nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, cinco de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, Yonnathan Omar Fuentes Abrigo, abogado, en favor de nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por efectuar descuentos en la remuneración de la recurrente pese a existir un procedimiento judicial en el cual se declaró el abandono del procedimiento respecto del cobro de un crédito social, actuación que —según se sostiene— vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en el año 2020 la recurrente celebró con la recurrida un contrato de mutuo denominado “crédito social”, pactado en diversas cuotas cuyo pago se realizaría mediante descuentos por planilla conforme al artículo 22 de la Ley Nro.18.833. Con posterioridad, debido a un accidente que motivó una licencia médica prolongada por aproximadamente un año, dejaron de practicarse los descuentos asociados al crédito, acudiendo la recurrente en diversas ocasiones a sucursales de la Caja de Compensación con el objeto de regularizar su situación, indicándosele como única alternativa la repactación de la deuda, opción que rechazó por estimar que implicaba un incremento significativo del monto adeudado.

Señala que, ante dicha negativa, la recurrida ejerció la cláusula de aceleración del crédito e interpuso una demanda ejecutiva con fecha 29 de abril de 2022, quedando la recurrente legalmente emplazada el 20 de mayo de ese mismo año en la causa Rol C-3511-2022 seguida ante el 29° Juzgado Civil de Santiago. Agrega que posteriormente dedujo incidente de abandono del procedimiento, el cual fue acogido mediante sentencia ejecutoriada de fecha 6 de octubre de 2025, por haberse verificado la inactividad procesal durante más de tres años. No obstante lo anterior, sostiene que la recurrida igualmente efectuó un descuento de $195.200 en su remuneración el día 25 de septiembre, manteniendo además el descuento para el mes siguiente, circunstancia que persistió incluso después de que la recurrente solicitara al departamento de recursos humanos de su lugar de trabajo el cese de tales descuentos y acudiera a una sucursal de la recurrida para requerir explicaciones, recibiendo posteriormente un correo electrónico en que se le informaba que dichos descuentos continuarían aplicándose pese a haberse declarado el abandono del procedimiento en la causa judicial referida. Afirma que esta actuación constituye un acto de autotutela y un mecanismo de cobro paralelo carente de fundamento jurídico, que afecta su derecho de propiedad respecto de su remuneración.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso y se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social mediante descuentos en sus remuneraciones, disponer la restitución de los montos descontados desde la liquidación de sueldo correspondiente al mes de septiembre de 2025 en adelante dentro del plazo que se determine, y condenarla al pago de las costas de la causa.

Segundo: Que, Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, evacúa informe solicitando el rechazo del recurso.

Señala que con fecha 4 de diciembre de 2020 la recurrida otorgó a la actora un crédito social identificado con el código N°041CON102658317, por un monto de $3.400.000, pactado a una tasa de interés mensual de 1,59%, pagadero en 48 cuotas mensuales de $116.500, cuyo primer vencimiento correspondía al 28 de febrero de 2021. Indica que las cuotas N°1 y N°2 fueron pagadas en marzo y abril de 2021; que la cuota N°3 fue diferida al final del período pactado; que las cuotas N°4 a N°7 fueron pagadas entre mayo y septiembre de 2021; que la cuota N°8 también fue diferida al final del crédito; y que las cuotas N°9 a N°13, junto con un abono a la cuota N°14 correspondiente al mes de marzo de 2022, fueron pagadas entre marzo de 2022 y octubre de 2025. Expone que actualmente la operación se encuentra en cobranza judicial, manteniéndose en estado de morosidad las cuotas comprendidas entre marzo de 2022 y marzo de 2025, correspondientes a las cuotas N°14 a N°50.

Agrega que la interposición de la demanda ejecutiva obedeció al cumplimiento de lo dispuesto en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece la obligación de iniciar acciones de cobranza judicial cuando la deuda supera seis meses de morosidad y un monto superior a 50 UF. Asimismo, señala que la normativa de dicha Superintendencia contempla la posibilidad de reanudar los descuentos por planilla durante la tramitación del juicio ejecutivo, debiendo informarse al tribunal las sumas descontadas para que sean consideradas en la liquidación de la deuda. Explica además que las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro que administran prestaciones de seguridad social, entre ellas los créditos sociales regulados por la Ley N°18.833, cuyo artículo 22 dispone que las deudas derivadas de estos créditos deben ser deducidas por el empleador directamente de la remuneración del trabajador afiliado y remitidas a la entidad acreedora, configurándose un sistema especial de pago obligatorio que no depende de la voluntad de las partes.

