.

Explicita que desde el mes de febrero de 2022 la recurrida ha comenzado un hostigamiento en contra de nombre reservado que se materializado en el envío de 11 correos electrónicos intimidatorios para regularizar su situación. Expresa que en los correos enviados se previene con el inicio de diversas acciones judiciales de cobranza. Asevera que el último fue remitido el día 9 de febrero de 2023, en el que la recurrida ha excedido todos los límites de la legalidad y de la ética con que deben desarrollar su trabajo. En efecto, en la referida comunicación se señala que en un juicio vigente se han ordenado diversas medidas de apremio, entre ellas el despacho de una orden de aprehensión, oficios a la Superintendencia de Bancos (institución que legalmente no existe, pues sus funciones fueron asumidas por la Comisión para el Mercado Financiero que es la continuadora legal de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, desde el 1 de junio de 2019, en virtud de la Ley N° 21.130), retención supuestamente oficiada a la Tesorería y Dicom Laboral.

Refiere que, al revisar la página web del Poder Judicial en el portal de Consulta de Causas, con ese nivel de avance y que diera cuenta de la supuesta deuda, no se encontró ninguna causa de cobranza laboral en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en que señalaban en el amenazante correo electrónico recibido. De un total de ocho causas, cinco aparecen como concluidas, y tres en estado de tramitación, las que al ser revisadas rol P-234-2010, rol P- 770-2009 y rol P-111- 2009 se pudo constatar que todas tienen resoluciones en que se ordena el archivo.

Señala que su cónyuge se comunicó telefónicamente y por mensajería de whatsApp con Gazmen Petersen, de parte de Colectron, enviándose el último correo electrónico el 9 de febrero de 2023, quien señaló que la causa en cuestión tenía el rol 2766-2009 del Segundo Juzgado de Letras de Puerto Montt, no proporcionando mayores antecedentes y que lo demás debía ver directo en el tribunal. Es así que, al concurrir al Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, se les informó que no había en tramitación ninguna causa que correspondiese al Rol N° 2766-2009 y así lo mismo aparece hasta esa fecha en el portal de Consulta de Causas de la página web del Poder judicial.

Solicita que se acoja la presente acción constitucional, cese todo tipo de acoso, hostigamiento e intimidación consistentes en cobro de supuestas obligaciones, y/u otras providencias tendientes al restablecimiento del legítimo ejercicio de los derechos, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que comparece don Raúl Troncoso Delpiano, abogado, en representación de Raúl Troncoso Delpiano y Asociados S.A. y/o COLECTRON S.A., y viene en evacuar informe requerido solicitando desde ya que se sirva rechazar en todas sus partes la presente acción.

Sostiene que las afirmaciones contenidas en el recurso son falsas, infundadas e injuriosas para su representada en atención que no se ha incurrido en ninguna de las acciones que expresa el libelo. Refiere que el objetivo del recurso en realidad no persigue terminar una pretendida vulneración de derechos constitucionales, sino evitar, anular o eliminar la legítima cobranza de cotizaciones previsionales que se ha efectuado a la sociedad Comercial Don nombre reservado., Rut RUT reservado, por una deuda totalmente vigente.

Explica que la deuda previsional fue judicialmente demandada ante el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt -hoy suprimido-, bajo el Rol 2766-2009. Expone que en dicha causa se intentó notificar a la sociedad deudora, pero ello no fue posible debido a que dicha sociedad no fue ubicada en el domicilio que la misma había declarado como propio. Puntualiza que, la deuda actualizada asciende a la suma de $ 2.456.820.-, según Certificado de AFP Hábitat que acompaña.

Precisa que ese juicio se desarrolló ante el Tribunal antiguo no reformado, por lo que no figura en los registros actuales que engañosamente ha presentado la recurrente. No obstante, al encontrarse la sociedad deudora actualmente ubicable, procederá por parte de su empresa a demandarla y notificarla ante los Tribunales reformados, pues la deuda está vigente.

Aclara que la empresa que representa en mérito a su giro y servicios que presta, debe realizar y ejercer todas las acciones extrajudiciales como aquellas vinculadas a la tramitación judicial, tendientes a que los empleadores efectúen el pago total de las cotizaciones previsionales adeudadas. En ese contexto, destaca que Comercial Don nombre reservado, actualmente mantiene una deuda previsional vigente con su mandante A.F.P. Hábitat S.A., según certificado emitido por la Administradora e Informe de Equifax que acompaña.

Remarca que las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen el deber legal de ejercer todas las acciones, extrajudiciales y judiciales, para obtener el pago de las cotizaciones adeudadas, originadas por derechos previsionales de rango constitucional que tienen carácter irrenunciable e imprescriptible, y en especial considerando el daño previsional enorme ocasionado a los trabajadores.

Cita el artículo 3 de la Ley N° 17.322, aplicable según lo dispuesto en el artículo 19 inciso 18 del Decreto Ley N° 3.500, en cuanto se presume de derecho, sin admitirse prueba en contrario, que se han efectuado los descuentos de cotizaciones previsionales por el empleador cuando se han pagado total o parcialmente las remuneraciones a los trabajadores.