Finalmente sostiene que la deuda derivada del crédito social se mantiene vigente y exigible, indicando que la prescripción de las acciones debe ser alegada y declarada judicialmente conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, por lo que, mientras no exista una declaración judicial en tal sentido, la obligación subsiste y puede ser cobrada mediante el mecanismo legal previsto.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, en la especie, aparece como un hecho no controvertido que la recurrente celebró con la recurrida un contrato de mutuo correspondiente a un crédito social otorgado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, cuyo pago fue pactado en cuotas periódicas mediante descuentos efectuados directamente de su remuneración, de conformidad a lo previsto en el artículo 22 de la Ley Nro.18.833. Asimismo, consta de los antecedentes acompañados que la actora mantiene cuotas impagas derivadas de dicho crédito y que, en virtud de ello, la recurrida ha solicitado a su empleador la retención de determinadas sumas de su remuneración destinadas al pago de la deuda, circunstancia que la propia recurrente reconoce al fundar la presente acción cautelar.

Sexto: Que, en relación con lo anterior, cabe tener presente que el sistema de créditos sociales administrado por las Cajas de Compensación se rige por un estatuto especial contenido en la Ley N°18.833, cuyo artículo 22 dispone que las sumas adeudadas por los trabajadores afiliados por concepto de crédito social deberán ser deducidas por el empleador directamente de sus remuneraciones y remesadas a la entidad acreedora. Dicho mecanismo constituye una modalidad legal de pago inherente a esta clase de operaciones, que opera con carácter obligatorio y que no requiere de una resolución judicial previa para su implementación, de manera que, mientras la obligación subsista, la entidad acreedora se encuentra facultada para requerir al empleador la práctica de los descuentos correspondientes.

Séptimo: Que, por su parte, la recurrente sostiene que la recurrida carecería de fundamento jurídico para continuar efectuando descuentos por planilla atendido que, en la causa civil Rol C-3511-2022 seguida ante el 29° Juzgado Civil de Santiago, se habría declarado mediante sentencia ejecutoriada de 6 de octubre de 2025 el abandono del procedimiento respecto de la demanda ejecutiva interpuesta para el cobro del mismo crédito. Sin embargo, tal alegación no resulta atendible, toda vez que, conforme dispone expresamente el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, el abandono del procedimiento no constituye un modo de extinguir las obligaciones ni las acciones derivadas de ellas. En efecto, la citada disposición establece que “no se entenderán extinguidas por el abandono las acciones o excepciones de las partes; pero éstas perderán el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio”, agregando que “subsistirán, sin embargo, con todo su valor los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos”. De este modo, la declaración de abandono produce únicamente efectos de carácter procesal respecto del procedimiento en que incide, sin afectar la existencia ni exigibilidad de la obligación sustantiva que le sirve de fundamento.

Octavo: Que, en consecuencia, aun cuando el procedimiento ejecutivo iniciado por la recurrida haya concluido por abandono, ello no implica que la deuda derivada del crédito social haya desaparecido o se haya extinguido, manteniéndose vigente la obligación contraída por la recurrente. En tales condiciones, la recurrida se encuentra habilitada para hacer uso de los mecanismos legales de pago previstos en la normativa que regula los créditos sociales, entre ellos el descuento por planilla contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833, sin que aquello pueda ser calificado, por sí solo, como un acto de autotutela o un cobro paralelo ilegal.

Noveno: Que, de lo expuesto, se sigue que la conducta atribuida a la recurrida se encuentra amparada en disposiciones legales expresas y en las condiciones contractuales aceptadas por la propia recurrente al momento de celebrar el crédito social, de manera que no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario que haya vulnerado la garantía constitucional invocada. Antes bien, lo planteado por la actora dice relación con materias propias de un debate de lato conocimiento acerca de la subsistencia o exigibilidad de la obligación, cuestión que excede el ámbito cautelar y de urgencia propio del recurso de protección.

Décimo: Que, en consecuencia, no verificándose en la especie los presupuestos que hacen procedente la acción constitucional intentada, el presente recurso de protección deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-23127-2025.