Adiciona que siendo mandataria de la Administradora de Fondos de Pensiones HABITAT S.A., ha seguido sus instrucciones con el fin de poder cumplir el mandato legal en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 inciso 14 del Decreto Ley número 3.500 de 1980 en cuanto que está obligada a seguir las acciones tendientes al cobro de las cotizaciones adeudadas y sus reajustes e intereses, aun cuando el afiliado se hubiere cambiado de ella.

Asevera que se han ejercido las acciones de cobranza extrajudicial normales y encuadradas dentro de la norma legal. Respecto de las llamadas telefónicas, se han desarrollado desde el año 2010 a la fecha, conforme a lo establecido por la Ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, reformada por la Ley N° 21.320, a pesar que dicha normativa no se aplica a la cobranza extrajudicial previsional.

En cuanto el correo electrónico enviado por el cobrador Sr. nombre reservado con fecha 9 febrero 2023, afirma que el mismo ha sido totalmente tergiversado y/o falseado por la recurrente en su contenido y finalidad. Añade que, dicho correo en ningún caso se refiere a un juicio vigente, sino a la acción judicial de cobranza que deberá incoar su empresa contra la sociedad deudora si ésta no paga la deuda, por lo que se refiere a una eventual acción futura y no presente, lo que se explica al utilizar la expresión “condición juicio”, lo que se refiere a la futura acción judicial que se iniciará contra la deudora y no a un juicio existente, lo que implica en su versión, la orden de aprehensión, el oficio a la Superintendencia y la retención de Tesorería.

Por otra parte, alega la improcedencia en la especie del recurso de protección, al no cumplir con ninguno de los requisitos de tal acción cautelar, por lo que debe ser rechazado de plano por esta Corte.

Arguye la inexistencia del acto o una omisión ilegal o arbitraria, dado que el comportamiento adoptado por parte de su representada ha sido legal y ajustado a razonabilidad, y a su vez hay inexistencia de agravio en la afectación de alguna de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que, la acción constitucional de protección es un arbitrio cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que en primer término corresponde indicar que el acto denunciado dice relación con las llamadas telefónicas y correos electrónicos de cobranza recibidos por la recurrente para obtener por la vía extrajudicial el pago de una supuesta deuda, los que considera de manera abusiva y con acciones de hostigamiento, incluso inventando antecedentes de una causa judicial.

En la especie, el correo incorporado en esta causa, correspondió al siguiente:

“De: Date: mié, 3 ago 2022 a la(s) 20:08 Subject: AFP HABITAT 76.043.656-9 IVS To: Santiago, 03-08-2022 Señor(es) COMERCIAL DON nombre reservado 76.043.656-9 A PINTO 75 0 PUERTO MONTT PUERTO MONTT Presente De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted (es) para informarle (s) que mantiene una deuda previsional con nuestro cliente AFP HABITAT, la cual se encuentra en proceso judicial.

Solicitamos regularizar con urgencia esta deuda con el fin de evitar el avance de acciones judiciales en contra de su representante legal, (embargo, remate de bienes, orden de arresto) aparte de la publicación en Dicom y Boletín laboral.

Ante cualquier duda o consulta, favor contáctenos al teléfono teléfono reservado o al correo correo reservado.

Atentamente, COLECTRON S.A. Obispo Donoso 6, Oficina 501, Providencia, Santiago”.

QUINTO: Que antes de entrar a analizar el fondo de la acción deducida es ilustrador tener presente que no se encuentra controvertido por la respectiva empresa de cobranza, las llamadas telefónicas aludidas precedentemente, discrepando la recurrida del contenido y alcances de las mismas, situación que no resulta extrapolable al correo electrónico que precede.

SEXTO: Que, en cuanto al marco legal atingente al conocimiento de la presente acción, se analizarán los preceptos aplicables en relación a cada una de las garantías supuestamente conculcadas según el actor, precisadas en su recurso.

En efecto, la recurrente hace consistir el eventual acto arbitrario o ilegal de la recurrida, en los reiterados correos y llamadas que recibió a fin de conminarla a obtener el pago de la deuda que se le cobra, que afectarían los derechos constitucionales reconocidos en los N ° 1 y 4 de nuestra Carta Fundamental, esto es, la afectación del derecho a la vida e integridad física y su derecho a la honra y a la privacidad.

SÉPTIMO: Que, así entonces, el asunto radica en determinar si las actuaciones que se objetan, han sido efectuadas conforme a la normativa existente o por el contrario sin razón suficiente y al margen de toda normativa, como alega la recurrente.

OCTAVO: Que, resulta ilustrador tener presente lo dispuesto en el artículo 37 inciso 6° de la Ley N ° 19.496 “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean las que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general de conductas que afectan la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor”.

De dicha norma se colige, que se permite la realización de actos tendientes a efectuar el cobro extrajudicial de una deuda, siempre que se cumplan los requisitos antes descritos, los que en la especie además deben ser analizados a la luz de la finalidad pretendida con dicha facultad y las eventuales situaciones de abuso que se podrían plasmar.

NOVENO: Que en este orden de ideas, se pretende a través de las cobranzas extrajudiciales poner en conocimiento del deudor la existencia de una obligación impaga, mediante reiteradas llamadas y la remisión del citado correo, por cuanto además en el ejercicio de dicha facultad se debe necesariamente respetar el principio de proporcionalidad, el que tiene como fundamento la dignidad de toda persona humana y que sus derechos no puedan vulnerarse en su esencia, generando con ello un ambiente de coacción y de trato hostil y degradante para el actor.

DÉCIMO: Asimismo, al valerse la recurrida de expresiones que pertenecen y se enmarcan en un contexto de un procedimiento netamente judicial, aparece que su actuar es ilegal, además de arbitrario, atendido el tenor del correo electrónico transcrito precedentemente.

UNDÉCIMO: De lo anterior es dable colegir que existe un ámbito de protección de las personas que se encuentra precisamente referido a su integridad psíquica, que no puede ser vulnerado por los acreedores aun en caso de deudas, sino que debe recurrirse a los procedimiento ordinarios de cobranza judicial, bastando con poner en noticia del deudor la existencia de la obligación impaga, sin que tenga justificación bajo ningún aspecto incurrir en un verdadero acoso u hostigamiento vía reiterados llamados telefónicos o de la utilización de expresiones propias de la instancia judicial, por lo que su proceder resulta ser abusivo de una facultad.

DUODÉCIMO: Que, la Corte Suprema ha tendido ocasión de pronunciarse en lo relativo a la materia objeto del presente recurso, en la causa Rol N ° 4767-2013, en la que se indica: “Que la existencia de la supuesta deuda de la recurrente con la recurrida y su morosidad pueden ser planteadas en la sede judicial respectiva y bajo el procedimiento que la ley prevé para dichos casos. De allí que el cobro extrajudicial de la misma por la vía telefónica, al menos durante los meses de septiembre de 2012 a abril de 2013, es decir en total 8 meses, constituye un ejercicio abusivo de una facultad.

En efecto, si el objetivo de los llamados telefónicos es poner en noticias a la deudora de su morosidad, ésta se logra con una de dichas comunicaciones, pero insistir reiteradamente en el mismo lenguaje resulta desproporcionado e intimidatorio. Este ejercicio es el que resulta arbitrario, debe cesar, puesto que afecta la garantía de la integridad psíquica de la recurrente, por lo que el recurso será acogido, en razón de resultar vulnerada la garantía contemplada en el N ° 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental”.

DÉCIMO TERCERO: Que, a lo anterior debe adicionarse que se constata que en la situación que se examina ha mediado un proceder arbitrario, entendido éste como aquel “contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado por la sola voluntad o capricho” (Corte Suprema, Rol N ° 862-2000 de fecha 21 de junio de 2001, Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 98, sección quinta, páginas 105 y ss.)

Cabe señalar que una discriminación arbitraria ha sido definida como una “distinción o diferenciación realizada por el legislador o cualquier autoridad pública que aparece como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable, lo que equivale a decir que el legislador no puede, por ejemplo, dictar una ley que imponga distintos requisitos u obligaciones a personas distintas en iguales circunstancias. Debe tenerse en cuenta que la Constitución acepta discriminaciones cuando ellas obedecen a la salvaguarda o protección de bienes jurídicos superiores” (Corte Suprema Rol N ° 16.227, con fecha 12 de julio de 1991, Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 88, sección quinta, páginas 179 y siguientes)

DÉCIMO CUARTO: En efecto, el actuar de la recurrida fundado en la existencia de una deuda del recurrente debe necesariamente ser analizado desde la perspectiva de la racionalidad o justificación razonable de su proceder en miras de dicha finalidad, la que aquí, como se viene sosteniendo, no es posible divisar, por cuanto no sólo tuvo por objeto poner en conocimiento del supuesto deudor la existencia de una obligación impaga, razones por las que se estima que la recurrida ha incurrido en un accionar arbitrario.

DÉCIMO QUINTO: Que, nuestra Carta Fundamental consagra en el artículo 19 N ° 1 la garantía a la vida e integridad física y psíquica de la persona, derecho fundamental que se ve vulnerado en cuanto a lo que se refiere a la integridad psicológica, en la medida que este acoso vía correo electrónico resulta ser persistente, ajeno a lo razonable y excede, por lo mismo, los márgenes de lo permitido y tolerable, por cuanto el actor tiene derecho a no ser perturbado en tanto se ha iniciado un proceso de cobro ejecutivo en sede civil y en consecuencia procede acoger la acción interpuesta.

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se acoge, con costas, la acción constitucional interpuesta a favor de doña nombre reservado, en contra de nombre reservado y Asociados S.A. o Colectron S.A., debiendo esta última terminar con el constante acoso de cobranza vía email y de toda forma de comunicación, ya sea directamente o a través de tercero.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol protección-2317-2023 Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señora Graciela Gómez Quitral, señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Michael Christian Camus Davila.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, trece de junio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.